EDITORIAL Y ATAQUE A LA LIBERTAD DE PENSAR

El valor de un texto
Hay un marco obligatorio que no se puede olvidar, una red de contención que marca el límite que estructura a la sociedad argentina: la Constitución nacional
Una vez más, el país enfrenta una encrucijada, con tres caminos posibles, sobre la base de miradas políticas marcadamente diferentes. La primera es una continuidad de un modelo nefasto que ha predominado por más de veinte años. Si se despejan los eslóganes, en el fondo lo que hay es una pésima gestión del Estado como factor distintivo. Sobran los ejemplos: desde la última sentencia adversa a la Argentina por el caso YPF en los Estados Unidos hasta los desaguisados con el crédito exterior que, en pocos días, fue de una devaluación para cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta violarlo emitiendo moneda, cual si fuera mero papel, o bajando impuestos sin su contrapartida en los gastos. Populismo puro y duro, del más rancio.
La segunda es una reacción desde el otro extremo. Ante el mal funcionamiento del Estado, se propone una implosión del sistema como método de cambio. No está muy claro ni el cómo ni la secuencia, especialmente porque el discurso navega entre idas y venidas, con profundas contradicciones, al ritmo caótico de dos gritos de guerra que, con algo de chabacanería, resumen el pobre contenido y, particularmente, la tergiversación del concepto de libertad, por sus rasgos selectivos de acuerdo con el asunto.
La tercera propone algo paradójicamente tan simple como complejo: hacer funcionar el sistema. A primera vista, es menos tentadora: a más de dos décadas durante las que no funcionó, se suman las heridas todavía abiertas de un encierro pandémico injustificadamente largo y tergiversaciones institucionales inéditas, como un ejercicio del poder que terminó en un Poder Ejecutivo a cargo de un ministro que es a la vez candidato, en un franco conflicto de intereses entre ambiciones personales, cortoplacismo y el destino de un país.
En esa disyuntiva política vital, la discusión electoral está descentrada fuera del eje de las necesidades perentorias de la gente. Los extremos se tocan, como fue el caso de la rebaja de impuestos que significó el aumento del mínimo no imponible de ganancias, sin su contrapartida en los gastos, como indican los manuales más elementales de finanzas públicas y el sentido común que los ciudadanos deberían esperar de un gobernante.
Otros dan protagonismo a debates que son impracticables o, peor aún, algunos que hasta llegan a contrariar nuestro ordenamiento jurídico. Lo hacen con total desparpajo; claro, lo que importa es la centralidad de la discusión electoral en las redes que, más que ágora abierta de discusión, ha devenido una trampa, una cortina de humo para esconder la gravedad de los problemas y la profundidad de las decisiones que se requieren.
Días atrás, cientos de juristas del país publicaron una solicitada con un grave recordatorio: no se puede ni proponer ni hacer cualquier cosa, por más que estemos en tiempos electorales. Porque hay un marco obligatorio que no se puede olvidar, por la sencilla razón de que es la red de contención, el límite que estructura a la sociedad argentina: la Constitución nacional. Así como en economía alguien dijo que se puede hacer de todo menos evitar las consecuencias, en derecho ocurre otro tanto: se puede proponer cualquier cosa, pero nunca exceder las fronteras que impone nuestra sabia Ley Fundamental.
No se trata de elucubraciones doctrinarias, propias de claustros académicos. Se trata de una admonición de los convencionales constituyentes de 1994, los juristas más destacados del derecho público y del privado, consejeros de la Magistratura, exjueces y presidentes de las asociaciones de magistrados del país, y por los abogados más prominentes. No es solo un argumento de autoridad: son de los que mejor entienden los riesgos que estamos enfrentando y el valor que tiene un texto que es un mucho más que eso: resume el consenso que permitió al país salir del pantano de largas y dolorosas luchas civiles. Y lo hacen desde un lugar apartidario, lo que queda demostrado en las procedencias políticas diversas de sus firmantes.
Por estas razones es que destacamos el valor de la solicitada, a la que se sumaron más de mil abogados en los últimos días. Como se advirtió allí: todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Tal vez aprendamos un día los argentinos que la salida a nuestros males es respetando las normas, no con atajos ni ideas alocadas, que una y otra vez vuelven a meternos en el laberinto del que ya hemos comprobado no hay más salida que el respeto a la institucionalidad y las leyes.

