EL ANÁLISIS Y FRENTE JUDICIAL

Lo único seguro es la confusión
Joaquín Morales Solá
Nadie puede decir que Javier Milei no está dispuesto a negociar. Sacó de su megaproyecto de ley decenas de artículos y hasta el paquete fiscal íntegro. Y nadie puede decir que decidió llegar a un acuerdo con sus opositores. Cuando parece que las distintas líneas políticas convergen, Milei hace detonar un petardo. Su política de zigzag perpetuo hace dudar a los diputados más dialoguistas sobre la posibilidad de que la reunión de hoy en la Cámara de Diputados se realice.
O si, en caso de hacerse, todos los artículos tendrán los votos suficientes como para ser aprobados por el plenario del cuerpo. Nadie sabe nada en medio de la confusión y el trapicheo. En la noche del lunes, Milei provocó la destrucción fáctica de una reunión de su paciente ministro del Interior, Guillermo Francos, con gobernadores no kirchneristas y algunos diputados dispuestos también a dialogar. Varios gobernadores escucharon que Francos se había comprometido a hacer coparticipable el impuesto PAIS; inclusive, llegaron a decir luego del encuentro que el Gobierno coparticiparía con las provincias el 30 por ciento de ese impuesto que se aplica a las compras en dólares con tarjetas de crédito o a la propia compra de dólares. Otros participantes de la reunión con Francos disintieron de esa versión y señalaron que el ministro solo se había comprometido a llevar esa propuesta de los gobernadores hasta el despacho presidencial. Pero lo que ninguno imaginó es que el Presidente desmentiría cualquier mención a ese impuesto durante la reunión de Francos con los gobernadores y legisladores, y que el propio ministro del Interior desconocería que él hubiera escuchado o hablado del impuesto PAIS con esos funcionarios dialoguistas. De hecho, en la noche del lunes el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, afirmaba públicamente que había habido acuerdo con Francos sobre ese impuesto, mientras la oficina del Presidente despachaba un documento en el que desmentía que se hubiera tratado el asunto. Llaryora había cuestionado, sí, que el plan del Gobierno se limitara a un ajuste de las cuentas públicas y careciera de un “plan productivo”. “Esa política terminó siempre en un fracaso”, dijo el mandatario cordobés en las mismas horas en que Milei destrataba a todos los funcionarios dialoguistas.
Dicen funcionarios oficiales que el Presidente está enojado por todas las condiciones que pusieron los dialoguistas para aprobar la ley, condiciones que lo obligaron a buscar otros caminos para llegar al déficit cero. Llegará. Tiene formas de hacerlo por un tiempo (subir el impuesto a los combustibles y al carbono, el uso por parte del Tesoro de los recursos que hay en los fondos fiduciarios y la licuación de las jubilaciones por la alta inflación, entre otras cosas), pero no es una buena manera de ir hacia al déficit cero definitivo. Milei no disimula sus malos humores: en la mañana del lunes hizo suyo un tuit de Joaquín de la Torre, en el que este llamaba a los dialoguistas “bloque extorsión”. De la Torre está habilitado a decir lo que él quiera porque es solo un legislador bonaerense en representación de un partido propio. El conflicto escala hasta otras cumbres, en cambio, cuando es el Presidente quien se apropia de una calificación agraviante a sus opositores mejor predispuestos para un acuerdo.
Se mire el paisaje por donde se lo mire, es fácilmente perceptible la fragilidad parlamentaria de Milei, que los argentinos informados conocen desde la primera vuelta electoral de octubre pasado, cuando se constituyó el Congreso. La segunda vuelta de noviembre incluyó solo a los dos principales candidatos a presidente. Sin embargo, el actual jefe del Estado tiene la ventaja de que por primera vez desde la restauración democrática de 1983 las dos grandes familias políticas argentinas, el peronismo y el no peronismo, están en un proceso de renovación que nadie sabe cómo, cuándo ni en qué terminará. Ya no hay dirigentes de lo que fue Juntos por el Cambio que sostenga que esa coalición existe todavía. No existe, al menos, tal como se la conoció. La carta que los principales dirigentes de Pro de 20 provincias le dirigieron a Mauricio Macri para pedirle que asuma la presidencia partidaria está expresando mucho más que lo que parece. En primer lugar, no están de acuerdo con que la presidencia de Pro la tenga una ministra del gobierno de Milei, como es Patricia Bullrich, sobre todo porque la administración actual no es producto de negociaciones y acuerdos más amplios entre el partido de Macri y el de Milei.
Ya el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, fue el primer dirigente de Juntos por el Cambio en reclamar que Bullrich dejara la presidencia de Pro mientras fuera ministra de Milei. Se sabe que Macri les señaló a los firmantes de la carta, antes de que la hicieran pública, que él no estaba dispuesto a presidir un partido con el solo propósito de pedir cargos políticos. “O trabajamos para el ciudadano común o no hagan nada”, les pidió. Pero esos dirigentes lo hicieron. ¿Por qué? Una explicación posible consiste en que Macri necesita reasumir la titularidad del partido que fundó porque recibió mensajes de Milei y de su asesor electoral, Santiago Caputo, para que Pro y La Libertad Avanza se unan en las elecciones legislativas de 2025. Ya estuvieron unidos de hecho en la segunda vuelta de las elecciones pasadas, aunque entonces Milei prefirió conservar su flamante identidad partidaria.
