INCERTIDUMBRE EN EL TRAMO FINAL

Sigue sin definiciones la pulseada de Milei y las provincias
El Gobierno no aceptó coparticipar el impuesto PAIS
Laura Serra
El ministro Guillermo Francos se reunió anoche con gobernadores de JxC y el PJ para intentar destrabar la ley ómnibus, que el oficialismo llamó a debatir mañana en Diputados. Hubo algunos avances, pero la Casa Rosada postergó para “más adelante” el reclamo de coparticipar el impuesto PAIS.
El oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista acercaron posiciones en torno a distintos puntos de la “Ley de bases”, al punto que anoche un nutrido grupo de gobernadores le hicieron saber al ministro del Interior, Guillermo Francos, su voluntad de acompañar la votación en general de la iniciativa. Sin embargo, todavía quedan artículos que generan fricción y que amenazan con enrarecer el clima en vísperas de la sesión prevista para mañana en la Cámara de Diputados. Uno de ellos es el destino del impuesto PAIS: los mandatarios de la oposición dialoguista, reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), le plantearon ayer al ministro Francos que el tributo debería ser coparticipado –en al menos un 30%– con las provincias.
A través de un comunicado, la Casa Rosada les respondió anoche a los gobernadores que ese impuesto “y el resto del paquete fiscal”, quitado de la ley el viernes pasado, “se discutirá más adelante”. Rechazó, posponiéndola, la respuesta que esperaban los mandatarios antes de la sesión de mañana. Y sumó incertidumbre al desenlace legislativo.
Otro tema en el que todavía no hay acuerdo es el referido a las privatizaciones de las empresas públicas: para los libertarios es un capítulo clave sobre el que no están dispuestos a negociar.
Al finalizar el encuentro con Francos, los gobernadores presentes, que estuvieron acompañados por una nutrida delegación de legisladores de los bloques dialoguistas, dieron luz verde para que el megaproyecto enviado por el Poder Ejecutivo sea aprobado, en general, en la Cámara baja. Aun así se acordó insistir en la modificación de algunos artículos del dictamen sobre los que todavía no hay acuerdo, entre ellos el referido al impuesto PAIS y las privatizaciones.
Respecto de este impuesto, el dictamen del oficialismo propone, en su artículo 180, extender hasta el 22 de diciembrelavigenciadeltributo–que venció en diciembre pasado–, el cual rige desde los albores del gobierno de Alberto Fernández y se ubica tercero en el ranking de recaudación nacional, con ingresos totales por $1,5 billones anuales. Actualmente, el 30% de lo recaudado por el impuesto PAIS se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios. Con la redacción del artículo de prórroga en el dictamen, la totalidad de la recaudación irá a las arcas de la Nación
Este fue el tema central del encuentro que mantuvieron los gobernadores con Francos, que apenas permaneció 20 minutos en la sede del CFI. Según las fuentes consultadas por la nacion, el funcionario se mostró permeable al pedido y se comprometió a consultarlo con el Ministerio de Economía.
De la reunión participaron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CABA) –por Juntos por el Cambio– y el peronista Martín Llaryora (Córdoba), además de los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca) y Miguel Acevedo (Tucumán). Estos dos últimos, representantes de provincias gobernadas por el PJ ortodoxo.
También asistieron legisladores de los distintos bloques dialoguistas, entre ellos Diego Santilli (Pro), Rodrigo de Loredo (Evolución-UCR) y Emilio Monzó (Hacemos Coalición Federal). “Fue bien. Se va a avanzar. Se está trabajando”, dijo Francos, pulgar en alto, al retirarse del CFI.
Respecto de las privatizaciones, el dictamen aprobado el miércoles pasado contiene un artículo en el cual se faculta al Poder Ejecutivo “a privatizar total o parcialmente o liquidar empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado nacional”. Se incluye un anexo en el cual enumera 36 empresas a ser sujetas a privatización (entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles y medios públicos), mientras que en otro anexo dispone que el Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina “solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.
Si bien la oposición dialoguista logró excluir a YPF de las empresas a ser privatizadas, no está de acuerdo con cederle al Gobierno la facultad de avanzar con el resto de las privatizaciones sin una ley previa sancionada por el Congreso.
La cuestión de las delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo todavía sigue generando desacuerdos con un sector de la oposición pese a que el Poder Ejecutivo accedió a reducir de 11 a 7 la cantidad de delegaciones (ver aparte). Desde las bancadas Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, por caso, insisten en eliminar del proyecto las delegaciones en materia de seguridad, tarifas y energía.
Otro punto sobre el que los gobernadores volverán a la carga tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. En su dictamen, el oficialismo acordó con los bloques dialoguistas que solo se transferirán al Tesoro los títulos de deuda en manos del FGS, no así los activos (ver aparte).
Sin embargo, algunos gobernadores –entre ellos Llaryora y Frigerio– insisten en que el traspaso se efectúe previa compensación de las deudas de las provincias con el FGS y garantizando que los flujos de ese fondo permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias a la Anses.
Otros puntos en discordia
ßRégimen federal de pesca. El Gobierno accedió a eliminar del texto aquellos artículos que sacaban la obligatoriedad de descargar en puertos argentinos o contar con tripulación nacional, pero se mantienen las diferencias respecto del régimen de cuotas de captura. ßBiocombustibles. Gobernadores y legisladores de las provincias productora s advirtieron que el dictamen no refleja los cambios que había concedido el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en esta materia.Así, según el proyecto oficial, para el caso del gasoil el corte con biodiésel se mantiene en 10% y se llevaría al 12,5% en 2026. En lo que respecta a las naftas, propone dejar el nivel de mezcla con bioetanol en 12%

