Empieza con tensiones y desenlace incierto el debate legislativo de la ley ómnibus
diputados. El oficialismo acordó la aprobación en general con los bloques dialoguistas
Laura Serra
Tras una ardua y trabajosa negociación, el Gobierno consiguió ayer el apoyo de la UCR, Pro y la bancada de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Pichetto, para garantizar el quorum y la aprobación en general de lo que queda del proyecto de ley ómnibus. Será en una sesión que se iniciará hoy y que podría extenderse por varios días. Se mantienen, sin embargo, importantes diferencias sobre algunos puntos que hacen que el tratamiento del articulado en particular resulte incierto. En materia de seguridad, hay discrepancias sobre el alcance de la legítima defensa. Tampoco hay un acuerdo cerrado sobre la metodología para avanzar con las privatizaciones y sobre el alcance de las facultades delegadas en lo referido a tarifas y energía.
El proyecto ya había perdido, en el camino, todo el capítulo fiscal (blanqueo, moratoria, jubilaciones y retenciones) y el de la reforma electoral.
La Cámara de Diputados celebrará hoy su primera sesión del año con el debate del proyecto de ley que lleva el pomposo título “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, iniciativa que el presidente Javier Milei considera fundacional para su gestión. El quorum está garantizado gracias al aporte de los bloques de oposición dialoguista y, salvo algún imprevisto, la aprobación en general también y con holgada mayoría. Sin embargo, el oficialismo podría sufrir un serio revés durante el debate en particular de algunos de sus artículos claves, entre ellos los referidos a las privatizaciones de empresas públicas.
Se espera una sesión tan extensa como compleja. El texto, conformado por 386 artículos sin contar sus anexos, es tan vasto en sus temáticas que los jefes de bloque, que se reunieron anoche en la Comisión de Labor Parlamentaria, estimaron que el debate insumirá al menos 35 horas –evalúan realizar un cuarto intermedio– por lo que se descuenta que en total llevará dos días.
Según se anticipa, la mayoría de los bloques opositores, salvo elk ir ch nerismo, la izquierda, el socialismo y los santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal, votará a favor en general. Sumarían entre 140 y 150 votos positivos. Será el corolario de tres semanas de intensas negociaciones entre el Gobierno y los cuatro bloques “dialoguistas” –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– que, si bien se anticiparon dispuestos a facilitar el tratamiento del proyecto, plantearon límites y modificaciones en más de un centenar de artículos.
Algunos de ellos, como la suba de retenciones y la modificación de la movilidad jubilatoria, quedaron en el camino: por falta de apoyo, el Gobierno se vio obligado a retirarlos del proyecto junto a otros capítulos –como el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva– que constituían el corazón del proyecto.
Fue tan intempestiva la decisión de la Casa Rosada de retirar el paquete fiscal del debate que los legisladores llegarán al recinto con un dictamen desactualizado y sin las últimas modificaciones. Si bien el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, garantizó ayer en Labor Parlamentaria que antes del inicio del debate en particular se leerán todos los capítulos que quedaron fuera del dictamen, los diputados de Unión por la Patria y la izquierda realizarán planteos en el recinto por lo irregular del trámite parlamentario. No descartan solicitar su retorno a la comisión, aunque difícilmente reúnan el apoyo para ello.
Artículos conflictivos
Si bien el núcleo más conflictivo de la iniciativa –el paquete fiscal– quedó postergado para su debate más adelante, persisten otros artículos que todavía generan tensión y que prometen una discusión acalorada durante su votación en particular. Uno de ellos es el que habilita al Poder Ejecutivo a declarar sujetos de privatización a 36 empresas públicas: tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, con sus matices, quieren acortar el listado de empresas privatizadas y, además, insisten en que el proceso debe contar con algún tipo de participación activa del Congreso.
Así como el capítulo sobre las privatizacionesgenera resistencia, también el artículo que deroga la ley que establece límites al Gobierno para la toma de deuda en moneda extranjera provoca rechazo. Los legisladores también plantearán reparos en los capítulos referidos a seguridad –no están de acuerdo con algunas facultades que reclama la ministra Patricia Bullrich– y ambiente. Tampoco están saldadas las diferencias en torno al destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (los gobernadores pretenden sal dar deudas pre visiona les con esos fondos) ni con los esquemas de corte que propone el Gobierno en el capítulo sobre biocombustibles.
