Primer paso del Gobierno en la desregulación de las cuotas de los colegios privados
Eximió a las instituciones de un trámite ante la Secretaría de Comercio, en lo que podría ser un camino hacia la eliminación del acuerdo anual que deben firmar con las familias
Evangelina Himitian
El colegio Villa Devoto School fue el año pasado sede de un conflicto por el valor de las cuotas para 2024
Es un cambio en un trámite burocrático: las escuelas privadas ya no tendrán que informar a la Secretaría de Comercio de la Nación cada vez que aumenten el valor de sus cuotas. Ni a nivel anual ni mes a mes, cuando modifiquen los valores, como ocurrió casi todos los meses del último año. Así se informó ayer en el Boletín Oficial, por decisión del Gobierno, con la derogación de una resolución que así lo establecía.
Sin embargo, en el mundo de los colegios privados esta noticia fue celebrada, no solo porque no tendrán que realizar cada mes ese trámite, sino porque consideran que este es el primer paso para avanzar hacia la desregulación de las cuotas de los colegios.
El objetivo es más ambicioso: lograr la derogación del decreto presidencial de 1993 que las obliga a informar a los padres en septiembre u octubre de cada año (según si tienen o no subvención) cuál será la cuota del año siguiente y que además limita los aumentos del año próximo al 50% del incremento de costos que surja de las paritarias docentes. Ese decreto, el número 2417/93, no permite trasladar otras actualizaciones –como alquileres o servicios– y es la razón por la que los colegios subieron tanto sus cuotas de un año a otro, como forma de estar prevenidos y no quedarse cortos ante la inflación.
El mismo texto establece que si el colegio no logra la firma de más del 50% de los padres de los alumnos en el acuerdo escolar, al año siguiente tendría que mantener la cuota del año anterior. El acuerdo escolar es ese documento en el que se informan antes de que termine septiembre o en octubre los valores previstos para el siguiente ciclo lectivo y que los padres deben devolver firmado para garantizarse la matrícula.
Justamente, el año pasado el acuerdo escolar fue el corazón de la llamada “Rebelión de los padres”, una iniciativa que se dio transversalmente en distintos colegios, que denunciaba aumentos excesivos en las cuotas, que en algunos casos rozaban el millón de pesos. Muchos padres se negaron a firmar esos acuerdos como forma de resistencia, de una negociación, para lograr que las instituciones accedieran a rever los montos.
Aunque finalmente la mayoría de los colegios logró alcanzar el acuerdo escolar, no fue sencillo. Algunos tuvieron que abrir instancias de diálogo con las familias e incluso establecer cláusulas en las que se comprometieron a bajar los valores de las cuotas si la inflación de marzo fuera menor que la estimada. En un caso, como ocurrió con el Villa Devoto School, la crisis llevó incluso a que los padres denunciaran ante la Secretaría de Comercio de la Nación que el colegio había presentado una declaración jurada de acuerdo escolar sin haber alcanzado supuestamente la mayoría. Sin embargo, la dependencia oficial finalmente no dio lugar a este reclamo.
Toda esta situación alertó a los colegios privados, que el año pasado fueron muy castigados por la crisis económica, con cierres y fusiones imprevistos. Consideran que es necesario lograr un cambio en la normativa antes de que se llegue a fin de año y que la situación se vuelva a repetir. Están convencidos de que los aires desregulatorios del gobierno de Javier Milei pueden llevarlos hacia ese puerto.
Es por eso por lo que consideran que esta medida, la decisión de derogar la resolución 678/99 de la Secretaría de Comercio de la Nación, que los obligaba a informar mes a mes los aumentos, puede ser un primer paso en ese sentido.
Contexto inflacionario
La decisión publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación se conoció luego de que los directivos de la Asociación de Institutos Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) se reunieran hace una semana con el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial nacional, Fernando Blanco Muiño. “Era una medida burocrática y un trámite inútil que no aporta ningún beneficio al funcionamiento de las instituciones educativas”, afirmó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba.
