MÁS CORRUPCIÓN Y OTRO ESCENARIO

Imputan a Batakis y secuestran datos del Banco Nación por la denuncia de las designaciones
La Justicia realizó un procedimiento ante la contratación de una vidente y de familiares de la funcionaria kirchnerista
Hernán CappielloLa presidenta del Banco Nación, ilvina Batakis
El fiscal federal Guillermo Marijuan abrió una investigación penal contra la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, por presuntas designaciones irregulares en la entidad, que incluirían la contratación de familiares en cargos importantes y de una numeróloga.
En ese marco, la policía secuestró ayer los legajos de las personas designadas por Batakis, incluido su exesposo, tras una denuncia de la diputada nacional Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio).
El procedimiento judicial se realizó a raíz de una orden de presentación firmada por el juez Rafecas a solicitud del fiscal Marijuan. La policía se presentó con un oficio para pedir documentación en diferentes oficinas del banco, la que fue entregada sin necesidad de un allanamiento, dijo una  fuente judicial.
Intervino el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina. Se trata del nuevo nombre de lo que era antes el Departamento de Delitos Federales. Se secuestraron actas del directorio y legajos de las personas designadas y puestas bajo la lupa judicial.
“El banco se puso a disposición de lo que se necesite y en forma rápida”, afirmaron a fuentes de la entidad.
La causa investiga la designación de allegados a Batakis y los servicios que facturó Verónica Laura Asad, conocida como Pitty, la numeróloga. La denuncia se originó tras un informe del programa televisivo PPT, de Jorge Lanata, que señaló que Batakis contrató a Héctor Javier Silva, su exmarido, como gerente de Sistemas de la entidad.
Por otro lado, se conoció un documento que revelaba la contratación de Pitty, una vidente, que dijo que más que a ella, deberían preguntarle a Batakis las razones por las cuales la contrataron.
La denuncia de Ocaña apunta a Batakis –y a María del Carmen Barros, gerenta general del Banco de la Nación Argentina– por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y peculado.
La diputada las acusa de “haber efectuado diversas maniobras fraudulentas para enriquecerse y enriquecer a terceras personas allegadas a ellas a costa del erario público”. Para ello, Ocaña dijo que actuaron “a espaldas del directorio del Banco Nación, es decir que no contaban con el aval de los directores de dicha entidad”.
“Se dieron a conocer, a través de distintos medios de comunicación, conductas que implican una violación a sus deberes de funcionaria pública e importan una administración fraudulenta de los fondos del Banco Nación, que administran por sus cargos”, dijo la legisladora en el escrito que dio inicio al caso.
Ocaña sostuvo que “en primer lugar tenemos la escandalosa contratación de “Pitty la numeróloga” que cobró del Banco Nación “la escalofriante suma de $ 1.800.000 por un “curso de coach” durante seis meses. “La numeróloga le facturó al Banco Nación por servicios esa gigantesca suma y consultada en el programa de radio Lanata sin filtro por cuál era el servicio que prestó para cobrar esa gigantesca suma de dinero dijo “Bueno, eso es un poco privado”, relató Ocaña.
Ocaña señaló que hay un “insospechado grado de impunidad de esta gente” que “les hace creer que pueden cobrar millones de pesos de una entidad pública y que cuando le preguntan cuál fue el servicio prestado decir que es algo privado”.
Por último, Ocaña indicó que se realizaron “nombramientos y autorización de pago de sueldos exorbitantes para familiares y amigos tanto de Batakis como de Barros”.

