Tras nuevas concesiones, avanza en Diputados el debate de la ley ómnibus
El oficialismo resignó artículos sobre el impuesto PAIS, pesca y seguridad; pasaron a cuarto intermedio y hoy se votaría en general; la izquierda provocó incidentes en la calle
Delfina Celichini y Laura Serra
DiputadosMartín Menem y los diputados cantan el Himno al inicio de una sesión que rápidamente entró en un clima convulsionado
La Cámara de Diputados avanzó ayer en el debate de la ley ómnibus con una sesión que se extendió durante casi once horas y que será retomada hoy, tras un cuarto intermedio, con la perspectiva de llegar a la aprobación en general. El oficialismo aceptó, ya en pleno debate, retirar nuevos artículos del proyecto original para allanar la aprobación. Después de haber resignado todo el paquete fiscal y el de reforma electoral, ayer eliminó el artículo que explicitaba la vigencia del impuesto PAIS, los puntos que modificaban el régimen de pesca y algunos de los que establecían penalizaciones para la protesta callejera. Con esas concesiones, el Gobierno tendría asegurada la aprobación en general, aunque persisten las dudas para el tratamiento en particular, donde podrían modificarse los artículos referidos a facultades delegadas y privatizaciones.
Mientras se desarrollaba la sesión, grupos de izquierda protestaron en los alrededores del Congreso y provocaron incidentes al enfrentar a la policía.
De los 664 artículos del proyecto original de “Ley de bases”, menos de la mitad quedaron en pie en el dictamen que comenzó a debatirse ayer en la Cámara de Diputados. El desmalezamiento de la gigantesca iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo se dio en el marco de intensas negociaciones con un centenar de diputados dialoguistas de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación, que condicionaron su apoyo a la ley en la votación en general a la realización de modificaciones concretas. Sin embargo, en pleno debate se sumaron otros cambios y supresiones que sorprendieron tanto a opositores como a aliados e impedían, al cierre de esta edición, precisar el articulado definitivo.
Los cambios fueron leídos en el inicio de la sesión por el secretario parlamentario, Tomás Figueroa. Tal como anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes pasado, el oficialismo confirmó la eliminación del paquete fiscal contenido en el proyecto. La quita incluye los artículos referidos a la fórmula de movilidad jubilatoria, que iban a ser rechazados durante el debate. La última propuesta del oficialismo establecía que los haberes jubilatorios se indexaran por el índice de inflación a partir de abril. A la oposición dialoguista no le terminó de cerrar esta modificación, dado que convalidaba una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados: pedían que la actualización se hiciera retroactiva a enero.
También quedó afuera la moratoria tributaria, aduanera y de la seguridad social, así como la modificación al régimen de regularización de activos, más conocido como “blanqueo”. El Gobierno pretendía derivar lo recaudado al Banco Central, mientras que los dialoguistas pretendían que fuera coparticipado. Caputo aseveró que todo el paquete económico “se tratará más adelante”.
En relación con el capítulo que reformaba determinados impuestos internos, se quitó el aumento del 70 al 73% asignado para los cigarrillos, ya sean de producción nacional o importados. “Es inexplicable que saquen esos impuestos para las tabacaleras. No lo entendemos y esperamos que alguien nos lo explique”, bramó el legislador de la Coalición Cívica Juan Manuel López durante su exposición en el recinto.
También se eliminó la suba de los derechos de exportación al complejo cerealero y cárnico, lo que generaba rechazo en todos los bloques dialoguistas, incluso Pro. El aumento de las retenciones, se sabía, iba a ser rechazado de plano en el recinto. El oficialismo ya había eliminado las subas para unos 35 productos de las economías regionales.
La última polémica
Se eliminó el artículo referido a la prórroga del impuesto PAIS: el texto original aclaraba que su vigencia era por cinco períodos fiscales desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de diciembre de 2024. Los gobernadores de la oposición dialoguista le reclamaron al ministro del Interior, Guillermo Francos, que ese tributo debería ser coparticipado en al menos un 30% con las provincias. El Gobierno finalmente decidió retirar el artículo, pero el bloque Hacemos, que representa a siete gobernadores, anticipó que intentará forzar la reimplantación de este artículo con la debida coparticipación durante la discusión en particular.
Tras una serie de reclamos del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el Gobierno decidió remover de plano los cambios en el Régimen Federal de Pesca. Los tres puntos que inquietaron a los líderes territoriales tenían que ver con los cupos de pesca, la supresión de la obligatoriedad de la descarga en puertos argentinos y la eliminación de la obligación de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina.
