Mondino. “Lo de la embajada no es el tema que más preocupa”
La canciller pone paños fríos a la posibilidad de mudar la representación diplomática de Tel Aviv a Jerusalén
Texto y foto Elisabetta Piqué Corresponsal en Italia
Sonriente y disponible pese a una maratón que ya lleva varios días, con una agenda más que intensa de reuniones en diversos ministerios, con empresarios y colegas, tanto en Israel como en Italia, la canciller Diana Mondino se tomó el tiempo para trazar ante un la nacion balance “extremadamente positivo” de la primera gira del presidente Javier Milei a Israel, al Vaticano e Italia, destacando especialmente el encuentro con el Papa.
Pese a que tuvo enormes repercusiones en todo el mundo la decisión de trasladar la embajada argentina ante Israel de Tel Aviv a Jerusalén, ratificada por el Presidente en su paso por el Estado judío, la canciller reiteró que no es algo inminente ni urgente y que incluso esta decisión podría naufragar vista la minoría de La Libertad Avanza en el Congreso.
“No es el tema que más preocupa. En ningún momento se dijo que se cambia la embajada en el corto plazo ni mucho menos. Tengo entendido que hay una serie de procesos legales que hay que cumplir”, aseguró, en una entrevista que concedió en la residencia de la embajada argentina ante Italia.
–Está por finalizar la primera visita internacional a Israel, el Vaticano e Italia: ¿un balance?
–Es una pregunta muy fácil. El balance es extremadamente positivo por muchísimas razones. Empiezo con la visita que impacta más a los argentinos, que es el encuentro con el Papa, en donde, además del recibimiento, el afecto, hubo mucho intercambio de información. La reunión duró más de una hora y francamente se observaba al salir que había habido evidentemente acuerdos en un montón de temas. Luego tuvimos una entrevista con monseñor (Pietro) Parolin y (Paul) Gallagher, que fue también una reunión muy fructífera, muy al punto, con múltiples temas, donde creo que las respuestas que teníamos se anticiparon a las preguntas que ellos iban a tener. Creo que tener la confluencia de los temas que les preocupaban y de las posibles soluciones que esperamos dar fue muy bueno.
–¿Qué temas les preocupaban?
–En primer lugar, los temas de relaciones exteriores, los conflictos que hay en el mundo y los dos más importantes, Rusia y Ucrania o Israel y el grupo Hamas. Pero también entender cómo es el enfoque social en la Argentina, que, siendo un país de fronteras abiertas, todo lo que uno pueda hacer en temas sociales, salud, educación, seguridad es inagotable, porque es siempre una demanda que cada día crece. También hablamos de temas que son muy caros para la Iglesia, vinculados a aspectos formales o religiosos, en donde la Argentina es un país privilegiado en el mundo en este momento porque no tenemos conflictos religiosos, por la política inmigratoria de hace 100 años.
–En una entrevista que el Presidente le concedió al diario Libero que se publicó ayer en Italia llamó la atención que dijera que el Papa había manifestado su aprobación al programa económico…
–No leí eso y no participé de la entrevista con el Papa. Lo que yo creo es que tanto el Papa como la inmensa mayoría de los argentinos y del resto del mundo se dan cuenta de que no hay otro camino, no hay otro camino que trabajar, no hay otro camino que dejar de hacer locuras, no hay otro camino que matar la inflación, no hay otro camino que reducir la deuda. Si alguien tiene alguna otra idea adicional, que por favor nos cuente ya mismo.
–Preguntando en el Vaticano me decían que no es el estilo que un papa ponga el visto bueno sobre algún programa económico o técnico…
–Me encantaría… Pero no estuve presente.
–En el Vaticano, que en su momento criticó públicamente la decisión de Trump de mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿hablaron de la decisión de hacer lo mismo, ratificada por el Presidente en Israel?