El cambio fue anunciado ayer a la mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto con la eliminación de otras 68 medidas de la órbita de la Secretaría de Comercio, como ser los Precios Cuidados, entre otros. “Se eliminaron 69 regulaciones. Estas regulaciones le complicaban la vida a través de controles y cuestiones burocráticas a parte del sector privado. Por nombrar algunas: intervención en el proceso de información en colegios y universidades privadas”, detalló.
“En los contextos inflacionarios como el que registra en los últimos años nuestro país resultaba difícil de prever el monto anual de las matrículas y constituía una tarea engorrosa para los responsables administrativos de los colegios”, apuntó.
“De todas formas, los colegios tendrán que seguir notificando el valor de las cuotas y los costos del servicio a cada una de las jurisdicciones provinciales y a las familias, pero ya no deberán cumplir con ese trámite engorroso que todos los años exigía la Secretaría de Comercio de la Nación”, explicó Zurita.
La resolución 678/99 establecía que los establecimientos educativos privados debían informar antes del 31 de octubre de cada año a la repartición nacional, el importe de la matrícula de inscripción o reinscripción, en caso de existir. Además, el valor total de la cuota o arancel mensual, discriminando los conceptos correspondientes a enseñanza programática, extraprogramática y todo otro concepto adicional, conforme a un formulario anexo de cuatro planillas. También la cantidad total de cuotas que se percibirán en el año lectivo, la forma y el plazo de pago de las cuotas, el monto y los criterios de aplicación de los recargos en caso de mora y la cantidad de alumnos que asisten al establecimiento.
Las autoridades de Aiepba explicaron que, conjuntamente, están trabajando en la modificación del decreto 2417/93, que consideran que quedó obsoleto. De todas formas, tal modificación, al tratarse de un decreto nacional, deberá realizarse mediante una derogación emitida por el propio Javier Milei.
Desde la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, no se informaron novedades en ese sentido, aunque en el entorno del responsable de la cartera educativa aseguran que el funcionario comparte la visión de que no sería lógico que un colegio quedara en una situación tan extrema de tener que sostener los valores del año anterior o quedar al borde de la quiebra por no lograr llegar al acuerdo escolar con las familias. Sin embargo, por ahora están enfocados en los cambios que traería la aprobación de la ley ómnibus en materia de educación.
“Este es el primer paso, queremos trabajar con las autoridades para lograr que ese decreto, que quedó completamente obsoleto, se derogue antes de que se vuelva a plantear una situación como la del año pasado. Por supuesto que los colegios van a tener que seguir informando los valores de las cuotas a las familias, dentro de un plazo razonable, pero con este contexto de inflación no es justo ni viable que los aumentos estén limitados de esa forma, porque no son reales. Nadie puede prever de un año a otro cómo va a variar la inflación”, apuntó Zurita.
“Tampoco es justo que los colegios estén atados al acuerdo escolar o que un grupo de padres que se pongan de acuerdo pueda hacer quebrar una institución”, agregó.
Es un cambio en un trámite burocrático: las escuelas privadas ya no tendrán que informar a la Secretaría de Comercio de la Nación cada vez que aumenten el valor de sus cuotas. Ni a nivel anual ni mes a mes, cuando modifiquen los valores, como ocurrió casi todos los meses del último año. Así se informó ayer en el Boletín Oficial, por decisión del Gobierno, con la derogación de una resolución que así lo establecía.
Sin embargo, en el mundo de los colegios privados esta noticia fue celebrada, no solo porque no tendrán que realizar cada mes ese trámite, sino porque consideran que este es el primer paso para avanzar hacia la desregulación de las cuotas de los colegios.