El oficialismo también accedió a eliminar la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS) al Tesoro. Se trata de las acciones que este organismo tiene en empresas privadas, calculadas en US$5700 millones. Con la eliminación, también se echa por tierra la posibilidad de que esos activos puedan ser liquidados.
Quedó afuera el artículo que facultaba al Poder Ejecutivo a modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, entre los que se encuentra el destinado a financiar el consumo de los residentes de zonas frías. Los mandatarios patagónicos se opusieron a esta propuesta.
Marcha atrás en Seguridad
La poda también alcanzó las facultades especiales que demandaba la ministra Patricia Bullrich. En particular, artículos claves que modificaban el Código Penal, como la suba de las multas para los organizadores de manifestaciones callejeras que obstruyan la circulación del transporte. Lo mismo con la tipificación del “organizador o coordinador de una reunión o manifestación”, que se aplicaba para quienes convocaran a protestas, suministraran apoyo material o logístico o tomara asistencia en una manifestación.
Mismo destino tuvieron el artículo que definía como “manifestación” a una reunión “de 30 personas o más” en la vía pública y el que obligaba a notificar, con la mayor antelación posible, toda protesta espontánea.
Se eliminaron 10 artículos que modificaban el Código Civil y Comercial, entre ellos lo referido al pacto de preferencia, las franquicias, el plazo máximo en los contratos de suministro; el preaviso en los contratos de agencia por tiempo indeterminado y el plazo de contrato de concesión.
Fueron quitados los artículos referidos al financiamiento de los partidos políticos, los aportes privados y su rendición judicial.
Finalmente, el oficialismo accedió a eliminar las modificaciones en la ley de protección de bosques: puntualmente, el artículo que suprimía las partidas presupuestarias fijas y las dejaba a discreción del Gobierno.
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El oficialismo encarriló una sesión difícil con aporte aliado
Logró el quorum y sorteó un pedido del kirchnerismo de volver a comisión; tendría los votos e intentará llegar hoy a votar en general
La Cámara de Diputados avanzó ayer en el debate de la ley ómnibus con una sesión que se extendió durante casi once horas y que será retomada hoy, tras un cuarto intermedio, con la perspectiva de llegar a la aprobación en general. El oficialismo aceptó, ya en pleno debate, retirar nuevos artículos del proyecto original para allanar la aprobación. Después de haber resignado todo el paquete fiscal y el de reforma electoral, ayer eliminó el artículo que explicitaba la vigencia del impuesto PAIS, los puntos que modificaban el régimen de pesca y algunos de los que establecían penalizaciones para la protesta callejera. Con esas concesiones, el Gobierno tendría asegurada la aprobación en general, aunque persisten las dudas para el tratamiento en particular, donde podrían modificarse los artículos referidos a facultades delegadas y privatizaciones.
Mientras se desarrollaba la sesión, grupos de izquierda protestaron en los alrededores del Congreso y provocaron incidentes al enfrentar a la policía.
De los 664 artículos del proyecto original de “Ley de bases”, menos de la mitad quedaron en pie en el dictamen que comenzó a debatirse ayer en la Cámara de Diputados. El desmalezamiento de la gigantesca iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo se dio en el marco de intensas negociaciones con un centenar de diputados dialoguistas de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación, que condicionaron su apoyo a la ley en la votación en general a la realización de modificaciones concretas. Sin embargo, en pleno debate se sumaron otros cambios y supresiones que sorprendieron tanto a opositores como a aliados e impedían, al cierre de esta edición, precisar el articulado definitivo.
Los cambios fueron leídos en el inicio de la sesión por el secretario parlamentario, Tomás Figueroa. Tal como anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, el viernes pasado, el oficialismo confirmó la eliminación del paquete fiscal contenido en el proyecto. La quita incluye los artículos referidos a la fórmula de movilidad jubilatoria, que iban a ser rechazados durante el debate. La última propuesta del oficialismo establecía que los haberes jubilatorios se indexaran por el índice de inflación a partir de abril. A la oposición dialoguista no le terminó de cerrar esta modificación, dado que convalidaba una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados: pedían que la actualización se hiciera retroactiva a enero.
También quedó afuera la moratoria tributaria, aduanera y de la seguridad social, así como la modificación al régimen de regularización de activos, más conocido como “blanqueo”. El Gobierno pretendía derivar lo recaudado al Banco Central, mientras que los dialoguistas pretendían que fuera coparticipado. Caputo aseveró que todo el paquete económico “se tratará más adelante”.
