BULLRICH Y LA PUJA POR LOS RECURSOS

Anulan un fallo que exhortó a Bullrich a ajustar la actuación de las fuerzas federales
Lo hizo la Cámara Federal, que objetó al juez Casanello; la causa es por el protocolo antipiquetes
La Cámara Federal anuló ayer, por dos votos contra uno, el fallo de la semana pasada del juez Sebastián Casanello que exhortó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a ajustar la actuación de las fuerzas de seguridad a los límites constitucionales y al estándar marcado por los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La nulidad fue dispuesta por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, con la disidencia de Roberto Boico, en una causa promovida contra el protocolo antipiquetes.
Casanello había tomado la decisión que ahora se dejó sin efecto el martes pasado. La legisladora de izquierda Celeste Fierro, denunciante en el expediente, pidió declarar “inconstitucional” al protocolo y, como medida cautelar urgente, suspender su aplicación. Casanello le contestó entonces que no haría lugar a ese pedido porque creía que era “posible alcanzar el reaseguro” de los derechos en juego a través de una medida cautelar, que consistió en una serie de instrucciones que le dio a Bullrich para que ella ajustara la actuación de las fuerzas a determinados estándares internacionales.
En ese mismo fallo de la semana pasada, Casanello citó a la ministra y a Fierro a la audiencia que se realizó anteayer en los tribunales de Comodoro Py.
Según Irurzun y Farah, Casanello emitió “desde sede judicial una serie de declaraciones de alcance general, con la única finalidad de realizar ‘exhortaciones’ a otro poder del Estado” y eso “contradice la noción de que ‘no compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos”.
“Pasos procesales”
Además, Irurzun y Farah dijeron que “la lectura de la decisión revela que, para arribar a aquellas declaraciones, se formuló un análisis que hace directamente al fondo de la acción, cuando no se han transcurrido los pasos procesales necesarios para la solución de aquella”; es decir que, aunque dictó una medida cautelar, analizó “el fondo” del caso y eso no debió hacerlo. Y agregaron: “Tampoco se produjo ni aportó ninguna prueba para acreditar apartamientos concretos de las cláusulas constitucionales y legales que invocó el juez o el alcance de otros derechos que –según la recurrente– están también en juego, ni se analizó en qué carácter o legitimación cabría convocar a quienes introdujeron la acción, dadas las expresas previsiones que a esos efectos contiene la ley 23.098”, en alusión a la ley de habeas corpus. Los camaristas le marcaron incluso a Casanello como una “omisión” no haber desarrollado por qué era un caso que debía investigar la Justicia Federal.
Esta causa –que antes pasó por la Justicia Electoral, el fuero contencioso administrativo y la Justicia Penal Ordinaria– se tramita como un habeas corpus preventivo. Según Farah e Irurzun, esta cautelar de Casanello no correspondía en medio de un proceso de habeas corpus, que tiene plazos muy cortos y un trámite “específico y expedito”: se convoca a una audiencia, se provee prueba –en el acto o en un plazo de 24 horas– y se emite una decisión.
El miércoles, la demandante y Bullrich asistieron a una audiencia con Casanello en la que expusieron sus opiniones en relación con el protocolo. Esa audiencia está en un cuarto intermedio y se retomará la semana próxima. Después, el juez quedará en condiciones de decidir sobre la validez del protocolo.
El fallo de Casanello
En el fallo de la semana pasada en el que exhortó a Bullrich, Casanello citó las observaciones que hicieron los relatores de la ONU al protocolo antipiquetes y a “su posible apartamiento del estándar internacional en orden a la protección del derecho de reunión pacífica”. Se trata, recordó el juez, de un derecho “cuyo contenido y alcance está principalmente determinado por la Observación General Nº 37 (2020) del Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, un pacto que tiene jerarquía constitucional para la Argentina.
