Detenidos y disparos en un incidente con una embarcación de Paraguay
La Prefectura Argentina informó que participaba de un posible contrabando; las autoridades paraguayas aseguraron que había un oficial realizando tareas de inteligencia
Patrullaje de la Prefectura Naval Argentina en el río Paraná
La Prefectura Naval Argentina detuvo a un grupo de personas, entre ellas, un miembro de la Armada de Paraguay, en medio de una presunta maniobra de contrabando.
Desde Paraguay aseguraron que el efectivo detenido realizaba “tareas de inteligencia” y negaron que se tratara de contrabando.
El incidente ocurre en medio de la tensión entre la Argentina y Paraguay por el cobro de peajes en la Hidrovía, que tuvo como contrapartida un conflicto en la represa de Yacyretá.
Con respecto al incidente, la Prefectura Argentina informó que “en el marco de los constantes controles que se realizan en las zonas fronterizas para prevenir el delito” detuvo ayer “a un grupo de personas que huían del país con mercadería de contrabando en la localidad misionera de Puerto Rico”.
Según el comunicado, el personal patrullaba la zona de Puerto San Alberto cuando advirtió que “una embarcación, cargada con bidones, realizaba un cruce transversal desde la costa argentina hacia la paraguaya”. Allí se inició un operativo y Prefectura detectó que “uno de los tripulantes poseía un arma de fuego, por lo que inmediatamente se impartió la voz de alto”. Al no ser acatada la orden y continuar los involucrados con la navegación, los efectivos de Prefectura dispararon “con munición no letal para disuadir su accionar”.
En este marco, Prefectura logró identificar y detener a tres hombres, de los cuales uno es integrante de la Armada paraguaya. Además, durante el operativo, se secuestró el arma de fuego, la cual estaba con un cartucho en recámara y lista para el disparo.
La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal de Oberá, a cargo de Marcos Alejandro Gallandat Luzuriaga.
El medio paraguayo ABC consignó que, según lo manifestado por el cónsul de ese país en Posadas, los dos civiles detenidos por Prefectura ya fueron puestos en libertad, en tanto que el marino restante es tratado en la Argentina por una lesión en un brazo y volverá a Paraguay cuando reciba el alta médica.
Con motivo de lo ocurrido, el Comando de la Armada paraguaya emitió un comunicado en el que dio a conocer su versión de los hechos. El texto sostiene: “Hemos recibido el informe preliminar del Área Naval de Itapúa que relata sobre un hecho que involucra a un personal de la Prefectura de Zona Puerto Triunfo, que se encontraba realizando una patrulla a bordo de una de las embarcaciones utilizadas para tareas de inteligencia en el área de responsabilidad cuando dos personas, que aparentemente estaban pescando en la zona a bordo de una embarcación precaria, pidieron ayuda al personal porque en la canoa en la que se encontraban estaba ingresando agua y corrían riesgo de hundimiento”.
Tras ello agrega que, según lo relatado, “el personal de la Prefectura de Puerto Triunfo acudió inmediatamente al pedido de auxilio de los compatriotas, momento en que la Prefectura Naval Argentina de zona Misiones desde larga distancia procedió a disparar con balines de goma, resultando herido en la mano el SO 2a IM Alberto Martín Rojas Cabrera”.
En consonancia con la versión local, el comunicado indica que Prefectura detuvo posteriormente al marino y a los dos civiles en aguas jurisdiccionales de la Argentina y agregó que Rojas recibió asistencia de médicos del último país.
“El cónsul paraguayo en Posadas Rolando Goiburu fue informado de lo acontecido y puso a disposición un profesional abogado del Consulado quien se encuentra asistiendo al personal”, agrega el texto.
En diálogo con ABC, el diputado Emilio Pavón, del Partido Liberal Radical Auténtico paraguayo, pidió una investigación completa del incidente. En ese contexto, insistió en que, según el comandante del Área Naval Itapúa de la Marina, Jorge Maldonado, el suboficial herido estaba realizando tareas de inteligencia cuando le dispararon bajo la presunción de que su embarcación contrabandeaba combustible.
Lo ocurrido ayer se da en medio de la creciente tensión entre la Argentina y Paraguay por la decisión del Gobierno de cobrar un peaje al norte de la Vía Navegable Troncal (VNT), el tramo argentino de la Hidrovía.
A pesar de que el Ejecutivo defiende la decisión en función de los gastos que demanda el mantenimiento del tramo que también utiliza Paraguay, el vicepresidente del vecino país, Pedro Alliana, anunció a modo de represalia que su gobierno decidió de manera inmediata retirar “el 100% de la potencia de energía” que le corresponde de la central hidroeléctrica binacional de Yacyretá, lo que implica un recorte en la porción que habitualmente se le transfería a la Argentina. Asimismo, sostuvo que la decisión se trata de “una defensa de la soberanía y respeto como país, porque Argentina está con una deuda con nosotros”.
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El procurador dijo que Jones Huala debe ser extraditado
El activista quiere seguir en la Argentina y no volver a Chile
Hernán Cappiello
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe confirmar la extradición a Chile del líder mapuche de la RAM Facundo Jones Huala.