–No. Lo único que hemos comentado al respecto es que antes del traslado hay temas legales que considerar, hay decretos argentinos, son muchos los temas que habría que superar para hacer eso y se mudaría a Jerusalén Occidental, así que se respetarían los lineamientos que han tenido las Naciones Unidas. Pero eso será cuando ocurra… Me sorprende mucho cómo en general temas que no tienen ninguna urgencia ni posibilidad de ser realizados en el corto plazo llaman la atención, mientras que tenemos temas que son absolutamente catastróficos en la Argentina…
–Llama la atención porque rompe la histórica neutralidad de la Argentina en cuanto al conflicto palestino…
–¿Por qué la Argentina dejaría de ser neutral
–Neutral en cuanto a la resolución de la ONU que dice que Jerusalén tiene un estatus especial internacional y por eso la gran mayoría de países del mundo tienen la embajada en Tel Aviv…
–Yo creo que eso no rompe la neutralidad. Dividamos los temas: tenemos un tema donde creo que es muy difícil que un país apoye el terrorismo de Hamas o de cualquier otro, ese es un tema. Y otra cosa, la cuestión de los dos Estados siempre ha sido apoyada por la Argentina, eso que yo sepa no ha cambiado nunca y hasta ahora tampoco.
–Pero para los palestinos su capital es Jerusalén Oriental (ocupada), por eso el estatus es un tema irresuelto y conflictivo…
–Empecemos: nosotros tenemos un representante en Palestina, que a nadie le preocupa, ni le llama la atención, ni que nadie critica. O sea, nosotros tenemos representación en lo que consideramos el Estado palestino. Sin embargo, ellos mismos no se autoconsideran en esa misma forma. O sea, me parece que es tal vez una sutileza, pero no es el tema que más preocupa. En ningún momento se dijo que se cambia la embajada en el corto plazo ni mucho menos. Tengo entendido que hay una serie de procesos legales que hay que cumplir.
–Habrá visto que este miércoles reapareció la expresidenta Cristina Kirchner…
–No lo leí completo, pero me parece que el análisis que hace es profundamente equivocado. Por lo poco que leí, me parece que hay errores conceptuales importantes. La deuda aumentó durante los gobiernos de Cristina y la deuda en sí misma no es buena, pero, sobre todo, no es ningún animal la deuda: si la usás para infraestructura es una cosa, pero si la usás para pagar sueldos es una catástrofe. Y en la Argentina se ha usado deuda para cubrir déficit. No se ha tomado deuda para hacer obras. Es muy, pero muy diferente el concepto. Si tomás deuda para hacer obras, estás haciendo que los que van a usar esa obra vayan pagando esa deuda. Si lo usás para pagar sueldos, estás dejando que en el futuro nuestros hijos paguen el sueldo de lo que están hoy.
El Papa recibió a Jorge Macri
Dos días después de su encuentro con Javier Milei, el papa Francisco recibió ayer en el Vaticano al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. El mandatario detalló que durante el encuentro se habló de “trabajar en reconstruir el diálogo. Le planteé que la ciudad de Buenos Aires es un modelo, y tenemos que tratar sobre todo en este momento de tanto dolor en el mundo para ser un faro en ese sentido. El Papa valoró mucho eso”.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ante la Justicia, Bullrich defendió el protocolo contra los piquetes
El juez Casanello escuchó a la ministra y a la legisladora Fierro, que pidió que se declare inconstitucional el procedimiento; el magistrado no resolvió y dispuso un cuarto intermedio
Informe de Gustavo Schaposnik
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió ayer, en los tribunales de Comodoro Py, su protocolo antipiquetes en una audiencia judicial ordenada por el juez federal Sebastián Casanello, en la que su contraparte fue la legisladora de izquierda Celeste Fierro (Movimiento Socialista de los Trabajadores), quien pidió suspender el reglamento por inconstitucional.
Casanello escuchó a las dos partes antes de tomar una decisión sobre el futuro del protocolo. Según fuentes al tanto de lo ocurrido, la reunión se desarrolló en “buenos términos”. El juez no resolvió todavía y dispuso un cuarto intermedio en la audiencia.