El objetivo es más ambicioso: lograr la derogación del decreto presidencial de 1993 que las obliga a informar a los padres en septiembre u octubre de cada año (según si tienen o no subvención) cuál será la cuota del año siguiente y que además limita los aumentos del año próximo al 50% del incremento de costos que surja de las paritarias docentes. Ese decreto, el número 2417/93, no permite trasladar otras actualizaciones –como alquileres o servicios– y es la razón por la que los colegios subieron tanto sus cuotas de un año a otro, como forma de estar prevenidos y no quedarse cortos ante la inflación.
El mismo texto establece que si el colegio no logra la firma de más del 50% de los padres de los alumnos en el acuerdo escolar, al año siguiente tendría que mantener la cuota del año anterior. El acuerdo escolar es ese documento en el que se informan antes de que termine septiembre o en octubre los valores previstos para el siguiente ciclo lectivo y que los padres deben devolver firmado para garantizarse la matrícula.
Justamente, el año pasado el acuerdo escolar fue el corazón de la llamada “Rebelión de los padres”, una iniciativa que se dio transversalmente en distintos colegios, que denunciaba aumentos excesivos en las cuotas, que en algunos casos rozaban el millón de pesos. Muchos padres se negaron a firmar esos acuerdos como forma de resistencia, de una negociación, para lograr que las instituciones accedieran a rever los montos.
Aunque finalmente la mayoría de los colegios logró alcanzar el acuerdo escolar, no fue sencillo. Algunos tuvieron que abrir instancias de diálogo con las familias e incluso establecer cláusulas en las que se comprometieron a bajar los valores de las cuotas si la inflación de marzo fuera menor que la estimada. En un caso, como ocurrió con el Villa Devoto School, la crisis llevó incluso a que los padres denunciaran ante la Secretaría de Comercio de la Nación que el colegio había presentado una declaración jurada de acuerdo escolar sin haber alcanzado supuestamente la mayoría. Sin embargo, la dependencia oficial finalmente no dio lugar a este reclamo.
Toda esta situación alertó a los colegios privados, que el año pasado fueron muy castigados por la crisis económica, con cierres y fusiones imprevistos. Consideran que es necesario lograr un cambio en la normativa antes de que se llegue a fin de año y que la situación se vuelva a repetir. Están convencidos de que los aires desregulatorios del gobierno de Javier Milei pueden llevarlos hacia ese puerto.
Es por eso por lo que consideran que esta medida, la decisión de derogar la resolución 678/99 de la Secretaría de Comercio de la Nación, que los obligaba a informar mes a mes los aumentos, puede ser un primer paso en ese sentido.
Contexto inflacionario
La decisión publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación se conoció luego de que los directivos de la Asociación de Institutos Privados de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) se reunieran hace una semana con el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial nacional, Fernando Blanco Muiño. “Era una medida burocrática y un trámite inútil que no aporta ningún beneficio al funcionamiento de las instituciones educativas”, afirmó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba.
El cambio fue anunciado ayer a la mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, junto con la eliminación de otras 68 medidas de la órbita de la Secretaría de Comercio, como ser los Precios Cuidados, entre otros. “Se eliminaron 69 regulaciones. Estas regulaciones le complicaban la vida a través de controles y cuestiones burocráticas a parte del sector privado. Por nombrar algunas: intervención en el proceso de información en colegios y universidades privadas”, detalló.
“En los contextos inflacionarios como el que registra en los últimos años nuestro país resultaba difícil de prever el monto anual de las matrículas y constituía una tarea engorrosa para los responsables administrativos de los colegios”, apuntó.
“De todas formas, los colegios tendrán que seguir notificando el valor de las cuotas y los costos del servicio a cada una de las jurisdicciones provinciales y a las familias, pero ya no deberán cumplir con ese trámite engorroso que todos los años exigía la Secretaría de Comercio de la Nación”, explicó Zurita.
La resolución 678/99 establecía que los establecimientos educativos privados debían informar antes del 31 de octubre de cada año a la repartición nacional, el importe de la matrícula de inscripción o reinscripción, en caso de existir. Además, el valor total de la cuota o arancel mensual, discriminando los conceptos correspondientes a enseñanza programática, extraprogramática y todo otro concepto adicional, conforme a un formulario anexo de cuatro planillas. También la cantidad total de cuotas que se percibirán en el año lectivo, la forma y el plazo de pago de las cuotas, el monto y los criterios de aplicación de los recargos en caso de mora y la cantidad de alumnos que asisten al establecimiento.