Macri suele decir que el proyecto político de Milei como presidente es el mismo proyecto que él tuvo cuando estuvo al frente del Gobierno. Puede haber diferencias en las formas y en los tiempos, pero no en el contenido de las decisiones, subraya el expresidente. Tanto Macri como Milei esperan, además, el acercamiento de un sector de la Unión Cívica Radical que está desconforme con el eterno liderazgo partidario de Gerardo Morales y Martín Lousteau. No pocos radicales desconocen los pergaminos partidarios de Lousteau para ser presidente de la UCR porque se afilió a ese partido solo en 2017. Antes había sido funcionario de Cristina Kirchner y de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires.
La conducción del peronismo es un vasto erial, en el que solo resplandece la vocación de tirar a Milei por la borda cuanto antes. Cristina Kirchner descansa sine die en la Patagonia interminable; aseguran que sus apariciones telefónicas las dedica solo a reclamar que los legisladores peronistas le hagan la vida imposible a Milei. No se explica, en ese contexto, que Milei haya dejado hasta ahora enormes franjas del Estado en manos de La Cámpora; en efecto, un camporista, Fabián Lombardo, preside Aerolíneas Argentinas, la única empresa pública cuya privatización es apoyada por la casi totalidad del mosaico no peronista de la política (tampoco la apoya el trotskismo, desde ya).
Alberto Fernández hace en Madrid las cosas propias de un inmigrante sin trabajo, pero con dinero; lo fotografiaron abriendo una cuenta bancaria, mientras lo vieron también estrenando un auto y almorzando cotidianamente en caros restaurantes madrileños. Los placeres propios de un expresidente. ¿Era ese su proyecto fundamental de vida? ¿Ser un expresidente? Como diría Beatriz Sarlo, hay personas que nacen para ser expresidentes. Sergio Massa eligió el silencio y la desaparición a la espera, afirman, de que la vida política le dé una segunda oportunidad después de haber liderado la peor derrota electoral en la historia del peronismo. A la espera también, confirman, de que la Justicia no investigue las denuncias públicas de supuesta corrupción en las autorizaciones de las SIRA cuando él era un poderoso ministro de Economía. Las SIRA era el sistema de autorización de importaciones por el que el Banco Central les vendía a los empresarios dólares baratos para comprar insumos en el exterior. Esas autorizaciones pasaban primero por la Aduana y por la Secretaría de Comercio, ambos organismos controlados directamente por Massa cuando era ministro. La anomalía fue tan grande que el Banco Central informó en días recientes que la supuesta deuda con los importadores es 15.200 millones de dólares menos que el valor que se estimaba antes de que asumiera el gobierno de Milei. Nadie se explica cabalmente, ni siquiera las actuales autoridades del Banco Central, por qué figuraba una deuda de semejante volumen que no existía.
Dos símbolos de la crisis peronista, aunque ellos no significarán nunca una solución para el partido de Perón, son los casos de Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y de Daniel Scioli, flamante secretario de Turismo de Milei. Los legisladores tucumanos que responden a Jaldo votarán en la Cámara de Diputados la megaley del actual presidente; la decisión del gobernador tucumano partió por la mitad al peronismo de esa provincia. La otra mitad responde al incombustible Juan Manzur, actual senador nacional después de haber sido gobernador y vicegobernador de Tucumán y ministro de Salud de la Nación con Cristina Kirchner. Jaldo le está aplicando a Manzur el mismo trato (o destrato) que Manzur le dispensó a su inicial padrino político, el exgobernador tucumano José Alperovich. La política argentina está llena de hijos que matan al padre, aunque, como dice Fernando Savater, eso no quiere decir que el padre no existe.
Scioli, a su vez, pasó del kirchnerismo al mileísmo sin escala. Maniobró en los últimos días para ser secretario de Turismo, función a la que llegó ayer (cargo que, además, Scioli tuvo al principio de su carrera política) después de haber sido vicepresidente de la Nación, gobernador de Buenos Aires durante ocho años y candidato a presidente de la Nación en 2015, elección que perdió por un margen muy estrecho. En 2017, Scioli volvió a ser diputado nacional por el kirchnerismo, otro cargo que tuvo en sus tiempos inaugurales en la política, hasta que Alberto Fernández lo nombró embajador en Brasil en 2019. Se propuso ante Milei para seguir siendo el embajador del gobierno argentino ante el presidente Lula da Silva; consiguió que le prorrogaran su mandato en Brasilia. Pero ni siquiera el Senado tuvo tiempo de darle ahora un nuevo acuerdo como embajador cuando Scioli se manifestó más cómodo cerca de Milei. Ni Jaldo ni Scioli serán los líderes de la renovación peronista que se avecina; ellos son solo figuras emblemáticas de un peronismo cansado de 20 años de colonización kirchnerista, que decidió huir de lo que acaba de ser.
En el peronismo solo resplandece la vocación de tirar a Milei por la borda cuanto antes
Tanto Macri como Milei esperan el acercamiento de un sector de la UCR
Por primera vez, las dos grandes familias políticas argentinas están en un proceso de renovación