En relación con el capítulo que reformaba determinados impuestos internos, se quitó el aumento del 70 al 73% asignado para los cigarrillos, ya sean de producción nacional o importados. “Es inexplicable que saquen esos impuestos para las tabacaleras. No lo entendemos y esperamos que alguien nos lo explique”, bramó el legislador de la Coalición Cívica Juan Manuel López durante su exposición en el recinto.
También se eliminó la suba de los derechos de exportación al complejo cerealero y cárnico, lo que generaba rechazo en todos los bloques dialoguistas, incluso Pro. El aumento de las retenciones, se sabía, iba a ser rechazado de plano en el recinto. El oficialismo ya había eliminado las subas para unos 35 productos de las economías regionales.
La última polémica
Se eliminó el artículo referido a la prórroga del impuesto PAIS: el texto original aclaraba que su vigencia era por cinco períodos fiscales desde el 23 de diciembre de 2019 y hasta el 22 de diciembre de 2024. Los gobernadores de la oposición dialoguista le reclamaron al ministro del Interior, Guillermo Francos, que ese tributo debería ser coparticipado en al menos un 30% con las provincias. El Gobierno finalmente decidió retirar el artículo, pero el bloque Hacemos, que representa a siete gobernadores, anticipó que intentará forzar la reimplantación de este artículo con la debida coparticipación durante la discusión en particular.
Tras una serie de reclamos del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el Gobierno decidió remover de plano los cambios en el Régimen Federal de Pesca. Los tres puntos que inquietaron a los líderes territoriales tenían que ver con los cupos de pesca, la supresión de la obligatoriedad de la descarga en puertos argentinos y la eliminación de la obligación de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina.
El oficialismo también accedió a eliminar la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS) al Tesoro. Se trata de las acciones que este organismo tiene en empresas privadas, calculadas en US$5700 millones. Con la eliminación, también se echa por tierra la posibilidad de que esos activos puedan ser liquidados.
Quedó afuera el artículo que facultaba al Poder Ejecutivo a modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, entre los que se encuentra el destinado a financiar el consumo de los residentes de zonas frías. Los mandatarios patagónicos se opusieron a esta propuesta.
Marcha atrás en Seguridad
La poda también alcanzó las facultades especiales que demandaba la ministra Patricia Bullrich. En particular, artículos claves que modificaban el Código Penal, como la suba de las multas para los organizadores de manifestaciones callejeras que obstruyan la circulación del transporte. Lo mismo con la tipificación del “organizador o coordinador de una reunión o manifestación”, que se aplicaba para quienes convocaran a protestas, suministraran apoyo material o logístico o tomara asistencia en una manifestación.
Mismo destino tuvieron el artículo que definía como “manifestación” a una reunión “de 30 personas o más” en la vía pública y el que obligaba a notificar, con la mayor antelación posible, toda protesta espontánea.
Se eliminaron 10 artículos que modificaban el Código Civil y Comercial, entre ellos lo referido al pacto de preferencia, las franquicias, el plazo máximo en los contratos de suministro; el preaviso en los contratos de agencia por tiempo indeterminado y el plazo de contrato de concesión.
Fueron quitados los artículos referidos al financiamiento de los partidos políticos, los aportes privados y su rendición judicial.
Finalmente, el oficialismo accedió a eliminar las modificaciones en la ley de protección de bosques: puntualmente, el artículo que suprimía las partidas presupuestarias fijas y las dejaba a discreción del Gobierno.
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El oficialismo encarriló una sesión difícil con aporte aliado
Logró el quorum y sorteó un pedido del kirchnerismo de volver a comisión; tendría los votos e intentará llegar hoy a votar en general
Delfina Celichini
Martínez lideró el rechazo al proyecto
Apoco más de un mes del ingreso del proyecto de “Ley de bases”, y tras una seguidilla de semanas de intensas negociaciones con la oposición dialoguista, ayer se comenzó a definir la suerte de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei. El quorum de la sesión se garantizó alrededor de las 10.30 gracias al aporte de los bloques aliados –UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación–, además de los tres diputados nacionales que conforman la bancada Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, del PJ. La sesión comenzó con 134 legisladores presentes sobre los 257.