Las autoridades de Aiepba explicaron que, conjuntamente, están trabajando en la modificación del decreto 2417/93, que consideran que quedó obsoleto. De todas formas, tal modificación, al tratarse de un decreto nacional, deberá realizarse mediante una derogación emitida por el propio Javier Milei.
Desde la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, no se informaron novedades en ese sentido, aunque en el entorno del responsable de la cartera educativa aseguran que el funcionario comparte la visión de que no sería lógico que un colegio quedara en una situación tan extrema de tener que sostener los valores del año anterior o quedar al borde de la quiebra por no lograr llegar al acuerdo escolar con las familias. Sin embargo, por ahora están enfocados en los cambios que traería la aprobación de la ley ómnibus en materia de educación.
“Este es el primer paso, queremos trabajar con las autoridades para lograr que ese decreto, que quedó completamente obsoleto, se derogue antes de que se vuelva a plantear una situación como la del año pasado. Por supuesto que los colegios van a tener que seguir informando los valores de las cuotas a las familias, dentro de un plazo razonable, pero con este contexto de inflación no es justo ni viable que los aumentos estén limitados de esa forma, porque no son reales. Nadie puede prever de un año a otro cómo va a variar la inflación”, apuntó Zurita.
“Tampoco es justo que los colegios estén atados al acuerdo escolar o que un grupo de padres que se pongan de acuerdo pueda hacer quebrar una institución”, agregó.
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Preocupante diagnóstico del nivel secundario en Santa Fe
Casi el 30% de los alumnos adeudan cuatro o más materias; el 20% ni siquiera se presentaron a clases
Germán de los Santos
ROSARIO.– El Ministerio de Educación de Santa Fe logró tabular la “profundidad” de la crisis entre los estudiantes que cursan el secundario, a través de un estudio que enciende alarmas: el 52% de los alumnos que se inscribieron el año pasado adeudan por lo menos una materia y de ese porcentaje más de la mitad (74.000 adolescentes) deberán rendir cuatro o más asignaturas, con lo cual está en serio riesgo la continuidad escolar, luego de que el actual gobierno provincial anuló el llamado sistema de “avance continuo” que se estableció en la pospandemia y cancelaba la repitencia.
A este escenario complejo se suma otro factor, que detectaron las autoridades, que es un alto porcentaje de inasistencias. El informe precisa que unos 44.000 estudiantes no concurrieron a clase de manera “sostenida” durante 2023.
Ante esta situación, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, anticipó que se va a convocar a los alumnos uno por uno, a través de los mensajes que recibirán sus padres en la libreta digital, para que en febrero concurran a la escuela. “Nuestro objetivo no es esconder el problema debajo de la alfombra, como se hizo durante años. Es necesario revalorizar la educación secundaria con mayor exigencia para que no sea solo un certificado, sino que sirva para que los chicos puedan insertarse en un mundo laboral complejo y en estudios más avanzados, que después no pueden terminar por el déficit en la formación”, explicó a Goity.
En medio del panorama sombrío que trazaron las autoridades educativas está la tensión latente de que las clases no puedan arrancar por las discusiones paritarias. Los gremios estatales de esta provincia tienen una dinámica gremial extrema y las medidas de fuerza implican huelgas extensas. Los sindicatos reclaman un incremento salarial de 84% en función de la llamada cláusula gatillo firmada en la paritaria 2023, que ató la recomposición de los haberes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide cada mes la provincia y cerró 2023 con una suba de 215%.
