EDITORIAL

El valor de una Justicia fuerte
Solo con un Poder Judicial independiente y con plena división de poderes se podrá hacer frente a los intentos autocráticos que amenazan hoy a la república
La determinación de desacatar una sentencia judicial desde el poder político es de una gravedad institucional extraordinaria y desconoce la función de la Corte como intérprete final de la constitucionalidad de los actos de gobierno
Confiemos en que los bastiones de la Justicia independiente de las presiones políticas y un periodismo consciente del papel que le corresponde continúen asegurando los principios esenciales de la democracia
La independencia del Poder Judicial ha salido airosa hasta ahora, en un número importante de causas, a pesar del permanente hostigamiento oficial de estos últimos años para doblegarla.
Había ocurrido otro tanto en gobiernos anteriores de la familia Kirchner, pero el fenómeno cobró dimensiones inauditas a partir de la asunción del presidente Alberto Fernández, delegado personal y testaferro de la actual vicepresidenta de la Nación.
La presión de la vicepresidenta se hizo sentir en todos los órdenes. El caso más reciente, capaz de conducirnos hacia un abismo institucional, fue inducir al primer mandatario, a través de algunos gobernadores provinciales peronistas, a desobedecer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió el recorte de fondos que el gobierno nacional le había impuesto en septiembre de 2020 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transferir esos recursos al distrito bonaerense.
Esta determinación de desacatar una sentencia judicial desde el poder político es de una gravedad institucional extraordinaria, afecta el principio de división de poderes en que se funda nuestro sistema republicano, desconoce además la función de la Corte como intérprete final de la constitucionalidad de los actos de gobierno y ameritaría un juicio político contra el propio presidente Fernández por incumplimiento de sus deberes como funcionario público.
Las maniobras de la vicepresidenta para coartar la independencia judicial durante el actual gobierno reconocen no pocos antecedentes. Cristina Kirchner influyó para la remoción de Marcela Losardo, la primera ministra de Justicia de Alberto Fernández; logró la sanción de un proyecto de absurda elevación del número de jueces de la Corte para cooptarla con partidarios dispuestos a rendirse a sus propósitos de impunidad judicial para los delitos que se le imputan; movilizó al último e impresentable ministro de Justicia a generar desplantes inadmisibles ante el más alto tribunal de la Nación –y en cualquier ámbito donde se privilegien el respeto, el decoro y la buena educación–, y hasta consiguió de la actual presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, que diera marcha atrás con la nómina de nuevos representantes del cuerpo ante el Consejo de la Magistratura acordada con los bloques.
En este último punto la desconcertante y desorientada señora Moreau se atuvo al fin a la decisión de la Corte de confirmar, por una acordada, la designación de los diputados con cuyos nombres aquella se había atrevido a jugar con pasmosa ligereza.
Hubo otros intentos de atropello, siempre amañados por la obsesión de Cristina Kirchner de ponerse a salvo tras décadas de confundir sus intereses personales con los de la Nación. Ese juego está llegando a su fin, y si el presidente Fernández no ha sido todo lo útil que se esperaba para la gestión encomendada, al menos debería quedarle a la vicepresidenta la tranquilidad de ánimo de que no ha hecho excepción alguna contra ella.
El Presidente ha sido inútil con todos, y en todo, hasta por la incapacidad de sacarse de encima a ministros que lo traicionan a diario, pues operan al servicio de la vicepresidenta y no de quien formalmente ejerce el Poder Ejecutivo de la Nación. Con antecedentes como este, alguno de esos ministros –el caso más notorio es el del Interior– cree que puede ser uno de los candidatos presidenciales del Frente de Todos por el hecho de poner cara más amable, o más cínica, que otros en el encubrimiento de las trastadas que realiza el conjunto ministerial. El ministro Eduardo “Wado” de Pedro fue claramente desairado por el plantel de fútbol argentino cuando procuró, con otros audaces de La Cámpora, primerear con un saludo subrepticiamente organizado al resto de los argentinos.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, aprovechó la comida anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional,que reunió a 530 jueces y fiscales, para enfatizar que seguirá trabajando en favor de un Poder Judicial fuerte. Y no trepidó en decir que cuando alguien afirma que estamos ante una Corte Suprema fuerte él no tiende “a sonrojarse”. Lo asume como algo natural y de lo que no puede desentenderse. Fue sencillo interpretar el sentido de sus palabras: la fortaleza de la Justicia está en su independencia y esta se traduce “en la no negociabilidad” de sus decisiones.
La precaria institucionalidad del país se expresa hasta en los menores detalles. El hecho de que la vicepresidenta haya revalorizado la expresión “qué mirás, bobo”, infligida por nuestra estrella futbolística máxima a un jugador del equipo de Países Bajos, muestra hasta qué punto la emulación de lo peor de la política es un peligro que no podrá aventarse si no con la reacción mayoritaria de la sociedad. En cambio, la prensa con sentido de la responsabilidad institucional en el trance hacia la victoria ha puesto los puntos que cabía anotar con acento crítico a un conjunto de deportistas merecedores del calificativo de excepcional.
Es la prensa independiente la que informa con rigurosidad y asume en todo tiempo los riesgos de oponerse a los poderes fácticos, entre los que se cuentan las mafias diversas que pululan no solo en Rosario, sino también en todo el país.
Es, insistimos, la prensa que junto con los sectores más profesionales y nobles de la Justicia ha defendido en estos años una democracia degradada por la política, la economía y el delito común que prospera de forma alarmante y sin debida contención por parte del Estado.
En la entrega del premio anual ADEPA a las mejores coberturas periodísticas, el presidente de la Corte Suprema señaló precisamente lo relevante del periodismo de investigación en la gestación de una sociedad informada y capaz de entender los mecanismos propios de la actuación judicial. Mecanismos puestos en definitiva al servicio del cumplimiento de la Constitución Nacional y de las leyes que se derivan de su ejercicio. Entre todas las libertades, dijo Rosatti –como también decía Gregorio Badeni, el gran jurista desaparecido años atrás–, la libertad de prensa es la de mayor entidad, pues sin su resguardo existiría una democracia desmadrada o puramente nominal, y caerían así el resto de los derechos y garantías individuales.
Confiemos en que los bastiones de la Justicia independiente de las presiones políticas y un periodismo consciente del papel que le corresponde en la sociedad continúen asegurando los principios esenciales de la democracia y restauren su eficiencia social mientras la política se prepara para cambiar de estilos, de conductas y de rumbo en un país que ya no tiene espacios para ceder.

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