A pesar de que diputados de diversos bloques de la oposición dialoguista cuestionaron fracciones del texto impulsado por el Ejecutivo, se espera que la mayoría dé su aval para que el oficialismo logre su aprobación en general. Eso podría sucedería recién hoy, cuando se retome la sesión a las 12, ya que se calculan 35 horas de debate. La cantidad de oradores anotados, sin embargo, podría extender esa primera votación hasta mañana.
Los 100 legisladores kirchneristas, agrupados en el bloque Unión por la Patria, y los cinco del Frente de Izquierda y los Trabajadores se encaminan a un rechazo total.
A pesar de este apoyo, el Gobierno podría sufrir un serio revés durante el debate en particular de algunos de sus artículos claves, entre ellos los referidos a las privatizaciones de empresas públicas. Tanto el radicalismo como Hacemos Coalición Federal ponen reparos con la venta de determinadas compañías que consideran de un valor estratégico nacional, así como en el procedimiento pautado para ello, que valoran poco transparente.
Otro foco de conflicto aún no saldado es el de las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo pretende arrogarse por un año, con la posibilidad de ser prorrogado por otro año más. Si bien el oficialismo accedió a reducir el número de emergencias a ser declaradas durante este período, una veintena de diputados de distintos bloques opositores –sin considerar al kirchnerismo y a la izquierda– insisten en su negativa a ceder atribuciones especiales al Poder Ejecutivo.
Uno de esos bloques es la Coalición Cívica. Con un encendido discurso, la legisladora Paula Oliveto Lago adelantó que si bien su espacio acompañará “con muchas reservas” la “Ley de bases” aclaró que plantearán modificaciones y disidencia en muchos artículos y que no avalarán la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo. “Porque la CC no dejó sus convicciones en la puerta de este Congreso”, señaló.
Otro foco de conflicto es el destino del impuesto PAIS. La bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto, con lazos concretos con siete gobernadores, insistirá en reincorporar el artículo que el oficialismo había eliminado del dictamen, el cual aclaraba que la vigencia de este artículo se extiende hasta diciembre de 2024. Los legisladores de Hacemos Coalición Federal insistirán en que su recaudación se coparticipe en un 30% a las provincias.
“No vamos a permitir que el único ajuste que se hace se haga a espaldas de las provincias y municipios –planteó Nicolás Massot–. No puede ser que la única idea (del Gobierno) sea no transferir recursos a las provincias, como el Fondo de Incentivo Docente o recursos para obras públicas. Que se aumenten dos impuestos (retenciones y el impuesto PAIS) que encima no se coparticipan es una avivada difícil de dejar pasar. No tenemos por qué tolerar que el único esfuerzo fiscal sea a costa de las provincias”.
Después de obtener el quorum que habilitó el inicio de la sesión, y seguido de una serie de homenajes y cuestiones de privilegio, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó –a través de una moción de orden– que el proyecto del Ejecutivo volviera a trabajarse en comisiones y se postergara su tratamiento en el recinto. Tras denunciar “oscurantismo” en el proceso que llevó a la emisión del dictamen, el diputado kirchnerista repasó las idas y venidas en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, y cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del cerebro de la iniciativa, Federico Sturzenegger, durante las reuniones informativas .
Esta fue la primera prueba de fuego del oficialismo, quien fue auxiliado por los bloques aliados para defender la continuidad de la sesión y evitar el plan de barajar y dar de nuevo del kirchnerismo. Finalmente, por 149 votos en contra y solo 103 a favor, se rechazó el pedido de Martínez y se siguió con el debate.
Emilio Monzó, de Hacemos Coalición Federal, anticipó la primera afrenta del kirchnerismo y advirtió al secretario parlamentario, Tomás Figueroa, sobre cómo proceder ante esta primera estrategia opositora. Atento a esta jugada, el expresidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri solicitó al oficialismo “ordenar la discusión” en el recinto para evitar sorpresas ante este tipo de situaciones.
Su compañero de bloque, Miguel Ángel Pichetto, pidió la palabra y defendió el tratamiento del proyecto de ley. “Ayer en Labor Parlamentaria validaron este procedimiento y nosotros rechazamos que vuelva a comisión”, señaló al diputado Martínez. Lo secundó el jefe de bloque Pro, Cristian Ritondo: “Ratificamos lo que se acordó ayer y el pedido de Pichetto”, sentenció.
Como parte de la dinámica legislativa, la sesión comenzó con una serie de homenajes así como con el tratamiento de 22 cuestiones de privilegio, es decir, expresiones públicas que los diputados solicitaron emitir en el recinto durante la reunión de Labor Parlamentaria.
