Sancionaron la reducción del impuesto a las ganancias
El oficialismo y sus aliados eliminaron la cuarta categoría del gravamen; JxC y la cordobesa Vigo rechazaron la iniciativa por considerarla una medida electoralista del ministro Massa
Gustavo Ybarra
Los sindicalistas Sergio Pallazo, Pablo Moyano y Omar Plaini, anoche en el Senado
El oficialismo, apoyado por el peronismo disidente y fuerzas provinciales aliadas, sancionó anoche con 38 votos a favor y 27 en contra el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las ganancias a partir de 2024, propuesta impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial del kirchnerismo, Sergio Massa, como parte de su campaña electoral.
Tal como ocurrió la semana pasada, cuando el proyecto fue aprobado por la Cámara baja, la CGT que realizará este viernes en frente al Congreso un acto para celebrar la sanción de la medida. Algunas columnas se habían adelantado y desde la tarde de ayer se concentraron frente al Palacio Legislativo.
La medida dejará fuera del alcance del gravamen a más de 800.000 trabajadores al fijar un nuevo impuesto que tributarán aquellos que ganen más del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles. Tras la reunión celebrada esta semana en el Ministerio de Trabajo, que actualizó el valor de ese ingreso, ese piso quedaría cerca de los dos millones de pesos.
La iniciativa mereció el rechazo de la totalidad del interbloque de Juntos por el Cambio y de la peronista Alejandra Vigo (Córdoba), esposa del gobernador Juan Schiaretti, quien se declaró un enérgico opositor de la medida por el impacto que tendrá en los fondos que se coparticipan con las provincias.
El de la merma de los ingresos, por la consecuente caída en la recaudación al dejar de tributar el impuesto casi un millón de asalariados en medio de la crisis económica, fue el eje de los cuestionamientos de los críticos del proyecto y del candidato presidencial oficialista.
“Acá le debemos a cada santo una vela, pero encima decidimos bajar algunos impuestos. Es una tremenda irresponsabilidad en medio de la tormenta perfecta que estamos teniendo. Esto va a empujar a una hiperinflación que podría dar pie a la locura de la dolarización. Estamos queriendo reventar a la Argentina”, sentenció Eduardo Vischi (UCR-Corrientes). “Han convertido a la Argentina en Venezuela y ahora quieren tapar el cielo con las manos”, aseguró, por su parte, Juan Carlos Romero (Salta). El radical correntino avanzó un casillero más y apuntó sus dardos al ministro candidato.
“Creerle a Massa es casi una cuestión de enfermedad, porque creerle a una persona que miente permanentemente es masoquista”, dijo en dirección a la bancada oficialista.
“Dejen de tratarlo de mentiroso a Massa. Se equivocaron en la convención de Gualeguaychú”, salió al cruce de las críticas el oficialista Gerardo Montenegro (Santiago del Estero) recordando el encuentro en que la UCR decidió apoyar la candidatura de Mauricio Macri.
Según explicó el miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (La Rioja), el texto impulsado por el ministro de Economía crea un nuevo gravamen sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%.
Le contestó Martín Lousteau( UCRCapital),quien calificó de inequitativa le medida por los sectores que excluye de sus beneficios. “Los informales, los desempleados, los autónomos, no van a recibir nada”, remarcó, antes de destacar que “los que están arriba de la pirámide salarial van a recibir un beneficio y es, además, regresivo, porque se va a pagar por inflación”.
Además, se establece la creación deunnuevo“impuestocedularsobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros”. Deestaforma,quienesobtenganesos mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos.
En el caso de los haberes que superen los 15 salarios mínimos, vitales y móviles, las alícuotas irán desde el 27% hasta el 35%. El período fiscal comenzará el 1º de enero y la actualización será el 1º de julio de cada año. Además, prevé que las retenciones realizadas sobre los mayores ingresos netos percibidos durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del SMVM vigente en julio. Por último, el mínimo no imponible se incrementará en un 22% para aquellos trabajadores en relación de dependencia y para jubilados y pensionados alcanzados por el tributo con domicilio en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en Buenos Aires.
