DECRETO MÁS RESISTIDO, CAMBIO E INTERNA PRO

Los ejes centrales del decreto más resistido por los sindicatos
El DNU frenado por la Justicia ataca los aportes a los gremios, a las obras sociales y las indemnizaciones
Javier Milei decidió no enviar al Congreso como un proyecto de ley su reforma de la legislación laboral y la incluyó en el megadecreto de necesidad y urgencia que firmó en los primeros días de su gestión. La iniciativa, que incluye desde la modificación de los cálculos indemnizatorios hasta la desregulación de los aportes sindicales y la libre opción de obras sociales, fue objetada por la CGT y la CTA, y declarada inconstitucional ayer por un fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esa decisión judicial anuló todo el capítulo laboral del DNU 70/23, aunque la cuestión quedará finalmente en la Corte Suprema.
En la plataforma de gobierno que presentó ante la Justicia Electoral, Milei había propuesto una “modernización laboral” y solo mencionaba su intención de implementar un fondo de cese laboral o seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones. Tomó como ejemplo el modelo de la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra). El decreto lo dispone, pero con una salvedad: será voluntario y debe acordarse por convenio colectivo, en acuerdo entre las partes empresarias y sindicales. El aporte al eventual fondo no podrá superar el 8% mensual del salario y correrá a cuenta del empleador.
Además de sugerir el fondo de cese laboral en reemplazo de las indemnizaciones, el Gobierno avanzó con modificaciones en los cálculos indemnizatorios. El DNU reduce la indemnización por despido y se habilita su reemplazo por fondos de cese laboral por vía de la negociación colectiva. Además, se amplía el período de prueba de tres a ocho meses.
Aparece también la modificación de los intereses por indemnizaciones, para lo cual se propone utilizar lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés del 3% anual. Establece que “no incluirá el sueldo anual complementario [aguinaldo] ni conceptos de pago semestral o anual”, algo que, en la práctica, equivaldría a reducir las indemnizaciones porque no podrán incluirse en la base de cálculo las sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales. También se incrementa entre un 50 y un 100% la indemnización por discriminación. Esta medida tiene como objetivo neutralizar la reinstalación en el puesto, un reclamo frecuente de los damnificados, según fuentes que conocen el derecho laboral.
El capítulo sindical del decreto está inspirado en la reforma que intentó aplicar la gestión de Mauricio Macri en 2017. Incluye modificaciones en la ley 24.013, puntualmente en los artículos referidos a la registración laboral. El Gobierno pretende reducir las multas a empresarios por no registración o registración defectuosa de sus empleados. Consideran fuentes oficiales consultadas por que es una medida la nacion que favorecerá especialmente a las pymes, aunque terminan alcanzadas en el blanqueo todas las firmas con contrataciones irregulares. Sectores de la oposición y los gremios denunciaron que este blanqueo termina premiando a quienes incumplen las leyes laborales.
Además, el DNU incluye como causal de despido los bloqueos sindicales, lo que abre un debate sobre el alcance del derecho de huelga. El rechazo unánime de los gremialistas no ha sido sin embargo por los bloqueos, sino que se focalizó en una restrictiva reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que son consideradas servicios esenciales, a las que se exige un 50% de prestación del trabajo normal, y otras que se califican como “actividades de importancia trascendental”, que están obligadas a garantizar el 75% del servicio.
Además, apunta contra la recaudación sindical: la Secretaría de Trabajo supervisará las denominadas “cuotas solidarias”, por lo que el concepto de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT) será revisado solo en las cláusulas de obligatoriedad y no en las que fijan condiciones y derechos. La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. Esto está hoy consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250.
Otro golpe para los gremios es que las empresas no están más obligadas a ser agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados. Ahora, según los cambios que impuso el Gobierno, los empleados deberán dar antes un consentimiento para que se les descuente de su salario el porcentaje de la cuota sindical. Esto podría generar un reempadronamiento en los gremios que podría afectar su nivel de representación.
Otro cambio que generó controversias es la modificación del artículo 87 de la ley 23.551 de asociaciones sindicales, la normativa que regula la vida interna de las organizaciones gremiales. “Los representantes sindicales dentro de la empresa, delegados, comisiones internas u organismos similares, así como las autoridades de las distintas seccionales de las asociaciones sindicales, tendrán derecho a convocar a asambleas y congresos de delegados sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”, sostiene el DNU. Este cambio apunta a penalizar las asambleas de trabajadores que, en la práctica, terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas porque paralizan la actividad de la empresa.
El capítulo laboral del DNU es mucho más duro que lo que la CGT había imaginado antes de que asumiera Milei. Incluso, si llega a aplicarse, tendrá impacto en las obras sociales, una caja vital para los sindicatos, que defienden el sistema solidario de aportes. El decreto establece que los aportes de los afiliados a las prepagas no tendrán que pasar por las obras sociales sindicales. Hasta el momento, los usuarios de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. La medida pretende poner fin a esa intermediación.