Durante este momento inicial se gestó el primer contrapunto que demoró la discusión y sembró tensión entre los legisladores. Cuando le tocó el turno de exponer a Myriam Bregman (FIT-CABA), un hombre acodado a una de las gradas insultó a la diputada, quien automáticamente solicitó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que ordenara la sesión. El individuo fue identificado como Tomás Agote y se lo referenció con un grupo de empresarios pymes agrupados en el comité PEP. Si bien en esta agrupación admitieron conocerlo, dijeron que Agote se “coló” y no venía con ellos
Otra situación que generó chispazos fue la presencia de Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo Revolución Federal, quien estuvo preso por instigación a la violencia cuando intentaron asesinar a la expresidenta Cristina Kirchner.
La primera jornada de debate de la ley concluyó poco después de las 21.30. En base a un acuerdo previo para no sesionar de madrugada y “de espaldas al pueblo”, oficialistas y dialoguistas votaron un cuarto intermedio, ante la airada queja de Martínez y el riojano Sergio Casas (UP). En auxilio de Menem, Pichetto reclamó que nadie se levantara y advirtió que era necesaria una última votación reglamentaria, que se aprobó entre oficialistas y dialoguistas, con apuro y a mano alzada.
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Un trámite legislativo teñido de incertidumbre
Laura Serra
Por obra y gracia del propio Gobierno, la ambiciosa “Ley de bases” con la que Javier Milei pretende sentar nuevos pilares fundacionales en materia económica, política, social y cultural que echen por tierra las que cimentó el kirchnerismo quedó en buena parte convertida en letra muerta. En lugar de agotar las negociaciones con la oposición dialoguista, optó por retirar la totalidad del paquete fiscal de la iniciativa –el corazón que la hacía latir– y corre el riesgo de perder, durante la discusión en particular del texto, los pocos artículos claves que todavía quedan en pie.
Revocado el paquete fiscal, las facultades delegadas constituyen ahora el alma del proyecto. El oficialismo se prepara para defenderlas a capa y espada no solo frente al kirchnerismo, sino también ante un número aún indefinido de diputados “dialoguistas” que ayer amenazaban con no concedérselas. Las presiones subterráneas para quebrar voluntades estaban anoche al rojo vivo. Los oficialistas contabilizaban 149 votos seguros para aprobar en general el proyecto, pero de ellos una veintena podrían defeccionar cuando, en la votación en particular, se aborde ese artículo.
Quienes ya anticiparon su negativa provienen del bloque que conduce Miguel Pichetto. Los seis diputados de la Coalición Cívica llevan la voz cantante, a los que se suman los socialistas y un grupo de radicales encabezado por Facundo Manes. Podrían sumarse la cordobesa Natalia de la Sota y Margarita Stolbizer, de GEN. Oficialismo y oposición hacen sus números: están muy justos.
“No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias, que nadie se confunda”, avisó Manes.
El proyecto le concede al Poder Ejecutivo atribuciones legislativas para resolver, sin aval del Congreso, en una diversidad de materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Todo esto por el plazo de un año con la posibilidad de ser prorrogado por otro más. En rigor, el Gobierno pretendía en el texto original contar con facultades mucho más amplias y por cuatro años. Los dialoguistas pusieron límites y el Gobierno se vio obligado a recular. Tal vez este capítulo termine más deshilachado de lo que esperaba el Presidente.
Las privatizaciones constituyen otro capítulo que le da razón de ser al proyecto de carácter fundacional que le infunde Milei. Sin embargo, el bloque libertario –con 41 voluntades– solo cuenta con el apoyo de Pro para que se apruebe sin modificaciones. Ergo, no tiene los votos para declarar sujetas a privatización las 36 empresas públicas y sociedades del Estado que el Gobierno incluyó en el anexo del proyecto.
En efecto, tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal insisten en modificar este artículo: no están de acuerdo con aprobar in totum el listado de empresas públicas que propone el oficialismo y, por el contrario, insisten en la necesidad de establecer algún mecanismo de control y participación activa del Congreso en los procesos de privatización. La experiencia menemista todavía está fresca en los opositores.
El riesgo que corre el oficialismo es que el bloque de Unión por la Patria finalmente le gane la pulseada en la votación en particular de estos artículos. En efecto, si el artículo resulta rechazado y la nueva redacción propuesta por la UCR y Hacemos Coalición Federal tampoco reúne la mayoría, imperará el rechazo que propician los kirchneristas.
