EDITORIAL Y CIBERCRIMEN

Nisman: traición a la patria y a la memoria
La Justicia no puede seguir demorando el fallo y mucho menos permitir que algunos de sus miembros entren en componendas para seguir dilatando la causa
Acasi 30 años del atentado contra la AMIA y a 9 del asesinato de Alberto Nisman, la Justicia aún debe muchas respuestas a la sociedad. Cuando menos, en 2018, quedó establecido fehacientemente que al fiscal lo mataron, a pesar de que muchos todavía insisten en la inconsistente hipótesis del suicidio.
Mauricio Macri no dudaba de que se hubiera tratado de un asesinato. La ministra de Seguridad de Alberto Fernández –quien en un giro de 180 grados respecto de su posición anterior a ser presidente adoptó descarada mente la hipótesis del suicidio–planteó que la Gendarmería Nacional había incumplido protocolos vigentes para concluir que a Nisman lo habían drogado, golpeado y disparado y que, por tanto, debía revisarse lo expuesto. Javier Milei, convencido de que fue un asesinato, denunció penalmente a Alberto Fernández cuando comparó al fiscal Diego Luciani con Nisman. Dentro de su gabinete, habría posturas encontradas: Patricia Bullrich siempre habló de homicidio, mientras que Mariano Cúneo Libarona históricamente consideró el suicidio.
Cada año que pasa se debilitan las posibilidades de llegar a la verdad respecto de quién o quiénes ejecutaron el atroz asesinato y quiénes fueron sus autores intelectuales. Si hay algo que sí aparece claro es el móvil. Solo cuatro días antes de su muerte, Nisman presentó una denuncia por encubrimiento al régimen iraní contra la entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, formalizado en el memorándum de entendimiento con Irán como una manera de buscar la impunidad de los principales sospechosos del atentado contra la AMIA. Al día siguiente, el fiscal debía concurrir a la Cámara de Diputados a dar su testimonio en el contexto de la investigación. Lograron evitarlo.
Aun cuando nadie dudaba de que así fuera, recién en noviembre pasado un exjefe de la antes llamada SIDE admitía que en el organismo recibían información sobre agentes inorgánicos a los que se les pagaba por hacer trabajos, los conocidos como “buches”; no solo gente de la SIDE, sino también de la policía bonaerense en comisión y del Ejército. Esa pasó a ser hoy una vertiente importante de las investigaciones, con más de 70 declaraciones testimoniales de espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la época kirchnerista. Por entonces, fuentes judiciales indicaron que había tareas de la institución que se estaban delegando en el Ejército, en cabeza de César Milani.
Los relatos de los espías referían los recelos internos ante la purga y la confusión reinante en la agencia de inteligencia a partir de los nombramientos de Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, en 2014, dirigidos según numerosos observadores a desplazar a quienes sabían de las escuchas comprometedoras para el gobierno de entonces. Se trata claramente de un ámbito en el que prima la informalidad, sin órdenes escritas, sumamente descontrolado. Nadie se haría nunca cargo de que se habría hecho inteligencia incluso sobre la fiscalía que investigaba la muerte de Nisman. Impedir, además, cualquier avance en la causa AMIA parecía ser la directiva.
Días antes del cambio de gobierno, vía oficio judicial, el fiscal Eduardo Taiano pedía a la actual AFI información sobre quiénes trabajaban en el área contable de la institución durante el gobierno de Cristina Kirchner con la mira en los registros de quiénes habían cobrado fondos reservados. La respuesta aún no llegó. Se sospecha que el técnico informático que le proveyó el arma al fiscal, Diego Lagormasino, considerado partícipe necesario en la causa, podría haber sido un buche. Para ninguno de los cuatro principales jefes operativos de la SIDE en tiempos de Nisman se tratado de un suicidio.
Cuando el escándalo del espionaje kirchnerista a jueces y políticos, entre otros, y la labor del expolicía devenido agente inorgánico Ariel Zanchetta salió a la luz, en noviembre pasado, se encontraron en sus dispositivos informes de inteligencia sobre Nisman. No había dudas para Taiano ni para el juez Julián Ercolini de que el fiscal era seguido. Del entrecruzamiento de llamadas en horas previas y posteriores a la muerte surgió que Zanchetta hablaba asiduamente con al menos tres agentes de inteligencia y que alguno había mentido aduciendo que solo era su amigo.
En un nuevo aniversario de la muerte de Nisman, a diferencia de quienes lo antecedieron, el actual gobierno valoró el legado dejado por el fiscal de la causa AMIA, a quien se calificó como un “incansable defensor de la Justicia, cuyo compromiso por el esclarecimiento del atentado sigue siendo un ejemplo para los argentinos”. Si quedan finalmente atrás las excusaciones y recusaciones planteadas, el mes próximo se conocerán los nombres de los jueces del tribunal oral que juzgará a Cristina Kirchner por la denuncia de Nisman. “Cristina sabe que ha mentido”, había dicho Alberto Fernández en febrero de 2015. Como ya dijimos en alguna oportunidad, como sociedad no podemos menos que avergonzarnos y dolernos cuando la impunidad viene ganando la partida. La Justicia no puede seguir demorando el arribo a la verdad y mucho menos permitir que algunos de sus miembros entren en componendas con el poder político para seguir dilatando la causa. La muerte del fiscal Nisman, víctima número 86 del atentado a la AMIA, que también aguarda esclarecimiento, nos interpela a todos. Para que el paso del tiempo no nos sumerja en una complicidad colectiva, no debemos cesar en nuestro reclamo de justicia.

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Cibercrimen, la tercera economía
Expertos del Foro Económico Mundial vislumbran que el cibercrimen será el octavo riesgo global más grave de la próxima década. Además de cuestiones sensibles como los hackeos a instituciones o la filtración de datos, estamos ante una actividad que traspasa fronteras, capaz de generar pérdidas económicas multimillonarias que desestabilizarán aún más las economías y los gobiernos.
Se estima que en 2023 los ciberdelitos han causado unos 8 billones de dólares de pérdida en el mundo, lo cual los convierte por su volumen en la tercera economía más grande, detrás de EE.UU. y China. En 2015 fue de 3 billones. El ritmo de crecimiento esperado es del 15% anual, con lo cual se llegaría a unos 10,5 billones proyectados para 2025.
Estafas, robos de datos personales y de información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques como cyberbullying, grooming, phishing cometidos por ciberdelincuentes que actúan solos o en grupo son cada vez más habituales. Para el Código Penal argentino, se clasifican en 5 categorías: delitos informáticos contra la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública que atentan contra los medios de comunicación y contra la administración pública.
En nuestro país, los ciberdelitos crecieron casi un 40%, principalmente en casos de fraude en línea, usurpación de identidad –en la mayoría en torno a plataformas de mensajería, en especial WhatsApp– y secuestro de datos. Entre abril de 2022 y marzo de2023 se registraron 35.000 ciberhabría delitos, 38% más que en el período anterior, con más de 2200 reportes mensuales.
Los costos asociados más conocidos se vinculan con transferencias de fondos no autorizadas por parte de empresas hacia hackers, a espaldas de los clientes, luego de un ataque de ransomware; el típico pedido de rescate que obliga al victimario a negociar con un atacante para recuperar el acceso a información sensible. Estos episodios involucran, además del rescate, costos legales, pérdida de clientes e inversiones en nueva y más sofisticada tecnología de protección.
Las sociedades deberán adquirir mayor conciencia sobre estas amenazantes realidades para implementar políticas de ciberseguridad que sirvan para resguardarlas. Los nuevos delitos llegaron para quedarse.

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