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El oficialismo, apoyado por el peronismo disidente y fuerzas provinciales aliadas, sancionó anoche con 38 votos a favor y 27 en contra el proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las ganancias a partir de 2024, propuesta impulsada por el ministro de Economía y candidato presidencial del kirchnerismo, Sergio Massa, como parte de su campaña electoral.
Tal como ocurrió la semana pasada, cuando el proyecto fue aprobado por la Cámara baja, la CGT que realizará este viernes en frente al Congreso un acto para celebrar la sanción de la medida. Algunas columnas se habían adelantado y desde la tarde de ayer se concentraron frente al Palacio Legislativo.
La medida dejará fuera del alcance del gravamen a más de 800.000 trabajadores al fijar un nuevo impuesto que tributarán aquellos que ganen más del equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles. Tras la reunión celebrada esta semana en el Ministerio de Trabajo, que actualizó el valor de ese ingreso, ese piso quedaría cerca de los dos millones de pesos.
La iniciativa mereció el rechazo de la totalidad del interbloque de Juntos por el Cambio y de la peronista Alejandra Vigo (Córdoba), esposa del gobernador Juan Schiaretti, quien se declaró un enérgico opositor de la medida por el impacto que tendrá en los fondos que se coparticipan con las provincias.
El de la merma de los ingresos, por la consecuente caída en la recaudación al dejar de tributar el impuesto casi un millón de asalariados en medio de la crisis económica, fue el eje de los cuestionamientos de los críticos del proyecto y del candidato presidencial oficialista.
“Acá le debemos a cada santo una vela, pero encima decidimos bajar algunos impuestos. Es una tremenda irresponsabilidad en medio de la tormenta perfecta que estamos teniendo. Esto va a empujar a una hiperinflación que podría dar pie a la locura de la dolarización. Estamos queriendo reventar a la Argentina”, sentenció Eduardo Vischi (UCR-Corrientes). “Han convertido a la Argentina en Venezuela y ahora quieren tapar el cielo con las manos”, aseguró, por su parte, Juan Carlos Romero (Salta). El radical correntino avanzó un casillero más y apuntó sus dardos al ministro candidato.
“Creerle a Massa es casi una cuestión de enfermedad, porque creerle a una persona que miente permanentemente es masoquista”, dijo en dirección a la bancada oficialista.
“Dejen de tratarlo de mentiroso a Massa. Se equivocaron en la convención de Gualeguaychú”, salió al cruce de las críticas el oficialista Gerardo Montenegro (Santiago del Estero) recordando el encuentro en que la UCR decidió apoyar la candidatura de Mauricio Macri.
Según explicó el miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (La Rioja), el texto impulsado por el ministro de Economía crea un nuevo gravamen sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%.
Le contestó Martín Lousteau( UCRCapital),quien calificó de inequitativa le medida por los sectores que excluye de sus beneficios. “Los informales, los desempleados, los autónomos, no van a recibir nada”, remarcó, antes de destacar que “los que están arriba de la pirámide salarial van a recibir un beneficio y es, además, regresivo, porque se va a pagar por inflación”.
Además, se establece la creación deunnuevo“impuestocedularsobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros”. Deestaforma,quienesobtenganesos mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos.
En el caso de los haberes que superen los 15 salarios mínimos, vitales y móviles, las alícuotas irán desde el 27% hasta el 35%. El período fiscal comenzará el 1º de enero y la actualización será el 1º de julio de cada año. Además, prevé que las retenciones realizadas sobre los mayores ingresos netos percibidos durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del SMVM vigente en julio. Por último, el mínimo no imponible se incrementará en un 22% para aquellos trabajadores en relación de dependencia y para jubilados y pensionados alcanzados por el tributo con domicilio en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en Buenos Aires.