El gobierno de Maximiliano Pullaro señaló que esta nueva administración va a pagar de acuerdo con los ingresos de las arcas públicas. Durante 2023, según los datos oficiales, el incremento de los recursos públicos fue del 123%, es decir, un 92% por debajo de la inflación. Mañana, los gremios que reúnen a los docentes públicos y privados fueron convocados para la segunda ronda de discusiones paritarias, que amenaza ser con el ceño fruncido de parte de los sindicatos, que declararon el estado de alerta. La idea del gobierno es poder desactivar este año complicado por la agitación inflacionaria un inicio de clases con paros.
Por debajo de las tensiones por las paritarias aparece un panorama complejo en materia educativa, sobre todo en el nivel secundario. El relevamiento de la cartera de Educación provincial señaló que de los 258.000 estudiantes registrados en la provincia en 2023 el 52% (134.000 alumnos) adeuda al menos una materia. Dentro de ese universo, el 55% debe rendir cuatro o más asignaturas, mientras que otros 46.000 adolescentes (35% de los estudiantes que no promocionaron el año de forma regular) deben una o dos materias.
“No queremos dejar solos a los estudiantes. Todos vamos a acompañar el proceso de intensificación de días de clases. Cada director va a reorganizar institucionalmente los recursos humanos para llevar adelante estas instancias de clases intensivas”, señaló la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena. El período lectivo formal está previsto que comience en Santa Fe el próximo 27 de febrero.
Regularizar la situación
Del relevamiento se desprende que hay 44.000 estudiantes que no lograron una asistencia sostenida en las escuelas. “En la normativa que recuperamos, en la que un estudiante para tener regularidad debe tener el 80% de asistencia, no habrían podido regularizar su situación”, aclaró Piedrabuena.
El informe indicó además que dos de cada diez estudiantes santafesinos tuvieron asistencia nula al aula. Nominalmente, se trata de 9000 alumnos que estaban inscriptos en el sistema y cargados en la planilla, pero que nunca se presentaron a clase. En otro tramo, el documento mostró que unos 4000 estudiantes (9%) no alcanzaron el 25% de asistencia en el salón de clase, mientras que el 71% de los estudiantes con menos del 80% de asistencia rondaron entre el 25% y el 75% de presencialidad en el colegio.
En marzo de 2023, la anterior gestión provincial lanzó el proyecto de Avance Continuo, un sistema de “no repitencia” que se puso a prueba en el 20% del total de escuelas secundarias santafesinas. Mediante este plan, los estudiantes que adeudaban materias podían seguir avanzando en sus estudios, mientras iban a clases de apoyo a contraturno para aprobar esas asignaturas adeudadas. La gestión de Pullaro dio de baja este programa. Goity explicó en ese momento que era “improvisado”, ya que si bien “mejoraba tasas de egreso, no daba garantía de que mejore aprendizajes”.
“Vamos a implementar un modelo predictivo, sobre la base de un trabajo con datos, para evitar que los alumnos abandonen la escuela. Es un sistema de alerta temprana que buscará llegar antes de que se desencadene un problema mayor”, señaló el ministro de Educación.
ROSARIO.– El Ministerio de Educación de Santa Fe logró tabular la “profundidad” de la crisis entre los estudiantes que cursan el secundario, a través de un estudio que enciende alarmas: el 52% de los alumnos que se inscribieron el año pasado adeudan por lo menos una materia y de ese porcentaje más de la mitad (74.000 adolescentes) deberán rendir cuatro o más asignaturas, con lo cual está en serio riesgo la continuidad escolar, luego de que el actual gobierno provincial anuló el llamado sistema de “avance continuo” que se estableció en la pospandemia y cancelaba la repitencia.
A este escenario complejo se suma otro factor, que detectaron las autoridades, que es un alto porcentaje de inasistencias. El informe precisa que unos 44.000 estudiantes no concurrieron a clase de manera “sostenida” durante 2023.