Casanello citó a Bullrich y a Fierro a esta audiencia el 6 de febrero. Dispuso la convocatoria en la misma resolución en la que dictó una medida cautelar exhortando a la ministra a adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites constitucionales y al estándar marcado el mes pasado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esa cautelar fue apelada por Bullrich y ahora debe resolver la Cámara Federal.
Bullrich se retiró antes de que terminara la audiencia (no estaba obligada a estar ella y dejó a otros funcionarios de su cartera). Partió hacia la Casa Rosada, donde encabezó una conferencia de prensa junto a su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, en la que dijo que es necesario liberar a los ciudadanos “de aquellos que los explotan como seres humanos”; por ejemplo, forzándolos o incitándolos a ir a las marchas callejeras, que violan el protocolo antipiquetes
La audiencia de los tribunales de Comodoro Py se dio en el marco de una causa que inició el 18 de diciemdel año pasado la legisladora porteña Fierro, que presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad y pidió, como medida cautelar urgente, que se suspendiera el protocolo. Casanello no accedió a disponer esa suspensión y, siguiendo el trámite que prevé la ley para un “habeas corpus preventivo” (se le dio este encuadre a la causa ante el peligro invocado de detenciones arbitrarias), citó a las partes a la audiencia que se hizo ayer.
“Hicimos que Patricia Bullrich se siente a dar explicaciones”, celebró Ferro después de la audiencia, en declaraciones que brindó en la puerta de los tribunales.
La cita en los tribunales era a las 11 de ayer. Poco antes de esa hora, unos 50 manifestantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y de otros partidos de izquierda que confluyen en el Frente de Izquierda (FIT) se presentaron frente a los tribunales de Comodoro Py. Entre los dirigentes presentes en esa manifestación estaban, además de la propia Fierro, Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, Romina del Pla y Néstor Pitrola.
La legisladora Fierro aseguró que el protocolo antipiquetes es inconstitucional y restringe el derecho a la protesta social.
Bodart, por su parte, dijo que esperan que la Justicia falle a favor del pedido de inconstitucionalidad, pero advirtió que, si no es así, seguirán en las calles. Además, comparó la situación actual con el estado de sitio en el gobierno de Fernando de la Rúa, medida que “el pueblo desobedeció”.
Después de la audiencia, Bodart señaló: ”Se pasó a un cuarto intermedio porque no pudieron demostrar que el protocolo era válido y tenemos que seguir movilizándonos porque, gracias a eso, se cayó la ley ómnibus y, gracias a eso, se está tratando el protocolo“.
El caso se radicó originalmente en la secretaría electoral del juzgado de María Servini (la demanda alegó que el protocolo afecta derechos políticos), pero Servini lo envió al fuero contencioso administrativo. De allí pasó a la Justicia Penal Ordinaria y luego, a la Federal, donde Casanello recibió el caso.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La ministra acusó a un piquetero de extorsionar y prostituir mujeres
Según la denuncia, usaba los planes sociales para coercionarlas y obligarlas a asistir a las marchas; operaba en el Chaco
Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, denunciaron ayer una red de trata que operaba mediante planes sociales en la provincia de Chaco.
Junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, los ministros brindaron una rueda de prensa en el Salón de Conferencias de la Casa Rosada, donde explicaron que la red que funcionaba en la provincia estaba “comandada por un dirigente piquetero que prostituía mujeres a cambio de otorgar y administrar sus planes sociales”.
La investigación llevada a cabo señaló a un dirigente piquetero que lideraba esta red, utilizando los planes sociales como medio de coerción para prostituir a mujeres.
Según se informó, el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a participar en marchas políticas y sustraía parte del dinero proporcionado por el Gobierno.
“Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este gobierno; no más intermediarios”, sostuvieron los ministros nacionales luego de anunciar que el acusado se encuentra bajo custodia policial.
“En esta nueva Argentina no habrá más lugar para intermediarios que se aprovechen de los más vulnerables”, destacaron los presentes en el encuentro.