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El oficialismo busca aprobar antes de las elecciones la devolución del IVA
La iniciativa de Sergio Massa propone que el programa Compre sin IVA sea permanente; la oposición pretende modificarlo
La iniciativa de Sergio Massa propone que el programa Compre sin IVA sea permanente; la oposición pretende modificarlo
Laura Serra
Los legisladores oficialistas, ayer, en el debate en comisión
Con la campaña electoral en auge, el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará aprobar antes de las elecciones el programa de devolución del IVA para la compra de productos de la canasta básica que impulsa su candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa. La oposición de Juntos por el Cambio, inquieta por el impacto fiscal de la medida, no anticipó si la apoyará, aunque por de pronto propondrá cambios al texto.
Este programa comenzó a instrumentarse hace dos semanas y se extenderá hasta fin de año; lo que pretende el ministro candidato es que su aplicación se haga definitiva por ley a partir del año próximo. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) conocido esta mañana precisó que la medida le costará al fisco 1,24 puntos del PBI en 2024. En la oposición hacen un cálculo simple: si a esto se suma el impacto fiscal de la reforma del impuesto a las ganancias –otra de las iniciativas que impulsó Massa en su campaña electoral–, el próximo gobierno deberá costear poco más de 2 puntos del PBI con ambas leyes. Esto sin contar el punto extra del PBI que insume el otro conjunto de beneficios que lanzó el ministro y que se extenderán hasta fin de año.
La voz de los funcionarios
El oficialismo relativiza estas prevenciones de la oposición y cree que este costo fiscal será compensado con la mayor recaudación que generará el incremento en las ventas.
“Este punto del PBI que demandará el programa Compre sin IVA es un cálculo de máxima considerando el uso pleno del beneficio de todos los sujetos alcanzados. Creemos que va a ser menor por la compensación que recibirá el fisco con las mayores ventas que se van a registrar”, aseveró la subsecretaria de la AFIP, Claudia Balestrini, frente a los diputados de la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Carlos Heller.
El presidente de la AFIP, Carlos Castagneto, resaltó que hasta ayer unas 10.700.000 personas habían recibido los reintegros por sus compras. “Esto significa que la medida ha sido correcta, con aceptación de la población”, resaltó Castagneto, quien aseveró que este programa promoverá la bancarización y, con ella, el combate a la economía informal.
Desde el oficialismo, el jefe de bloque Germán Martínez anticipó que la semana próxima buscarán darle despacho a la iniciativa. La intención es llevarla al recinto diez días antes de las elecciones. Los diputados de Juntos por el Cambio decidieron no adelantar una postura: saben que los oficialistas seguirán la misma estrategia que planteó con la modificación del impuesto a las ganancias, esto es, someter a la principal bancada opositora al dilema de apoyar la iniciativa del ministro candidato o bien rechazar una reducción de impuestos.
Por de pronto, propondrán modificaciones al proyecto. Así lo sugirió el radical Alejandro Cacace, para quien es clave incorporar entre los beneficiarios del programa a los trabajadores informales, como también incluir a las billeteras virtuales como forma de pago de las compras que se realicen. Tampoco descartó proponer algún tipo de escala que determine que aquellos de mayores ingresos tengan un menor reintegro de IVA que aquellos de menores ingresos.
Así lo planteó el diputado Cacace. “Aquí se reduce la alícuota para todos los sectores, por lo cual terminan dando un beneficio para los que no lo necesitan”, planteó, y propuso focalizar el reintegro pleno del 21% del impuesto en los sectores de la población más vulnerables. Su planteo fue apoyado, sobre el final del debate, por el diputado oficialista Juan Marino (Bloque Piquetero).
“Esta gradualidad podría aplicarse”, sostuvo Guillermo Michel, titular de la Aduana. El oficialismo evaluará el tema, aunque el presidente de la bancada, Germán Martínez, dijo que prefiere darle ese tipo de facultades al Poder Ejecutivo.
En el programa de devolución del IVA que se extenderá hasta fin de año el reintegro ofrecido es del 21% con un límite máximo de $18.800. El proyecto de ley, en tanto, propone que ese reintegro se aplique sobre el valor de la canasta básica alimentaria (CBA) correspondiente a un hogar tipo 2. Este valor actualizado a este mes es de $284.686,95, por lo que el tope del reintegro sería de casi $60.000.
