FMI Y EL ESCENARIO

El FMI aceptó flexibilizar la meta de reservas
Sin embargo, pidió bajar el gasto y recortar los subsidios
Rafael Mathus RuizMassa y Georgieva empezaron a perfilar el nuevo acuerdo en la reunión del G-20
WASHINGTON (De nuestro corresponsal).– El Gobierno y el FMI anunciaron un nuevo acuerdo que flexibiliza las metas de acumulación de reservas, pero mantiene las fiscales y monetarias,cuyo cumplimiento supondrá aplicar“políticas más sólidas” para bajar el gasto, según destaca el comunicado del organismo. En esa dirección, pidió que se mantenga el cronograma de eliminación de subsidios a las tarifas, entre otros puntos. También advirtió sobre el repunte de la inflación en el país. El acuerdo abre el camino para recibir un giro por unos US$5300 millones.
WASHINGTON.– El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron ayer un nuevo acuerdo que flexibiliza las metas del programa económico implementado hace apenas un año, una profunda recalibración forzada por la continua fragilidad de la economía y la fuerte sequía que golpeó la cosecha del campo. El entendimiento, que todavía debe ser aprobado por el board del FMI, abre el camino para recibir un nuevo giro por unos US$5300 millones en las próximas semanas.
Aunque el Fondo aceptó –sin mucho más remedio– evaluar el pedido del Gobierno para aliviar la meta de reservas para este año, tal como habían anticipado fuentes oficiales, dijo también que son necesarias“políticas más sólidas” y subrayó que se reafirmaron las metas fiscales y el esquema pactado para la suba de tarifas prevista para bajar la cuenta de subsidios energéticos, la principal variable de ajuste del déficit de las cuentas públicas. “Para cumplir con las metas de reducción del déficit y fortalecer la progresividad de los subsidios energéticos, las autoridades planean continuarimplementando el es quema de segmentación acordado, eliminando los subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo y para los usuarios comerciales a fines de 2023”, apuró el staff.
El Fondo también reconoció que las presiones inflacionarias “han repuntado” en los últimos meses.
“Ante un contexto económico más desafiante, en particular por la sequía cada vez más grave, se necesitan medidas de políticas más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar la inflación creciente y los reveses de política, y mantener el papel de ancla del programa”, dijeron en un comunicado Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, y Ashvin Ahuja, el nuevo jefe de misión para la Argentina. “En este contexto, se solicitan revisiones de los objetivos de reservas para 2023”, agregaron. Cubeddu y Ahuja remarcaron que el nuevo entendimiento, que surge de la cuarta auditoría del programa vigente con el Fondo, permitió “llegar a acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para abordar de manera duradera los desequilibrios macroeconómicos y limitar las vulnerabilidades futuras”, sin dar más detalles.
Tal como ha hecho el Fondo con anterioridad, ambos funcionarios dejaron un mensaje en contra de medidas como el dólar soja o el dólar malbec, que, pese a su disconformidad, el Fondo ya avaló. “Las medidas cambiarias temporales no deben ser un sustituto de una política macroeconómica sólida”, afirmaron.
Y los funcionarios dejaron entre ver cierto malestar con la “imprevista” moratoria previsional: “Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria previsional para asegurar los objetivos fiscales para este año y más allá”, señalaron.
Una vez que sea aprobado por el board del Fondo, el nuevo acuerdo liberará US$5300 millones y le brindará al Gobierno oxígeno para intentar llevar la economía hasta las elecciones presidenciales y el fin del mandato de Alberto Fernández, alejando el riesgo de una suspensión de los desembolsos previstos para el resto del año, cruciales para sostener las reservas y cumplir con los pagos de la deuda, incluidos los pagos al Fondo.
Pero la economía argentina continuará sufriendo la escasez de dólares, agravada este año por la fuerte sequía, que le propinó un duro golpe a la cosecha del campo, una de las principales fuentes de divisas.
Alentado por la docilidad del FMI para acomodar sus exigencias a las limitaciones de la Argentina, el equipo de Massa terminó de delinear la nueva flexibilización del programa económico con el staff en una negociación que recorrió varias latitudes y se alargó en la recta final: primero, un equipo técnico del Fondo viajó a Buenos Aires y, luego, una misión del Gobierno llegó a Washington para pulir los detalles del acuerdo técnico y preparar los documentos que serán elevados al board del FMI, que dará su aprobación definitiva, se prevé, a fines de este mes.
Pese a que el Fondo y el Gobierno dijeron que las metas se mantendrían, y calificaron el acuerdo original de “realista y creíble”, el programa ya se modificó tres veces. Esta última revisión, correspondiente a la cuarta auditoría trimestral del acuerdo de facilidades extendidas firmado hace un año, fue la más profunda, y se concentró en uno de los flanco s más débiles del plan económico: la fragilidad delas reservas del BCRA, que mantienen la amenaza de una de valuación aguda. Para muchos economistas, la modificación solo compra tiempo y vuelve a golpear la credibilidad del plan, aunque reafirma la predisposición del Fondo para acomodarse a la coyuntura del país.
El principal cambio fue la meta de reservas. El Gobierno debía sumar US$9800 millones a las reservas netas del Banco Central en 2022 y 2023, un objetivo inalcanzable por la sequía. Esa meta se dividía, originalmente, en US$5800 millones el año anterior y US$4000 millones este año. Para cumplir con ese objetivo, Massa y su equipo diseñaron el dólar soja, una medida que el Fondo aceptó a regañadientes solo porque se trataba de una herramienta excepcional. Pero el éxito del dólar soja requiere, sí o sí, que haya soja para vender. El golpe que le impuso la sequía al campo forzó al Gobierno y al Fondo a recalcular, otra vez.
El FMI no indicó cuál será la nueva meta, pero fuentes oficiales afirmaron que el objetivo de acumulación se reduce en más de US$2000 millones para este año. Pese a esta flexibilización, anoche la agrupación La Cámpora, que conduce Máximo Kirchner, emitió un comunicado con críticas al Fondo y al acuerdo.
La próxima revisión del Fondo, que auditará las metas del primer trimestre, está prevista para junio.

