Milei les corta fondos para jubilaciones a 13 provincias y se abre una nueva pelea
Eliminó por decreto giros a cajas previsionales y los gobernadores irían a la Justicia
Gabriela Origlia
La última reunión con los gobernadores en la Casa Rosada
En tren de profundizar el recorte del gasto público y seis días antes de una reunión entre funcionarios nacionales y los gobernadores, Javier Milei dispuso ayer por decreto eliminar los giros que la Anses les realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales. La decisión del Presidente derivará en nuevas presentaciones judiciales por parte de los gobernadores, que en casos similares ya recurrieron a la Corte Suprema.
Las partidas para las cajas no transferidas a la Nación están previstas en el presupuesto nacional, pero se frenaron desde que empezó la gestión de Milei. Las provincias afectadas son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén,
Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Estas cajas pagan las jubilaciones de los empleados públicos provinciales y se financian principalmente con los aportes de los trabajadores. La Nación cubría hasta ahora el faltante. Las provincias advierten que tendrán problemas para pagar haberes.
CÓRDOBA.– La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el 4 de abril, llega con un nuevo foco de conflicto, como es la eliminación por Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) de los giros que la Anses les realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación.
Desde la asunción del presidente Javier Milei esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas. La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Estas cajas pagan las jubilaciones de los empleados públicos provinciales y se financian primariamente con los aportes de los trabajadores, a quienes se les realiza el descuento correspondiente.
Sin embargo, esa recaudación no cubre el total de las jubilaciones, por lo que el Gobierno cubre ese rojo mensualmente, tal como hace con las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación.
Desde diferentes provincias calcularon para este diario cuánto debería girarles la Anses en abril: $25.300 millones; Córdoba, $11.300 millones; Chaco, $2.560 millones; Corrientes, $930 millones; Entre Ríos, $6500 millones; Formosa, $2260 millones; La Pampa, $1720 millones; Misiones, $1790 millones, y Santa Fe, $10.030 millones. En total, unos $62.500 millones.
Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley.
Desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley.
Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas están dispuestos a ir a la Justicia por el tema; Córdoba ya tiene una cautelar desde hace casi un año.
Fuentes conocedoras de los números previsionales confiaron a la nacion que la deuda acumulada de la Anses con estas cajas ronda los US$2000, aunque alrededor de la mitad es “compensable” por acreencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Entre las que más deben están Buenos Aires y Chubut, por ejemplo. Los expertos coinciden en la falta de información en un tema “importante”.
Hay controversias planteadas entre algunas cajas no transferidas y la Anses. Por caso, las presentaciones de Misiones fueron cuestionadas por una auditoría del organismo. Los cálculos son “difíciles”, admiten los especialistas, quienes también reconocen que lo que ya se venía pagando en la gestión anterior debería “respetarse”.
La referencia es que las partidas para las cajas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre la Nación y las provincias. Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió, con lo que se generó deuda.
El miércoles último, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la ley de presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema para los sistemas previsionales no transferidos.
Desde que asumió Milei, de facto, se cortaron todos los giros. No solo no se realizaron actualizados, sino que directamente no se hicieron.
El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone la Nación lo deben aportar los tesoros provinciales. Esto vuelve a poner a los gobernadores frente a una encrucijada porque deberán resolver qué hacen en el corto plazo para no tener que congelar los haberes o desviar otras partidas a este rubro.
El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un punto que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver como forma de descomprimir tensiones, pero no fue aceptado.
Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de la Anses por 75 días, planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias.
En la gestión de Macri se acordó que aquellas provincias que no transfirieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que le costarían al sistema central si los tuviera dentro de su órbita. De esta manera, dejó de exigirse la “armonización”, que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.
Como en todo sistema previsional, sin importar la órbita en que esté, para que el rojo no crezca, debería haber más empleados públicos, lo cual es un contrasentido. Si los gobiernos provinciales son más eficientes, hay más brecha entre aportantes y pasivos. Si no median reformas previsionales, el gasto jubilatorio será creciente.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre aportantes y beneficios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa.
Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes son las provincias afectadas
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Pacto de Mayo: se retoman las negociaciones y hay dudas por el capítulo fiscal
El Gobierno se reunirá con los gobernadores de JXC; planteos por las cajas previsionales y Ganancias
En tren de profundizar el recorte del gasto público y seis días antes de una reunión entre funcionarios nacionales y los gobernadores, Javier Milei dispuso ayer por decreto eliminar los giros que la Anses les realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales. La decisión del Presidente derivará en nuevas presentaciones judiciales por parte de los gobernadores, que en casos similares ya recurrieron a la Corte Suprema.
Las partidas para las cajas no transferidas a la Nación están previstas en el presupuesto nacional, pero se frenaron desde que empezó la gestión de Milei. Las provincias afectadas son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén,
Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Estas cajas pagan las jubilaciones de los empleados públicos provinciales y se financian principalmente con los aportes de los trabajadores. La Nación cubría hasta ahora el faltante. Las provincias advierten que tendrán problemas para pagar haberes.
CÓRDOBA.– La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el 4 de abril, llega con un nuevo foco de conflicto, como es la eliminación por Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) de los giros que la Anses les realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas a la Nación.
Desde la asunción del presidente Javier Milei esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas. La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Estas cajas pagan las jubilaciones de los empleados públicos provinciales y se financian primariamente con los aportes de los trabajadores, a quienes se les realiza el descuento correspondiente.
Sin embargo, esa recaudación no cubre el total de las jubilaciones, por lo que el Gobierno cubre ese rojo mensualmente, tal como hace con las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación.
Desde diferentes provincias calcularon para este diario cuánto debería girarles la Anses en abril: $25.300 millones; Córdoba, $11.300 millones; Chaco, $2.560 millones; Corrientes, $930 millones; Entre Ríos, $6500 millones; Formosa, $2260 millones; La Pampa, $1720 millones; Misiones, $1790 millones, y Santa Fe, $10.030 millones. En total, unos $62.500 millones.
Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley.
Desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley.
Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas están dispuestos a ir a la Justicia por el tema; Córdoba ya tiene una cautelar desde hace casi un año.
Fuentes conocedoras de los números previsionales confiaron a la nacion que la deuda acumulada de la Anses con estas cajas ronda los US$2000, aunque alrededor de la mitad es “compensable” por acreencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Entre las que más deben están Buenos Aires y Chubut, por ejemplo. Los expertos coinciden en la falta de información en un tema “importante”.
Hay controversias planteadas entre algunas cajas no transferidas y la Anses. Por caso, las presentaciones de Misiones fueron cuestionadas por una auditoría del organismo. Los cálculos son “difíciles”, admiten los especialistas, quienes también reconocen que lo que ya se venía pagando en la gestión anterior debería “respetarse”.
La referencia es que las partidas para las cajas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre la Nación y las provincias. Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió, con lo que se generó deuda.
El miércoles último, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la ley de presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema para los sistemas previsionales no transferidos.
Desde que asumió Milei, de facto, se cortaron todos los giros. No solo no se realizaron actualizados, sino que directamente no se hicieron.
El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone la Nación lo deben aportar los tesoros provinciales. Esto vuelve a poner a los gobernadores frente a una encrucijada porque deberán resolver qué hacen en el corto plazo para no tener que congelar los haberes o desviar otras partidas a este rubro.
El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un punto que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver como forma de descomprimir tensiones, pero no fue aceptado.
Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de la Anses por 75 días, planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias.
En la gestión de Macri se acordó que aquellas provincias que no transfirieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que le costarían al sistema central si los tuviera dentro de su órbita. De esta manera, dejó de exigirse la “armonización”, que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.
Como en todo sistema previsional, sin importar la órbita en que esté, para que el rojo no crezca, debería haber más empleados públicos, lo cual es un contrasentido. Si los gobiernos provinciales son más eficientes, hay más brecha entre aportantes y pasivos. Si no median reformas previsionales, el gasto jubilatorio será creciente.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre aportantes y beneficios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa.
Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes son las provincias afectadas
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Pacto de Mayo: se retoman las negociaciones y hay dudas por el capítulo fiscal
El Gobierno se reunirá con los gobernadores de JXC; planteos por las cajas previsionales y Ganancias
Maia Jastreblansky
Las Pascuas trajeron unos días de quietud en la política (muchos funcionarios se tomaron este fin de semana extralargo para compensar el raid que no frena desde la campaña), pero la semana próxima se reactivarán las gestiones para avanzar con la “Ley de bases” y con la iniciativa fiscal, los dos componentes del “preacuerdo” que, a su vez, pueden abrir la compuerta al Pacto de Mayo, que impulsa Javier Milei.