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Preocupación empresaria por la reducción de la jornada laboral
El Grupo de los 6 pidió no apresurar el debate y llevarlo adelante “con la participación de todas las partes involucradas”
Después de que la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados abrió el debate sobre la reducción de la jornada laboral a partir de siete proyectos que apuntan a modificar la ley vigente desde 1929 que establece 48 horas semanales, el Grupo de los 6 (G6), que reúne a las principales entidades empresarias del país, pidió ayer no apresurar los debates de normas que pueden perjudicar seriamente la generación de empleo formal en tiempos electorales.
El grupo que incluye a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina consideró que una modificación de la estructura laboral como la reducción de la jornada requiere de un “debate responsable”. Además solicitó que la discusión sea “con la participación de todas las partes involucradas, donde es necesario generar consensos y no apresurar su tratamiento por las presiones coyunturales de la política electoral”.
“La brecha de productividad y tecnológica que nos separa de los países desarrollados viene siendo cada vez mayor, especialmente tras la pandemia, donde otros países implementaron políticas y recursos muy agresivos para avanzar en el nuevo contexto global. Por lo tanto, la Argentina debería estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal, generar empleo formal y promover incentivos al trabajo, entre otras medidas, antes de discutir una reforma de este tipo”, agregaron.
Según los empresarios, la Argentina actualmente lidera la presión fiscal sobre el sector formal, por lo que cambios de este tipo podrían redundar en más impuestos sobre el sector empleador formal. “En los últimos años, algunos países han modificado su legislación interna para reducir el número de horas trabajadas. Sin embargo, lo han hecho de manera gradual y con estructuras socioeconómicas muy diferentes de las de nuestro país”, continuaron.
Finalmente, el G6 pidió que estos debates se den en el marco de discusiones tripartitas (sector empleador, sindical y gobierno), como surge del compromiso que tiene el país para con las disposiciones del convenio 144 de la OIT sobre consulta tripartita. Acordó además participar de las discusiones a sus representaciones regionales y sectoriales dado el carácter federal del debate.
El inicio de la discusión
En el comienzo del debate, a nivel de comisión, la oposición de Juntos por el Cambio anticipó en la Cámara de Diputados sus reparos a los proyectos del oficialismo y de sectores de la oposición que apuntan a reducir la jornada laboral sin reducción de la carga salarial. Los opositores, si bien se mostraron de acuerdo en modernizar la legislación, advirtieron que este proceso debería ser progresivo y atendiendo a la heterogeneidad propia de los sectores productivos de nuestro país para no afectar a las pymes. La propia ministra de Trabajo, Kelly Olmos, celebró el debate, aunque se mostró prudente.
La funcionaria se mostró partidaria de reducir la jornada laboral, pero de manera “escalonada y progresiva” y en el marco de la discusión tripartita de los convenios colectivos. Se trata de dos condiciones que no están comprendidas en las iniciativas en debate, por lo que se descuenta que el oficialismo incluirá modificaciones al momento de elaborar su dictamen.
Son siete las iniciativas en debate en la comisión que preside la diputada oficialista Vanesa Siley. Los proyectos apuntan a dos modelos: reducir las horas trabajadas por semana –los proyectos varían de 40, 36 a 30 horas semanales– o bien disponer semanas laborales de cuatro días. La Unión Industrial Argentina (UIA) ya anticipó su rechazo.
En ese marco, desde la Unión Industrial Argentina (UIA), Julio Cordero cuestionó que el oficialismo haya puesto este tema en agenda y soslaye el problema de la informalidad laboral, a su juicio prioritario.
Se mostró contrario a que una ley del Congreso regule sobre esta cuestión y enfatizó que esta debería discutirse en el ámbito de los convenios colectivos.
“Aquí no se debate el problema del empleo informal, no está en agenda. Precisamos adaptarnos a la realidad argentina, con los problemas (laborales) que tenemos. Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, entonces, ¿qué hacemos, apuramos a la gente para que trabaje más rápido, aumentando el clima de conflicto laboral?”, planteó Cordero.
