TRANSENER Y PROTESTA

La transportadora de electricidad Transener pidió en la audiencia pública un ajuste de 209% en su tarifa
Se trata del valor de uno de los tres servicios que componen el precio final de las boletas de luz
Sofía Diamante
La Secretaría de Energía participó ayer de la tercera y última audiencia pública en la que se debaten los aumentos de tarifas de gas y electricidad. El tema era la tarifa de transporte eléctrico, que es uno de los tres servicios que explican el precio final de las boletas de luz, junto con la generación y la distribución. En la presentación que hizo el Gobierno, indicó que este servicio recibe subsidios por el equivalente a entre 65% y 89% del costo final del transporte, según la empresa. En este contexto, Transener pidió una suba de 209% en su tarifa.
“El nivel de subsidio es escandaloso. La falta de inversión ha generado un cuello de botella que impide poder crecer y mejorar el servicio para todos”, dijo la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, encargada de la presentación oficial.
La funcionaria dijo que el sistema de transporte está al límite y que la falta de inversión en los últimos años provocó que no se pudieran incorporar nuevos proyectos de generación eléctrica al sistema, como los parques eólicos del sur del país o los solares del norte.
El diseño del transporte eléctrico es vital en un país como la Argentina, que es el séptimo más grande del mundo en superficie y tiene una característica de demanda eléctrica muy particular, concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires. Los recursos naturales de generación eléctrica se localizan, en cambio, en regiones muy alejadas del centro de consumo, si se tienen en cuenta las centrales hidroeléctricas y los parques de energía renovable.
“La capacidad remanente de transporte eléctrico se encuentra muy reducida. Sin ampliar la capacidad de transporte, no se puede incorporar generación renovable de escala”, enfatizó la subsecretaria.
Para realizar las inversiones en el sistema, Beljansky dijo que es necesario darles la remuneración correspondiente a las empresas de transporte, ya que “el Estado nacional se encuentra quebrado”.
“Es necesario generar las señales para que los propios operadores puedan realizar las inversiones en actualizaciones del equipamiento que están asociadas a sus responsabilidades. Hay que realizar una actualización en la remuneración de los transportistas. No corregir la situación actual afectará directamente al usuario final, haciendo que la energía sea realmente más cara o directamente que no se disponga de ella”, agregó la funcionaria.
En el país hay un único transportista en extra alta tensión, que es Transener, y siete transportistas troncales que prestan el servicio en las distintas regiones del país. En detalle, el sistema de transporte cuenta con 17.560 km en 132 kV, 11.355 km de líneas en 220 kV, 1196 km en 330 kV, 219 km en 345 kV y 12.524 km de líneas en 500 kV.
Transener dijo en la audiencia pública que en los últimos 20 años la demanda eléctrica creció 110%, mientras que el sistema de transporte se expandió solo 54%. También dijo que, entre julio de 2019 y diciembre de 2023 se le dio un aumento de tarifas de 606%, cuando la inflación en el mismo periodo fue 1467% y la cotización del dólar subió 1804%.
El costo final de las boletas de electricidad está compuesto por las tarifas de tres servicios más el peso de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. En promedio, según comunicó Transener, el costo de generación tiene una incidencia en el precio final de 36%; el de distribución, 41%, y los impuestos, 21,5%, mientras que el transporte solo explica 1,5%.

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SanCor vuelve a perder producción por el conflicto que mantiene con el gremio
Desecharon 3000 litros de leche por el regreso de las medidas de fuerza tras el fracaso de una nueva negociación con Atilra; advertencia por un eventual bloqueoPilar Vazquez Informe de José E. Bordón
Ante la ausencia de acuerdos, y con la caducidad de la conciliación obligatoria, el conflicto entre la cooperativa láctea SanCor y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) se intensificó. Luego de que el miércoles pasado fracasara la conciliación obligatoria, el gremio volvió con las medidas de fuerza. Como consecuencia, durante el fin de semana se cortó la producción en algunas de las plantas y fuentes cercanas a la firma denuncian que van a tener que tirar leche que no se pudo procesar.
Según detallaron, el viernes pasado comenzó la circulación de mensajes entre los trabajadores para anunciar asambleas de seis horas a partir de las 20 con el objetivo de reclamar el pago de salarios. En Sunchales, denunciaron, las medidas de fuerza incluyeron el corte de calderas y procesos de producción. Como consecuencia, detallaron, se perdieron 3000 litros de leche UAT (ultra alta temperatura), utilizada para la elaboración de productos como la chocolatada. “Esa leche seguramente tiene que ser decomisada porque se pierde la calidad productiva”, dijeron. Adicionalmente, se levantaron actas notariales por la obstrucción del ingreso de materia prima a la planta.
En tanto, detallaron que en las plantas de las localidades de Balnearia y La Carlota, en Córdoba, los empleados realizaron una reunión y decidieron trabajar normalmente, recibieron leche y procesaron “sin ningún tipo de inconveniente”, y hoy [por ayer] la actividad siguió igual. En La Carlota, solo cuatro empleados adhirieron al paro, según dijeron. En tanto, en Devoto hay más actividad, si bien hay trabajadores plegados al paro, y aclararon que ayer los supervisores estaban ocupados “fraccionando leche envasada y elaborando productos lácteos”.
En cambio, durante el fin de semana, en Gálvez no había planes de producción, pero ayer comenzaron con la línea de queso feteado y corazón de horma. Sin embargo, no lograron reunir la cantidad de personal necesaria para procesar.
En respuesta a las medidas de fuerza, la empresa emitió un comunicado por WhatsApp con instrucciones para aquellos que deseen denunciar impedimentos para trabajar acompañado del hashtag #bloquearesdelito. Se citó el artículo 158 de la ley penal, y se advirtió sobre las consecuencias legales de ejercer violencia o coacción para forzar la participación en huelgas o boicots.
También abrieron una línea 134 para recibir denuncias, asegurando la confidencialidad.
Por otro lado, fuentes cercanas al gremio negaron la existencia de bloqueos, y atribuyeron las asambleas de seis horas a una decisión colectiva. Denunciaron presiones de la empresa y promesas de sobrepagos, y argumentaron que esos pagos no incluyen el salario completo, pagos a tiempo, deudas pendientes y falta de aportes a la seguridad social. El conflicto laboral se mantiene sin visos de pronta resolución.
En diálogo con Radio Rivadavia, Juan Gabriel Méndez, del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, denunció que Atilra “está tratando de cerrar” SanCor. “Los empleados nos llaman llorando asegurando que no quieren ir nuevamente a medidas de protesta porque saben el final que les espera”, dijo. Por otra parte, SanCor remarcó que los bloqueos a las distintas plantas, a fines del año pasado, generaron pérdidas por $4500 millones.

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