El dictamen de Casal, al que accedió la nacion, deja ahora en manos de la Corte la decisión de enviar al líder mapuche a su país, donde debe terminar de cumplir una condena a nueve años de prisión por el incendio de una casa en la localidad de Río Bueno, al sur de Chile, y por la portación ilegal de armas de fuego.
Más allá del fallo de la Corte, en caso de que se disponga la extradición, la decisión final de enviar a Chile a Jones Huala es, en última instancia, del Poder Ejecutivo.
Jones Huala se escapó cuando debía terminar de cumplir la pena impuesta en 2018 y que termina en 2024. Fue detenido el 30 de enero de 2023 por la Policía de Río Negro en una vivienda de El Bolsón. El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022. Jones Huala estaba borracho, provocando desmanes, cuando lo detuvo la policía.
Desde entonces estuvo preso a la espera de ser enviado a su país, pero los abogados que lo defienden buscaron a toda costa evitar la extradición. El juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, concedió el 31 de julio pasado la extradición que reclamaba la Justicia chilena.
La extradición fue solicitada el 27 de febrero de 2023 por Chile para cumplir el saldo de un año, cuatro meses y diecisiete días de la pena que el 21 de diciembre de 2018 le impuso la Primera Sala No Inhabilitada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Valdivia, al condenarlo a seis años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de incendio, y a tres años y un día de presidio menor en grado máximo por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.
En su resolución, Casal aconsejó que el tiempo de detención en el país sea contemplado como parte del cumplimiento de la condena, argumento que fue tomado por los defensores para solicitar la permanencia en el país.
Lo mismo consideró Casal en su dictamen ante la Corte y dijo que “la apelación resulta improcedente”.
Huala dijo que no debía ser extraditado porque su condena era política, pero Casal recogió los argumentos del juez cuando afirmó que “aun cuando algunas pruebas reunidas en esas actuaciones daban cuenta de reivindicaciones territoriales y derechos ancestrales (...), no se trataba de un delito político, sino de un ataque contra la casa de un integrante de la propia comunidad mapuche que fue obligado a desarraigarse e ir a otro lugar en busca de vivienda
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Para Chaco, hubo “errores” en la medición del Indec
La provincia cuestiona el relevamiento que ubicó al Gran Resistencia como el área urbana más pobre
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe confirmar la extradición a Chile del líder mapuche de la RAM Facundo Jones Huala.
El dictamen de Casal, al que accedió la nacion, deja ahora en manos de la Corte la decisión de enviar al líder mapuche a su país, donde debe terminar de cumplir una condena a nueve años de prisión por el incendio de una casa en la localidad de Río Bueno, al sur de Chile, y por la portación ilegal de armas de fuego.
Más allá del fallo de la Corte, en caso de que se disponga la extradición, la decisión final de enviar a Chile a Jones Huala es, en última instancia, del Poder Ejecutivo.
Jones Huala se escapó cuando debía terminar de cumplir la pena impuesta en 2018 y que termina en 2024. Fue detenido el 30 de enero de 2023 por la Policía de Río Negro en una vivienda de El Bolsón. El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022. Jones Huala estaba borracho, provocando desmanes, cuando lo detuvo la policía.
Desde entonces estuvo preso a la espera de ser enviado a su país, pero los abogados que lo defienden buscaron a toda costa evitar la extradición. El juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, concedió el 31 de julio pasado la extradición que reclamaba la Justicia chilena.
La extradición fue solicitada el 27 de febrero de 2023 por Chile para cumplir el saldo de un año, cuatro meses y diecisiete días de la pena que el 21 de diciembre de 2018 le impuso la Primera Sala No Inhabilitada del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Valdivia, al condenarlo a seis años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de incendio, y a tres años y un día de presidio menor en grado máximo por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.
En su resolución, Casal aconsejó que el tiempo de detención en el país sea contemplado como parte del cumplimiento de la condena, argumento que fue tomado por los defensores para solicitar la permanencia en el país.
Lo mismo consideró Casal en su dictamen ante la Corte y dijo que “la apelación resulta improcedente”.
Huala dijo que no debía ser extraditado porque su condena era política, pero Casal recogió los argumentos del juez cuando afirmó que “aun cuando algunas pruebas reunidas en esas actuaciones daban cuenta de reivindicaciones territoriales y derechos ancestrales (...), no se trataba de un delito político, sino de un ataque contra la casa de un integrante de la propia comunidad mapuche que fue obligado a desarraigarse e ir a otro lugar en busca de vivienda
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Para Chaco, hubo “errores” en la medición del Indec
La provincia cuestiona el relevamiento que ubicó al Gran Resistencia como el área urbana más pobre
Eduardo Ledesma
RESISTENCIA. - El Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos de la provincia del Chaco (Ipecd) elevó una queja formal al Indec, que dirige Marco Lavagna, tras la difusión del nuevo índice de pobreza. El organismo provincial, que depende del gobierno de Jorge Capitanich, hizo público un cuestionamiento técnico y avisó que prepara una presentación para denunciar algunos “errores” en el procedimiento científico que convirtió al Gran Resistencia en el conglomerado urbano más pobre del país, con el 60,3%.