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El Gobierno dejó de enviar alimentos a los comedores y usará un sistema de “tarjeta”
Lo confirmó el Ministerio de Capital Humano; la medida estaba en carpeta y busca desplazar a las organizaciones sociales
Federico González del Solar y Gustavo SchaposnikLas organizaciones que convocaron a una protesta por los alimentos
En medio de una semana caliente por los reclamos de alimentos de las organizaciones al oficialismo, y luego de un lapso en el que se “evaluaron” distintas opciones, el Gobierno anunció un cambio en el sistema de asistencia a los comedores sociales, al confirmar que dejarán de recibir alimentos para pasar a administrar sus propias compras con una tarjeta en la cual recibirán una “transferencia monetaria” directa. El nuevo esquema de “reparto”, aseguran, hará más transparente la asistencia.
No obstante, los tiempos de su implementación todavía no están definidos y lo concreto es que la entrega de alimentos del Estado a los comedores se cortó en diciembre, pese a la agudización de la crisis por la escalada de precios tras la devaluación. Cada día que pase mientras el Gobierno evalúe cómo llevar adelante el nuevo sistema representará un desafío dramático para quienes se encargan de darle de comer a miles de familias en los barrios más postergados.
La medida, una de las alternativas que se evaluaban puertas adentro y que fue oficializada a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, va en línea con una de las principales metas de la cartera que conduce Sandra Pettovello: recortar el poder de fuego de las organizaciones sociales, administradoras de buena parte de los comedores que se reparten en el país.
Según entienden en el Gobierno, la tarjeta, que se entregará a los comedores directamente, termina con parte de la “intermediación”.
“Se dio de baja el sistema de entrega discrecional de alimentos secos para implementar la modalidad de transferencia monetaria directa a los comedores y asociaciones sin intermediación. Queremos terminar con los gerentes de la pobreza”, dice el texto difundido ayer. “Con esta nueva modalidad, los comedores podrán comprar alimentos secos, pero también frescos (carne, verdura, huevo, leche, fruta). Así, se garantiza una mejor nutrición en los niños y se logra transparencia en la transferencia y control de cuentas ya que los comedores deberán rendir sus gastos”, se apunta. Uno de los reclamos más recurrentes en los comedores comunitarios es la sobreentrega de productos secos en detrimento de las verduras y las proteínas. En ese sentido, en el ministerio entienden que la iniciativa abre el juego para que los comedores decidan cómo volcar los recursos recibidos según sus propias necesidades.
Además, el nuevo sistema permitirá llevar –afirman– un seguimiento de todos los gastos y compras que se realicen. Para recibir la asistencia, los comedores deberán ingresar en un registro –muchos de ellos ya están registrados– para luego ser sometidos a una auditoría “presencial”, la cual, aseguran, ya está en curso. “No van a recibir más alimentos”, enfatizan.
Como resultado de este relevamiento, el ministerio pasaría a tener una nómina con los nombres de todas las personas que asisten regularmente a cada uno de los centros comunitarios. “La idea es saber que [los comedores] existen, y conocer cómo es la infraestructura con la que cuentan para recibir a determinada cantidad de personas y poder contar con una mirada más integral”, señalan.
Semana caliente
La iniciativa llega en una semana marcada por el conflicto entre las organizaciones sociales y el oficialismo. Ante la demora en la entrega y la falta de respuestas concretas, Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa y el Movimiento Evita decidieron redoblar la presión y marcharán mañana hacia la puerta de supermercados para reclamar por “donaciones” de alimentos, como lo definieron.
“Con la red de comedores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) nos movilizaremos el día jueves a las puertas de los supermercados para entregar un petitorio y solicitud de alimentos frente a la gravísima situación que se está viviendo en las barriadas y diferentes lugares de asistencia alimentaria”, se indica en el comunicado. Los pedidos de donaciones alcanzarán a grandes supermercados distribuidos en puntos clave, como Tres de Febrero, La Matanza, Quilmes y La Plata, entre otras localidades.
De hecho, fue casi el único tema al que se refirió el vocero presidencial Manuel Adorni antes de dar inicio a la ronda de preguntas en su conferencia de prensa de ayer. Aparte de informar sobre un plan de reducción de gastos en el ministerio mencionado, el portavoz aludió a la movilización y sostuvo que estaban buscando “transparentar” el viejo esquema de reparto, con el que guardan “incompatibilidades”.
Además, anticipó que llevaría “unos días más”, pero que habría una respuesta “innovadora” frente al problema: “Transparentar el esquema de ayuda a los comedores. Evitando cualquier tipo de intermediación. Evitando la compra directa, que todos saben que esto presupone algún tipo de manejo no debido en la compra de alimentos. En este proceso no nos van a detener y vamos a hacer que la ayuda en todos los ámbitos incluido la de los comedores, le llegue a quien le tengo que llamar”, indicó Adorni.
La medida ya genera rechazo en algunas organizaciones sociales. “Primero es reconocer que fue una decisión política y no que había un problema con las licitaciones, como dijeron”, señala Silvia Saravia, referente de Libres del Sur. “Todas las transferencias que se hagan de dinero requieren de una intermediación de personas o asociaciones”, agregó. “Hay un problema con hacer bandera de eso. Lo que hay que hacer es transparentar la política pública y dejar de mentir”, dijo a este medio.