La observación general que citó Casanello reconoce la “reunión pacífica” como un “derecho humano fundamental” que “permite a las personas expresarse colectivamente y participar en la configuración de sus sociedades”. Sobre la base de esa observación, los relatores destacaron –recordó el juez– que “solo en casos excepcionales, precisamente, cuando ya no es pacífica o si hay indicios claros de una amenaza inminente de violencia, se puede dispersar una reunión” y dijeron que “considerar a toda reunión como violenta o delictiva es una decisión contraria al estándar internacional de protección”.
El juez recordó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial destacaron, en un caso de Cuba, la importancia de proteger el derecho de reunión y de protesta “para la defensa de la democracia y de los derechos humanos”, y en otro de Venezuela, que el gobierno debe proteger las manifestaciones pacíficas para que la gente pueda expresarse “sin temor a posibles amenazas, actos de intimidación o violencia, como arrestos o detenciones arbitrarios o campañas difamatorias”. Los relatores remarcaron además, en referencia al protocolo de Bullrich, que el registro y uso de la información personal de las personas reunidas debe estar sujeto a los límites constitucionales y legales, recordó Casanello.
“Los mandatos [de los relatores], en suma, advierten sobre el peligro de que el protocolo –en los términos en los que fue escrito– habilite el accionar de las fuerzas de seguridad por fuera de los estándares de protección, internacionalmente reconocidos, con el consecuente sacrificio de derechos fundamentales”, afirmó el juez. Casanello cuestionó entonces que el Gobierno no hubiera respondido a las observaciones de los relatores.

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Los intendentes del interior enfrentan a Milei y le piden una compensación por la quita de subsidios al transporte
Se reunieron en Buenos Aires 16 jefes comunales de grandes ciudades y reclamaron que se coparticipe parte del impuesto a los combustibles a cambio de la quita total de aportes nacionales; afirmaron que, sin esos fondos, el boleto de colectivos se ubicará en un rango entre los $1200 y $2200
Javier Fuego Simondet
Los intendentes del interior, este jueves, con la cúpula del Congreso como fondo
Con una reunión en Buenos Aires, en un hotel ubicado a metros del Congreso, 16 intendentes de ciudades del interior del país se agruparon este jueves para enfrentar al presidente Javier Milei por su decisión de cortar el Fondo Compensador del Interior, subsidio con el que se compensaba parte del valor del pasaje de colectivo en sus territorios. Con los jefes comunales de Córdoba y Rosario a la cabeza del reclamo, exigieron que se gire parte del impuesto a los combustibles para evitar subir la tarifa que, según calcularon, se ubicaría entre los $1200 y los $2200.
Daniel Passerini (intendente de la ciudad de Córdoba) y Pablo Javkin (intendente de Rosario) expusieron la bronca de sus pares. El jefe comunal cordobés, alineado con el gobernador Martín Llaryora, dijo que la decisión del Gobierno de quitar subsidios al interior es “rayana con la ilegalidad”.
“Los gobernadores no pueden atender ya con subsidios este derecho esencial que es el transporte público. El Presidente, con esta decisión que ha tomado en materia económica, quiere obligarnos a los intendentes a poner una tarifa de entre 1200 y 2200 pesos por pasaje, cosa que es muy difícil de sostener para los usuarios y muy difícil de aplicar para los intendentes. Además, el otro problema más grave es que el Presidente nos quiere obligar a imponer una tasa para sostener este subsidio”, reprochó Passerini.
La reunión de intendentes del interior se realizó en el piso 14 de un hotel céntrico, en la Capital Federal
El intendente de la capital cordobesa adelantó que pedirán a diputados y senadores que le exijan al Gobierno “que cumpla la ley, porque no puede eliminar un fondo compensador sin ni siquiera haber emitido una resolución”. Explicó que “no hay ninguna resolución de la Secretaría de Transporte que inhabilite el envío de los fondos, pero los fondos no los están enviando”.