Para el director del organismo chaqueño, son al menos llamativos los índices de pobreza e indigencia registrados en la provincia para el primer semestre de 2023, sobre todo en comparación con los datos que se le atribuyen a la provincia de Corrientes, que tiene casi los mismos indicadores productivos y económicos, y en vez de subir redujo todos su índices.
“Ni China saca tantas personas de la pobreza por año como lo hace Corrientes, según el Indec, por eso creemos que hay un error en la estrategia de lectura y en la muestra analizada”, dijo a Alejandro San José, titular del instituto estadístico chaqueño.
Lo llamativo del caso, y que fundamenta en parte el reclamo de las autoridades chaqueñas, tiene que ver con las dinámicas opuestas de la pobreza en las dos provincias, cuando comparten un panorama que es prácticamente el mismo en relación con los parámetros de ingresos. Pese a ello, mientras el Chaco subió casi diez puntos la pobreza en el último año, Corrientes la redujo casi en la misma proporción.
Otro dato llamativo y que pone en cuestión la metodología ocurrió en marzo de 2022, cuando el gobierno de Corrientes salió a cuestionar al organismo por lo mismo por lo que ahora lo hace San José.
En aquel entonces, el propio gobernador Gustavo Valdés salió a cuestionar el informe del Indec que decía que la pobreza había bajado al 37,3% en todo el país y en Corrientes al 27,3%, lo que representaba una reducción pronunciada de más de 15 puntos porcentuales y ubicaba a la provincia entre las más favorecidas por la medición. El gobierno de Corrientes, lejos de avalar los datos, que podrían haberse exhibido en términos políticos favorables, salió a cuestionar al Indec y a hablar de una especie de error en la plataforma del informe. “Yo no creo en ese número, creo más bien que puede haber un error”, dijo Valdés entonces.
San José, a su vez, cree saber dónde puede estar el supuesto yerro: en la cantidad de muestras (que es muy chica para que sea representativa, según dijo), pero también en la tasa de no respuesta.
Dijo que de 10 encuestados, 6 responden y 4 no, y los que no lo hacen representan a sectores más formalizados y pudientes de la economía. Pero más allá de eso, San José cree que puede haber fallas en las muestras de los trabajadores informales.
RESISTENCIA. - El Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencia de Datos de la provincia del Chaco (Ipecd) elevó una queja formal al Indec, que dirige Marco Lavagna, tras la difusión del nuevo índice de pobreza. El organismo provincial, que depende del gobierno de Jorge Capitanich, hizo público un cuestionamiento técnico y avisó que prepara una presentación para denunciar algunos “errores” en el procedimiento científico que convirtió al Gran Resistencia en el conglomerado urbano más pobre del país, con el 60,3%.
Para el director del organismo chaqueño, son al menos llamativos los índices de pobreza e indigencia registrados en la provincia para el primer semestre de 2023, sobre todo en comparación con los datos que se le atribuyen a la provincia de Corrientes, que tiene casi los mismos indicadores productivos y económicos, y en vez de subir redujo todos su índices.
“Ni China saca tantas personas de la pobreza por año como lo hace Corrientes, según el Indec, por eso creemos que hay un error en la estrategia de lectura y en la muestra analizada”, dijo a Alejandro San José, titular del instituto estadístico chaqueño.
Lo llamativo del caso, y que fundamenta en parte el reclamo de las autoridades chaqueñas, tiene que ver con las dinámicas opuestas de la pobreza en las dos provincias, cuando comparten un panorama que es prácticamente el mismo en relación con los parámetros de ingresos. Pese a ello, mientras el Chaco subió casi diez puntos la pobreza en el último año, Corrientes la redujo casi en la misma proporción.
Otro dato llamativo y que pone en cuestión la metodología ocurrió en marzo de 2022, cuando el gobierno de Corrientes salió a cuestionar al organismo por lo mismo por lo que ahora lo hace San José.
En aquel entonces, el propio gobernador Gustavo Valdés salió a cuestionar el informe del Indec que decía que la pobreza había bajado al 37,3% en todo el país y en Corrientes al 27,3%, lo que representaba una reducción pronunciada de más de 15 puntos porcentuales y ubicaba a la provincia entre las más favorecidas por la medición. El gobierno de Corrientes, lejos de avalar los datos, que podrían haberse exhibido en términos políticos favorables, salió a cuestionar al Indec y a hablar de una especie de error en la plataforma del informe. “Yo no creo en ese número, creo más bien que puede haber un error”, dijo Valdés entonces.
San José, a su vez, cree saber dónde puede estar el supuesto yerro: en la cantidad de muestras (que es muy chica para que sea representativa, según dijo), pero también en la tasa de no respuesta.
Dijo que de 10 encuestados, 6 responden y 4 no, y los que no lo hacen representan a sectores más formalizados y pudientes de la economía. Pero más allá de eso, San José cree que puede haber fallas en las muestras de los trabajadores informales.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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