La transformación de la ley ómnibus
La iniciativa del Gobierno consiguió el viernes su aprobación general en la Cámara de Diputados, con menos de la mitad de su articulado original; qué se descartó tras las negociaciones con la oposición y qué queda aún en pie
Texto Ailén Vila
Los artículos que por ahora se mantienen
El Gobierno llegó a la sesión en Diputados de la semana que pasó con un dictamen de 386 artículos que englobaba la denominada ley ómnibus, lo que significaba 278 menos que el proyecto original presentado en diciembre. Más allá de las modificaciones realizadas, un porcentaje del proyecto sigue siendo el corazón de la iniciativa, como la delegación de facultades, las privatizaciones, los cambios en el financiamiento de la cultura y el medio ambiente. Aunque eso no descarta la posibilidad de que los enfrenten antes de la votación particular que se llevará a cabo el próximo martes en el recinto -el viernes se acordó un cuarto intermedio tras la aprobación general-, que definirá el texto final de la “Ley de Bases” para su tratamiento en el Senado.
Delegación de facultades legislativas
El proyecto original establecía la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, otorgaba la delegación de facultades legislativas por dos años, con la posibilidad de que el Gobierno lo prorrogue por dos años más. Tras las negociaciones, el oficialismo descartó la emergencia social y de defensa. Y antes de la sesión, también dio de baja la fiscal. Aún así, las emergencias restantes no son definitorias, ya que hay algunas que continúan en negociación. También se modificó el plazo de la delegación, que será de un año con posibilidad de prorrogarlo a uno más, pero con el visto bueno del Congreso.
Privatización de empresas públicas
La transferencia de empresas estatales al sector privado es el núcleo de la ley ómnibus, que fue aprobada en general en Diputados. Tras las charlas con el radicalismo y el bloque de Miguel Pichetto, el listado de empresas públicas a privatizar sufrió modificaciones. Inicialmente la lista estaba conformada por 41 empresas y se redujo a 27 por pedido de la oposición dialoguista. Además, YPF fue excluida de la lista, mientras que Arsat, Nucleoeléctrica y el Banco Nación se convertirían en sociedades mixtas. Algo fundamental que reclama la oposición es un mecanismo de control parlamentario que evite que el Ejecutivo tenga la potestad de privatizar a su discreción, lo que se definirá en la votación en particular.
Cultura
Los cambios que propone el gobierno en esta área generaron polémica y hubo modificaciones, pero algunos recibieron el aval parcial, como el tope de egresos del 20% sobre el total de recursos percibidos para el Instituto Nacional de la Música (INA), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Fondo Nacional de las Artes. También se establece una limitación de los subsidios al Incaa.
Hidrocarburos y biocombustibles
La política de hidrocarburos se veía afectada por la ley ómnibus principalmente alrededor del dominio de las provincias sobre sus recursos naturales. Aún así, el Gobierno accedió a modificar los puntos alrededor de las autoridades de aplicación de las provincias. Sobre biocombustibles, los cambios eran sobre los cortes obligatorios. El texto votado en Diputados establece una suba del piso de manera gradual para que llegue a un 15% en el biodiésel y entre un 18% y 27% para el bioetanol.ß
Los ítems que están todavía en negociación
A pesar de tres días de sesión y una oposición dialoguista que pedía al Gobierno que se dejara ayudar, las tratativas continúan alrededor de tres puntos claves de la ley, que parecen ser los de mayor importancia no solo para el oficialismo, sino también para la UCR, Hacemos Coalición Federal y Pro. Estos son la coparticipación del Impuesto PAIS y las atribuciones para tomar deuda externa. Las negociaciones surgen de un contexto de puja constante entre el Poder Ejecutivo, los bloques de la Cámara baja y la presión de los gobernadores que se prolongó durante todo enero y promete continuar en el Senado en febrero.
Impuesto PAIS
Este tributo, que es actualmente el tercero que más recauda después del IVA y las retenciones, sirve para calcular el dólar ahorro, tarjeta y turista y permite que el contribuyente obtenga un reintegro de AFIP, fue objeto de debate durante la sesión de Diputados. Los diputados cordobeses negociaron a pedido del gobernador Martín Llaryora para que se vuelva coparticipable al menos en un 30%. Aún así, las tratativas ya venían desde la reunión de la semana pasada entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los mandatarios provinciales, donde se había hablado de distribuir el tributo entre las provincias. Pero el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la Oficina del Presidente desmintieron tal negociación. La cuestión se mantiene como una incógnita y sobre todo el bloque de Pichetto es el que presiona para conseguir una parte de los $500.000 millones que recauda este impuesto.
