EL ESCENARIO ...CONFLICTO DE PODERES...JODER HASTA LO ÚLTIMO

Conflicto de poderes en puerta y una fuerte incertidumbre en el caso Hotesur
Hernán Cappiello
Tras la ajustada votación en el Senado que le dio un nuevo acuerdo por cinco años a Ana María Figueroa como jueza de la Cámara de Casación Federal, se abre un escenario de conflicto de poderes e incertidumbre que impacta en el caso Hotesur y Los Sauces, recién reabierto y camino a juicio oral.
Esto es así porque el plazo para apelar la anulación del sobreseimiento de Cristina Kirchner vence el martes en las dos primeras horas de atención al público de los tribunales. Si para ese momento Figueroa regresó a su despacho, Cristina Kirchner puede argumentar que el fallo que reabrió la causa y ordenó realizar el juicio es nulo porque los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone apuraron una sentencia sin aguardar el acuerdo del Senado para impedirle votar a la magistrada. Nunca es tarde para que la vicepresidenta intente solucionar sus problemas judiciales.
Pero el primer paso es que Alberto Fernández la designe por decreto. Luego, con esa norma publicada en el Boletín Oficial, la jueza podría acudir a los tribunales y reclamar su despacho y la presidencia del cuerpo, que ostentaba antes del 9 de agosto, cuando cumplió 75 años. La Corte la dejó cesante desde ese día porque no había obtenido el acuerdo del Senado.
La Constitución nacional dice que “un nuevo nombramiento, precedido del acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.
Por eso la jueza, ahora que ya tiene el acuerdo, podría pretender que todo siga como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, el trámite no es sencillo porque para la Corte dejó de ser jueza. Ahora el Senado creó un nuevo estándar, al nombrarla jueza por cinco años más.
La presidencia de Casación
Tras la decisión de la Corte de dejarla cesante, a instancias de sus colegas de la Casación, la propia Cámara ya tomó algunas resoluciones: designó presidente al juez Mariano Borinsky en reemplazo de Figueroa; dispuso que la vocalía de la jueza iba a ser cubierta por el juez Alejandro Slokar, y, además, dijo que integra la Sala III.
Por eso su regreso a la Casación plantea problemas, que terminarán resueltos por la propia Corte.
Por ejemplo, ¿puede pretender ser nuevamente presidenta de la Cámara cuando una votación unánime de sus colegas ya designó a otro titular? Más allá de la letra del decreto presidencial, el próximo paso es tomarle un nuevo juramento como magistrada. Le corresponde al presidente de la Cámara de Casación, el juez Borinsky. Antes de tomar una decisión, es probable que se realice un plenario del cuerpo. Hay uno convocado para la semana próxima, pero con otro temario, aunque es posible que sume este asunto de máxima prioridad.
Y, más sensible aún, antes de tomarle juramento, la Cámara de Casación enviará el asunto en consulta a la Corte Suprema de Justicia para saber si ratifica el contenido de su resolución del 6 de septiembre, cuando dejó cesante a Figueroa desde el 9 de agosto. Es el choque de trenes inevitable, en el que la decisión del Senado tropieza con la previa de la Corte en un eventual conflicto de poderes. Por otro lado, Figueroa pretenderá no solo recuperar su firma como jueza, auto, chofer custodio y su despacho, sino también su sueldo, una decisión del Consejo de la Magistratura, que liquida los salarios.
Otra discusión que se planteaba anoche en la Casación es cómo interpretar la Constitución cuando habla de “nuevo nombramiento” y de “mantener en el cargo”.
Si hay nuevo nombramiento, se requiere un nuevo juramento. Pero cuando habla de “mantener en el cargo” en este caso, Figueroa ya no estaba en funciones, porque había sido dejada cesante. Cuál de las dos interpretaciones es la correcta lo deberá decidir la Corte, aunque el asunto es materia de debate entre los jueces de la Casación. Cualquier decisión requerirá una acción por parte de Borinsky. Los presidentes, cuando toman juramento, no tienen la facultad de revisar la regularidad de la designación, aunque se da la particularidad de que los jueces de la Casación son los que motivaron la salida de Figueroa.
Desde el punto de vista operativo, su vocalía está ocupada y su vacante aún no fue concursada por el Consejo de la Magistratura ni acumulada a los concursos existentes. Además, solo le quedaban seis causas para resolver de la Sala I que integró, entre ellas Oil Combustibles.
Desde el punto de vista político, si Figueroa permaneciera en la Casación, el kirchnerismo lograría obturar la vacante en el máximo tribunal penal al menos cinco años más.
Y, para la situación judicial de Cristina Kirchner, las consecuencias de esta decisión sobre Hotesur y Los Sauces son inimaginables y pueden incluso motivar que esta Corte no pueda pronunciarse sobre el caso, ya que cesó a Figueroa

