CORRUPCIÓN EN LA LEGISLATURA Y ABOGADOS BIEN COMPRADOS

Julio “Chocolate” Rigau y los titulares de nueve de las tarjetas que tenía en su poder fueron aportantes de la campaña de Sergio Massa en 2013
Surge de un cruce que hizo  entre el expediente penal y los datos de la Cámara Nacional Electoral; todos figuran en los registros como empleados de la Legislatura
Federico González del Solar
Julio "Chocolate" Rigau, el puntero del PJ que fue detenido con tarjetas de débito de otros empleados de la Legislatura
Julio Segundo “Chocolate” Rigau y nueve de los titulares de las tarjetas de débito que le secuestraron cuando lo detuvieron sacando dinero en el Banco Provincia fueron aportantes de la campaña del Frente Renovador, el partido de Sergio Massa, en 2013. Así surge de un cruce de datos que hizo entre la causa penal y las rendiciones de cuentas que las fuerzas políticas presentan ante la Cámara Nacional Electoral.
Entre estos financistas del Frente Renovador se da un patrón común: nueve de los diez, incluido Rigau, aportaron la misma suma ($65.000), mientras que la restante contribuyó con $60.000. Esos montos, a cifras de hoy, representarían entre tres y cuatro millones de pesos por persona, si se tiene en cuenta la inflación que hubo entre 2013 y 2023, que osciló entre 5000 y 6000 por ciento, de acuerdo a diferentes índices públicos y privados.
Estos diez aportantes de Massa que figuran actualmente como empleados de la Legislatura bonaerense no están declarados por el Frente Renovador como donantes en las campañas que hubo desde 2019 a la actualidad, según verificó Rigau y otros ocho tienen domicilio en La Plata; el restante, en Campana. Las tarjetas estaban en manos de Rigau cuando fue detenido por la policía, el día que se abrió la investigación en su contra (una causa que hoy está cerrada y con Rigau liberado). Antes de que todo el expediente fuera anulado, la fiscal Betina Lacki le solicitó por escrito al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, los legajos de Rigau y de otras 49 personas.
Quienes están en esa nómina de titulares de las tarjetas secuestradas y además aportaron a la campaña de Massa de 2013 son: Mónica Patricia Caberta, Raúl Horacio Boragina, Cecilia Raimondo Nora, Rosana Silvia Delgado, Rubén Mendivil, Ernesto Crivaro, Solana Agata Plana y Juan José Tocci (con aportes de $65.000), y Lidia Leonor Malmaceda (con $60.000).
Las tarjetas de débito que la Justicia le retuvo a Rigau, el puntero del PJ que es empleado de la Legislatura bonaerense
De acuerdo a los datos a los que accedió Mendivil, además de personal de la Cámara de Diputados, es exempleado del Senado. Boragina figura como vinculado a la Asociación Mutual de los Trabajadores del Estado y como director suplente de una empresa de seguros de vida. También es empleado de una mutual de empleados estatales. Por su parte, Tocci, además de ser empleado legislativo, está vinculado laboralmente con la Asociación mutualista de empleados provinciales.
Llamó a los teléfonos fijos de cuatro de estas nueve personas, pero solo obtuvo respuesta en el número de línea asociado a Cecilia Raimondo Nora. “No se encuentra”, respondió una mujer y cortó. Tampoco logró dar con Rigau, pese a que fue a su casa e intentó contactarlo a través de sus defensores.
La campaña de Massa de 2013 fue aquella en la que el hoy ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria desafió al kirchnerismo y lo derrotó en las urnas.
Sergio Massa y Malena Galmarini, en 2013, cuando se enfrentaron al kirchnerismo
Rigau fue detenido el 9 de septiembre y liberado dos semanas después por un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de La Plata que anuló toda la causa judicial. Los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, que fallaron a favor de “Chocolate”, argumentaron que el accionar de los policías que requisaron y detuvieron a Rigau fue improcedente, que solo los jueces pueden ordenar requisas y que la policía únicamente puede practicarlas cuando hay una “sospecha razonada o causa probable” de que se está cometiendo un delito. Ahora la fiscalía pretende que la Cámara de Casación bonaerense reabra la investigación, pero el caso no llegó todavía hasta ese tribunal. El fiscal general hizo una “reserva” y presentará en los próximos días su recurso, según informaron fuentes judiciales. Mientras tanto, Rigau está libre y toda la causa, anulada.
Con la colaboración de Ricardo Brom y Nicolás Balinotti

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Una mujer denunció que le robaron la identidad para cobrar
Apuntó por la maniobra a la exsenadora peronista Elida Villa de Bartoletti; se lo transmitió a Poder Ciudadano