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El Gobierno negocia limitar las facultades delegadas para aprobar la ley ómnibus y dar una señal a los mercados
Tras retirar los puntos claves en materia económica, el Poder Ejecutivo está dispuesto a prescindir de las facultades legislativas en materia fiscal y previsional; busca evitar una derrota en Diputados
Delfina Celichini

El presidente Javier Milei
El oficialismo ingresa en una semana clave para lograr el desarrollo de su plan de gobierno, que busca cimentar en la conquista del déficit cero. Tras diezmar el proyecto de ley ómnibus de los puntos claves de su paquete de reformas económicas y tributarias -anunciado el viernes por el ministro de Economía Luis Caputo-, buscará este martes su media sanción en la Cámara de Diputados ante la necesidad de enviar una señal a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI). Para ello, el gobierno de Javier Milei hará en las próximas horas otra concesión puntual a los bloques dialoguistas, que aún ponen reparos a algunos aspectos de la norma, principalmente sobre la delegación de facultades legislativas en materia fiscal y previsional.
Con conversaciones que perduraron durante todo el fin de semana, la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal esperan una respuesta formal a los pedidos de modificaciones planteadas después de una semana de intensos vaivenes para lograr un dictamen de mayoría. Si bien se descuenta que la iniciativa sea aprobada en general por el aval de este mosaico de legisladores, el foco estará puesto en cómo se llegará a la votación en particular de cada uno de los puntos de la iniciativa. El kirchnerismo y la izquierda, por su parte, se encaminan a un rechazo total, ya que consideran la quita del capítulo fiscal de la ley ómnibus como una “trampa”.
Por orden de la Casa Rosada, en la reunión de Labor Parlamentaria, que el oficialismo intentará convocar para este lunes o a más tardar el martes temprano, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) propondrá incluir un párrafo para dejar expresamente definido que quedarán afuera las facultades en materia previsional y fiscal. Así, Milei retendría los poderes especiales en las áreas económica, financiera, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa por un año, prorrogable por el Congreso por un año más.
“Se quejaban de estos dos temas, decían que tenían dudas, ahora se los vamos a dejar por escrito. Veremos si ahora apoyan la ley”, comentaron a este diario altas fuentes del oficialismo, que en la Cámara baja tiene a su titular, Martín Menem, como intermediario entre los tomadores de decisiones del Poder Ejecutivo y los bloques de la oposición aliada. A pesar de que todos reconocen la capacidad de diálogo del presidente del cuerpo, muestran fastidio ante la falta de interlocutores que definan situaciones. “Nos mandan funcionarios de segundas líneas que no tienen la última palabra y eso demora todo el proceso”, repiten quienes dedicaron las últimas semanas a puntear uno por uno los asuntos objetados.
Por ese modus operandi, las bancadas dialoguistas esperaban aún la contrapropuesta con modificaciones que el Gobierno se había comprometido a otorgar antes del sábado. Acostumbrados a los tiempos del oficialismo, un referente radical aseguraba: “Tiene que llegar hoy”. Con una reunión de bloque prevista para este lunes a la tarde-noche, la UCR esperaba esta respuesta para definir cómo posicionarse. A pesar de su objetivo de mostrarse cohesionados, un sector referenciado al diputado Facundo Manes y al que podría sumarse la media docena que responde al eje Martín Lousteau-Emiliano Yacobitti, seguía con la idea de no acompañar el proyecto en general. “Lo más probable es que se abstengan para no votar idéntico al kirchnerismo”, analizó un conocedor de las internas correligionarias.
José Luis Espert, un aliado clave del gobierno en la Cámara de Diputados