Emergencia tarifaria y energética
Aunque ya se acordó la eliminación de la emergencia previsional y sanitaria, por ahora sobreviven la económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa. Aún así, la negociación sigue y el objetivo de la oposición sería reducir la cantidad de delegaciones de las once iniciales a solo seis. En la UCR, Facundo Manes y Pablo Juliano se resistían a otorgar la delegación de facultades y finalmente mostraron su rechazo en la sesión cuando su voto sobre la ley fue negativo, diferenciándose del resto de su bloque. Los diputados patagónicos, mientras tanto, se rehúsan a brindar la emergencia tarifaria y energética por miedo a que se modifique el subsidio energético a las Zonas Frías. Se trata de un asunto por demás sensible para el bolsillo de las familias y las empresas, que puede tener un fuerte impacto en los próximos meses.
Atributos para tomar deuda externa
Se trata de un punto que reclama especialmente el ministro de Economía, Luis Caputo. Salvo Pro, el bloque más cercano a los libertarios, el resto de las bancadas parecen reacias a aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo alrededor de la deuda pública. El proyecto propone la derogación del artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y, por ende, liberar al Ejecutivo de la aprobación del Congreso para tomar deuda. La ley establece un porcentaje máximo para la emisión de deuda externa en el Presupuesto. La mira está puesta, sobre todo, en impedir o limitar la toma de deuda en dólares. Aún así, las tratativas entre el oficialismo y la oposición dialoguista continúan, y el clima puede cambiar según lo que dispongan los actores influyentes, entre los que se encuentran los emisarios del gobierno, los diputados y los gobernadores provinciales.
Los apartados que ya fueron eliminados
Aunque Javier Milei sostenía en su discurso público que no buscaba negociar los puntos centrales de la ley, sus partidarios que encararon el debate en el Congreso tuvieron que hacer algunas concesiones. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el viernes pasado que quitaría el capítulo fiscal de la ley ante la falta de apoyo de los gobernadores y la oposición dialoguista. Allí se encontraban la actualización de la fórmula jubilatoria, la suba de retenciones agropecuarias e industriales, el blanqueo, la moratoria y el adelanto de Bienes Personales. Además, se modificaron artículos de otros capítulos, como el referente a la seguridad.
Actualización jubilatoria
La ley buscaba suspender la fórmula actual y pasar a realizar aumentos periódicos y automáticos por decreto. Aún así, a pesar de los intentos de negociar -la oposición dialoguista llegó a proponer una fórmula alternativa de incrementos mensuales atados a la evolución de la inflación-, el Gobierno no cedió y debió conformarse con mantener la fórmula actual hasta retomar el debate. Esta consiste en un 50% que se rige por el aumento de la recaudación de ANSES y otro 50% por la variación salarial. La fórmula actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses.
El capítulo fiscal
El Gobierno retiró del proyecto su costado recaudatorio. Esto es, el aumento de las retenciones a la soja, el trigo, el maíz y la carne, y también a productos de las economías regionales. Por otra parte, el oficialismo dio de baja un blanqueo de capitales que determinaba la regularización de hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Mientras que la moratoria, también descartada en la ley, planteaba un nuevo régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social donde se condonaban el 50%, 30% y 10% de los intereses resarcitorios y punitorios. También se postergó la modificación del Impuesto a los Bienes Personales a través de la eliminación del diferencial de alícuotas por tener activos en el exterior.
Reforma del sistema electoral
El oficialismo proponía cambios en el financiamiento de partidos -para introducir los aportes de capital privado- y la eliminación de las PASO. También establecía la modificación de las elecciones a diputados nacionales para que sean por circunscripciones uninominales. Todo eso fue retirado.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
El Gobierno eliminó el artículo que declaraba la transferencia de activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses al Tesoro Nacional. Lo hizo cuando los gobernadores le reclamaron que pare de esos fondos le hagan frente a las compensaciones anuales de las cajas jubilatorias de las provincias no transferidas al organismo. Aún así, tras la sesión en Diputados, el Gobierno considera la posibilidad de reincorporarlo para la votación particular.