Al momento de discutir los artículos más conflictivos, el miembro informante, Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, tendrá el desafío de mantener su redacción original para evitar que sean modificados por la oposición. En el caso de que no lo logre y el artículo original sea rechazado en la votación, inmediatamente se ponen a consideración las modificaciones sugeridas por el o los bloques opositores. Cualquier modificación, para prosperar, necesita la mitad más uno de los votos.
Habrá que ver qué sucede cuando se vote el artículo de las privatizaciones. Si los opositores dialoguistas no logran articular una redacción común que consiga el apoyo de la mayoría, se corre el riesgo de que Unión por la Patria imponga su criterio y eche por tierra todo el capítulo.
Por lo pronto, el oficialismo ya tiene asegurada la aprobación en general del proyecto. Tanto el bloque Pro, que comanda Cristian Ritondo, como el radicalismo, que conduce Rodrigo De Loredo, así lo anticiparon. En cambio, Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, votará dividido: algunos integrantes acompañarán el texto –entre ellos Pichetto, Emilio Monzó y al menos cuatro diputados que responden al gobernador Martín Llaryora, además de Ricardo López Murphy, Florencio Randazzo
y Nicolás Massot–, mientras que otros anticiparon su voto en contra. Por caso, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.
“Hemos trabajado en tiempo récord para mejorar la propuesta del Gobierno y marcar los límites necesarios –planteó De Loredo, tras la reunión del bloque–. Desde un primer momento lo hicimos de forma cooperativa, con posicionamientos sensatos y equilibrados. Exigimos una sesión razonable en su proceder. Circos romanos, no”.
De Loredo anticipó que los 34 legisladores que la integran votarán a favor del proyecto. “Daremos las herramientas para que un gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales. Defendemos ideas y el interés del país. La Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre”, enfatizó.
El bloque variopinto que conduce Pichetto, en tanto, predomina una mirada crítica sobre la actitud del Gobierno en las negociaciones. Pese a sus diferencias internas, la mayoría de sus integrantes acordaron dar quorum. “Siempre planteamos nuestro compromiso de aportar herramientas de gobernabilidad y honrando esa premisa daremos quorum para que en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados se pueda discutir la denominada “Ley de bases” enviada por el Poder Ejecutivo –señalaron los diputados que integran la bancada en un comunicado–. A instancias de que algunos integrantes del bloque presentaron dictámenes propios, a la hora de discutir los artículos en particular plantearemos en muchos de ellos nuestras propias visiones, disidencias o modificaciones a los mismos”
Los ejes discutidos
4
Privatizacione
El paquete de privatizaciones de 37 empresas públicas será uno de los temas más espinosos en el recinto. Si bien el Gobierno accedió a quitar YPF, así como a una venta parcial de cuatro compañías –Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación–, los dialoguistas quieren preservar otros entes y un mayor control del Congreso.
Seguridad
La definición sobre loquees una manifestación –para el Gobierno, más de 30 personas en la vía pública –, así como la ampliación de lo que se considera como “legítima defensa” serán objetados por la izquierda, el kirchnerismo y parte de la UCR y el bloque de Miguel Pichetto.
Emergencias
El Gobierno accedió a reducir de 11 a 6 la cantidad de facultades delegadas –entre ellas, la previsional–, pero un sector de la oposición pide que se quiten la tarifaria y energética.
Medioambiente
Los cambios en el financiamiento de la ley de bosques yen la forma de protección de los glaciares serán cuestionados.
Los artícuLos removidos
Movilidad jubilatoria
Originalmente, el oficialismo solo eliminaba la fórmula actual, sin especificar cómo procedería. Luego propuso usar como referencia el IPC, pero a partir de abril. La oposición exigía que la actualización por el IPC se hiciera desde enero.
Retenciones
El oficialismo accedió a no elevar al 15% –desde cero– los derechos de exportación sobre productos de economías regionales, pero pretendía elevar las retenciones del complejo cerealero. Sin acuerdo, removió todo el capítulo fiscal de la ley.
Fondo de la Anses
La transferencia al Tesoro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue rechazada por la oposición. Los gobernadores dialoguistas, por su parte, reclamaban que, antes de transferirlo, se pagaran las deudas con las provincias. El Gobierno podría avanzar únicamente en la consolidación de deuda y dejar en pausa el resto del proceso.