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Internas, nombramientos y un acuerdo con el sindicato
Diego Cabot
Afinesdejuliode2022,Eduardo Hecker estaba en Catamarca. Lo presentaban en un acto del sector minero y, un segundo antes de que el presidente del Banco Nación subiera al escenario, miró su celular: lo habían “renunciado”.
Mientras, pasó algo similar en Estados Unidos. Silvina Batakis, entonces ministra de Economía, se despidió de Jorge Argüello en el Aeropuerto de Washington. El embajador, anfitrión de la funcionaria, le había preparado una agenda de presentación en el centro del poder político americano. Ella, satisfecha, tomó un avión a Houston, desde donde abordaría otro a Buenos Aires. Durante la escala, encendió el celular y se encontró con la sorpresa: había sido reemplazada por Sergio Massa.
Llegó a Buenos Aires y pidió la presidencia “del Nación”, como se conoce al banco estatal. Se la dieron y corrieron a Hecker, el otro desplazado, como director del Banco Central. Algo así como minimizar los riesgos de despecho con plata estatal. Desde entonces, Batakis consolidó una tendencia contracíclica en el sector: mientras toda la banca fue restrictiva con el ingreso de nuevos empleados, la fugaz exministra hizo crecer la planta de la entidad.
De su corto e intrascendente paso por el Palacio de Hacienda quedó apenas un legado: el decreto 426, del 21 de julio de 2022, que establece que “las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional [...] no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”. Taxativa, la norma termina con la siguiente rúbrica: “FERNÁNDEZ[talcomofirmalosdecretos el Presidente, con mayúscula y sin el nombre] - Juan Luis Manzur [entonces jefe de Gabinete] - Silvina Aída Batakis”.
Desmemoriada, la presidenta del Nación violentó la norma no solo con su exmarido y con una numeróloga, sino que además incorporó 334 empleados nuevos desde julio del año pasado hasta agosto, último dato oficial que publica el Indec todos los meses, donde se cuentan los empleados públicos de toda la administración nacional, además de los dependientes de las empresas estatales y de los organismos descentralizados. Eso, claro, sin contar los contratos de locación que facturan y no se cuentan en la plantilla.
Aquel decreto tenía como finalidad mandar una fuerte señal de austeridad. El 11 de julio de 2022, en una conferencia de prensa, Batakis estaba rodeada de tres ministros (Daniel Scioli, Julián Domínguez y el único sobreviviente de los tres, Matías Lammens), además del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la también desplazada directora de la AFIP Mercedes Marcó del Pont.
En el centro de la mesa y de la escena económica, Batakis fue directa: “Todos los organismos deben estar alineados a buenas prácticas financieras. Vamos a hacer una modificación en la ley de administración financiera: todos los organismos del Sector Público Nacional tienen que estar contemplados en el manejo eficiente del presupuesto y las erogaciones”, dijo. Y completó: “El congelamiento de la toma del personal se amplía a todos los organismos del Estado”, anunció.
A los 10 días, se publicaba el decreto que, arqueología regulatoria de por medio, quizá sea el único legado de su paso por el ministerio. “La prohibición comprende a las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos previstas por el decreto 1109 del 28 de diciembre de 2017”, dice la norma que dejaba sin efecto un régimen de contrataciones especiales de profesionales y técnicos que no podía superar los 12 meses.
Pero ya sentada en el sillón más importante del principal banco público de la Argentina, Batakis dejó de lado su propio decreto para hacerse de un gerente cercano, su exmarido, Héctor Javier Silva, además de contratar a Verónica Laura Asad, conocida como Pitty, la numeróloga, según informó el programa Periodismo para todos (PPT).
Varias cosas se esconden detrás de estos nombramientos. El ingreso de su exmarido tiene algunas aristas y tres personas que conocen por adentro la entidad coincidieron en que no es posible que se nombre un gerente sin la anuencia del gremio, La Bancaria, que maneja Sergio Palazzo.
Para hacerlo efectivo, la gerente general ascendida por Batakis, María del Carmen Barros, desplazó a dos gerentes, los de Negocios y Tecnología, Gastón Álvarez y Cristian Lestani, respectivamente, y los mandó a sucursales del exterior. Lestani, de sistemas, terminó en Miami. En ese lugar ingresó Silva, sin concurso de antecedentes ni examen, toda una anomalía en un puesto eminentemente técnico.
Cuentan que La Bancaria tiene una fuerte impronta a la hora de que se sumen empleados, especialmente en puestos medios. Además, en los nombramientos de mandos altos también hay una pseudocorporación: “los gerentes”. Ahí conviven empleados de mucha trayectoria y antigüedad que han hecho el camino ascendente en la entidad y no ven con buenos ojos que la política coloque nuevos alfiles en ese lugar del organigrama.
De ahí que varios cargos políticos se completen en la casilla de “asesores”, que facturan o tienen contratos de corto plazo y se renuevan cada vencimiento. Justamente, en los pasillos del organismo corre un fuerte rumor: la gestión Batakis tiene en carpeta un proyecto para que los “asesores” queden incorporados a la planta permanente.
La contratación de la numeróloga Verónica Assad la realizó la gerenta Barros. Tras haber solicitado una consulta particular y quedar satisfecha con el servicio, la funcionaria le ofreció un contrato que sería financiado por el organismo bancario.
Según pudo saber la nacion, ese tipo de relaciones –en este caso de $1,8 millones por semestre, a razón de $600.000 por mes– están autorizadas sin pasar previamente por el directorio, dado que para una dinámica mejor, se estableció un monto máximo de compra directa.
Solo después, en un informe en el que pocos se detienen, se consolidan estas contrataciones, que van de suministros a locaciones de servicio, como este caso, y así se completa el proceso, que es una suerte de visado. Es decir, podría haber más casos.
La gerenta general también tiene contratada a una persona de su máxima confianza: Juan Manuel Romero. El 28 de julio pasado, el jefe de los choferes cobró de sueldo en mano poco más de $512.000, a lo que se sumaron otros $606.335,62 de horas extras. El 20 de julio, además, se hizo de otros $80.000 por viáticos y movilidad. Todos estos pagos están autorizados por Barros.
Pero no todo termina ahí. Al menos dos colaboradoras de prensa de La Bancaria, que se ocupan de llevar el día a día del gremio, tienen contratos en la entidad. Con solo preguntarle a Sergio Palazzo se podrían conocer sus nombres.
Ahora bien, de regreso a la nómina del banco, la gestión Hecker/Batakis ha caminado en sentido contrario a lo que ocurrió en el sector. Por caso, la banca pública, que contiene a todas las entidades estatales e incluye al Nación, tenía 39.123 trabajadores en diciembre de 2020 y bajó a 38.592 en marzo pasado.
Hace un año, Batakis firmó un decreto para ser más explícita en la prohibición de contratar nuevos agentes, algo que ya estaba vigente desde hace años. Pero el kirchnerismo siempre encontró los vericuetos como para hacer del empleo público su privilegiada bolsa de trabajo, o de favores. A nadie le importó la norma de la exministra, tan intrascendente, que ella misma se ocupó de violentar cada día hábil en el que llegó a trabajar. Entró a los codazos al Banco Nación; y con ese codo poderoso borró lo que escribió con la mano.

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