También participaron de la rueda de prensa el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, y el diputado de Chaco Iván Gyöker.
A lo largo de la conferencia, Bullrich ahondó en la necesidad de liberar a los ciudadanos “de aquellos que los explotan como seres humanos”; por ejemplo, forzándolos o incitándolos a ir a las marchas que violan el protocolo antipiquetes.
“Si llevan criaturas a las marchas, les dan un bono extra”, indicó junto a Cúneo Libarona, que anunció: “Vamos a proponer nuevos delitos y el incremento de las penas para que se sancionen con proporcionalidad y mano justa estos delitos tan aberrantes”.
En la conferencia se expuso un caso de Chaco, de líderes de movimientos sociales que –relataron los funcionarios– forzaban a quienes recibían planes a diferentes conductas, que iban desde asistir a marchas hasta prostituirse, según consignó la agencia Télam.
En este contexto, Bullrich señaló que la línea 134 registró más de 80.000 llamadas desde su habilitación, de las cuales más de 5000 fueron denuncias vinculadas a la quita de planes sociales por no asistir a movilizaciones políticas y a extorsiones vinculadas a la pérdida de estos.
Según precisaron desde la cartera de Seguridad, las denuncias ya judicializadas avanzan hacia una resolución.
“Es un trabajo en conjunto de todas las áreas del gobierno nacional proteger a los beneficiarios de amenazas y extorsiones, buscando erradicar la intermediación como moneda de intercambio”, señalaron.
Piqueteros en Chaco
No es la primera denuncia que pone la lupa sobre el accionar de los grupos piqueteros en Chaco. El antecedente más trágico fue el femicidio de la joven Cecilia Strzyzowski.
Los tres principales acusados son César Sena, y los dirigentes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
Además de los tres integrantes del clan piquetero que supo ser aliado del exgobernador peronista Jorge Capitanich, están detenidas otras cuatro personas. Son Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, todos colaboradores de los Sena que están acusados de encubrimiento agravado.
Se espera que antes de febrero la investigación sea elevada a juicio oral.
En los últimos meses, los Sena recibieron un revés al cancelarse la revinculación familiar que había aprobado una jueza de garantías subrogante el año pasado.
El 19 de enero, Emerenciano Sena fue trasladado desde la Comisaría 3ª al Complejo Penitenciario de Villa Barberán, en el que también está detenido su hijo César, acusado de ser autor material del asesinato de Cecilia, que era su pareja (se habían casado y divorciado).
Padre e hijo están en celdas separadas, sin contacto entre ellos.
Cómo se regulan las manifestaciones en el mundo
El protocolo antipiquetes tiene paralelos en otros países, donde los cortes de calles están limitados y exigen avisos previos a la policía
Gustavo Schaposnik
El protocolo antipiquetes que puso en práctica la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, establece que las fuerzas federales puedan actuar cuando la circulación vehicular y de transporte esté interrumpida, sin necesidad de tener una orden judicial. Mientras para algunos el protocolo tiende a un ordenamiento del espacio público, para otros es una limitación del derecho a la protesta.
Consultó a distintos expertos la nacion en seguridad sobre el protocolo que desplegó la ministra. Uno de ellos aseguró que en la actualidad hay una fragmentación del actor que protesta. “Hasta los años 90 los actores sociales estaban identificados, en cambio hoy son tantos y tan diversos que las autoridades no saben con quién tratar”, dijo uno de los especialistas, que pidió mantener su nombre en reserva. En relación con los disturbios ocurridos fuera del Congreso durante el debate de la ley ómnibus, el secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro, dijo a la nacion: “La plaza en la parte de atrás estaba vacía, es decir que había espacio para que se concentraran más manifestantes, pero había una intención de ocupar la calle. Si la cantidad de gente lo amerita, se puede considerar permitir el corte; además, estas decisiones se consultan en todo momento a los magistrados, no es algo caprichoso”. Justificó así el accionar y el despliegue de las fuerzas federales.