“La decisión es del oficialismo. Le corresponde al Gobierno ofrecer una nueva redacción que alcance la mayoría de los votos. Mientras tanto el reloj corre: la sesión ya empezó”, advierten en la bancada que conduce Pichetto. La discusión se dirimirá mañana, durante el debate en particular de los artículos del proyecto.
El destino del impuesto PAIS es otro de los puntos que aún generan fricción. Los gobernadores de la oposición dialoguista todavía rumian su malestar por la actitud de Milei de haberlos ninguneado cuando plantearon que la recaudación del tributo se destine en un 30% entre las provincias. No es una cuestión menor: el impuesto PAIS se ubica tercero en el ranking de recaudación nacional.
Ante el malestar de los gobernadores, el oficialismo eliminó del dictamen el artículo que confirmaba su vigencia hasta diciembre de 2024. Adujo que esta cuestión se discutirá más adelante, junto al paquete fiscal. Sin embargo, algunos gobernadores, entre ellos el cordobés, Martín Llaryora, insisten en reinstalar la discusión en el recinto para que lo producido por ese impuesto sea coparticipado.
“Vamos a insistir en dar esa discusión”, confirmaron fuentes cercanas al mandatario cordobés, cuyos diputados abrevan en el bloque de Pichetto. Con 23 diputados, anticiparon que acompañarán a los cordobeses. Según pudo saber la nacion, hay conversaciones con el bloque de Unión por la Patria, con 100 diputados, para intentar llegar a una mayoría a la hora de la votación.
Los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera también prometen una fuerte discusión en el recinto. El dictamen propone derogar el artículo 1º de la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, el cual establece que el presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respecto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Todos los bloques, salvo Pro, cuestionarán que se echen por tierra estos límites.
Si el oficialismo pierde estos artículos, o bien resultan recortados en cuanto a sus alcances, la oposición habrá ganado en la batalla por imponerle límites al flamante gobierno libertario.
Apoco más de un mes del ingreso del proyecto de “Ley de bases”, y tras una seguidilla de semanas de intensas negociaciones con la oposición dialoguista, ayer se comenzó a definir la suerte de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei. El quorum de la sesión se garantizó alrededor de las 10.30 gracias al aporte de los bloques aliados –UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación–, además de los tres diputados nacionales que conforman la bancada Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, del PJ. La sesión comenzó con 134 legisladores presentes sobre los 257.
A pesar de que diputados de diversos bloques de la oposición dialoguista cuestionaron fracciones del texto impulsado por el Ejecutivo, se espera que la mayoría dé su aval para que el oficialismo logre su aprobación en general. Eso podría sucedería recién hoy, cuando se retome la sesión a las 12, ya que se calculan 35 horas de debate. La cantidad de oradores anotados, sin embargo, podría extender esa primera votación hasta mañana.
Los 100 legisladores kirchneristas, agrupados en el bloque Unión por la Patria, y los cinco del Frente de Izquierda y los Trabajadores se encaminan a un rechazo total.
A pesar de este apoyo, el Gobierno podría sufrir un serio revés durante el debate en particular de algunos de sus artículos claves, entre ellos los referidos a las privatizaciones de empresas públicas. Tanto el radicalismo como Hacemos Coalición Federal ponen reparos con la venta de determinadas compañías que consideran de un valor estratégico nacional, así como en el procedimiento pautado para ello, que valoran poco transparente.
Otro foco de conflicto aún no saldado es el de las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo pretende arrogarse por un año, con la posibilidad de ser prorrogado por otro año más. Si bien el oficialismo accedió a reducir el número de emergencias a ser declaradas durante este período, una veintena de diputados de distintos bloques opositores –sin considerar al kirchnerismo y a la izquierda– insisten en su negativa a ceder atribuciones especiales al Poder Ejecutivo.
Uno de esos bloques es la Coalición Cívica. Con un encendido discurso, la legisladora Paula Oliveto Lago adelantó que si bien su espacio acompañará “con muchas reservas” la “Ley de bases” aclaró que plantearán modificaciones y disidencia en muchos artículos y que no avalarán la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo. “Porque la CC no dejó sus convicciones en la puerta de este Congreso”, señaló.
Otro foco de conflicto es el destino del impuesto PAIS. La bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto, con lazos concretos con siete gobernadores, insistirá en reincorporar el artículo que el oficialismo había eliminado del dictamen, el cual aclaraba que la vigencia de este artículo se extiende hasta diciembre de 2024. Los legisladores de Hacemos Coalición Federal insistirán en que su recaudación se coparticipe en un 30% a las provincias.
