EDITORIAL

Promover el trabajo, no desalentarlo
Urge que nuestra dirigencia deje de pensar en seguir aplicando parches para abocarse al estudio y concreción de una reforma laboral integral
Mientras la economía del país estalla, muchos de nuestros legisladores siguen mirando la película equivocada. Como si tuviéramos pleno desarrollo, quienes han mostrado tantas dificultades para cumplir con su obligación de sesionar se sumergen en un debate propio de otras latitudes.
Si de modernizar la legislación laboral se trata, son tantas y tan variadas las cuestiones que deberían ocupar la agenda política de nuestros dirigentes que resulta absurdo pensar que hoy solo los convoca la intención de reducir la jornada laboral.
Son siete las iniciativas sobre las que se viene trabajando, robando tiempo y esfuerzos a muchas otras cuestiones más perentorias. Cinco corresponden al Frente de Todos, una a la izquierda y otra al socialismo. Hablamos de proyectos que apuntan o bien a reducir las 48 horas actuales de trabajo semanal –pasando a 30, 36 o 40 horas semanales – o las jornadas laborales, al proponer que sean solo cuatro, aunque no contemplan ninguna reducción salarial asociada.
Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) ya anticipó su rechazo, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos-Buenos Aires) destacó la experiencia de otros países que vieron incrementada la productividad, la baja del ausentismo y de los accidentes laborales, que se traducen en una baja de los costos.
La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, planteó que no hay una posición común en el mundo, sino realidades diversas, pero que las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) correlacionan la reducción de horas de trabajo con el nivel de productividad. Las modificaciones deberían escalonarse progresivamente, y no plantearse de un día para el otro, aclaró la funcionaria.
En la Cámara de Diputados, también el bloque de Juntos por el Cambio se mostró flexible a apoyar la iniciativa. Fuentes del oficialismo reconocen que las reducciones propuestas no generarán nuevos puestos de trabajo, sino, en todo caso, una eventual mejor distribución. Por su parte, los industriales critican que se busque imponer una norma ingresada por la ventana en el Congreso, que no contempla la realidad argentina y que se trata de un tema que debería discutirse en el ámbito de los convenios colectivos de trabajo.
Como era previsible, el sector gremial aplaudió la iniciativa, una vez más aferrado a supuestos beneficios para los trabajadores, sin comprender que sus efectos terminarán castigando duramente a sus representados. Nadie contratará a un empleado que trabaje seis horas teniendo que pagarle por ocho.
Con un 40% de empleo informal, empresas con productividad en niveles mínimos, salarios a la baja por las mismas razones y una pobreza que no encuentra techo, todo lleva razonablemente a pensar que el recorte de días de trabajo o de la extensión de jornadas laborales no es la solución que hoy se requiere. Basta pensar en la cantidad de empleados públicos que trabajan poco y mal, cuando no son “ñoquis”, como beneficiarios de este tipo de medidas populistas que, lejos de contribuir a reducir el gasto público, lo incrementan reduciendo la productividad.
En el ámbito privado, este tipo de medidas, de llegar a ver la luz en el Congreso, solo promoverá mayor informalidad. Se trata de cuestiones que deben dirimirse en paritarias por más que se propongan incentivos mediante exenciones fiscales para las empresas que accedan al experimento. Sin inversiones, insumos ni previsibilidad, resulta un disparate pensar que reducir las horas de trabajo pueda traducirse en más productividad.
Cualquier reforma en el campo laboral debería ser integral y contemplar medidas que favorezcan el empleo formal y desalienten la macabra industria del juicio.
Estamos ante otra medida de corte netamente electoralista a menos de un mes de los comicios generales. Un ministro de Economía que hipoteca cada día aún más el futuro de la Nación, dispuesto también ahora a regalar bonos a quienes trabajan en la informalidad, y una ministra de Trabajo que promueve trabajar menos son funestos exponentes de una tan vergonzosa como enajenada gestión. Serán difíciles de revertir veinte años de un modelo que promueve las supuestas ventajas de vivir a costa del Estado, que somete a los más excluidos con planes asistenciales prebendarios, robándoles su dignidad, y que descalifica la cultura del trabajo y el mérito.
En lugar de pensar en cómo seguir jibarizando el deteriorado mercado laboral, la dirigencia política debería abocarse a avanzar en el estudio y concreción de una reforma laboral de fondo, sin más parches ni retrocesos y con la mirada puesta en nuestra realidad cotidiana, que tanto dista de la de muchos de los países que eligen poner como ejemplo.
Se abre en el Congreso en los próximos días una serie de reuniones tendientes a debatir el recorte de la jornada laboral. Sería deseable que no se malgastaran esfuerzos en desarrollar un único tópico, de cuya viabilidad en nuestro país hay serias dudas, para concentrarlos en una tan necesaria como perentoria reforma laboral integral.
La interminable sucesión de manotazos y remiendos en el ámbito de la legislación laboral solo puede derivar en una informalidad todavía mayor

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