IMPUNIDAD, CAPTURA Y RESOLUCIÓN

Caso Dalmasso: 17 años de impunidad
El crimen de Nora Dalmasso, que conmovió a la opinión pública, lleva 17 años impune. Su esposo, Marcelo Macarrón, quien al momento del asesinato se encontraba en Punta del Este, fue absuelto el año pasado.
Si bien se habían encontrado rastros de ADN de Macarrón en el cordón de la bata de la víctima que se usó para estrangularla, la Justicia quitó relevancia a la presencia de esos hallazgos, atribuyéndolos a la convivencia del matrimonio.
Hubo otro rastro, no identificado, que en su momento fue confrontado sin éxito con 30 allegados a la familia, con policías e, incluso, con el de un sacerdote que había ingresado a la habitación de la mujer. Pero no hubo coincidencias.
El fiscal de Río Cuarto, Pablo Jávega, quien se resiste a cerrar el caso sin agotar la búsqueda, dispuso tomar muestras de 200 personas, cuyo listado fue confeccionado por los investigadores que han sido convocados como colaboradores de la Justicia, sin que ello implique sospecha alguna sobre una persona en particular.
La fructífera utilización del ADN como método de investigación, cada vez más desarrollado, recuerda un célebre caso de muchos años atrás, en los inicios de este sistema identificatorio, cuando ante un crimen ocurrido en un pequeño poblado inglés se dispuso tomar muestras de todo el pueblo, hasta que una persona se negó e intentó fugarse, delatándose como el asesino.
Debe ser bienvenida la iniciativa del fiscal Jávega y es de esperar que la investigación llegue a buen puerto, arrojando luz sobre este misterioso crimen que nunca debió llevar tantos años impune.

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Extraditarán desde Perú al narco que causaba terror en el barrio Mugica
Dumbo figuraba en la lista de los delincuentes más buscados hasta que fue detenido en Lima, en octubre de 2022