Con la campaña electoral en auge, el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará aprobar antes de las elecciones el programa de devolución del IVA para la compra de productos de la canasta básica que impulsa su candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa. La oposición de Juntos por el Cambio, inquieta por el impacto fiscal de la medida, no anticipó si la apoyará, aunque por de pronto propondrá cambios al texto.
Este programa comenzó a instrumentarse hace dos semanas y se extenderá hasta fin de año; lo que pretende el ministro candidato es que su aplicación se haga definitiva por ley a partir del año próximo. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) conocido esta mañana precisó que la medida le costará al fisco 1,24 puntos del PBI en 2024. En la oposición hacen un cálculo simple: si a esto se suma el impacto fiscal de la reforma del impuesto a las ganancias –otra de las iniciativas que impulsó Massa en su campaña electoral–, el próximo gobierno deberá costear poco más de 2 puntos del PBI con ambas leyes. Esto sin contar el punto extra del PBI que insume el otro conjunto de beneficios que lanzó el ministro y que se extenderán hasta fin de año.
La voz de los funcionarios
El oficialismo relativiza estas prevenciones de la oposición y cree que este costo fiscal será compensado con la mayor recaudación que generará el incremento en las ventas.
“Este punto del PBI que demandará el programa Compre sin IVA es un cálculo de máxima considerando el uso pleno del beneficio de todos los sujetos alcanzados. Creemos que va a ser menor por la compensación que recibirá el fisco con las mayores ventas que se van a registrar”, aseveró la subsecretaria de la AFIP, Claudia Balestrini, frente a los diputados de la Comisión de Presupuesto, que preside el diputado Carlos Heller.
El presidente de la AFIP, Carlos Castagneto, resaltó que hasta ayer unas 10.700.000 personas habían recibido los reintegros por sus compras. “Esto significa que la medida ha sido correcta, con aceptación de la población”, resaltó Castagneto, quien aseveró que este programa promoverá la bancarización y, con ella, el combate a la economía informal.
Desde el oficialismo, el jefe de bloque Germán Martínez anticipó que la semana próxima buscarán darle despacho a la iniciativa. La intención es llevarla al recinto diez días antes de las elecciones. Los diputados de Juntos por el Cambio decidieron no adelantar una postura: saben que los oficialistas seguirán la misma estrategia que planteó con la modificación del impuesto a las ganancias, esto es, someter a la principal bancada opositora al dilema de apoyar la iniciativa del ministro candidato o bien rechazar una reducción de impuestos.
Por de pronto, propondrán modificaciones al proyecto. Así lo sugirió el radical Alejandro Cacace, para quien es clave incorporar entre los beneficiarios del programa a los trabajadores informales, como también incluir a las billeteras virtuales como forma de pago de las compras que se realicen. Tampoco descartó proponer algún tipo de escala que determine que aquellos de mayores ingresos tengan un menor reintegro de IVA que aquellos de menores ingresos.
Así lo planteó el diputado Cacace. “Aquí se reduce la alícuota para todos los sectores, por lo cual terminan dando un beneficio para los que no lo necesitan”, planteó, y propuso focalizar el reintegro pleno del 21% del impuesto en los sectores de la población más vulnerables. Su planteo fue apoyado, sobre el final del debate, por el diputado oficialista Juan Marino (Bloque Piquetero).
“Esta gradualidad podría aplicarse”, sostuvo Guillermo Michel, titular de la Aduana. El oficialismo evaluará el tema, aunque el presidente de la bancada, Germán Martínez, dijo que prefiere darle ese tipo de facultades al Poder Ejecutivo.
En el programa de devolución del IVA que se extenderá hasta fin de año el reintegro ofrecido es del 21% con un límite máximo de $18.800. El proyecto de ley, en tanto, propone que ese reintegro se aplique sobre el valor de la canasta básica alimentaria (CBA) correspondiente a un hogar tipo 2. Este valor actualizado a este mes es de $284.686,95, por lo que el tope del reintegro sería de casi $60.000.