Reforma electoral
Todos los cambios, principalmente el relacionado con el financiamiento de partidos y campañas electorales –se ampliaba la participación de inversores privados y se limitaba el gasto del Estado– quedarían fuera del texto. El Gobierno ya había accedido a quitar la eliminación de las PASO y la adopción del sistema de circunscripciones uninominales
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Tras una ardua y trabajosa negociación, el Gobierno consiguió ayer el apoyo de la UCR, Pro y la bancada de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Pichetto, para garantizar el quorum y la aprobación en general de lo que queda del proyecto de ley ómnibus. Será en una sesión que se iniciará hoy y que podría extenderse por varios días. Se mantienen, sin embargo, importantes diferencias sobre algunos puntos que hacen que el tratamiento del articulado en particular resulte incierto. En materia de seguridad, hay discrepancias sobre el alcance de la legítima defensa. Tampoco hay un acuerdo cerrado sobre la metodología para avanzar con las privatizaciones y sobre el alcance de las facultades delegadas en lo referido a tarifas y energía.
El proyecto ya había perdido, en el camino, todo el capítulo fiscal (blanqueo, moratoria, jubilaciones y retenciones) y el de la reforma electoral.
La Cámara de Diputados celebrará hoy su primera sesión del año con el debate del proyecto de ley que lleva el pomposo título “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, iniciativa que el presidente Javier Milei considera fundacional para su gestión. El quorum está garantizado gracias al aporte de los bloques de oposición dialoguista y, salvo algún imprevisto, la aprobación en general también y con holgada mayoría. Sin embargo, el oficialismo podría sufrir un serio revés durante el debate en particular de algunos de sus artículos claves, entre ellos los referidos a las privatizaciones de empresas públicas.
Se espera una sesión tan extensa como compleja. El texto, conformado por 386 artículos sin contar sus anexos, es tan vasto en sus temáticas que los jefes de bloque, que se reunieron anoche en la Comisión de Labor Parlamentaria, estimaron que el debate insumirá al menos 35 horas –evalúan realizar un cuarto intermedio– por lo que se descuenta que en total llevará dos días.
Según se anticipa, la mayoría de los bloques opositores, salvo elk ir ch nerismo, la izquierda, el socialismo y los santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal, votará a favor en general. Sumarían entre 140 y 150 votos positivos. Será el corolario de tres semanas de intensas negociaciones entre el Gobierno y los cuatro bloques “dialoguistas” –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– que, si bien se anticiparon dispuestos a facilitar el tratamiento del proyecto, plantearon límites y modificaciones en más de un centenar de artículos.
Algunos de ellos, como la suba de retenciones y la modificación de la movilidad jubilatoria, quedaron en el camino: por falta de apoyo, el Gobierno se vio obligado a retirarlos del proyecto junto a otros capítulos –como el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva– que constituían el corazón del proyecto.
Fue tan intempestiva la decisión de la Casa Rosada de retirar el paquete fiscal del debate que los legisladores llegarán al recinto con un dictamen desactualizado y sin las últimas modificaciones. Si bien el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, garantizó ayer en Labor Parlamentaria que antes del inicio del debate en particular se leerán todos los capítulos que quedaron fuera del dictamen, los diputados de Unión por la Patria y la izquierda realizarán planteos en el recinto por lo irregular del trámite parlamentario. No descartan solicitar su retorno a la comisión, aunque difícilmente reúnan el apoyo para ello.
Artículos conflictivos
Si bien el núcleo más conflictivo de la iniciativa –el paquete fiscal– quedó postergado para su debate más adelante, persisten otros artículos que todavía generan tensión y que prometen una discusión acalorada durante su votación en particular. Uno de ellos es el que habilita al Poder Ejecutivo a declarar sujetos de privatización a 36 empresas públicas: tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, con sus matices, quieren acortar el listado de empresas privatizadas y, además, insisten en que el proceso debe contar con algún tipo de participación activa del Congreso.
Así como el capítulo sobre las privatizacionesgenera resistencia, también el artículo que deroga la ley que establece límites al Gobierno para la toma de deuda en moneda extranjera provoca rechazo. Los legisladores también plantearán reparos en los capítulos referidos a seguridad –no están de acuerdo con algunas facultades que reclama la ministra Patricia Bullrich– y ambiente. Tampoco están saldadas las diferencias en torno al destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (los gobernadores pretenden sal dar deudas pre visiona les con esos fondos) ni con los esquemas de corte que propone el Gobierno en el capítulo sobre biocombustibles.
Al momento de discutir los artículos más conflictivos, el miembro informante, Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, tendrá el desafío de mantener su redacción original para evitar que sean modificados por la oposición. En el caso de que no lo logre y el artículo original sea rechazado en la votación, inmediatamente se ponen a consideración las modificaciones sugeridas por el o los bloques opositores. Cualquier modificación, para prosperar, necesita la mitad más uno de los votos.