Ante esta situación, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, anticipó que se va a convocar a los alumnos uno por uno, a través de los mensajes que recibirán sus padres en la libreta digital, para que en febrero concurran a la escuela. “Nuestro objetivo no es esconder el problema debajo de la alfombra, como se hizo durante años. Es necesario revalorizar la educación secundaria con mayor exigencia para que no sea solo un certificado, sino que sirva para que los chicos puedan insertarse en un mundo laboral complejo y en estudios más avanzados, que después no pueden terminar por el déficit en la formación”, explicó a Goity.
En medio del panorama sombrío que trazaron las autoridades educativas está la tensión latente de que las clases no puedan arrancar por las discusiones paritarias. Los gremios estatales de esta provincia tienen una dinámica gremial extrema y las medidas de fuerza implican huelgas extensas. Los sindicatos reclaman un incremento salarial de 84% en función de la llamada cláusula gatillo firmada en la paritaria 2023, que ató la recomposición de los haberes al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide cada mes la provincia y cerró 2023 con una suba de 215%.
El gobierno de Maximiliano Pullaro señaló que esta nueva administración va a pagar de acuerdo con los ingresos de las arcas públicas. Durante 2023, según los datos oficiales, el incremento de los recursos públicos fue del 123%, es decir, un 92% por debajo de la inflación. Mañana, los gremios que reúnen a los docentes públicos y privados fueron convocados para la segunda ronda de discusiones paritarias, que amenaza ser con el ceño fruncido de parte de los sindicatos, que declararon el estado de alerta. La idea del gobierno es poder desactivar este año complicado por la agitación inflacionaria un inicio de clases con paros.
Por debajo de las tensiones por las paritarias aparece un panorama complejo en materia educativa, sobre todo en el nivel secundario. El relevamiento de la cartera de Educación provincial señaló que de los 258.000 estudiantes registrados en la provincia en 2023 el 52% (134.000 alumnos) adeuda al menos una materia. Dentro de ese universo, el 55% debe rendir cuatro o más asignaturas, mientras que otros 46.000 adolescentes (35% de los estudiantes que no promocionaron el año de forma regular) deben una o dos materias.
“No queremos dejar solos a los estudiantes. Todos vamos a acompañar el proceso de intensificación de días de clases. Cada director va a reorganizar institucionalmente los recursos humanos para llevar adelante estas instancias de clases intensivas”, señaló la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena. El período lectivo formal está previsto que comience en Santa Fe el próximo 27 de febrero.
Regularizar la situación
Del relevamiento se desprende que hay 44.000 estudiantes que no lograron una asistencia sostenida en las escuelas. “En la normativa que recuperamos, en la que un estudiante para tener regularidad debe tener el 80% de asistencia, no habrían podido regularizar su situación”, aclaró Piedrabuena.
El informe indicó además que dos de cada diez estudiantes santafesinos tuvieron asistencia nula al aula. Nominalmente, se trata de 9000 alumnos que estaban inscriptos en el sistema y cargados en la planilla, pero que nunca se presentaron a clase. En otro tramo, el documento mostró que unos 4000 estudiantes (9%) no alcanzaron el 25% de asistencia en el salón de clase, mientras que el 71% de los estudiantes con menos del 80% de asistencia rondaron entre el 25% y el 75% de presencialidad en el colegio.
En marzo de 2023, la anterior gestión provincial lanzó el proyecto de Avance Continuo, un sistema de “no repitencia” que se puso a prueba en el 20% del total de escuelas secundarias santafesinas. Mediante este plan, los estudiantes que adeudaban materias podían seguir avanzando en sus estudios, mientras iban a clases de apoyo a contraturno para aprobar esas asignaturas adeudadas. La gestión de Pullaro dio de baja este programa. Goity explicó en ese momento que era “improvisado”, ya que si bien “mejoraba tasas de egreso, no daba garantía de que mejore aprendizajes”.
“Vamos a implementar un modelo predictivo, sobre la base de un trabajo con datos, para evitar que los alumnos abandonen la escuela. Es un sistema de alerta temprana que buscará llegar antes de que se desencadene un problema mayor”, señaló el ministro de Educación.
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