“No vamos a permitir que el único ajuste que se hace se haga a espaldas de las provincias y municipios –planteó Nicolás Massot–. No puede ser que la única idea (del Gobierno) sea no transferir recursos a las provincias, como el Fondo de Incentivo Docente o recursos para obras públicas. Que se aumenten dos impuestos (retenciones y el impuesto PAIS) que encima no se coparticipan es una avivada difícil de dejar pasar. No tenemos por qué tolerar que el único esfuerzo fiscal sea a costa de las provincias”.
Después de obtener el quorum que habilitó el inicio de la sesión, y seguido de una serie de homenajes y cuestiones de privilegio, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó –a través de una moción de orden– que el proyecto del Ejecutivo volviera a trabajarse en comisiones y se postergara su tratamiento en el recinto. Tras denunciar “oscurantismo” en el proceso que llevó a la emisión del dictamen, el diputado kirchnerista repasó las idas y venidas en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, y cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del cerebro de la iniciativa, Federico Sturzenegger, durante las reuniones informativas .
Esta fue la primera prueba de fuego del oficialismo, quien fue auxiliado por los bloques aliados para defender la continuidad de la sesión y evitar el plan de barajar y dar de nuevo del kirchnerismo. Finalmente, por 149 votos en contra y solo 103 a favor, se rechazó el pedido de Martínez y se siguió con el debate.
Emilio Monzó, de Hacemos Coalición Federal, anticipó la primera afrenta del kirchnerismo y advirtió al secretario parlamentario, Tomás Figueroa, sobre cómo proceder ante esta primera estrategia opositora. Atento a esta jugada, el expresidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri solicitó al oficialismo “ordenar la discusión” en el recinto para evitar sorpresas ante este tipo de situaciones.
Su compañero de bloque, Miguel Ángel Pichetto, pidió la palabra y defendió el tratamiento del proyecto de ley. “Ayer en Labor Parlamentaria validaron este procedimiento y nosotros rechazamos que vuelva a comisión”, señaló al diputado Martínez. Lo secundó el jefe de bloque Pro, Cristian Ritondo: “Ratificamos lo que se acordó ayer y el pedido de Pichetto”, sentenció.
Como parte de la dinámica legislativa, la sesión comenzó con una serie de homenajes así como con el tratamiento de 22 cuestiones de privilegio, es decir, expresiones públicas que los diputados solicitaron emitir en el recinto durante la reunión de Labor Parlamentaria.
Durante este momento inicial se gestó el primer contrapunto que demoró la discusión y sembró tensión entre los legisladores. Cuando le tocó el turno de exponer a Myriam Bregman (FIT-CABA), un hombre acodado a una de las gradas insultó a la diputada, quien automáticamente solicitó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que ordenara la sesión. El individuo fue identificado como Tomás Agote y se lo referenció con un grupo de empresarios pymes agrupados en el comité PEP. Si bien en esta agrupación admitieron conocerlo, dijeron que Agote se “coló” y no venía con ellos
Otra situación que generó chispazos fue la presencia de Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo Revolución Federal, quien estuvo preso por instigación a la violencia cuando intentaron asesinar a la expresidenta Cristina Kirchner.
La primera jornada de debate de la ley concluyó poco después de las 21.30. En base a un acuerdo previo para no sesionar de madrugada y “de espaldas al pueblo”, oficialistas y dialoguistas votaron un cuarto intermedio, ante la airada queja de Martínez y el riojano Sergio Casas (UP). En auxilio de Menem, Pichetto reclamó que nadie se levantara y advirtió que era necesaria una última votación reglamentaria, que se aprobó entre oficialistas y dialoguistas, con apuro y a mano alzada.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Un trámite legislativo teñido de incertidumbre
Laura Serra
Por obra y gracia del propio Gobierno, la ambiciosa “Ley de bases” con la que Javier Milei pretende sentar nuevos pilares fundacionales en materia económica, política, social y cultural que echen por tierra las que cimentó el kirchnerismo quedó en buena parte convertida en letra muerta. En lugar de agotar las negociaciones con la oposición dialoguista, optó por retirar la totalidad del paquete fiscal de la iniciativa –el corazón que la hacía latir– y corre el riesgo de perder, durante la discusión en particular del texto, los pocos artículos claves que todavía quedan en pie.