Gabriel Di NicolaRaúl Martín Maylli Rivera, el narco conocido como Dumbo
Casi nueve meses después de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú declaró “precedente” la solicitud de las autoridades argentinas, el secretario general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ese país, Edwars Rebaza Iparraguirre, rubricó la resolución suprema firmada por la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra que decretó la extradición de Raúl Martín Maylli Rivera, alias Dumbo, el capo narco que durante años sembró el terror en el barrio Padre Mugica, de Villa Lugano, y que estuvo prófugo desde mayo de 2021, cuando se escapó de la Argentina, hasta octubre del año pasado, cuando fue arrestado en Lima.
El 12 de enero pasado, el máximo tribunal de Justicia de Perú había aprobado la “extradición pasiva con procedimiento simplificado de entrega” de Maylli Rivera, “formulada por las autoridades competentes de la República Argentina para ser procesado por la presunta comisión de los delitos de comercio de estupefacientes agravado por haber intervenido tres o más personas organizadas, por la intervención de menores de edad y por haberse cometido en inmediaciones de establecimientos donde se realizan actividades deportivas; la organización o financiación de actividades relativas al comercios de estupefacientes, su ingreso al territorio nacional y contrabando, y el acopio de armas de fuego y municiones”.
Tras su detención, en la audiencia realizada el 28 de octubre de 2022 por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de San Juan de Lurigancho, de Lima Este, Dumbo se acogió “libre y voluntariamente” a ser extraditado en los términos del tratado suscripto entre Perú y la Argentina en 2004 y vigentes desde el 19 de julio de 2006. Los once meses que lleva detenido en la capital de su país de origen deberán ser computados como cumplidos ante la pena que eventualmente se le aplique en Buenos Aires luego de su juzgamiento.
La idea de que Dumbo había escapado a su país natal comenzó a tener fuerza en el verano de 2022, cuando un abogado se presentó en los tribunales de Comodoro Py y entregó un certificado de defunción que sostenía que Raúl Martín Maylli Rivera había muerto en Perú. Pero pronto se comprobó que esa documentación era falsa, según explicaron oportunamente a calificadas fuentes judiciales. la nacion Las centrales de Interpol de uno y otro país intercambiaron informaciones y el cerco se estrechó sobre el narco. En octubre del año pasado, dos detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) viajaron a Perú para participar del operativo de detención.
Dumbo, de 41 años, está acusado de liderar una banda narco que operaba en el barrio Padre Mugica, en Villa Lugano. Antes había integrado la temible organización criminal asentada en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores.
La organización de Dumbo se hizo conocida para la opinión pública cuando, a mediados de mayo pasado, vecinos del barrio Mugica decidieron cortar la avenida General Paz para exigir la presencia del Estado tras un intenso tiroteo. Se habían cansado de vivir atemorizados y de que el “dueño” de la zona fuera Maylli Rivera.
Todavía es un misterio cómo hizo Dumbo para salir de la Argentina a pesar de que pesaba sobre él un pedido de captura nacional e internacional.
“La pista de que Dumbo estaba en su país natal comenzó a ser analizada después de que se determinó, con la colaboración de autoridades de Perú, que el certificado de defunción era falso”, sostuvo a una fuente de la investigación. la nacion
La orden de captura de Dumbo había sido firmada por el juez federal Julián Ercolini. En la investigación participaron los fiscales Alejandra Mangano y Diego Iglesias, a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Aunque Dumbo estaba prófugo, la investigación continuó sobre otros integrantes de la organización narco que aterrorizaba al Barrio Mugica. El juez Ercolini ordenó una serie de escuchas telefónicas.
En las comunicaciones surgió con más claridad la sospecha de que Maylli Rivera estaba en Perú.
“En las comunicaciones que logramos interceptar, los secuaces de Dumbo sugerían que su jefe estaba en Perú y que les pedía que se vayan para allá con él”, dijo a la
una fuente judicial.
Su círculo de confianza
Dumbo, según fuentes de la PFA, seguía con el manejo del negocio narco desde la clandestinidad. Antes de la captura en Lima, en Buenos Aires se precipitaron procedimientos que derivaron en la detención de varios operadores de la banda. Entre los detenidos por detectives de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA estaban la sobrina de Dumbo, Mayra Flores Villantoy, y su pareja, Nicolás Silva Ames, apodado Tío Ricky, y Edwin, Ynza Hinostroza, alias Manchay, lugarteniente del por entonces capo narco prófugo.
“Tras la detención de Manchay, por escuchas telefónicas, surgió la información de que la mujer de Maylli Rivera, Edith Pacheco, el hijo de ambos y otro importante integrante de la organización criminal, Jonatan Camelino, apodado Oso, iban a viajar a Perú para encontrarse con Dumbo”, explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Primero viajaron a Uruguay. Oso lo hizo el 26 de octubre de 2022 a las 7.40. Salió del puerto de Buenos Aires hacia Colonia. Pacheco y su hijo viajaron ese mismo día, pero a las 14.40.
“Pasaron una noche en Montevideo y después compraron pasajes en avión para viajar a Perú. La escala aérea fue en el aeroparque metropolitano. Oso continuó hacia Lima, pero Pacheco y su hijo tuvieron que embarcar en otro avión que despegó desde Ezeiza”, dijeron las fuentes consultadas.
Un detective de la PFA viajó en el mismo avión donde se embarcó Oso, para seguirle los pasos.
En Lima, se sumó al seguimiento personal de la Policía Nacional de Perú. “En el aeropuerto Jorge Chávez, a Oso lo esperaba una mujer que fue reconocida por el detective de la PFA como mano derecha de Dumbo”, sostuvo una fuente judicial. Tras una vigilancia discreta, el personal de la PFA y sus colegas de la Policía Nacional de Perú pudieron dar con Dumbo.
“Al ser sorprendido por el personal policial, Dumbo afirmó no ser la persona que buscaban. Presentó una cédula de identidad que lo identificaba como un ciudadano boliviano. Pero el documento, al igual que el certificado de defunción, era trucho”, afirmó una fuente judicial.
Según el expediente judicial, la banda de Dumbo llegó a facturar $316.000 por día con la venta de dosis de cocaína y marihuana.
La “contabilidad” de la banda donde se dejaba constancia de la recaudación del negocio del narcomenudeo fue descubierta en anotaciones manuscritas, secuestradas en un operativo la Policía de la Ciudad. El registro correspondería a actividades desarrolladas entre marzo y septiembre de 2020.