Manifestaciones
Tras un fuerte debate público, el oficialismo eliminó los artículos que definían una reunión de tres personas como manifestación -que luego incrementó a 30- y agravaban las penas por cortes y bloqueos de la vía pública
Los artículos que por ahora se mantienen
El Gobierno llegó a la sesión en Diputados de la semana que pasó con un dictamen de 386 artículos que englobaba la denominada ley ómnibus, lo que significaba 278 menos que el proyecto original presentado en diciembre. Más allá de las modificaciones realizadas, un porcentaje del proyecto sigue siendo el corazón de la iniciativa, como la delegación de facultades, las privatizaciones, los cambios en el financiamiento de la cultura y el medio ambiente. Aunque eso no descarta la posibilidad de que los enfrenten antes de la votación particular que se llevará a cabo el próximo martes en el recinto -el viernes se acordó un cuarto intermedio tras la aprobación general-, que definirá el texto final de la “Ley de Bases” para su tratamiento en el Senado.
Delegación de facultades legislativas
El proyecto original establecía la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, otorgaba la delegación de facultades legislativas por dos años, con la posibilidad de que el Gobierno lo prorrogue por dos años más. Tras las negociaciones, el oficialismo descartó la emergencia social y de defensa. Y antes de la sesión, también dio de baja la fiscal. Aún así, las emergencias restantes no son definitorias, ya que hay algunas que continúan en negociación. También se modificó el plazo de la delegación, que será de un año con posibilidad de prorrogarlo a uno más, pero con el visto bueno del Congreso.
Privatización de empresas públicas
La transferencia de empresas estatales al sector privado es el núcleo de la ley ómnibus, que fue aprobada en general en Diputados. Tras las charlas con el radicalismo y el bloque de Miguel Pichetto, el listado de empresas públicas a privatizar sufrió modificaciones. Inicialmente la lista estaba conformada por 41 empresas y se redujo a 27 por pedido de la oposición dialoguista. Además, YPF fue excluida de la lista, mientras que Arsat, Nucleoeléctrica y el Banco Nación se convertirían en sociedades mixtas. Algo fundamental que reclama la oposición es un mecanismo de control parlamentario que evite que el Ejecutivo tenga la potestad de privatizar a su discreción, lo que se definirá en la votación en particular.
Cultura
Los cambios que propone el gobierno en esta área generaron polémica y hubo modificaciones, pero algunos recibieron el aval parcial, como el tope de egresos del 20% sobre el total de recursos percibidos para el Instituto Nacional de la Música (INA), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Fondo Nacional de las Artes. También se establece una limitación de los subsidios al Incaa.
Hidrocarburos y biocombustibles
La política de hidrocarburos se veía afectada por la ley ómnibus principalmente alrededor del dominio de las provincias sobre sus recursos naturales. Aún así, el Gobierno accedió a modificar los puntos alrededor de las autoridades de aplicación de las provincias. Sobre biocombustibles, los cambios eran sobre los cortes obligatorios. El texto votado en Diputados establece una suba del piso de manera gradual para que llegue a un 15% en el biodiésel y entre un 18% y 27% para el bioetanol.ß
Los ítems que están todavía en negociación
A pesar de tres días de sesión y una oposición dialoguista que pedía al Gobierno que se dejara ayudar, las tratativas continúan alrededor de tres puntos claves de la ley, que parecen ser los de mayor importancia no solo para el oficialismo, sino también para la UCR, Hacemos Coalición Federal y Pro. Estos son la coparticipación del Impuesto PAIS y las atribuciones para tomar deuda externa. Las negociaciones surgen de un contexto de puja constante entre el Poder Ejecutivo, los bloques de la Cámara baja y la presión de los gobernadores que se prolongó durante todo enero y promete continuar en el Senado en febrero.
Impuesto PAIS
Este tributo, que es actualmente el tercero que más recauda después del IVA y las retenciones, sirve para calcular el dólar ahorro, tarjeta y turista y permite que el contribuyente obtenga un reintegro de AFIP, fue objeto de debate durante la sesión de Diputados. Los diputados cordobeses negociaron a pedido del gobernador Martín Llaryora para que se vuelva coparticipable al menos en un 30%. Aún así, las tratativas ya venían desde la reunión de la semana pasada entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los mandatarios provinciales, donde se había hablado de distribuir el tributo entre las provincias. Pero el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la Oficina del Presidente desmintieron tal negociación. La cuestión se mantiene como una incógnita y sobre todo el bloque de Pichetto es el que presiona para conseguir una parte de los $500.000 millones que recauda este impuesto.
