EL ESCENARIO Y LIJO

Los registros del automotor, la casta y la dimensión desconocida
Un negocio redondo con privilegios que el Gobierno no se decide a desbaratar 

Por Damián Nabot
El término de la casta es incierto en muchos aspectos. Pero se vuelve extraordinariamente concreto cuando se mira el negocio de los registros automotores, incrustado como una sociedad entre políticos y privados en el corazón del Estado. La generosidad detrás de sus ventanillas atraviesa a la mayoría de las fuerzas. Los conocedores de sus entrañas rastrean el origen en los años 80, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín buscaba recursos en medio de la crisis y dio vida a los “entes cooperadores”, una figura que le permitía tercerizar a privados servicios del Estado y recaudar dinero para funcionarios públicos. El menemismo llevó el sistema a su apoteosis, con el reparto de registros para políticos de todos los colores. Fue entonces cuando comenzaron a salir a la luz las denuncias. No pararon hasta llegar a La Cámpora, pero el sistema se mantuvo intacto. El gobierno promete transformarlos. Debe revertir el escepticismo de quienes descreen de su voluntad.
Se puede trazar una historia de la casta a través de los registros. El gobierno de Menem se despidió con una acusación contra su último ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, por intentar repartir 14 vacantes en los días finales del gobierno. Había creado decenas. El reparto abarcaba desde dirigentes del peronismo y el radicalismo hasta del Frepaso, una fuerza que hasta entonces había quedado afuera de las denuncias de corrupción. El regalo de un registro para la entonces frepasista Nilda Garré sería recordado tiempo después por el senador Gerardo Morales, al tratar su pliego como embajadora en el régimen chavista. Se preguntaba por qué no aparecía su carácter de titular de un registro en su currículo y subrayaba la incompatibilidad como funcionaria.
Los registros llegaban a facturar en aquella época más de 10.000 dólares por mes. Menem había dejado unos 400.
La Cámpora tampoco pudo sustraerse a la tentación. Julián Álvarez, el viceministro de Justicia de Cristina Kirchner, tomó el control de la dirección encargada de repartir sus titularidades, a través de la militante Mariana Aballay, que terminó con denuncias judiciales. En los últimos cuarenta días del gobierno, La Cámpora cubrió más de treinta vacantes. No los modernizó, pero repartió titularidades, ya sea en el formato intervención o con la entrega de puestos para ocupar vacantes. Cuando Cristina Kirchner dejó la presidencia, la cantidad de registros ya había superado los 1500. Un festival.
Los titulares llevan a cónyugues, parientes, un verdadero árbol genealógico de la dirigencia política. La diputada Patricia Vázquez, de PRO, acaba de denunciar que su colega Oscar Agost Carreño tiene “17 registros con sus amigos”. “¡Hasta su madre, Josefina Kammerath!”, se sorprendió en X. Cada oficina lleva a un padrino político.
El sistema entero funciona bajo una oscuridad singular. El Estado entregó el manejo a las concesionarias de automóviles, agrupadas en Acara, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. El problema es que Acara se mueve bajo un régimen privado y, por lo tanto, escapa a los controles del Estado. Sin embargo, la asociación compra automóviles, bienes e incluso pasa sueldos de funcionarios públicos, en especial en el Ministerio de Justicia, actualmente a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Cuando la Auditoría General de la Nación pide informes para controlar las cuentas del Estado, el manejo de los registros queda fuera de su órbita por su carácter privado. Hay sillas en el Ministerio de Justicia compradas por Acara. Nadie sabe cómo se eligió al proveedor. Hubo funcionarios públicos consultados por la nación que reconocieron haber cobrado sobresueldos de la asociación privada. Pero nadie puede pedir informes: no hay licitaciones públicas, no hay concursos.
El negocio es tan poderoso que resiste incongruencias, como que en la Argentina una provincia puede registrar una propiedad inmueble, pero está impedida de entregar el título de un vehículo.
En un país donde las pequeñas empresas se arriesgan a la quiebra cada día, los registros tienen rentabilidad asegurada. Sus encargados se quedan con el 60% de la recaudación, mientras al Estado le entregan el 40%. Los formularios que venden los registros tampoco los confeccionan los privados, sino la Casa de Moneda, es decir, el Estado. La contraprestación es un servicio caro, desbordado de burocracia, que triplica la cantidad de ventanillas por la que se debe pasar para transferir un automóvil en comparación con otros países de la región, como Chile.
La diputada Vázquez hizo una cuenta. Si se pagara un canon único de 40 mil pesos por auto, mucho menos del costo actual, el Estado recaudaría 61.000 millones de pesos. La última recaudación fue de 4.000 millones. Los 57.000 millones es el tamaño de la fortuna que queda en el camino de los intermediarios.