Ante este escenario, la cumbre radical apuntaría a amalgamar la votación en particular en la que, según trascendió, todos coinciden en no conceder al Presidente el capítulo de privatizaciones ni en la transferencia de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro, además de temas puntuales sobre la definición de lo que se considera una manifestación o los cambios en materia de legítima defensa. Temen que los libertarios, en consonancia con la oposición intransigente, apuren el tratamiento y solo habiliten la aprobación -o rechazo- de la iniciativa en general. “Los moderados quedarían en una encerrona”, sintetizaron.
En Pro, por su parte, ya manifestaron su intención de apoyar el proyecto en general, aunque enviaron algunas “mejoras” en temas “de forma y de técnica legislativa”. “Ya hicimos nuestras propuestas al oficialismo y tenemos expectativas de que serán receptadas así que estaremos cuando convoque a la sesión”, señaló una de las espadas parlamentarias del espacio.
Por último, en la heterogénea bancada que preside Miguel Pichetto -en sintonía con Innovación Federal, referenciado con los oficialismos de Misiones, Río Negro, Neuquén y Salta- la cautela impera. Tras emitir un comunicado el jueves pasado en el remarcaron que tienen “el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita para sacar a la Argentina de esta profunda crisis”, esperan ahora que el oficialismo de sus próximos pasos.
A pesar de la voluntad de diálogo que manifestaron, el hastío de los principales referentes dialoguistas con el Gobierno quedó expuesto tras el maratónico plenario por el que se obtuvo el dictamen de mayoría. Por eso, en el comunicado destacaron que pretenden que el debate en el recinto sea “de cara a la gente, con total honestidad y transparencia, para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”. Se espera que los diferentes espacios que componen esta bancada tengan libertad de acción para objetar los puntos que consideran “impasables”.
Los gobernadores
Estos tres bloques están ligados a los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, sumados a los cuatro de Innovación Federal y al cordobés Martín Llaryora. Con reuniones a lo largo de todo el fin de semana, los mandatarios provinciales coinciden en que están los números para la ley y entienden como algo “positivo” el separar la discusión al capítulo fiscal. Sin embargo, están alertas a las próximas jugadas del Ejecutivo, que ya advirtió que recortará partidas a los gobiernos subnacionales.
Los Gobernadores de JxC en el salón sur de Casa Rosada
“Vamos a ir a un nuevo pacto fiscal”, confió uno de los gobernadores que estos últimos días mantuvo frenéticas reuniones con sus pares y con diferentes emisarios del Ejecutivo. El foco está puesto en compensar el ajuste y consensuar un alivio a las cajas provinciales, muchas de ellas dependientes de las transferencias federales. Por eso, los mandatarios y un sector de los legisladores se reunieron este sábado por zoom para evaluar el escenario general tras el anuncio del viernes.
En el Gobierno reiteraron que los gobernadores que se oponen a la ley “se siguen negando a pagar el costo político” de la eventual suba del piso para el pago de Ganancias, que compensaría las finanzas provinciales. Y también reconocieron que, más allá de desechar los aumentos mensuales a los jubilados a tono con la inflación del Indec -propuesta por el oficialismo-, el Gobierno deberá hacer “algún ajuste adicional” para la clase pasiva, que compense el poder adquisitivo perdido en estos meses.
Con la colaboración de Jaime Rosemberg