“La prohibición de cortar la calle es previa al protocolo, está en el artículo 194 del Código Penal. El protocolo antipiquete, está vigente en todo momento y lo que les indica a las fuerzas de seguridad es de qué manera deben proceder”, agregó el funcionario, que trabaja con Bullrich.
La provincia de Mendoza muestra un caso en el que se logró cambiar el paradigma que regía la protesta social y encauzar las manifestaciones en forma pacífica. “En 2015 la situación era caótica, pero se empezó a trabajar en conjunto entre distintas áreas del gobierno de la provincia, el comité de crisis, seguridad pública fiscal y el área de desarrollo social. De esta manera logramos evitar que se cortaran las calles”, dijo a Mercedes la nacion Rus, ministra de Seguridad y Justicia de esa provincia.
En Francia, la Prefectura debe autorizar todas las protestas callejeras y es la autoridad misma la que corta la calle. Rara vez hay protestas sin previo aviso o sin acuerdo con la policía. Cuando suceden, se dan en las rutas o al menos fuera de la capital, y en ese caso las autoridades deciden si se las tolera o si se las disuelve, pero incluso así hay un contacto entre sindicatos y autoridades.
En el Reino Unido, el jueves pasado se conoció que los manifestantes ya no podrán estar con la cara tapada, luego de que añadieron enmiendas a un proyecto de ley de justicia penal que se espera sea aprobado para Semana Santa. La medida regirá para Inglaterra y Gales, y aquellos que no la cumplan podrían ser arrestados por un mes y pagar una multa de 1000 libras. Por otro lado, treparse a monumentos en recuerdo de guerras tendrá tres meses de arresto y una multa de 1000 libras. También se incluirá la prohibición de bengalas y cualquier elemento pirotécnico.
En España, estos días la situación fue más caótica que en otros países de Europa, dado que los trabajadores agropecuarios protestaron (al igual que hace pocos días en Francia) por “no poder competir de igual a igual con productos importados, a los cuales se les exigen menos estándares de calidad”. Durante cuatro días, las vías que unen varias de las principales ciudades del país fueron cortadas por tractores; también hubo manifestaciones en áreas urbanas, como la del miércoles en Barcelona. Según medios españoles, hubo en total 585 cortes de rutas. En algunas regiones hubo enfrentamientos entre agricultores y la policía, debido a que se intentó bloquear centros de distribución y se desechó mercadería importada, como vino o tomabre te. A pesar de ello, el Ministerio del Interior de España dio instrucciones a la policía de impedir aquellas manifestaciones que no hubieran sido comunicadas. Además, hubo 20 detenciones y se aplicaron unas 4262 multas. El ministro de Transporte, Oscar Puente, declaró ante el medio Antena 3: “Si se bloquea el país, las fuerzas del orden tienen que actuar”.
En Estados Unidos, si bien las formas de proceder ante una protesta varían de acuerdo con cada estado, la Unión Americana de Libertades Civiles, una organización que defiende los derechos individuales, afirma: “No se necesita un permiso para marchar en las calles o aceras, siempre y cuando los manifestantes no obstruyan el tráfico de automóviles o peatones”. En cuanto a la dispersión de una protesta por el uso de la fuerza, se menciona que debe ser un recurso último; sin embargo, la interrupción del tránsito vehicular está considerada un justificativo para tomar esta acción.
El protocolo antipiquetes que puso en práctica la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, establece que las fuerzas federales puedan actuar cuando la circulación vehicular y de transporte esté interrumpida, sin necesidad de tener una orden judicial. Mientras para algunos el protocolo tiende a un ordenamiento del espacio público, para otros es una limitación del derecho a la protesta.