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L-Gante quedó cerca de volver a la cárcel al revocarse el fallo del juez de Garantías
El cantante de cumbia había sido beneficiado con la excarcelación el 9 del actual

Gustavo CarabajalElián Valenzuela está procesado por secuestro y amenazas
El referente de la cumbia 420 Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, quedó a un paso de regresar a prisión. La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes aceptó el recurso de queja presentado por el fiscal general del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez Lucas Oyhanarte y revocó la resolución del juez de Garantías que había beneficiado al artista con la excarcelación.
El fallo que podría mandar a la cárcel nuevamente a L-Gante se conoció pocos días después de que la embajada de los EE.UU. rechazó la solicitud del artista para ingresar en ese país. Con la resolución dictada en las últimas horas por el tribunal de Mercedes, L-Gante no estaría en condiciones de salir de la Argentina y podría volver a ser detenido.
En la resolución, además de aceptar el recurso presentado por el fiscal general Oyhanarte, los camaristas hicieron un severo llamado de atención al juez de Garantías que había beneficiado al artista.
“La ley establece que el cese de la prisión preventiva debe fundarse en dos supuestos: por la incorporación de elementos probatorios que mejoren la situación del imputado o por la falta de acreditación de la certeza exigida por el subsecuente paso procesal, y por la desaparición de los peligros procesales ponderados al momento de dictarse la medida cautelar. Sobre este contexto legal, entendemos que no se da en la presente incidencia ninguna de las dos situaciones señaladas”, indicaron los camaristas Carlos Risuleo y Oscar Reggi en la resolución que se conoció en las últimas horas.
El derrotero judicial de L-Gante comenzó el 27 de mayo pasado, cuando fue acusado por un vecino, Gastón Torres de obligarlo a subir a su camioneta BMW X3, ploteada con la inscripción “La Mafilia”, y amenazarlo de muerte. El 7 de junio, la fiscal Alejandra Rodríguez pidió la detención del artista. Ese mismo día, el juez de Garantías Gabriel Castro aceptó la solicitud de la representante del Ministerio Público y ordenó la detención del imputado.
L-Gante pasó casi cien días preso en un calabozo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes. Allí quedó alojado para evitar incidentes con sus seguidores y amigos, que, en las horas posteriores a su detención, habían protagonizado una serie de protestas frente a la comisaría de General Rodríguez.
Pero el 9 de septiembre pasado, el juez Castro tuvo en cuenta la declaración de cuatro nuevos testigos presenciales de la supuesta privación ilegítima de la libertad por la que fue imputado en mayo pasado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, lo que motivó una “reevaluación” de la prueba que existía en el expediente y otorgó la excarcelación por el “beneficio de la duda”.
“Los testigos presenciales de los incidentes que dieron raíz a los hechos endilgados a Valenzuela dan cuenta del estado de alcoholismo y exaltación en el que se habría encontrado el denunciante y su enemistad manifiesta contra el aquí imputado Valenzuela y sus amistades”, indicó en sus conclusiones el juez Castro.
Esa resolución que derivó en la libertad de L-Gante fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones de Mercedes por el fiscal general Oyhanarte y los abogados Pablo Becerra y Leonardo Sigal, que representan a la víctima.
“No se advierte en el sumario que hayan desaparecido una o más de las condiciones establecidas en Código Procesal Penal, no varió la apariencia de responsabilidad del acusado, como tampoco el peligro cierto de frustración de los fines del proceso si no se adopta la medida, ni se observa desproporción entre la prisión preventiva y el objeto de tutela, y no habiéndose incorporado elemento alguno que amerite la reconsideración del medio coercitivo decretado en su oportunidad, consideramos que no corresponde hacer lugar al cese de la medida de coerción respecto de Elián Ángel Valenzuela”, concluyeron los camaristas.