EDITORIAL

La desobediencia a la Justicia no será gratuita
Las consecuencias del eventual desacato al fallo de la Corte por el Presidente no solo serían institucionales, sino también económicas
Es probable que las duras críticas con que la sociedad recibió el desafío que le formularon el gobierno de Alberto Fernández y un grupo de gobernadores provinciales peronistas a la Corte Suprema de Justicia hayan llevado al primer mandatario a reflexionar antes de conducir a las instituciones hacia un abismo, que profundizaría la crisis política y económica que ya atraviesa la Argentina.
Tras rechazar la sentencia del máximo tribunal de la Nación, que la semana pasada ordenó suspender el recorte de fondos que el gobierno nacional le había impuesto, en septiembre de 2020, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para transferir esos recursos al distrito bonaerense, ayer el titular del Poder Ejecutivo Nacional anunció que saldará la deuda con el gobierno porteño mediante la transferencia de bonos del Estado. Paralelamente, el primer mandatario dijo que enviará al Congreso un proyecto para reformar el presupuesto nacional .
Si bien es positivo que el Presidente desista de desconocer y desobedecer el fallo de la Corte, su más reciente anuncio tampoco cumple de forma precisa con lo dispuesto unánimemente por los miembros del alto tribunal. En tal sentido, corresponde recordar que la medida cautelar aprobada por la Corte exige la transferencia inmediata –y en pesos–, a través del Banco Nación, del 2,95% de la coparticipación primaria.
A la extraordinaria gravedad institucional que implicaría la desobediencia por el Poder Ejecutivo Nacional de un fallo de la Corte Suprema hay que sumar las consecuencias que en materia económica generaría una situación de esa clase, inédita en países democráticos del primer mundo.
Podríamos preguntarnos quién se animaría a realizar una inversión de riesgo, como la compra de un título público, en nuestro país, sabiendo que la ya debilitada seguridad jurídica ha pasado a ser una simple abstracción sin correlato alguno en la realidad. También cualquier argentino común tendría derecho a preguntarse por qué no podrá, en adelante, desconocer cualquier fallo judicial o incluso negarse a pagar impuestos, si el propio gobierno nacional desafía al máximo tribunal de Justicia. ¿Acaso no podría ese ciudadano justificar su rebeldía exigiendo que se respete el principio de igualdad?
Los argumentos a los que, al menos en un principio, recurrió el presidente de la Nación para pretender desconocer la sentencia judicial son tan descabellados como impropios. La primera falacia es que los recursos que la Corte le ordenó devolver a la ciudad de Buenos Aires pertenecerían a las provincias. No es correcto: lo cierto es que la Nación recuperó de modo inconsulto fondos que habían sido transferidos oportunamente a la ciudad a raíz del traspaso de la Policía Federal al distrito porteño, y ese dinero fue derivado a la provincia de Buenos Aires hace algo más de dos años para sofocar un amotinamiento policial por demandas salariales en el distrito gobernado por Kicillof.
Una segunda mentira de Alberto Fernández es que ya no puede devolverle a la ciudad de Buenos Aires aquellos recursos por cuanto eso no está previsto en el presupuesto nacional. Tampoco es así: tan solo se verá obligado a efectuar un reordenamiento de partidas presupuestarias, del mismo modo que lo hizo cuando le extrajo recursos al distrito porteño para cedérselos a la provincia de Buenos Aires.
Por si esto fuera poco, el primer mandatario había anunciado que recusaría a los jueces de la Corte y solicitaría que un grupo de conjueces dictara otro fallo. Un verdadero disparate, agravado por el hecho de que un presidente de la Nación, que además es abogado y profesor de derecho, no puede desconocer que solo se puede pedir la recusación de un magistrado antes pero no después de una sentencia con la cual no se está de acuerdo.
Lamentablemente, el kirchnerismo ofrece nefastos antecedentes de históricos desacatos de fallos judiciales. Uno de los casos más recordados ocurrió cuando Néstor Kirchner, siendo gobernador de Santa Cruz, desobedeció reiteradamente un fallo de la Corte Suprema que lo obligaba a reponer como fiscal de Estado provincial al procurador Eduardo Sosa. En estos días, Alberto Fernández ha amenazado con volver a hacer algo similar, y si las instituciones funcionasen como es de esperar su destino no debería ser otro que el juicio político por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
Los argumentos a los que recurrió el Presidente para pretender desconocer la sentencia judicial son descabellados

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