COMBUSTIBLES Y CAMARCO

Los precios de la nafta y del gasoil podrían aumentar entre 9% y 11%
El alza se daría a partir de este jueves por la actualización de impuestos; en los últimos dos meses los valores treparon 155% en promedio

Sofía DiamanteEn la Secretaría de Energía dijeron que están analizando las subas
A partir de este jueves, el Gobierno podría aumentar un impuesto que incide en el precio del litro de nafta y del gasoil y, por lo tanto, podría haber una nueva suba en el valor de venta en el surtidor. Se trata de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que la administración anterior dejó sin actualizar durante 10 trimestres consecutivos, desde julio de 2021.
Estos impuestos deberían actualizarse cada tres meses según la variación del índice de precios al consumidor (inflación) acumulada del trimestre anterior, como se estableció en el decreto N° 501, de mayo de 2018.
Por lo tanto, según la consultora Economía & Energía, si los impuestos recuperan todo el atraso que arrastran desde 2021, deberían subir 377%. “Eso daría un aumento en naftas de aproximadamente $82 por litro y de $60 en gasoil, que equivale a una suba promedio de 8%”, dijo la economista Patricia Charvay.
En tanto, entre las empresas que refinan los combustibles dijeron que si se actualiza el impuesto según la inflación de los últimos 10 trimestres, la nafta debería aumentar $95 y el gasoil, $65. Esto equivaldría a una suba promedio de 11%.
En la Secretaría de Energía dijeron que “se está analizando” qué hacer con los impuestos, aunque reconocieron que es un tema que se está estudiando a nivel del Ministerio de Economía.
En la ciudad de Buenos Aires, los precios de YPF son en promedio: $699 el litro de nafta súper; $862 el de nafta premium; $736 el gasoil súper, y $938 el gasoil premium.
En los últimos días, los impuestos a los combustibles entraron en el foco de debate económico, ya que podrían ser una vía de recaudación extra para el Gobierno luego de que se diera marcha atrás con todo el capítulo fiscal de la ley ómnibus.
El exministro de Economía Nicolás Dujovne dijo que el Estado recauda actualmente 0,4% del PBI anual por el impuesto a los combustibles, cuando lo máximo que aportó al fisco fue 1% del producto. De hecho, según los cálculos de Economía & Energía, en 2021 los impuestos representaban el 17% del precio final del gasoil y el 23% del de nafta. Luego del congelamiento, hoy tienen una incidencia promedio del 3% sobre el valor en el surtidor. “La contracción en la alícuota del ICL e IDC tuvo un costo fiscal solo en el año 2023 de aproximadamente US$2800 millones”, dijeron.
En los últimos dos meses, los precios de los combustibles subieron 155% en promedio. Antes del balotaje del 19 de noviembre, un litro de nafta súper de YPF costaba alrededor de $275 en la ciudad de Buenos Aires, mientras que actualmente vale $700.
Esto significa un aumento mayor que el salto del tipo de cambio, que pasó de $350 a $824 en el mismo período (suba de 135%). Por lo tanto, en dólares, los precios de la nafta y el gasoil aumentaron 7,5%, ya que pasaron de 80 centavos de dólar a US$0,86.
Estos aumentos tuvieron un impacto en el consumo: las proyecciones provisorias dan cuenta de una caída superior al 10% interanual en las ventas durante diciembre. En las estaciones de servicio situadas en las ciudades limítrofes con otros países, la baja de la demanda podría llegar al 20%, ya que dejó de ser tan conveniente para los vecinos extranjeros cruzar al país a cargar combustible.
El último congelamiento de los combustibles salió publicado a fines de octubre pasado, a través del decreto 567/2023. “En línea con las medidas instrumentadas hasta la fecha, y con el fin de asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios, resulta razonable, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, postergar hasta el 1° de febrero del año 2024 los efectos de los incrementos en los montos de los impuestos establecidos (...) derivados de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023”, decía el texto.

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Reclamo de una cámara por el parate de la obra pública
Convocó al Consejo Federal para tratar esta cuestión
A partir de “la paralización de la obra pública” durante los primeros 50 días de gobierno de Javier Milei, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) convocó a su Consejo Federal para este jueves con el objetivo de “definir líneas de acción”.
El anuncio ocurre luego del despido de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura, estructura que pasó a ser absorbida por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. A través de un comunicado, desde Camarco informaron que hay cerca de “3500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1400 empresas asociadas en Camarco, que dan empleo a más de 500.000 trabajadores”.
El sector tiene además un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional. Camarco integra el influyente Grupo de los 6, junto a la UIA, la Cámara de Comercio, la Bolsa, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y los bancos.
Al igual que algunas de estas organizaciones, la semana pasada Camarco repudió el paro general convocado por la CGT, pese a ser uno de los más perjudicados por el parate a la obra pública. “La utilización del paro y movilización en este contexto es más difícil de comprender luego de la actitud que mantuvo la central obrera en los últimos cuatro años, durante los cuales todos los indicadores sociales se deterioraron significativamente”, había expresado mediante otro comunicado.
El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción es el órgano superior de la institución, donde están representadas más de 1400 empresas socias. Está integrado además por las delegaciones con sede en todo el país.
Durante el encuentro, convocado de manera extraordinaria “por la gravedad de la situación”, los consejeros expondrán los problemas que afectan al sector, como la parálisis de la obra pública, el retraso de los pagos, el impacto de la elevada inflación y las altas tasas interés, indicaron desde la entidad.
La combinación de esos factores “pone en riesgo la continuidad de muchas empresas, con la pérdida no solo de capital, sino también de los conocimientos productivos que ello implica y el consecuente impacto sobre el empleo”, manifestó Camarco.
Un sinnúmero de empresas asociadas se encuentra en una “situación límite, que requiere definiciones de manera urgente, ya que el quiebre de la cadena de pagos pone a las compañías al borde de la desaparición en cuestión de semanas”.
La organización planteó que la convocatoria tiene como objetivo “abrir un espacio de diálogo y acción conjunta entre los actores del sector, en busca de estrategias que permitan superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en Argentina”.

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