Emergencia tarifaria y energética
Aunque ya se acordó la eliminación de la emergencia previsional y sanitaria, por ahora sobreviven la económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa. Aún así, la negociación sigue y el objetivo de la oposición sería reducir la cantidad de delegaciones de las once iniciales a solo seis. En la UCR, Facundo Manes y Pablo Juliano se resistían a otorgar la delegación de facultades y finalmente mostraron su rechazo en la sesión cuando su voto sobre la ley fue negativo, diferenciándose del resto de su bloque. Los diputados patagónicos, mientras tanto, se rehúsan a brindar la emergencia tarifaria y energética por miedo a que se modifique el subsidio energético a las Zonas Frías. Se trata de un asunto por demás sensible para el bolsillo de las familias y las empresas, que puede tener un fuerte impacto en los próximos meses.
Atributos para tomar deuda externa
Se trata de un punto que reclama especialmente el ministro de Economía, Luis Caputo. Salvo Pro, el bloque más cercano a los libertarios, el resto de las bancadas parecen reacias a aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo alrededor de la deuda pública. El proyecto propone la derogación del artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y, por ende, liberar al Ejecutivo de la aprobación del Congreso para tomar deuda. La ley establece un porcentaje máximo para la emisión de deuda externa en el Presupuesto. La mira está puesta, sobre todo, en impedir o limitar la toma de deuda en dólares. Aún así, las tratativas entre el oficialismo y la oposición dialoguista continúan, y el clima puede cambiar según lo que dispongan los actores influyentes, entre los que se encuentran los emisarios del gobierno, los diputados y los gobernadores provinciales.
Los apartados que ya fueron eliminados
Aunque Javier Milei sostenía en su discurso público que no buscaba negociar los puntos centrales de la ley, sus partidarios que encararon el debate en el Congreso tuvieron que hacer algunas concesiones. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el viernes pasado que quitaría el capítulo fiscal de la ley ante la falta de apoyo de los gobernadores y la oposición dialoguista. Allí se encontraban la actualización de la fórmula jubilatoria, la suba de retenciones agropecuarias e industriales, el blanqueo, la moratoria y el adelanto de Bienes Personales. Además, se modificaron artículos de otros capítulos, como el referente a la seguridad.
Actualización jubilatoria
La ley buscaba suspender la fórmula actual y pasar a realizar aumentos periódicos y automáticos por decreto. Aún así, a pesar de los intentos de negociar -la oposición dialoguista llegó a proponer una fórmula alternativa de incrementos mensuales atados a la evolución de la inflación-, el Gobierno no cedió y debió conformarse con mantener la fórmula actual hasta retomar el debate. Esta consiste en un 50% que se rige por el aumento de la recaudación de ANSES y otro 50% por la variación salarial. La fórmula actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses.
El capítulo fiscal
El Gobierno retiró del proyecto su costado recaudatorio. Esto es, el aumento de las retenciones a la soja, el trigo, el maíz y la carne, y también a productos de las economías regionales. Por otra parte, el oficialismo dio de baja un blanqueo de capitales que determinaba la regularización de hasta US$100.000 en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar impuestos. Mientras que la moratoria, también descartada en la ley, planteaba un nuevo régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social donde se condonaban el 50%, 30% y 10% de los intereses resarcitorios y punitorios. También se postergó la modificación del Impuesto a los Bienes Personales a través de la eliminación del diferencial de alícuotas por tener activos en el exterior.
Reforma del sistema electoral
El oficialismo proponía cambios en el financiamiento de partidos -para introducir los aportes de capital privado- y la eliminación de las PASO. También establecía la modificación de las elecciones a diputados nacionales para que sean por circunscripciones uninominales. Todo eso fue retirado.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
El Gobierno eliminó el artículo que declaraba la transferencia de activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses al Tesoro Nacional. Lo hizo cuando los gobernadores le reclamaron que pare de esos fondos le hagan frente a las compensaciones anuales de las cajas jubilatorias de las provincias no transferidas al organismo. Aún así, tras la sesión en Diputados, el Gobierno considera la posibilidad de reincorporarlo para la votación particular.
Manifestaciones
Tras un fuerte debate público, el oficialismo eliminó los artículos que definían una reunión de tres personas como manifestación -que luego incrementó a 30- y agravaban las penas por cortes y bloqueos de la vía pública
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Dos exfuncionarios de Macri van al BID y el Banco Mundial
Se trata de Miguel Braun y Daniel Pierini; ambos estuvieron con el expresidente
Rafael Mathus Ruiz
WASHINGTON.– Miguel Braun, exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, ocupará la silla de la Argentina en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mismo cargo que tuvo el actual ministro del Interior, Guillermo Francos, en el gobierno de Alberto Fernández. Además de la designación de Braun, Daniel Pierini volverá al directorio del Banco Mundial, según pudo confirmar en Washington.