Hernán Cappiello.
En medio del escándalo de los cobros truchos en la Legislatura provincial, una mujer reveló que descubrió que es una “ñoqui involuntaria” de la política bonaerense. La señora afirmó que usurparon su identidad entre 2014 y 2018 para designarla empleada del Senado bonaerense durante cinco años, en los que cobraron sus sueldo con una tarjeta de débito sin que ella lo supiera. Y afirmó que cuando le pidieron sus datos estaban presentes la exsenadora peronista Elida Villa de Bartoletti, de Los Toldos, y un empleado al que identificó como Ricardo Capa.
La señora se presentó ante la ONG Poder Ciudadano luego de que su presidente, Hugo Wortman, se presentara en un programa televisivo de LN+ y contara que estaba abierto a recibir denuncias.
El juez de La Plata Guillermo Atencio admitió a Poder Ciudadano como querellante en la causa en que investiga una maniobra similar a la denunciada por la mujer, denominada Miriam en el caso, aunque su nombre completo fue preservado por motivos de seguridad.
En esa causa, ahora anulada, fue detenido en un principio Julio Rigau,
un puntero del Partido Justicialista y empleado de la Cámara de Diputados provincial, cuando sacaba plata de un cajero automático con 49 tarjetas de empleados de la Legislatura.
Alguno de ellos dijo que le entregaron voluntariamente el plástico y que donaban parte de su sueldo a un comedor de Rigau, pero hubo otros que denunciaron que eran “ñoquis involuntarios” de la Legislatura bonaerense, como reveló Miriam.
La señora contó a un abogado de Poder Ciudadano su historia, que ayer fue puesta al aire por Radio Mitre. Dijo que sus penurias comenzaron cuando la desalojaron de un puesto de venta ambulante de la plaza de Berisso. Fue a pedir ayuda en la municipalidad y no le dieron ninguna respuesta. Así estuvo reclamando hasta que un señor la llamó a su casa y le dijo que fuera a la Legislatura, que en la Cámara de Diputados bonaerense la iba a recibir Capa.
“Me llaman y me dice que vaya a Legislatura ahí en calle 7 y que hable con el señor Ricardo Capa este que es el que me dicen que yo vaya a ver por el tema del trabajo, me llamaron al teléfono fijo”, relató la mujer.
“Me dijo, que tal señora la llamamos de la Legislatura, ¿se podría acercar? Recuerdo al hombre y como siempre digo, no me voy a olvidar por la marca de las zapatillas Kappa. Voy, entro a la Legislatura y llegó ahí el señor Ricardo Capa. Le dije ‘¿qué tal?, buenos días, usted me estaba esperando’. ‘Sí’, me dice, y me hizo pasar. ‘Un gusto señora’, dice ella, que era la senadora Elida Villa, de Los Toldos”, contó la mujer.
Capa le dijo que del lugar de donde venía la senadora “tienen mucha consideración con toda la gente”. Dijo que a los únicos que vio fue a Capa y a la senadora.
“El día que voy a retirar esta tarjeta, salgo del banco y lo veo al hombre que estaba haciendo la fila para el cajero, este Capa estaba haciendo la fila para el cajero. Esa fue la última vez que yo lo vi. Dije: ‘Viejo sinvergüenza’”, relató la mujer.
Tiempo después fue a hacer un trámite en la Anses y allí consultó sus aportes, de donde surge que tenía aportes previsionales realizados por el Senado bonaerense por seis años, entre 2014 y 2020. Y alguien había cobrado el sueldo en su nombre.
La mujer empezó a hacer averiguaciones, habló con gente de la municipalidad, pero nadie le dio una respuesta. Hasta que un día estaba en la cocina cuando apareció un señor conocido en la puerta de su casa.
“Me dice ‘este viene a hablar con vos por el tema del Senado’. Cuando me dijo así yo me doy vuelta y lo miro al hombre”, recordó la mujer.
“Me quise morir porque en ese momento se me vinieron a la mente las palabras de mi hija: ‘Mami, no hagas nada porque esto es una mafia’”, agregó.
La mujer aseguró que le preguntó al visitante: “¿Usted cómo sabe el problema del Senado, cómo sabe quién soy yo? ¿Por qué no vino antes?”.
La mujer le dijo a su interlocutor: “Ustedes están usando mi nombre y están robando mi nombre desde el año 2014. Me dijo que vino para que yo ponga el número, que lo había mandado un amigo, para que yo ponga el número para no decir nada de este problema. ¿Qué número quiere que le ponga? Porque conmigo no va a resolver nada”, le contestó, y sacó carpiendo al hombre que quería comprar su silencio.
La mujer abundó: “Ahí arranca la investigación mía, entonces la chica de la Anses me dice que no son aportes de la AFJP, sino que son los aportes actuales”. Y la señora se mostró extrañada. La empleada le señaló que eran aportes entre 2014 y 2018. “Yo me quedé mirándola. Si yo no estoy trabajando, de dónde eran los aportes, entonces ella me dice: ‘De la Honorable Cámara de Senadores’. ¡Pero si no me conocen ni los perros, yo nunca trabajé ahí”, exclamó.
La denuncia
Con esta información, Miriam presentará una denuncia penal, con lo que se abrirá una nueva causa judicial para investigar una maniobra similar a la de Chocolate Rigau.
Mientras tanto, la Justicia frenó la investigación, ya que la causa fue anulada. Ahora, la ONG Poder Ciudadano y el fiscal de Cámara Héctor Vogliolo apelarán la decisión de los jueces Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides, que entendieron que la policía violó la intimidad de Rigau cuando lo detuvo y revisó sin que medie una conducta sospechosa como para requisarlo.
La decisión judicial, calificada como una aberración por buena parte del mundo judicial, ahora busca ser revocada, mientras la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires analiza las conductas de estos dos jueces.
Por ahora son objeto de una investigación disciplinaria, pero además fueron denunciados para que se les realice un juicio político.