Revocado el paquete fiscal, las facultades delegadas constituyen ahora el alma del proyecto. El oficialismo se prepara para defenderlas a capa y espada no solo frente al kirchnerismo, sino también ante un número aún indefinido de diputados “dialoguistas” que ayer amenazaban con no concedérselas. Las presiones subterráneas para quebrar voluntades estaban anoche al rojo vivo. Los oficialistas contabilizaban 149 votos seguros para aprobar en general el proyecto, pero de ellos una veintena podrían defeccionar cuando, en la votación en particular, se aborde ese artículo.
Quienes ya anticiparon su negativa provienen del bloque que conduce Miguel Pichetto. Los seis diputados de la Coalición Cívica llevan la voz cantante, a los que se suman los socialistas y un grupo de radicales encabezado por Facundo Manes. Podrían sumarse la cordobesa Natalia de la Sota y Margarita Stolbizer, de GEN. Oficialismo y oposición hacen sus números: están muy justos.
“No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias, que nadie se confunda”, avisó Manes.
El proyecto le concede al Poder Ejecutivo atribuciones legislativas para resolver, sin aval del Congreso, en una diversidad de materias: económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Todo esto por el plazo de un año con la posibilidad de ser prorrogado por otro más. En rigor, el Gobierno pretendía en el texto original contar con facultades mucho más amplias y por cuatro años. Los dialoguistas pusieron límites y el Gobierno se vio obligado a recular. Tal vez este capítulo termine más deshilachado de lo que esperaba el Presidente.
Las privatizaciones constituyen otro capítulo que le da razón de ser al proyecto de carácter fundacional que le infunde Milei. Sin embargo, el bloque libertario –con 41 voluntades– solo cuenta con el apoyo de Pro para que se apruebe sin modificaciones. Ergo, no tiene los votos para declarar sujetas a privatización las 36 empresas públicas y sociedades del Estado que el Gobierno incluyó en el anexo del proyecto.
En efecto, tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal insisten en modificar este artículo: no están de acuerdo con aprobar in totum el listado de empresas públicas que propone el oficialismo y, por el contrario, insisten en la necesidad de establecer algún mecanismo de control y participación activa del Congreso en los procesos de privatización. La experiencia menemista todavía está fresca en los opositores.
El riesgo que corre el oficialismo es que el bloque de Unión por la Patria finalmente le gane la pulseada en la votación en particular de estos artículos. En efecto, si el artículo resulta rechazado y la nueva redacción propuesta por la UCR y Hacemos Coalición Federal tampoco reúne la mayoría, imperará el rechazo que propician los kirchneristas.
“La decisión es del oficialismo. Le corresponde al Gobierno ofrecer una nueva redacción que alcance la mayoría de los votos. Mientras tanto el reloj corre: la sesión ya empezó”, advierten en la bancada que conduce Pichetto. La discusión se dirimirá mañana, durante el debate en particular de los artículos del proyecto.
El destino del impuesto PAIS es otro de los puntos que aún generan fricción. Los gobernadores de la oposición dialoguista todavía rumian su malestar por la actitud de Milei de haberlos ninguneado cuando plantearon que la recaudación del tributo se destine en un 30% entre las provincias. No es una cuestión menor: el impuesto PAIS se ubica tercero en el ranking de recaudación nacional.
Ante el malestar de los gobernadores, el oficialismo eliminó del dictamen el artículo que confirmaba su vigencia hasta diciembre de 2024. Adujo que esta cuestión se discutirá más adelante, junto al paquete fiscal. Sin embargo, algunos gobernadores, entre ellos el cordobés, Martín Llaryora, insisten en reinstalar la discusión en el recinto para que lo producido por ese impuesto sea coparticipado.
“Vamos a insistir en dar esa discusión”, confirmaron fuentes cercanas al mandatario cordobés, cuyos diputados abrevan en el bloque de Pichetto. Con 23 diputados, anticiparon que acompañarán a los cordobeses. Según pudo saber la nacion, hay conversaciones con el bloque de Unión por la Patria, con 100 diputados, para intentar llegar a una mayoría a la hora de la votación.
Los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera también prometen una fuerte discusión en el recinto. El dictamen propone derogar el artículo 1º de la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, el cual establece que el presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respecto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Todos los bloques, salvo Pro, cuestionarán que se echen por tierra estos límites.
Si el oficialismo pierde estos artículos, o bien resultan recortados en cuanto a sus alcances, la oposición habrá ganado en la batalla por imponerle límites al flamante gobierno libertario.
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