Pierini ya ocupó ese cargo, también durante la administración macrista. Ambos funcionarios se suman a Leonardo Madcur en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar la representación del gobierno de Javier Milei ante los organismos internacionales, sostenes de la Argentina en el complejo camino de estabilización de la economía.
El tridente integrado por Braun, Madcur y Pierini operará bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo, en coordinación con el futuro embajador de Milei en Washington, Gerardo Werthein. Además, se espera la llegada de Sonia Cavallo, hija de Domingo Cavallo, para asumir la representación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Economista forjado en la Universidad de San Andrés y en Harvard, Braun, de 50 años, ya se encontraba viviendo desde hace tiempo en Washington, donde se desempeñaba como consultor para el BID. Fue uno de los miembros del equipo económico de Macri, donde trabajó junto con Caputo, el exministro de Economía Nicolás Dujovne y Francisco Cabrera en el Ministerio de la Producción. Su primer cargo fue secretario de Comercio, en el desaparecido Ministerio de Producción, y luego asumió como secretario de Política Económica, en el entonces Ministerio de Hacienda.
En el gobierno de Macri, Braun estuvo involucrado en las negociaciones comerciales por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y también en las disputas con el gobierno de Donald Trump por las tarifas al acero, el aluminio y el biodiésel. Luego, ya durante la gestión de Dujovne, Braun integró el equipo que llevó la negociación con el Fondo por el préstamo de 57.000 millones de dólares con el cual el macrismo intentó preservar el “gradualismo”.
A su vez, Pierini regresará al directorio del Banco Mundial, donde ya fue representante de la Argentina durante la gestión de Macri. Diplomático de carrera, egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), desde 2011 y hasta abril de 2016 sirvió como embajador argentino en Helsinki, con circunscripción consular sobre todo el territorio de la República de Finlandia, Estonia y Letonia. También estuvo designado en las embajadas de Irán, España e Italia. Pierini reemplazará a Cecilia Nahón, quien se quedará en Washington trabajando como consultora para el BID.
WASHINGTON.– Miguel Braun, exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, ocupará la silla de la Argentina en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mismo cargo que tuvo el actual ministro del Interior, Guillermo Francos, en el gobierno de Alberto Fernández. Además de la designación de Braun, Daniel Pierini volverá al directorio del Banco Mundial, según pudo confirmar en Washington.
Pierini ya ocupó ese cargo, también durante la administración macrista. Ambos funcionarios se suman a Leonardo Madcur en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar la representación del gobierno de Javier Milei ante los organismos internacionales, sostenes de la Argentina en el complejo camino de estabilización de la economía.
El tridente integrado por Braun, Madcur y Pierini operará bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo, en coordinación con el futuro embajador de Milei en Washington, Gerardo Werthein. Además, se espera la llegada de Sonia Cavallo, hija de Domingo Cavallo, para asumir la representación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Economista forjado en la Universidad de San Andrés y en Harvard, Braun, de 50 años, ya se encontraba viviendo desde hace tiempo en Washington, donde se desempeñaba como consultor para el BID. Fue uno de los miembros del equipo económico de Macri, donde trabajó junto con Caputo, el exministro de Economía Nicolás Dujovne y Francisco Cabrera en el Ministerio de la Producción. Su primer cargo fue secretario de Comercio, en el desaparecido Ministerio de Producción, y luego asumió como secretario de Política Económica, en el entonces Ministerio de Hacienda.
En el gobierno de Macri, Braun estuvo involucrado en las negociaciones comerciales por el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y también en las disputas con el gobierno de Donald Trump por las tarifas al acero, el aluminio y el biodiésel. Luego, ya durante la gestión de Dujovne, Braun integró el equipo que llevó la negociación con el Fondo por el préstamo de 57.000 millones de dólares con el cual el macrismo intentó preservar el “gradualismo”.
A su vez, Pierini regresará al directorio del Banco Mundial, donde ya fue representante de la Argentina durante la gestión de Macri. Diplomático de carrera, egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), desde 2011 y hasta abril de 2016 sirvió como embajador argentino en Helsinki, con circunscripción consular sobre todo el territorio de la República de Finlandia, Estonia y Letonia. También estuvo designado en las embajadas de Irán, España e Italia. Pierini reemplazará a Cecilia Nahón, quien se quedará en Washington trabajando como consultora para el BID.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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