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Metas testimoniales para un acuerdo digerible
Francisco Jueguen
El FMI se sumó al “plan llegar”. Mantiene con vida la única ancla nominal que tiene la economía, el acuerdo por la deuda, pero la licua lo suficiente para que sea tolerable para los creyentes del Frente de Todos. Más que económica, se trata de una jugada política. Tanto es así que en el Palacio de Hacienda consideran un éxito que el “consenso amplio” que urgentemente pedía el organismo ya no sea un escollo.
El acuerdo para cambiar las metas de acumulación de reservas, que tiene a la sequía como telón de fondo, reducirá en casi US$3000 millones los objetivos del primer trimestre (US$5500 millones). Esto le permitiría a Massa acotar el ahogo a la actividad antes de que los argentinos se vuelquen a las urnas. A fin de año, la meta de US$9800 millones se convertirá en una de US$7800 millones, cuentan. Son los números que deja trascender el equipo negociador argentino y que aún deben ser refrendados a fin de mes por el directorio del FMI.
Economía buscará que el vencimiento que hay en esos días de un pago de deuda calce con el desembolso de US$5400 millones tras la aprobación de las metas del cuarto trimestre. Caso contrario, el Banco Central deberá pagar con reservas.
El Fondo, que había cuestionado en su último staff report el proyecto de moratoria previsional (que tiene un costo fiscal de 0,4 puntos del PBI), se resignó. Prefirió no pagar el costo político de romper por este punto. El Gobierno deberá “compensar”, no se sabe cómo, parte del gasto no computado en el presupuesto. El diablo está en los detalles: el organismo pidió que la moratoria sea “justa”. En Economía miran la reglamentación, una manera de acotar beneficiarios y costo fiscal.
Por otro lado, el Gobierno avanzará a otra velocidad con la eliminación de subsidios energéticos al nivel uno (ingresos más elevados) y con los comercios a fines de este año. Según Economía, el proceso se había ralentizado para poder seguir sumando clientes al RASE.
La meta fiscal se mantiene sin modificaciones en un 1,9% del PBI. El comunicado del Fondo deja abierta la posibilidad de un nuevo dólar soja, que no solo apuntalará las escasas reservas, sino que –como contracara de la rebaja del gasto en subsidios– sumaría ingresos fiscales por retenciones. Los derechos de exportación fueron la causa de la caída real en enero pasado.
“La acumulación de reservas es un límite que se corrió”, celebraban en Economía. Allí rememoraban que las dudas sobre la deuda en pesos atiborraban el último staff report del Fondo y que la misiva del organismo felicitó ahora los resultados del canje. Sin embargo, más allá de “la montaña” de la deuda en pesos, queda aún una cordillera de vencimientos en el horizonte electoral. En Economía subrayaron que la letra del organismo dejó abierta la posibilidad de usar 0,6 puntos del PBI en adelantos transitorios. No confirmaron si harán o no uso de esa opción.
La recompra de bonos usando reservas quedó suspendida, aunque se mencionó –sin detalles– “la ampliación de instrumentos del sistema CCL”. Tampoco hubo precisiones sobre la frase más pomposa del organismo acerca de los acuerdos sellados con el Gobierno por “un sólido paquete de medidas para abordar de manera duradera los desequilibrios macroeconómicos y limitar vulnerabilidades futuras”

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