La fiesta nunca se detuvo. Martín Soria, el último ministro de Justicia de Alberto Fernández, se fue acusado de entregarle un registro a Emilce Angélica Aiello, su concuñada.
La ineficiencia domina. En los últimos meses, los registros se llenaron de reclamos de patentes despintadas, porque fueron entregadas falladas por el Estado. Los servicios de VTV, otro negocio que alimenta la política, las rechaza por defectuosas. Los usuarios deben entonces ir a buscar nuevas a los registros. Si quieren evitar el trámite de los peritajes, deben pagar. De lo contrario, se arriesgan a ser multados por los operativos de los municipios. La encerrona es perfecta: el Estado entrega un servicio deficiente y luego multa a los usuarios por una falla que es responsabilidad estatal. Sin salida.
El gobierno de Javier Milei asegura que nunca prometió eliminar los registros, sino digitalizarlos. Prometen que el nuevo sistema puede estar listo el 2 de mayo.
La génesis de los registros, la ley que inventó los “entes cooperadores”, creó una dimensión sombría que los deja fuera de las revisiones de la administración pública. Una réplica son los fondos fiduciarios, agujeros negros con recursos estatales que escapan a los controles.
El Gobierno puede repetir la oscuridad en su proyecto para transformar las empresas públicas en sociedades anónimas. Al dejarlos bajo la ley de sociedades, los pedazos del Estado quedan fuera de las supervisiones de la Auditoría y la Sindicatura. Sus informes son deficientes, muchas veces ambiguos a propósito, es verdad, pero son los únicos que existen.
El sistema de armar una sociedad anónima con piezas del Estado ya ocurrió con la firma Corredores Viales. En febrero de 2023, su manejo mereció un informe negativo de la Auditoría, que advertía sobre traspasos de fondos del Estado a la empresa que se perdían de vista. Alertaba que no tenía “registro de haber percibido la diferencia de 5.150.524 pesos correspondiente a intereses como así tampoco los 70.000.000 pesos” de un préstamo para Corredores Viales Sociedad Anónima que había entregado Vialidad. Recursos perdidos en la dimensión desconocida.
Corredores Viales no es el único caso en la Argentina que se armó para quedar fuera de la ley de la administración pública. El mecanismo se usó también para dejar afuera a AYSA S.A; Correo Oficial de la República Argentina S.A.; ABSA S.A, en la provincia de Buenos Aires, o Caminos de la Sierra S.A, en la provincia de Córdoba.
Milei quiere ahora traspasar las empresas públicas a sociedades anónimas para luego privatizarlas. El interregno puede dejar por meses, tal vez años, a las compañías sin supervisiones de los organismos de control. Los registros automotores son un antecedente para desalentar la opción.

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Lijo, nominado. Sin credibilidad en la Justicia, se pierde el respeto a la ley
De prosperar la candidatura del cuestionado juez de Comodoro Py a la Corte Suprema, la imagen de la institución judicial podría sufrir un grave deterioro
Diego Cabo
El juez federal Ariel Lijo llega a los tribunales de Comodoro Py
Hay un tema inevitable a la hora de abordar el camino que se ha iniciado para completar la vacante en la Corte Suprema y preparar la sucesión de Juan Carlos Maqueda, el juez que se jubilará el 29 de diciembre próximo. Ese asunto, que contamina toda conversación política, lleva a empantanarse en la sinuosa discusión del nombre propio. Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos del Gobierno, despertaron discusiones sobre las calidades y cualidades que reúnen para ser jueces del máximo tribunal.
Este debate es imprescindible, pero aún más necesario es entender qué impacto tendrá en la institución judicial, en la vida pública y en la administración de Justicia la entronización de un magistrado, Ariel Lijo, que aparece como el ícono máximo de la casta judicial. Las consecuencias de la desatinada nominación del Poder Ejecutivo podrían ser devastadoras para una Justicia que se retuerce en medio de un deterioro que lleva décadas.
"La legitimidad de las autoridades es un factor clave en el cumplimiento de la ley"
Mucho se ha escrito sobre lo que genera la figura de Lijo. El hombre que representa lo más desprestigiado de la iconografía judicial va camino a convertirse en uno de los magistrados más importantes de la Argentina hasta 2044, al menos si el juez quiere aspirar a la jugosa jubilación con la que se termina la vida pública en la Corte Suprema.