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Ataque a la libertad de pensar

La Cámara Nacional Electoral recibió un pedido del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas (Cecim) de La Plata mediante el cual solicitaban que se le requiriera a Victoria Villarruel una declaración sobre sus visitas al expresidente Jorge Rafael Videla. La intención es lograr su proscripción y la quita de su derecho a ser candidata al cargo de vicepresidenta de la Nación. Villarruel ha adquirido un mayor conocimiento público por su actual candidatura, no obstante, desde hace varios años ya había tomado notoriedad en la conducción del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una entidad dedicada a bregar por el reconocimiento de las víctimas ocasionadas por las organizaciones terroristas de los años 70. Toda la actuación de esa entidad estuvo dirigida a reivindicar a esas víctimas, al entender que los sucesivos gobiernos no lo habían hecho. En todas sus conferencias y presentaciones, tanto en nuestro país como en el exterior, Villarruel puso en claro lo que pretendía reivindicar. Más allá de lo que ella pudiera pensar sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, se cuidó de justificarlas en sus excesos y delitos en la lucha antisubversiva.
Es coautora del libro Los otros muertos. Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70, que describe con detalle la evolución del terrorismo sobre la base de una profunda revisión histórica de la actuación de Montoneros, del ERP y de otras unidades armadas. No solo debió investigar archivos de prensa, sino también entrevistar a quienes fueron actores de aquella verdadera guerra civil. Lo hizo con guerrilleros, políticos y también con militares y policías, muchos en prisión. Entre ellos, visitó al expresidente Videla, hecho que nunca consideró necesario ocultar. Tampoco debería ocultarlo si la visita a un preso lo fuera por cualquier otra razón. Sin embargo, en el relato oficial de los 70 eso se encuadra en lo pecaminoso.
La memoria parcial y la falsa categorización de ángeles y demonios no admiten siquiera un acto de conciencia que pueda poner en duda el relato. Ha servido al kirchnerismo, entre otras cosas, para adquirir fueros con el propósito de cubrir la peor corrupción vista en nuestro país.
La prevención del Celtyvd ere clamar el reconocimiento de las víctimas y no de justificar los procedimientos utilizados en la lucha antisubversiva fue mantenida por Villarruel en esta etapa de actuación en la política.
Siguen siendo perfectamente comprensibles sus críticas por la asimetría en el tratamiento de las víctimas ocasionadas por las organizaciones terroristas en comparación con el que se dio a las que pertenecieron a sus filas. No hay motivo para dirigir una crítica moral a quien solicita un trato equivalente a las víctimas de uno u otro lado. ¿Cómo puede condenarse a alguien por objetar que quienes eligieron la violencia armada contra el Estado hayan recibido enormes indemnizaciones y reconocimientos honoríficos, mientras que a sus víctimas se las ha olvidado y hasta despreciado? Sin embargo, con la mayor exposición pública de Villarruel han surgido críticas que se acentuaron luego de que ella organizó un acto público en la sede de la Legislatura porteña. La falsa creencia de que se es dueño de la capacidad de condenar a quienes no adhieran al relato de un solo demonio se evidenció en los ataques que Agustín Rossi y Nicolás del Caño volcaron sobre Villarruel en el debate televisivo entre los candidatos a la vicepresidencia de la Nación.
Se supone que el pedido recibido por la Cámara Nacional Electoral será rechazado. De lo contrario, se estaría arrasando con la libertad de pensar.

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