Consultó a distintos expertos la nacion en seguridad sobre el protocolo que desplegó la ministra. Uno de ellos aseguró que en la actualidad hay una fragmentación del actor que protesta. “Hasta los años 90 los actores sociales estaban identificados, en cambio hoy son tantos y tan diversos que las autoridades no saben con quién tratar”, dijo uno de los especialistas, que pidió mantener su nombre en reserva. En relación con los disturbios ocurridos fuera del Congreso durante el debate de la ley ómnibus, el secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Ventura Barreiro, dijo a la nacion: “La plaza en la parte de atrás estaba vacía, es decir que había espacio para que se concentraran más manifestantes, pero había una intención de ocupar la calle. Si la cantidad de gente lo amerita, se puede considerar permitir el corte; además, estas decisiones se consultan en todo momento a los magistrados, no es algo caprichoso”. Justificó así el accionar y el despliegue de las fuerzas federales.
“La prohibición de cortar la calle es previa al protocolo, está en el artículo 194 del Código Penal. El protocolo antipiquete, está vigente en todo momento y lo que les indica a las fuerzas de seguridad es de qué manera deben proceder”, agregó el funcionario, que trabaja con Bullrich.
La provincia de Mendoza muestra un caso en el que se logró cambiar el paradigma que regía la protesta social y encauzar las manifestaciones en forma pacífica. “En 2015 la situación era caótica, pero se empezó a trabajar en conjunto entre distintas áreas del gobierno de la provincia, el comité de crisis, seguridad pública fiscal y el área de desarrollo social. De esta manera logramos evitar que se cortaran las calles”, dijo a Mercedes la nacion Rus, ministra de Seguridad y Justicia de esa provincia.
En Francia, la Prefectura debe autorizar todas las protestas callejeras y es la autoridad misma la que corta la calle. Rara vez hay protestas sin previo aviso o sin acuerdo con la policía. Cuando suceden, se dan en las rutas o al menos fuera de la capital, y en ese caso las autoridades deciden si se las tolera o si se las disuelve, pero incluso así hay un contacto entre sindicatos y autoridades.
En el Reino Unido, el jueves pasado se conoció que los manifestantes ya no podrán estar con la cara tapada, luego de que añadieron enmiendas a un proyecto de ley de justicia penal que se espera sea aprobado para Semana Santa. La medida regirá para Inglaterra y Gales, y aquellos que no la cumplan podrían ser arrestados por un mes y pagar una multa de 1000 libras. Por otro lado, treparse a monumentos en recuerdo de guerras tendrá tres meses de arresto y una multa de 1000 libras. También se incluirá la prohibición de bengalas y cualquier elemento pirotécnico.
En España, estos días la situación fue más caótica que en otros países de Europa, dado que los trabajadores agropecuarios protestaron (al igual que hace pocos días en Francia) por “no poder competir de igual a igual con productos importados, a los cuales se les exigen menos estándares de calidad”. Durante cuatro días, las vías que unen varias de las principales ciudades del país fueron cortadas por tractores; también hubo manifestaciones en áreas urbanas, como la del miércoles en Barcelona. Según medios españoles, hubo en total 585 cortes de rutas. En algunas regiones hubo enfrentamientos entre agricultores y la policía, debido a que se intentó bloquear centros de distribución y se desechó mercadería importada, como vino o tomabre te. A pesar de ello, el Ministerio del Interior de España dio instrucciones a la policía de impedir aquellas manifestaciones que no hubieran sido comunicadas. Además, hubo 20 detenciones y se aplicaron unas 4262 multas. El ministro de Transporte, Oscar Puente, declaró ante el medio Antena 3: “Si se bloquea el país, las fuerzas del orden tienen que actuar”.
En Estados Unidos, si bien las formas de proceder ante una protesta varían de acuerdo con cada estado, la Unión Americana de Libertades Civiles, una organización que defiende los derechos individuales, afirma: “No se necesita un permiso para marchar en las calles o aceras, siempre y cuando los manifestantes no obstruyan el tráfico de automóviles o peatones”. En cuanto a la dispersión de una protesta por el uso de la fuerza, se menciona que debe ser un recurso último; sin embargo, la interrupción del tránsito vehicular está considerada un justificativo para tomar esta acción.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.