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Preocupación empresaria por la reducción de la jornada laboral
El Grupo de los 6 pidió no apresurar el debate y llevarlo adelante “con la participación de todas las partes involucradas”
Después de que la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados abrió el debate sobre la reducción de la jornada laboral a partir de siete proyectos que apuntan a modificar la ley vigente desde 1929 que establece 48 horas semanales, el Grupo de los 6 (G6), que reúne a las principales entidades empresarias del país, pidió ayer no apresurar los debates de normas que pueden perjudicar seriamente la generación de empleo formal en tiempos electorales.
El grupo que incluye a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina consideró que una modificación de la estructura laboral como la reducción de la jornada requiere de un “debate responsable”. Además solicitó que la discusión sea “con la participación de todas las partes involucradas, donde es necesario generar consensos y no apresurar su tratamiento por las presiones coyunturales de la política electoral”.
“La brecha de productividad y tecnológica que nos separa de los países desarrollados viene siendo cada vez mayor, especialmente tras la pandemia, donde otros países implementaron políticas y recursos muy agresivos para avanzar en el nuevo contexto global. Por lo tanto, la Argentina debería estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal, generar empleo formal y promover incentivos al trabajo, entre otras medidas, antes de discutir una reforma de este tipo”, agregaron.
Según los empresarios, la Argentina actualmente lidera la presión fiscal sobre el sector formal, por lo que cambios de este tipo podrían redundar en más impuestos sobre el sector empleador formal. “En los últimos años, algunos países han modificado su legislación interna para reducir el número de horas trabajadas. Sin embargo, lo han hecho de manera gradual y con estructuras socioeconómicas muy diferentes de las de nuestro país”, continuaron.
Finalmente, el G6 pidió que estos debates se den en el marco de discusiones tripartitas (sector empleador, sindical y gobierno), como surge del compromiso que tiene el país para con las disposiciones del convenio 144 de la OIT sobre consulta tripartita. Acordó además participar de las discusiones a sus representaciones regionales y sectoriales dado el carácter federal del debate.
El inicio de la discusión
En el comienzo del debate, a nivel de comisión, la oposición de Juntos por el Cambio anticipó en la Cámara de Diputados sus reparos a los proyectos del oficialismo y de sectores de la oposición que apuntan a reducir la jornada laboral sin reducción de la carga salarial. Los opositores, si bien se mostraron de acuerdo en modernizar la legislación, advirtieron que este proceso debería ser progresivo y atendiendo a la heterogeneidad propia de los sectores productivos de nuestro país para no afectar a las pymes. La propia ministra de Trabajo, Kelly Olmos, celebró el debate, aunque se mostró prudente.
La funcionaria se mostró partidaria de reducir la jornada laboral, pero de manera “escalonada y progresiva” y en el marco de la discusión tripartita de los convenios colectivos. Se trata de dos condiciones que no están comprendidas en las iniciativas en debate, por lo que se descuenta que el oficialismo incluirá modificaciones al momento de elaborar su dictamen.
Son siete las iniciativas en debate en la comisión que preside la diputada oficialista Vanesa Siley. Los proyectos apuntan a dos modelos: reducir las horas trabajadas por semana –los proyectos varían de 40, 36 a 30 horas semanales– o bien disponer semanas laborales de cuatro días. La Unión Industrial Argentina (UIA) ya anticipó su rechazo.
En ese marco, desde la Unión Industrial Argentina (UIA), Julio Cordero cuestionó que el oficialismo haya puesto este tema en agenda y soslaye el problema de la informalidad laboral, a su juicio prioritario.
Se mostró contrario a que una ley del Congreso regule sobre esta cuestión y enfatizó que esta debería discutirse en el ámbito de los convenios colectivos.
“Aquí no se debate el problema del empleo informal, no está en agenda. Precisamos adaptarnos a la realidad argentina, con los problemas (laborales) que tenemos. Si reducimos la jornada sin ningún tipo de reducción salarial, entonces, ¿qué hacemos, apuramos a la gente para que trabaje más rápido, aumentando el clima de conflicto laboral?”, planteó Cordero.
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