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Ley ómnibus: el oficialismo convocó la sesión para el miércoles luego de que el Gobierno otorgara más concesiones a la oposición dialoguista
La convocatoria de Diputados es oficial; se bajaron de 11 a 7 las facultades delegadas, se eliminó la transferencia de activos del fondo de Anses y se quitaron las reformas del sistema electoral; siguen las diferencias por las privatizaciones
Delfina Celichini
José Luis Espert, uno de los aliados clave del oficialismo en la Cámara de Diputados

El Gobierno busca otorgarle esta semana la media sanción al proyecto de ley ómnibus y accedió a realizar más concesiones a la oposición aliada, que condicionó su apoyo a cambios concretos. Sin margen para seguir postergando del trámite legislativo, y ante la necesidad de mostrar avances concretos a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), el domingo a la noche el Poder Ejecutivo aceptó, entre otras cosas, reducir de 11 a siete las facultades delegadas al Presidente, así como quitar la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro.
La reunión de Labor Parlamentaria podría llevarse adelante este miércoles por la tarde, en la que el oficialismo tratará de ordenar la sesión que se convocó para el miércoles a las 10, a pedido del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA). Si bien el mosaico de legisladores dialoguistas que serán determinantes para definir el futuro de la iniciativa se mostró conforme con la contrapropuesta, presionarán por sumar reformas en el recinto, como la eliminación del capítulo de privatizaciones.
A lo largo del día, el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, fue un ir y venir de referentes de los distintos bloques que componen el parlamento. Por la ingresó la diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, quien destacó que en la cumbre con el titular del cuerpo se trataron “cuestiones operativas” de la sesión.
Cerca de las 14, la diputada radical Soledad Carrizo y el secretario parlamentario del bloque, Alejandro Cacace, punteaban junto a Menem las mutaciones de la norma. Lo mismo hicieron el titular de Pro, Cristian Ritondo, y el jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, cada uno por separado. A mediados de la tarde se sumó Santiago Caputo, el consultor estrella del presidente Javier Milei, una figura cada vez más gravitante en las negociaciones políticas con la oposición, quien desdibuja el rol del presidente de la Cámara y su equipo.
En paralelo, el jefe de la bancada UCR, Rodrigo de Loredo, y Karina Banfi, su vice, junto a Pamela Caletti, de Innovación, y los diputados de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, se reunieron para cohesionar posturas. A las 19, en tanto, los diez gobernadores de Juntos por el Cambio y aquellos peronistas no kirchneristas, más los líderes de las bancadas dialoguistas tenían previsto congregarse en el Consejo Federal de Inversión (CFI) con el objetivo de delinear una estrategia común.
Las nuevas modificaciones en el texto de la “Ley de Bases” se conocieron después de un fin de semana de intensas conversaciones entre el oficialismo y la oposición para allanar el terreno que deberá transitar la iniciativa en la Cámara de Diputados. El intercambio se intensificó tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar el capítulo fiscal de la iniciativa por la falta de apoyo de los gobernadores y legisladores. La UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal tienen previsto reunirse con el bloque de La Libertad Avanza (LLA) para definir cómo plasmar los cambios concedidos, que no figuran en el dictamen de mayoría que llegará al recinto. Según trascendió, podrían dejar por escrito las modificaciones y que el miembro informante de la sesión, antes de comenzar la votación, mencione las disidencias planteadas y proponga tratar un texto ya modificado.
Florecio Randazzo junto a Emilio Monzó al llegar al Congreso