Conviene mirar otros espacios del mundo del derecho para entender la gravedad de esta decisión del Gobierno. En el territorio de las ideas entre la psicología social y la Justicia ha desarrollado su trabajo Tom Tyler, profesor de Psicología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. El destacado académico norteamericano es un faro al que todos atienden cuando se trata de comprender algunos procesos de enunciados simples y profunda complejidad. En La obediencia del derecho, su obra más importante, responde ciertas preguntas esenciales como por qué las sociedades se someten o no a la ley y qué sucede con la legitimidad de los funcionarios que la deben hacer cumplir.
Antes de ingresar a su doctrina vale la pena una mirada a la sociedad argentina. Solo basta leer las crónicas diarias que se publican desde hace décadas para entender que el debate público se basa en la construcción, la discusión, el debate y la aprobación de nuevas normas. Una suerte de sedimentación de leyes y regulaciones de segundo grado componen un sistema jurídico que, bien podría decirse, establece una norma para cada conducta. A veces, incluso, más de una y hasta contradictorias entre sí.
La discusión de estos días pasa por nuevas leyes, salpimentadas con derogaciones por obsolescencia y reemplazos por flamantes iniciativas. Ahora bien, desde hace tiempo la Argentina se alejó del imprescindible debate sobre el cumplimiento de las leyes. Nadie se pregunta si después de las acaloradas discusiones en el Congreso, o si tras las cotidianas publicaciones en el Boletín Oficial, esas normas se cumplen. Se podría decir que existe un rechazo a discutir la eficacia de las leyes, y por extensión la aceptación que tienen en la sociedad.
Ejemplaridad se necesita
Tyler, que antes de enseñar en Yale fue profesor de la Universidad de Nueva York y de la de Berkeley, desarrolló su trabajo en un par de pilares, uno de los cuales es la llamada Teoría de la legitimidad. Según ella, el ciudadano tiende a obedecer a las autoridades y a seguir las reglas no solo por temor a las consecuencias, sino también porque percibe que las autoridades son legítimas y actúan de manera justa y adecuada.
"¿Qué es lo que se premia con la nominación de Lijo a un sillón de la Corte?"
Cuando las personas creen que las autoridades son justas y legítimas, señala Tyler, están más dispuestas a cooperar y a observar las normas. En resumen, la legitimidad de las autoridades y del sistema legal es un factor crucial en la obediencia al derecho. Podrá preguntarse el lector, entonces, qué significa la postulación de Ariel Lijo a la luz de esta teoría.
“La nominación de Lijo derrumba uno de los pilares más importantes de la institucionalidad. En materia económica, el Gobierno parece estar dispuesto a desarmar muchos nichos de privilegios de lo que llama la casta; pero, en materia institucional, dar esta señal en la Justicia desnaturaliza la palabra y el rumbo. Mientras estamos tratando de mostrar una Argentina dispuesta a cambiar, consagramos como juez de la Corte al exponente más importante de la casta judicial”, dice María Eugenia Talerico, abogada especializada en temas de corrupción y lavado de dinero que fue número dos de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Guillermo Lipera, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, dice que son muy fuertes los cuestionamientos a la persona del juez. “No genera la confianza necesaria para juzgar –sostiene–. Cuando se juega un partido importante, en cualquier deporte, los equipos se ocupan de buscar y estudiar los antecedentes del árbitro que va impartir justicia. Es de vital importancia porque, si el juez no es creíble o tiene malos antecedentes, el partido está viciado. Esto sucede con Lijo en la Corte. No genera confianza”.
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti durante la inauguración del período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional por el presidente Javier Milei
Por ese mismo camino se expresó la poderosa Cámara de Comercio de Argentina y Estados Unidos (AmCham). “La confianza en el sistema judicial es fundamental para construir una Argentina viable. Desde AmCham expresamos nuestra preocupación respecto al nombramiento de los nuevos integrantes de la Corte Suprema. Para avanzar en el desarrollo de nuestro país necesitamos un sistema judicial justo y equitativo; funcionarios íntegros y honestos y un compromiso con el cumplimiento imparcial de la ley y la defensa de los derechos de todos los ciudadanos”. La organización empresarial IDEA apeló a palabras similares. También puso énfasis en la cuestión de género, ya que si finalmente se integra con los dos candidatos propuestos, la Corte no tendrá una mujer entre sus integrantes, al menos, hasta 2034.
La “teoría de la legitimidad” de Tyler se vio avalada por muchas de las reacciones que la candidatura del juez Lijo despertó en distintos ámbitos de la vida pública. No hay duda de que las personas están más inclinadas a cumplir con las reglas y aceptar la autoridad cuando perciben que quien manda o juzga tiene una alta moral como para ejercer el cargo y hacer cumplir la ley.
El axioma es fácil de entender: “El Estado de Derecho solo será posible si los ciudadanos se sienten obligados, no solo jurídicamente, a cumplir con las normas. Esta es y será la condición más importante para hablar de Estado de Derecho”, se lee en uno de los libros de Tyler.