A un mes de la convocatoria nacional que, con cierto escepticismo, hizo el Presidente el 1º de marzo, el Gobierno ya giró los borradores de las dos iniciativas que pretende que sancione el Congreso como condición sine qua non para habilitar la firma del gran acuerdo nacional en Córdoba, el Día de la Patria.
Un cronograma tentativo indica que el tratamiento de los proyectos –que se debatirían juntos– podría iniciarse en Diputados el 17 de abril.
Eso lleva a la sanción de las leyes a la primera mitad de mayo y deja pocos días para consensuar los “mandamientos” del pacto nacional. En el Gobierno dicen que “los tiempos alcanzan” porque, una vez que las leyes se aprueben, la puesta en escena en Córdoba será un mero trámite. “Los que acompañen en ambas iniciativas, serán invitados al pacto”, se jactan cerca del Presidente.
La Casa Rosada ya mantuvo reuniones con los tres bloques “amigables”: la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal. Al principal cuestionamiento que había con la “Ley de bases” en torno a la fórmula jubilatoria, el Gobierno lo zanjó con un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
El próximo hito en el sendero de negociaciones será la reunión con los diez gobernadores de Juntos por el Cambio, el próximo jueves.
Con la “Ley de bases” más allanada, la prueba de fuego está en el capítulo fiscal incluido en el proyecto de “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, redactado por el Gobierno. Los diputados transmitieron que hay más chances de que voten ese proyecto si hay un pedido explícito de los gobernadores.
Los mandatarios de Juntos por el Cambio ya se manifestaron a favor del Pacto de Mayo en general, pero tienen un rosario de planteos en materia fiscal. Lo sabe bien el ministro del Interior, Guillermo Francos, que ve cómo se le multiplican los frentes con las provincias por el sucesivo retaceo de fondos que hace la Nación.
El último episodio es el que se abrió por la decisión del Gobierno de cortar los giros que la Anses les realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) están en esa situación. Ya habían hecho un planteo en enero y volverán a llevarlo a la mesa el próximo jueves.
Cerca de Milei se muestran intransigentes. “Las cajas no están en debate”, dijeron a cerca del Presidente. Algunos de los gobernadores pedirán, además, que en el paquete fiscal se incluya una compensación por el Consenso Fiscal de 2017. Allí se estableció que el 30% del impuesto al cheque se debía coparticipar, pero nunca ocurrió.
Sin dudas, el punto más árido es el de la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Ante la asfixia en la recaudación, los mandatarios del norte del país están de acuerdo con reponer el gravamen, que engrosa los fondos coparticipables. Pero los patagónicos se resisten fuertemente por el impacto que tiene en sus poblaciones.
Hay gobernadores del centro del país a los que tampoco los convence el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. “Tirás gente debajo de la línea de pobreza, directamente”, dijeron cerca de uno de ellos. Algunos plantearán que el mínimo no imponible se ubique en torno a los tres millones de pesos.
El Gobierno no solo tendrá que contener los pedidos de los cambiemitas. La semana pasada, Francos viajó a Salta y allí escuchó de boca de los mandatarios del norte el reclamo para que se reactiven obras públicas, por ahora clausuradas de toda ecuación por el ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro del Interior se comprometió a que avancen algunas obras que ya tienen más del 50% de ejecución con financiamiento externo.
Respecto a la “Ley de bases”, si bien se construyó un consenso bastante sólido, quedan algunos artículos problemáticos. El principal es el artículo 71, que le da facultades al Poder Ejecutivo “a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad privada”. Un jefe de bloque apuntó: “Parece una luz verde para (Federico) Sturzenegger”.
Los bloques opositores más dispuestos a cooperar pidieron la inclusión en la “Ley de bases” de la reforma laboral que figuró en el DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia. Allí el Gobierno no descarta suavizar el punto más urticante para los gremios, vinculado a las cuotas solidarias obligatorias.