Aunque en un comunicado advirtieron que prevén “analizar con urgencia la presentación de recursos administrativos y judiciales”, por el momento los intendentes del interior del país trazaron un camino dialoguista. “Vamos a pedirle una audiencia al ministro del Interior [Guillermo Francos]. Cada argentino, cada vez que carga combustible, paga alrededor de 60 pesos de impuesto al combustible. De eso, al interior le va cero, porque todo viene acá [por la Capital Federal y el Gran Buenos Aires]. Les pedimos a los legisladores del interior que se corte esta injusticia, que ese impuesto a los combustibles repercuta en las ciudades del interior que tenemos transporte”, señaló Javkin, que el año pasado logró su reelección desde la boleta de Unidos para Cambiar Santa Fe (el frente que aglutinó a Juntos por el Cambio y al socialismo santafesino).
“El impuesto a los combustibles tiene un gran desagregado de ítems. Dentro del ítem del 28,4% que va a infraestructura vial para el transporte, la mitad de ese importe coparticiparlo directamente por colectivo”, fue la propuesta de los intendentes que Javkin especificó rodeado de sus pares, tras la reunión porteña que celebraron.
“El gobierno nacional, con esta decisión, quiere empujarnos a que castiguemos al usuario con una tarifa”, dijo Passerini, ofuscado. “El subsidio es un derecho; si no, expliquen por qué en el AMBA siguen los subsidios y en el interior nos siguen castigando. Nos discriminaron durante muchos años todos los gobiernos nacionales, porque el 85% [de los subsidios] se quedaba acá y lo que sobraba nos lo tiraban a nosotros. Hoy, ni las sobras nos están dando”, reforzó.
Además de Passerini y Javkin, en el piso 14 del hotel Uno, a la vuelta del Congreso, se reunieron los intendentes Maximiliano Frontera (Villa Mercedes, San Luis); Damián Bernarte (San Francisco, Córdoba); Rosario Romero (Paraná); Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto, Córdoba); Juan Pablo Poletti (ciudad de Santa Fe); María Pasqualini (jefa de Gabinete de la ciudad de Neuquén); Rodrigo Buteler (Cipolletti, Río Negro); Marcos Castro (Viedma); Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia, Chubut); Walter Cortés (Bariloche, Río Negro); Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy); Norma Fuentes (ciudad de Santiago del Estero); Jorge Jofré (ciudad de Formosa), y Leonardo Viotti (Rafaela, Santa Fe). Adhirieron, aunque no estuvieron presentes, Guillermo Montenegro (General Pueyrredón, Buenos Aires) y Emiliano Durand (ciudad de Salta). En la lista hay dirigentes peronistas alineados y no alineados con Unión por la Patria, algunos de Juntos por el Cambio y otros de fuerzas provinciales.
Los gobernadores ya habían manifestado su rechazo a la decisión de Milei de cortar subsidios al transporte en el interior. Algunos, como Llaryora, la interpretaron como un castigo por la caída de la ley ómnibus.
Frente bonaerense
En paralelo a la cumbre del interior, se desarrolló una reunión de jefes comunales en la Federación Argentina de Municipios (FAM), que conduce el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y contó con fuerte presencia de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Entre los presentes, hubo funcionarios y exfuncionarios del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como Alberto Sileoni (director general de Cultura y Educación), Silvina Batakis (ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano), y Alexis Guerrera (exministro de Transporte).
Los intendentes que se reunieron en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM)
“Cada día , las condiciones de vida de vecinas y vecinos empeoran por este ajustazo insensible. Hemos decidido pedir una reunión con carácter de ‘muy urgente’ al presidente Milei. Esto sí es de necesidad y urgencia. De no ser recibidos, iniciaremos acciones judiciales en cada provincia por la quita de subsidios al transporte público”, concluyeron en un comunicado.
Algunos intendentes, como Rosario Romero (Paraná), acudieron a esta reunión tras el encuentro del interior, que se desarrolló a unas quince cuadras de distancia.

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