Habrá que ver qué sucede cuando se vote el artículo de las privatizaciones. Si los opositores dialoguistas no logran articular una redacción común que consiga el apoyo de la mayoría, se corre el riesgo de que Unión por la Patria imponga su criterio y eche por tierra todo el capítulo.
Por lo pronto, el oficialismo ya tiene asegurada la aprobación en general del proyecto. Tanto el bloque Pro, que comanda Cristian Ritondo, como el radicalismo, que conduce Rodrigo De Loredo, así lo anticiparon. En cambio, Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Pichetto, votará dividido: algunos integrantes acompañarán el texto –entre ellos Pichetto, Emilio Monzó y al menos cuatro diputados que responden al gobernador Martín Llaryora, además de Ricardo López Murphy, Florencio Randazzo
y Nicolás Massot–, mientras que otros anticiparon su voto en contra. Por caso, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.
“Hemos trabajado en tiempo récord para mejorar la propuesta del Gobierno y marcar los límites necesarios –planteó De Loredo, tras la reunión del bloque–. Desde un primer momento lo hicimos de forma cooperativa, con posicionamientos sensatos y equilibrados. Exigimos una sesión razonable en su proceder. Circos romanos, no”.
De Loredo anticipó que los 34 legisladores que la integran votarán a favor del proyecto. “Daremos las herramientas para que un gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión. A pesar de la desorganización con la que el Ejecutivo encaró el tratamiento, los agravios vertidos, no nos guían cuestiones personales. Defendemos ideas y el interés del país. La Argentina necesita estabilizar su economía y dar certidumbre”, enfatizó.
El bloque variopinto que conduce Pichetto, en tanto, predomina una mirada crítica sobre la actitud del Gobierno en las negociaciones. Pese a sus diferencias internas, la mayoría de sus integrantes acordaron dar quorum. “Siempre planteamos nuestro compromiso de aportar herramientas de gobernabilidad y honrando esa premisa daremos quorum para que en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados se pueda discutir la denominada “Ley de bases” enviada por el Poder Ejecutivo –señalaron los diputados que integran la bancada en un comunicado–. A instancias de que algunos integrantes del bloque presentaron dictámenes propios, a la hora de discutir los artículos en particular plantearemos en muchos de ellos nuestras propias visiones, disidencias o modificaciones a los mismos”
Los ejes discutidos
4
Privatizacione
El paquete de privatizaciones de 37 empresas públicas será uno de los temas más espinosos en el recinto. Si bien el Gobierno accedió a quitar YPF, así como a una venta parcial de cuatro compañías –Arsat, Nucleoeléctrica y Banco Nación–, los dialoguistas quieren preservar otros entes y un mayor control del Congreso.
Seguridad
La definición sobre loquees una manifestación –para el Gobierno, más de 30 personas en la vía pública –, así como la ampliación de lo que se considera como “legítima defensa” serán objetados por la izquierda, el kirchnerismo y parte de la UCR y el bloque de Miguel Pichetto.
Emergencias
El Gobierno accedió a reducir de 11 a 6 la cantidad de facultades delegadas –entre ellas, la previsional–, pero un sector de la oposición pide que se quiten la tarifaria y energética.
Medioambiente
Los cambios en el financiamiento de la ley de bosques yen la forma de protección de los glaciares serán cuestionados.
Los artícuLos removidos
Movilidad jubilatoria
Originalmente, el oficialismo solo eliminaba la fórmula actual, sin especificar cómo procedería. Luego propuso usar como referencia el IPC, pero a partir de abril. La oposición exigía que la actualización por el IPC se hiciera desde enero.
Retenciones
El oficialismo accedió a no elevar al 15% –desde cero– los derechos de exportación sobre productos de economías regionales, pero pretendía elevar las retenciones del complejo cerealero. Sin acuerdo, removió todo el capítulo fiscal de la ley.
Fondo de la Anses
La transferencia al Tesoro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue rechazada por la oposición. Los gobernadores dialoguistas, por su parte, reclamaban que, antes de transferirlo, se pagaran las deudas con las provincias. El Gobierno podría avanzar únicamente en la consolidación de deuda y dejar en pausa el resto del proceso.
