PROBLEMAS JUDICIALES

Puede demorarse el juicio contra Cristina Kirchner por lavado
Es porque antes de empezar debe resolverse la apelación ante la Corte
Hernán Cappiello
El juicio oral contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por el caso Hotesur y Los Sauces amenaza con demorarse. Esto es así porque la exvicepresidenta planteó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para que revise la decisión de revocar su sobreseimiento en esta causa, en la que está acusada junto con su hijo y otros 24 imputados, entre empresarios y exfuncionarios, de lavado de dinero. Ahora, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 5 se reunirán, probablemente la semana entrante, para definir si con este recurso ante la Corte pendiente están en condiciones de seguir adelante con los trámites y fijar la fecha de inicio para el juicio oral y público.
Los jueces que deben tomar esta decisión son Adriana Palliotti, Nicolás Toselli y José Michillini, que preside el tribunal en este caso. Será Michillini quien convocará a ese acuerdo para conocer el criterio de sus colegas y determinar si pueden avanzar ya mismo con el juicio oral o deben esperar que la Corte se pronuncie.
Hay un criterio compartido por muchos magistrados que indica que en situaciones como esta, en que los acusados vienen sobreseídos por un tribunal oral y la Cámara de Casación revoca ese sobreseimiento, antes de hacer el juicio oral se debe aguardar a que la Corte se pronuncie sobre el recurso de queja. Esto es así porque si el máximo tribunal admite la queja y desestima el fallo de la Casación estando el juicio en marcha se avanzaría sobre la presunción de inocencia de los acusados.
La Corte no tiene plazos para resolver si admite o no el recurso de queja de la exvicepresidenta. Aunque la Corte tendría la voluntad de no dejar el asunto en el olvido y tratarlo sin dilaciones –dijo una fuente de Comodoro Py–, hasta que no haya una sentencia del máximo tribunal el caso no podría avanzar hacia el juicio. No ocurre esto en otros casos en los que los acusados plantean un recurso de queja ante la Corte, pero llegan a juicio oral procesados y con un fallo de Casación que deja firme ese procesamiento. En esas circunstancias, si se realiza el juicio. Cristina Kirchner, que reapareció ayer con una carta abierta con críticas a la gestión de Javier Milei, está condenada a 6 años de cárcel en la causa Vialidad, por el delito de administración fraudulenta al haber favorecido al empresario Lázaro Báez en la obtención de obras públicas en Santa Cruz. Ese fallo es revisado por la Cámara de Casación.
Asimismo, la exvicepresidenta, ahora sin fueros, había sido sobreseída por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg en el caso Hotesur y Los Sauces sin necesidad de llevarla a juicio oral. Es un caso de lavado de dinero en el que se analiza si el dinero de las licitaciones con el que se favoreció a Lázaro Báez retornó en parte al patrimonio de Cristina Kirchner y de su hijo Máximo.
Pero la Cámara de Casación decidió el 18 de septiembre pasado reabrir este caso, revocar el sobreseimiento y realizar el juicio oral y público. Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone sostuvieron que Obligado y Grunberg no esgrimieron ninguna “prueba nueva” que justificara la decisión de cerrar la causa sin ir a juicio.
La regla es que una vez que el caso transitó toda la etapa de instrucción y llegó al tribunal oral, el juicio debe hacerse. Pero el Código Procesal Penal admite como excepción que los jueces sobresean a un acusado “cuando por nuevas pruebas resulte evidente” que no hay delito o que el acusado es inocente.
Pero los jueces dijeron que este no era el caso. Petrone y Barroetaveña sostuvieron que los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner lo habían hecho basados en dos elementos que no son “pruebas”: los requerimientos de elevación a juicio de dos casos vinculados, la causa Vialidad (en la que finalmente la exvicepresidenta fue condenada) y el caso Oil Combustibles, en el que fueron absueltos los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

CASAl rechazó LA FISCALÍA de Milei
En tono cordial pero firme, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le dijo al Gobierno que la creación de una fiscalía especial para investigar a funcionarios, como anunció el presidente Javier Milei, es “inviable”. Argumentó que sus funciones son las propias de los fiscales y que lo que se pretende crear ya está creado. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, visitó a Casal el 7 del actual y le llevó un proyecto para la creación de esa fiscalía especial. Ahora Casal le respondió a Cúneo Libarona que ya existen la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la Procelac.

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Choque entre el fiscal Stornelli y un juez
El magistrado le niega el acceso al celular de un hombre de La Cámpora denunciado por espionaje

Hernán Cappiello
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Carlos Stornelli protagonizaron un nuevo choque, esta vez por la negativa del magistrado a entregarle el contenido del teléfono celular del exfuncionario de La Cámpora Fernando “Conu” Rodríguez, investigado por espionaje ilegal al utilizar a un espía inorgánico de la AFI para sus averiguaciones y publicarlas en los medios.
“¿Qué es lo que vuestra señoría protege desconociendo le ley?”, deslizó Stornelli en su apelación de esta decisión, en la que entiende que el juez actuó de manera arbitraria y desconociendo su papel.
Martínez de Giorgi decidió reservar el contenido del teléfono y solo compartir los elementos que se relacionen con el objeto procesal a pedido del propio Rodríguez, que argumentó que estaba en juego su intimidad si se daba a conocer el contenido de su celular.
Ante esa decisión, el fiscal Stornelli apeló en un escrito en el que se quejó de que la causa se paralizó y no se priva de calificar de “ilegal” la decisión del juez y reclamar a la Cámara Federal que la revoque y le dé acceso al contenido del teléfono de Rodríguez, un exsubdirector de la AFIP y hombre de La Cámpora.
Rodríguez le escribió al espía inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, un ex policía federal, para que le consiguiera información, por ejemplo sobre la exministra de Alberto Fernández y ahora diputada Victoria Tolosa Paz. Luego esa información apareció en medios digitales de Zanchetta, que recibía pauta publicitaria oficial controlada por Rodríguez.
Stornelli escribió que Martínez Giorgi le autorizó el acceso a la información del celular, pero cuando fueron a buscarla le daban excusas y no se la entregaban, hasta que finalmente se la negaron. Dijo que esta decisión es nula y que le impide actuar como fiscal. Señaló además que es ilegal porque el acceso a la prueba debe ser íntegro, al igual que lo tiene el juez. “El proveído es ilegal y arbitrario”, le dijo Stornelli al juez, y señaló que “tiñe de opacidad el proceso” que se paralizó, pues “a casi dos meses de recibidas las copias extraídas de los dispositivos del imputado Rodríguez no se observa ninguna providencia”.
Stornelli y Martínez de Giorgi suman media docena de enfrentamientos relacionados con causas en trámite. En el caso de espionaje ilegal están presos Zanchetta y el hacker misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro. El juez Martínez de Giorgi quiso remover al fiscal del expediente con una decisión inusual y fuera de sus facultades y la Cámara Federal revocó la decisión y repuso a Stornelli como fiscal en menos de 24 horas.

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