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Los abogados de Chocolate tienen vínculos con el PJ y la UCR  ¿?¿?¿?¿
A Rigau lo defiende uno de los estudios más cotizados de La Plata
Camila Dolabjian

Tres días después de que Julio “Chocolate” Rigau fuera detenido, cambió de abogado. Asumió su defensa el estudio Gascón Cotti, uno de los más conocidos y solicitados de La Plata. Se presentaron en la causa Alfredo Julio María Gascón, Alfredo Gascón (su hijo) y Miguel Ángel Molina, socios de la firma.
Los tres fueron empleados o lo son actualmente de la Cámara de Diputados bonaerense, según consta en registros de la AFIP y de la Anses, y fue corroborado por múltiples fuentes consultadas por la nacion.
Gascón padre fue asesor y relator en la Legislatura bonaerense en el bloque que hoy es Juntos por el Cambio (JxC), por lo menos hasta 2016. ¿?¿?¿?

Fuentes del órgano legislativo apuntan que trabaja para el radicalismo. Dos legisladores con los que tiene vínculo fluido son Sandra Paris y Emiliano Balbín, diputados provinciales del bloque de JxC por parte de la UCR.
Con la primera trabajó directamente y de Balbín fue profesor, ratificó una fuente que conoce bien a Gascón. En una publicación del 19 de agosto del año pasado subida a la red social Instagram por Paris, se lo ve en un acto en una asociación civil junto con otras figuras del partido en Necochea.
En el Congreso nacional, fue asesor en el despacho del radical Juan Pedro Tunessi (diputado desde 2009 hasta 2013). Gascón participó especialmente en la Comisión de Justicia, de la que el diputado era miembro. Actualmente, y desde 2015, Tunessi es secretario parlamentario del Senado de la provincia de Buenos Aires.
Gascón (h.) fue asesor de Paris, diputada provincial de la UCR, hasta mayo de 2021. Un año después, fue contratado como relator en la Cámara para la Comisión de Industria y Minería, a través de la diputada Vanesa Zuccari, también del radicalismo. Una fuente aseguró que dejó ese lugar a fines de 2022 y, aunque llevó los papeles para continuar en su relación contractual, no se firmó un nuevo documento. En la red social LinkedIn, él no consignó que hubiera dejado de trabajar en la Cámara. En el caso de Molina, los registros de las entidades públicas dan cuenta de que la Cámara fue su empleadora en algún momento, pero no da detalle de hasta cuándo sucedió esto.
Jerónimo Gascón, otro de los hijos de Alfredo Julio María Gascón, es abogado, pero no forma parte de la defensa de Rigau, al menos no formalmente. También trabajó en la Cámara, según sus propias redes sociales. “En 2015 comencé a trabajar como asesor de la exdiputada Sandra Paris en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. De 2018 a 2022 me desempeñé como vicedirector legislativo del partido Cambiemos-Juntos por el CambioJuntos”, consignó en LinkedIn.
Los tres abogados fueron contactados  pero prefirieron no hacer declaraciones. Aunque sus allegados aseguran que no siguen trabajando en el Poder Legislativo bonaerense, fuentes de la misma Legislatura sostienen que Alfredo Gascón hijo lo sigue haciendo.
En el caso de Rigau, su capacidad de pagar los honorarios de este estudio no guarda ninguna proporción con la de los otros políticos defendidos por Gascón Cotti. El puntero reside en una vivienda relativamente precaria y en su tarjeta del Banco Provincia no percibía más de $260.000 por mes. ¿Quién podría estar interesado en pagar los honorarios de uno de los mejores estudios de la zona? Dos fuentes que conocen el contenido del acuerdo dijeron a que quienes la nacion llevaron el caso al estudio fueron exclientes de Gascón y personas asociadas al peronismo, y que son ellas quienes abonan las horas de trabajo.

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