Reforma electoral
Todos los cambios, principalmente el relacionado con el financiamiento de partidos y campañas electorales –se ampliaba la participación de inversores privados y se limitaba el gasto del Estado– quedarían fuera del texto. El Gobierno ya había accedido a quitar la eliminación de las PASO y la adopción del sistema de circunscripciones uninominales
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Monzó y Massot, dos aliados en la mira de Milei
El Presidente expuso su enojo con los legisladores del bloque de Pichetto, a quienes acusa de “trabar” la leyMatías Moreno
Javier Milei volvió a tensar la cuerda cuando su gobierno se encamina a conseguir el primer logro legislativo desde que asumió. Así como durante la campaña recitaba sus diatribas contra la UCR, apunta ahora contra dos integrantes de un bloque que puede ser la llave para destrabar la aprobación de artículos clave de la ley ómnibus: Emilio Monzó y Nicolás Massot.
Pese a que en las últimas horas quedaron en evidencia las diferencias entre el Gobierno y sus socios respecto de puntos decisivos de la ley, la mayoría de las bancadas del ala dialoguista se comprometieron a aprobar en general el proyecto. La batalla crucial en la maratónica sesión se desatará durante la votación en particular de alrededor de 400 artículos. Sin los números garantizados en capítulos estratégicos, como las privatizaciones, que tienen un valor simbólico para el relato del Gobierno, la conducción de La Libertad Avanza deberá trabajar para construir un colchón de apoyos en el recinto.
Frente a un escenario complejo en el Congreso, Milei volvió a arriesgar y activó una ofensiva: decidió apuntar contra Monzó y Massot, quienes integran el bloque de Miguel Ángel Pichetto.
Si bien Milei tiene en la mira hace tiempo a Monzó y Massot –se lo hizo saber a uno de sus ministros y a referentes de Pro–, hasta ahora el Presidente no había explicitado su enojo con los exarmadores de Mauricio Macri en 2015. Ayer, en plena polémica por las idas y venidas que provocó el planteo de los gobernadores sobre el impuesto PAIS durante la cumbre de Guillermo Francos, Milei volvió a emplear su cuenta de X para castigar a los que ponen objeciones a sus reformas. Esta vez convalidó una serie de mensajes de usuarios que tildaban a Massot y Monzó de “kirchneristas” y “extorsionadores” o los acusaban de querer defender “privilegios” o no querer que la ley ómnibus se apruebe. Pero ayer confirmaron que apoyarán en la votación en general.
En Balcarce 50 confirman el malestar de Milei, que también avaló críticas a Pichetto en sus redes, con los dos diputados. Según fuentes oficiales, el Presidente los ataca porque “considera que son los que están trabando” la aprobación de la ley en Diputados. En cambio, Massot considera que el Presidente los ataca porque “apunta contra el disenso y la crítica”.
“No es algo personal; ataca al que disiente. Siempre va a ir cambiando de enemigo porque su enemigo es la crítica”, señaló Massot
El diputado, que ingresó a su banca en la lista de JxC tras un acuerdo con Patricia Bullrich, insiste en que aún tienen objeciones con el capítulo de privatizaciones. “Nos acusa a nosotros de kirchneristas y él le da me gusta a la publicación sobre la designación de Daniel Scioli, un emblema del kirchnerismo que fue compañero de fórmula de Carlos Zannini. Debería hacerse ver”, lanzó Massot. Y continuó con una chicana: “¿Nos atacó antes o después de nombrar a Scioli?”.
En el entorno de Monzó y Massot vinculan el encono del Presidente a los consejos de Macri. Sospechan que el expresidente lo “convenció” de que su gestión fracasó por los acuerdos que tejieron Monzó y Massot. Más allá de las especulaciones, el Congreso es el terreno natural donde las diferencias se hacen más visibles. Los jefes del ala dura de Pro, de macristas y bullrichistas o exlarretistas, los socios más estrechos de Milei, también apuntan contra Massot y Monzó. A su bloque lo denominan la “consultora”, ya que ambos se asociaron en una empresa, Symfonia. Fundaron la compañía a fines de 2019 con Frigerio. “Está todo a la luz del día y hecho con total transparencia, con balance regularizado. Y estamos sujetos a la UIF y la AFIP. Milei daba charlas y decía que cobraba 10.000 o 20.000 dólares en negro”, se jactan cerca de Massot, quien participó en varias empresas –campos, cables e incluso en el sector minero– como parte de su actividad privada. Subrayan, además, la mayoría de los diputados ejercen su profesión fuera del Parlamento o son accionistas en “servicios, supermercados o constructoras”. ¿Un dardo a los exsocios de Pro?
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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