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El capítulo laboral del DNU fue declarado inconstitucional
El frente judicial Falló sobre el fondo de las cláusulas del sector; el Gobierno puede ir a la Corte; en paralelo, otro tribunal rechazó suspender el decreto

Hernán Cappiello
La Cámara Nacional del Trabajo consideró que el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, con el que se inició el gobierno de Javier Milei, es inconstitucional y por eso entendió que tales aspectos de la norma son nulos.
El fallo no responde a una medida cautelar, sino que se pronuncia sobre el fondo del asunto que planteó la CGT: la inconstitucionalidad de la norma.
Ahora, el Estado nacional puede intentar un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise esta decisión de la Cámara Laboral.
La sentencia en la demanda de la CGT contra el DNU fue firmada por los jueces que actuaron en esta segunda parte de la feria laboral: Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera.
El tribunal de apelaciones resolvió “declarar la invalidez constitucional del Título IV del megadecreto de Milei”. Los jueces reconocieron a la CGT la “legitimación activa” para cuestionar todos los artículos de la reforma laboral incluidos en el DNU y no solo aquellos que hacían a derechos colectivos, como había ocurrido en primera instancia.
Los magistrados fueron tajantes, al señalar que aquello que el Gobierno buscó hacer a través de un decreto de necesidad y urgencia, al menos en términos de reforma de las leyes laborales, debió haberse realizado por la vía legislativa.
“No se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”, afirmaron los jueces en el fallo de 15 páginas, al que accedió la nacion.
“El principio que organiza el funcionamiento del estatuto del Poder del Estado es, precisamente, la división de funciones y el control recíproco, esquema que no ha sido modificado por la reforma constitucional de 1994. Así, el Congreso Nacional tiene la función legislativa, el Poder Ejecutivo dispone del reglamento y el Poder Judicial dicta sentencias, con la eminente atribución de ejercer el control de constitucionalidad de las normas jurídicas”, remarcaron.
En primera instancia, la jueza Liliana Rodríguez Fernández había declarado la nulidad de seis artículos del capítulo laboral, pero había dejado vigentes los demás, a la espera de que un trabajador eventualmente afectado por la aplicación de la norma pudiera presentarse ante la Justicia. La decisión de la jueza Rodríguez Fernández fue apelada por la CGT y el Estado nacional y sobre esta situación resolvió ahora la Cámara Laboral.
El capítulo laboral del DNU ya había quedado suspendido hasta tanto se expida la Corte Suprema, pero por medidas cautelares después de una seguidilla de fallos de instancias inferiores que la dirigencia cegetista consideró como un triunfo propio.
La CGT celebró ahora el fallo de la Justicia laboral y lo consideró un paso estratégico en su enfrentamiento con la gestión de Milei. Cuando el Presidente presentó el DNU, a fin de año, la central obrera llevó sus objeciones a la Justicia, incluso con una marcha a los tribunales. Luego, resolvió un plan de lucha, cuyo punto más alto fue el miércoles pasado, cuando se activó un paro general de 12 horas con una movilización al Congreso, donde se debate la ley ómnibus, también cuestionada por los gremios.