El Gobierno aceptaría reducir las áreas que se declaran en emergencia y, con eso, bajar de 11 a siete la cantidad de facultades delegadas. La más cuestionada por la oposición era la que disponía poderes especiales para el Presidente Javier Milei en materia previsional. Tras la remoción del capítulo por el que se reformaba la fórmula de movilidad jubilatoria, muy objetado por todo el arco político con el argumento de que “el ajuste lo pagarán los jubilados”, se especulaba con que el Ejecutivo usaría esta emergencia para llevar adelante su propósito.
También se excluirá, en el capítulo de reorganización administrativa, la facultad de disolver a las empresas públicas, universidades, y entidades incluidas en el inciso c del artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, como el INTA y el Conicet. De ese articulado se podría remover la capacidad del ejecutivo de modificar asignaciones específicas.
La transferencia de activos del FGS al Tesoro fue otro de los puntos duramente cuestionados por un sector de la oposición dialoguista, que si bien se mostró a favor de la medida, reclamaron que ese traspaso se realice compensando los pasivos de las provincias con el organismo y garantizando que los flujos permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Anses. Por eso, el Gobierno podría avanzar únicamente en la consolidación de deuda y dejar en pausa el resto del proceso.
Miguel Ángel Pichetto al llegar al Congreso

En la misma línea, el Poder Ejecutivo también accedería a eliminar el artículo por el que se derogaba la incompatibilidad para trabajar en sociedades de bolsa inmediatamente después de ser funcionario público; y se modificaría el artículo de fondos fiduciarios energéticos por el que se retrotrajo la derogación de la Zona Fría, la cual prevé un descuento de entre 30% y 50% en el gas residencial por redes para los habitantes de áreas desfavorecidas en términos climáticos.
Además, se podrían retirar las modificaciones al Código Civil y Comercial en conceptos de fondo como mora o teoría de la imprevisión, aunque prevalecerán las reformas sobre los procedimientos de divorcio, sucesiones, y contratos comerciales. Todas las transformaciones sobre el sistema electoral que se habían mantenido, principalmente la relacionada con el financiamiento de partidos y campañas electorales -se ampliaba la participación de inversores privados y se limitaba el gasto del Estado-, quedarían fuera del texto.
Si bien el Gobierno accedió a remover el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus, subsistiría la parte de impuestos internos, transparencia fiscal y otras medidas que podrían afectar a las cajas provinciales, como la asignación específica del impuesto PAIS, que no sería coparticipable, tal como plantearon los gobernadores tras la quita de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

Cristian Ritondo al llegar al Congreso, se quejó por la fotos ya que venía de estar viajando seis horas
A pesar de que el Gobierno apuntaba a sesionar este martes, tanto fuentes de la presidencia de la Cámara como legisladores dialoguistas este mediodía ya hablaban de una postergación. “No dan los tiempos”, se sinceraban ante este medio.
Para ejercitar el rol que deberá poner en práctica esta semana, Menem probaba este lunes los comandos del recinto. Su primera y última intervención como ordenador de la sesión fue a fines de diciembre, cuando se eligieron las autoridades de la Cámara. “Podrían llegar a ser 40 horas de corrido”, señalaban en el entorno del presidente del cuerpo sobre la duración de la sesión.
Bajo este escenario, se descuenta que la iniciativa sea aprobada en general por el aval de este mosaico de más de cien legisladores, aunque el foco estará puesto en cómo se llegará a la votación en particular de cada uno de los puntos de la iniciativa. “Se puede complicar en el inicio, cuando el kirchnerismo y la izquierda hagan notar los vicios del proyecto y pidan que vuelva a comisiones”, advierte un experimentado negociador parlamentario.
La UCR todavía pone reparos en el paquete de privatizaciones de empresas públicas y apuesta a generar cambios en la definición de lo que se considera una manifestación y en materia de legítima defensa.
Lo mismo con el bloque que preside Pichetto, quienes apuntan a acompañar el rechazo de los radicales al paquete de liquidación de compañías del Estado, y forzarán otros cambios en el recinto. Buscan eliminar los capítulos de pesca, biocombustibles, transición energética y aquellos artículos que reforman el Código Civil. Además, tratarán de reducir aún más las facultades delegadas, sobre todo de seguridad, tarifaria y energética.
En Pro, por su parte, ya manifestaron su intención de apoyar el proyecto en general, aunque enviaron algunas “mejoras” en temas “de forma y de técnica legislativa”.
El kirchnerismo y la izquierda, por su parte, se encaminan a un rechazo total, ya que consideran la quita del capítulo fiscal de la ley ómnibus como una “trampa”. “Estamos a menos de 48 horas de la sesión y nadie sabe cuál es el texto que van a proponer en particular”, consideró Martínez esta tarde en la puerta del Palacio Legislativo.

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