"García-Mansilla tiene otros antecedentes. Pero su candidatura aún es una abstracción"
Pero el académico agrega algo más, que resulta fundamental: “El cumplimiento por parte de los ciudadanos no es un acto de fe; si los ciudadanos respetan las normas es porque además de conocerlas y tener noción de la importancia de su cumplimiento, saben que tienen un origen democrático, que están orientadas a salvaguardar sus derechos y que no están diseñadas para el beneficio de las autoridades o los poderosos. El cumplimiento se basa en que los ciudadanos sepan que los funcionarios son los primeros en cumplirlas”.
Red de contactos
La pregunta que sigue es simple: ¿resulta Ariel Lijo un juez cuyo desempeño proyecta esa característica de que fue o será el primero en cumplir la ley y, de esa manera, tener fuerte autoridad para imponerla desde el vértice mismo de la pirámide judicial? Cada lector sacará sus conclusiones.
Por ahora, su camino a uno de los más importantes despachos del cuarto piso del Palacio de Justicia parece despejado. “Con Lijo siempre se pudo hablar”, resumió un encumbrado penalista acostumbrado a hacer valer más su firma al pie de un escrito que sus conocimientos de derecho. Esa es la característica con la que tejió sus extendidas y fuertes alianzas con la clase política.
Su hermano, Freddy Lijo, un operador judicial al que le encanta que lo llamen de esa forma para conseguir lucrativos trabajos de, precisamente, operador judicial, es conocido por la red de contactos que tiene en el fuero penal federal, donde tiene una enorme ascendencia Ariel. Esa manera de concebir el derecho, pero sobre todo la administración de Justicia, es la que ahora se consagra y se premia con la candidatura a un sillón en la Corte.
Pronto empezará el poroteo de votos y la negociación política que tanto aborrece el presidente Javier Milei. Tendrá que negociar con el kirchnerismo –si no lo hizo ya–, dueño de 33 votos en el Senado. Como dijo Joaquín Morales Solá, esas manos alzadas son necesarias, pero no suficientes. La necesidad de esa negociación para encontrar aliados no fue imposición de nadie. Fue el propio Milei, probablemente bajo el influjo del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien decidió el polémico nombre y con él, la necesidad de acordar con el kirchnerismo.
Esta vez, no habrá oposición a la doctrina o a al pensamiento de Lijo, como alguna vez sucedió con Eugenio Zaffaroni, un juez cuya nominación despertó críticas por su pensamiento garantista o abolicionista. Nada se conoce respecto de los postulados jurídicos, doctrinarios o académicos del candidato. Su trabajo en un juzgado criminal y correccional federal está más ligado a los hechos que al derecho. La pirámide judicial reserva la mirada de la norma, su aplicación y su encuadre a tribunales de alzada como las Cámaras de Apelaciones o el Tribunal de Casación. Claro que para ser juez de la Corte no es requisito haber hecho la carrera judicial.
No son pocos los que comentan por lo bajo que el conocimiento del derecho no es uno de los puntos fuertes de Lijo. Cintura política, resumen en Comodoro Py. La política procesada hace de la dilación al infinito de los juicios su mejor estrategia de defensa. “¡Bingo!”, grita la casta, cuando un artesano de los silencios y los tiempos procesales se aproxima a ser el referente del derecho penal en el máximo tribunal. Esas parecen ser las condiciones fundamentales que lo catapultaron a la magistratura mayor.
Si finalmente logra el acuerdo del Senado, el Presidente vivirá como un triunfo contra la casta política la consagración de la figura más iconográfica de la casta judicial. Toda una contradicción de parte del mandatario que repite estar dispuesto a los cambios y a la ruptura del orden establecido.
García-Mansilla, el segundo en cuestión, tiene otros antecedentes. Opuestos, casi. Pero el análisis de su postulación aún es una abstracción. La vacante hoy no existe y recién se producirá a fin de año. Claro que el Gobierno podría modificar el decreto y transcurrir el proceso de reemplazo antes de que suceda la jubilación y no después. Pero las voces que se levantaron respecto del cupo femenino dan argumentos a quienes creen que podría reemplazar ese candidato por una abogada. Bien podría darse que una eventual salida de García-Mansilla sea moneda de cambio con senadoras que ya hicieron saber su crítica por la falta de representación femenina, a las que a su vez se les pida acompañar la candidatura de Lijo.
Como se dijo, los nombres propios serán el eje del debate. Más allá de esto, las consecuencias de una mala decisión para el sistema judicial son mucho más profundas. Si no hay confianza en el juzgador, la obediencia a la ley se resiente. Exactamente lo contrario de lo que necesita la Argentina.

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