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El peronismo también nombró a 32 nuevos jueces, fiscales y defensores públicos
Generó un fuerte debate el acuerdo para nombrar a un magistrado denunciado por abuso sexual y laboral
Además del acuerdo para la jueza Ana María Figueroa, el pliego de Diego Martín Matteucci, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar una vocalía en el Tribunal Oral Federal de Jujuy, generó un fuerte debate en la sesión del Senado. Fue uno de los acuerdos para designar, con los votos del oficialismo, 32 jueces, fiscales y defensores públicos.
Cuando la discusión se acercaba al final, el jefe del bloque radical, Luis Naidenoff (Formosa), pidió el retiro del pliego luego de advertir que el postulante se encontraba acusado en una causa por acoso sexual y laboral. Pero el oficialismo no aceptó retirar el pliego. “La denuncia llegó después” del dictamen, dijo el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa).
“Pido tiempo al oficialismo no cometer un apresuramiento porque el fiscal general coordinador comunicó al Senado que debíamos retirar el pliego porque es improcedente el nombramiento como juez federal de una persona que tiene una denuncia por acoso laboral y sexual”, había reclamado el líder de la bancada radical de la Cámara alta. Y explicó que el pedido de la Justicia llegó después de que la Comisión de Acuerdos, con el respaldo del oficialismo, diera luz verde al pliego.
“No es un delito menor, es un tema grave y delicado”, agregó el senador, quien corrió al oficialismo con el argumento de la defensa del feminismo, que usaron algunas senadoras kirchneristas para defender a Figueroa. “Este es un delito contra la integridad sexual; hay una denuncia de una madre, hay pruebas y este pliego no merece ser aprobado”, remató.
El caso de Matteucci había sobrevolado el recinto cuando habló la radical Silvia Giacoppo (Jujuy), quien criticó al oficialismo por impulsar el nombramiento de una persona acusada por acoso sexual, pero no mencionó el nombre del candidato que estaba cuestionando.
Sin mencionar tampoco al postulante cuestionado, le salió al cruce el peronista jujeño Guillermo Snopek. “No podemos prejuzgar. Quien prejuzga o tira tierra en la cara de alguien es el que tiene las manos sucias”, afirmó el presidente del bloque Unidad Federal, quien antes había acusado al gobernador de la provincia y su archirrival político, Gerardo Morales, de haber pretendido entrometerse en los concursos del Consejo de la Magistratura relacionados con jueces con destino en la provincia norteña.
Matteucci se desempeñó en el Juzgado Federal Nº 1 de Jujuy. En junio de este año, ante los graves incidentes registrados en la capital jujeña, autorizó a la Gendarmería Nacional a “tomar todos los recaudos pertinentes para asegurar la libre circulación” por las rutas cortadas por las organizaciones piqueteras, pero “absteniéndose del uso de armas de fuego”.
Magistrados y fiscales
Otros acuerdos permitirán las designaciones de Enrique Nicolás Baronetto (camarista del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia), Fernando Luis Rodolfo Poviña (vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán), Marcelo Alejandro Cardozo ( juez de primera instancia de Puerto Iguazú), Carina Inés Gregoraschuk (jueza de primera instancia de Jujuy), Roberto Fernando Minguillon (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata) y Martín Luciano Poderti (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata).
Al votarse los dictámenes en la sesión, será designada fiscal de cámara en Comodoro Rivadavia la doctora Verónica Raquel Escribano y fiscal ante los juzgados de primera instancia de Jujuy el doctor Sebastián Gabriel Jure.
También se votaron pliegos para nombrar defensores públicos a Alfonsina Bava, Agustín Carrique, Luis Francisco Valencia, María José Bonifacino, Alejandro Marcelo Arguilea, Paula Susana Muniagurria, Pablo Andrés Vacani, María Victoria Nager, Mauricio Gabriel Zambiazzo, José Nicolás Celestino Chumbita, Silvina Soledad Leal Castaño y Omar Abdón Bittar (San Rafael)

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