Rodolfo Aguiar, titular del gremio de ATE nacional y aliado circunstancial de la CGT en esta encrucijada, apuntó contra el asesor presidencial Federico Sturzenegger, el ideólogo del DNU. “Este DNU redactado en los estudios jurídicos de los grandes grupos empresarios pretendía borrar de un plumazo todos los derechos laborales adquiridos y allanar el camino para que aumenten sus ganancias multimillonarias, a costa de la explotación de los trabajadores”, evaluó el dirigente sindical.
Otro fallo
En paralelo, el mismo día de ayer, la Cámara Contencioso Administrativo Federal dejó firme una sentencia que rechaza una medida cautelar, con la que se pretendía suspender todo el megadecreto de necesidad y urgencia dictado por Milei.
El fallo del tribunal de feria, que en la práctica implica mantener la vigencia del DNU, fue dictado por los jueces de la Cámara Contencioso Administrativo Sergio Fernández y Carlos Grecco, que actúan durante la feria judicial que concluye hoy. Ese fallo se dictó en el caso iniciado por el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, una ONG relacionada con la izquierda y el exdiputado Claudio Lozano. El caso Observatorio es la primera demanda que se había presentado contra el DNU 70/23 de Milei del 29 de diciembre del año pasado y en la feria judicial tramitó ante el juez Enrique Lavié Pico.
En ese expediente, la ONG había pedido la inconstitucionalidad de todo el contenido del DNU y, como medida cautelar, había reclamado que se suspenda su aplicación.
El juez Lavié Pico, en primera instancia, había rechazado la medida cautelar y ahora la Cámara ratificó esa decisión. Dijo que no se está ante un “caso judicial” concreto que implique un perjuicio para el Observatorio. Los camaristas no ahondaron en si el DNU era constitucional o no, sino que dijeron que no existía una controversia o afectación concreta sobre la que resolver.
Los camaristas señalaron que “el control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere, inexorablemente, que el requisito de la existencia de un ‘caso’ o ‘controversia judicial’ sea observado rigurosamente para la preservación del principio de división de los poderes”.
Antes de la feria judicial, el juez Esteban Furnari, quien recibió esta demanda por sorteo, había dispuesto tramitar como proceso colectivo todos los casos similares. Pero, luego, el juez Lavié Pico desarmó el proceso colectivo, lo que determinó que florecieran las demandas en diversos fueros y tribunales con decisiones, en ocasiones contrapuestas.
La decisión de la Cámara Contencioso habilita a que la ONG Observatorio presente un recurso extraordinario para llevar la causa a la Corte Suprema de Justicia, donde ya están los casos de la CGT y el de La Rioja contra el DNU.

Los miembros del tribunal
Manuel Diez Selva camarista laboral
◗ asumió en 2019, durante el macrismo, con objeciones del kirchnerismo. antes trabajó en el estudio Chevallier Boutell. es profesor de derecho del trabajo y de la seguridad socia, en la Universidad austral y de derecho laboral y en el doctorado en ciencias jurídicas de la Uca.


Héctor Guisado camarista del trabajo
◗ es camarista desde 2005, cuando gobernaba Néstor Kirchner. es profesor en los posgrados de derecho del trabajo en las universidades de buenos aires, austral, católica argentina, católica de salta (sede buenos aires) y Nacional del litoral, y profesor adjunto en la Uba.

Mario Fera camarista del trabajo
◗ Fue presidente del consejo de la magistratura en 2013, por la lista celeste de la asociación de magistrados, la más cercana al peronismo. es camarista desde 2006 y profesor en la Universidad austral y en la Uces. integra la academia Nacional de derecho y ciencias sociales.

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