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Desde el entorno de Bullrich relativizan los apoyos a Macri
Buscan liderazgos alternativos, tras la carta para que el expresidente retome la jefatura

Ailén VilaFabián MarElliLa ministra, ayer, durante un acto de gestión
Anteayer, 20 referentes provinciales de la estructura de Pro pidieron que Mauricio Macri vuelva a presidir el partido. Ayer, desde el entorno de Patricia Bullrich, distanciada del exmandatario, relativizaron esos apoyos y plantearon la búsqueda de candidatos alternativos.
Sin embargo, ambos sectores ya comenzaron reuniones para definir el futuro del partido, que, por ahora, parece tener una mirada mayoritaria consensuada: acompañar al Gobierno.
“Es la persona indicada para llevar adelante este proceso de unidad”, leía el comunicado de los presidentes provinciales. Solo cuatro no acompañaron: el legislador Claudio Romero (CABA), la senadora provincial Daniela Reich (Buenos Aires), el diputado provincial Daniel Hollman (Chubut) y Ramón Alberto Parsons (Santa Cruz).
Los larretistas se encuentran ausentes luego de que el exjefe de gobierno porteño se alejara de Macri tras su apoyo abierto a Milei en el balotaje.
Para los cercanos a Bullrich esto fue solo una “operación de aquellos que tienen todavía la sangre en el ojo con ella por la interna del año pasado” y que busca generar divisiones entre la ministra y Macri.
Aun así, remarcan que el rol de los presidentes de distrito es intrascendente de cara a las elecciones internas, que se definen por distrito único y donde los afiliados votan de manera directa. Hasta ahora, además, siempre hubo una lista única, es decir, autoridades definidas por consenso.
Pero la interna no tiene aquí su comienzo. La tensión surgió a fines del año pasado, cuando se anunció la conformación del gabinete de Milei. La decisión de la actual ministra de Seguridad fue a título personal y no en nombre de Juntos por el Cambio, algo que terminó de agrietar su relación con Macri, quien impulsaba un acuerdo estructural entre Pro y La Libertad Avanza.
A partir de ahí comenzó a gestarse un debate sobre la conducción del partido y el rol que tendría en relación con el Gobierno, entre ser parte y acompañar desde afuera.
La distancia entre Macri y Bullrich se hizo evidente, aunque ella prometió la convocatoria a elecciones internas a principios de 2024. Aunque la cuenta regresiva comenzó, su fin parece lejano: el plazo para armar las listas y cerrarlas es el 19 de marzo, fecha que se definió tras la postergación que hubo a fines del año pasado.
La reunión de ayer tuvo como protagonistas a actores de cada lado y tuvo como fin iniciar la búsqueda de consensos para fortalecer al partido.
“La mayor parte de la gente que trabaja con Patricia respeta a Mauricio. Son como el padre y la madre”, sostienen desde el sector bullrichista.
Aun así, sigue habiendo cosas en juego, que no pasan por los liderazgos personales sino “por el rol de Pro de cara a lo que viene y agregar actores que están en otras posiciones”, aseguran desde el espacio de Bullrich.
Aunque aseguran que todavía no se habló de nombres, piensan en aquellos nuevos actores que aparecieron tras las elecciones con triunfos en sus municipios y provincias.
En este escenario, la postura de acompañar al Gobierno no está en duda –para Macri la prioridad sería fortalecer al partido para el escenario electoral que viene–, y es por eso que empiezan las especulaciones respecto de si el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se quedará en el partido o armará un espacio propio que no sea aliado del Ejecutivo.
Mientras tanto, las tratativas por la interna continuarán en otra reunión la semana que viene entre cercanos a Bullrich y Macri.

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