Las Pascuas trajeron unos días de quietud en la política (muchos funcionarios se tomaron este fin de semana extralargo para compensar el raid que no frena desde la campaña), pero la semana próxima se reactivarán las gestiones para avanzar con la “Ley de bases” y con la iniciativa fiscal, los dos componentes del “preacuerdo” que, a su vez, pueden abrir la compuerta al Pacto de Mayo, que impulsa Javier Milei.
A un mes de la convocatoria nacional que, con cierto escepticismo, hizo el Presidente el 1º de marzo, el Gobierno ya giró los borradores de las dos iniciativas que pretende que sancione el Congreso como condición sine qua non para habilitar la firma del gran acuerdo nacional en Córdoba, el Día de la Patria.
Un cronograma tentativo indica que el tratamiento de los proyectos –que se debatirían juntos– podría iniciarse en Diputados el 17 de abril.
Eso lleva a la sanción de las leyes a la primera mitad de mayo y deja pocos días para consensuar los “mandamientos” del pacto nacional. En el Gobierno dicen que “los tiempos alcanzan” porque, una vez que las leyes se aprueben, la puesta en escena en Córdoba será un mero trámite. “Los que acompañen en ambas iniciativas, serán invitados al pacto”, se jactan cerca del Presidente.
La Casa Rosada ya mantuvo reuniones con los tres bloques “amigables”: la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal. Al principal cuestionamiento que había con la “Ley de bases” en torno a la fórmula jubilatoria, el Gobierno lo zanjó con un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
El próximo hito en el sendero de negociaciones será la reunión con los diez gobernadores de Juntos por el Cambio, el próximo jueves.
Con la “Ley de bases” más allanada, la prueba de fuego está en el capítulo fiscal incluido en el proyecto de “Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, redactado por el Gobierno. Los diputados transmitieron que hay más chances de que voten ese proyecto si hay un pedido explícito de los gobernadores.
Los mandatarios de Juntos por el Cambio ya se manifestaron a favor del Pacto de Mayo en general, pero tienen un rosario de planteos en materia fiscal. Lo sabe bien el ministro del Interior, Guillermo Francos, que ve cómo se le multiplican los frentes con las provincias por el sucesivo retaceo de fondos que hace la Nación.
El último episodio es el que se abrió por la decisión del Gobierno de cortar los giros que la Anses les realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) están en esa situación. Ya habían hecho un planteo en enero y volverán a llevarlo a la mesa el próximo jueves.
Cerca de Milei se muestran intransigentes. “Las cajas no están en debate”, dijeron a cerca del Presidente. Algunos de los gobernadores pedirán, además, que en el paquete fiscal se incluya una compensación por el Consenso Fiscal de 2017. Allí se estableció que el 30% del impuesto al cheque se debía coparticipar, pero nunca ocurrió.
Sin dudas, el punto más árido es el de la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Ante la asfixia en la recaudación, los mandatarios del norte del país están de acuerdo con reponer el gravamen, que engrosa los fondos coparticipables. Pero los patagónicos se resisten fuertemente por el impacto que tiene en sus poblaciones.
Hay gobernadores del centro del país a los que tampoco los convence el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. “Tirás gente debajo de la línea de pobreza, directamente”, dijeron cerca de uno de ellos. Algunos plantearán que el mínimo no imponible se ubique en torno a los tres millones de pesos.
El Gobierno no solo tendrá que contener los pedidos de los cambiemitas. La semana pasada, Francos viajó a Salta y allí escuchó de boca de los mandatarios del norte el reclamo para que se reactiven obras públicas, por ahora clausuradas de toda ecuación por el ministro de Economía, Luis Caputo. El ministro del Interior se comprometió a que avancen algunas obras que ya tienen más del 50% de ejecución con financiamiento externo.
Respecto a la “Ley de bases”, si bien se construyó un consenso bastante sólido, quedan algunos artículos problemáticos. El principal es el artículo 71, que le da facultades al Poder Ejecutivo “a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad privada”. Un jefe de bloque apuntó: “Parece una luz verde para (Federico) Sturzenegger”.
Los bloques opositores más dispuestos a cooperar pidieron la inclusión en la “Ley de bases” de la reforma laboral que figuró en el DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia. Allí el Gobierno no descarta suavizar el punto más urticante para los gremios, vinculado a las cuotas solidarias obligatorias.
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