La Corte rechazó un planteo de Cristina en Hotesur y se abre el camino al juicio oral
Está acusada, con su hijo, por los millones que recibió de Cristóbal López y Lázaro BáezHernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso presentado por Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces y despejó el camino para que se realice el juicio oral por lavado de dinero contra la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner, y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos de la expresidenta por estar dirigidos contra un fallo que no es definitivo.
En este caso, los Kirchner están acusados de recibir millones de pesos en alquileres de parte de López y
Báez como presunta contraprestación por los contratos y beneficios que recibieron del Estado.
Hotesur está vinculado a la causa Vialidad, donde la expresidenta ya fue condenada, y se suma a los juicios que debe enfrentar por la firma del pacto con Irán y los cuadernos de las coimas.
La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer el último recurso de Cristina Kirchner y despejó el camino para el juicio oral en el caso Hotesur-Los Sauces, contra la expresidenta y su hijo Máximo Kirchner, por lavado de dinero, como anticipó el domingo.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos de la expresidenta por estar dirigidos contra un fallo que no es sentencia definitiva. Es una de las últimas sentencias de la Corte con cuatro votos, antes de la salida de Maqueda del tribunal, el 29 del actual, día que cumple 75 años. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda formaron una mayoría y Lorenzetti realizó un voto concurrente (en el mismo sentido, pero con otros argumentos).
La expresidenta, que ya fue condenada por corrupción a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad, deberá enfrentar entonces este nuevo juicio, que se suma al que tiene pendiente por la firma del memorándum con Irán y al que afrontará por el caso de los cuadernos de las coimas, el único con fecha cierta de inicio (el 6 de noviembre de 2025). Esta causa se inició en 2014 por una denuncia de la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer.
El caso Hotesur-Los Sauces está conectado con la causa Vialidad. La hipótesis es que, como contraprestación por haber recibido millonarios contratos de obra pública, Lázaro Báez transfirió al patrimonio de los Kirchner millones de pesos justificados como contratos de alquiler de habitaciones de sus hoteles de El Calafate. También forma parte de la causa Cristóbal López, que obtuvo otros beneficios del kirchnerismo y transfirió dinero a los Kirchner como pago por el alquiler de departamentos.
En este expediente por lavado de dinero, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grümberg habían sobreseído a Cristina Kirchner, a su hijo Máximo, y a los empresarios, sin realizar el juicio oral y público. Plantearon que era evidente que no había delito en la conducta de los Kirchner, con la disidencia de la tercera jueza del tribunal, Adriana Palliotti.
El fiscal Diego Velasco apeló el fallo de Obligado y Grümberg y el caso llegó a la Cámara de Casación, donde los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone (en solitario, tras la salida de Ana María Figuerora del tribunal) revocaron el 18 de diciembre del año pasado esa sentencia y mandaron a hacer el juicio oral. Florencia Kirchner, que figuraba como integrante de las sociedades, fue sacada por Petrone y Barroetaveña de la lista de acusados. Entendieron que ella no tenía poder de decisión.
Contra ese fallo de Petrone y Barroetaveña, Cristina Kirchner presentó un recurso extraordinario. La Casación se lo rechazó, pero en 2023 ella fue “en queja” directo al máximo tribunal. Los jueces que deberían realizar el juicio contra la expresidenta, su hijo y otros 24 imputados integran el Tribunal Oral Federal Nº 5. Son Adriana Palliotti, Nicolás Toselli y José Michillini.
El 12 de julio pasado, el tribunal dispuso suspender el trámite del juicio oral hasta tanto la Corte se pronunciara. Finalmente, lo hizo.
Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda consideraron que los recursos de Cristina Kirchner no cumplían con los requisitos de fundamentación autónoma y sentencia definitiva. Señalaron que para que prospere el recurso, el escrito debe contener un relato prolijo de los hechos de la causa de relevancia principal, “que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal mediante una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna”. Y agregaron que “resulta exigible rebatir todos y cada uno de los argumentos en que el juzgador se apoyó para arribar a las conclusiones de que el apelante se agravia”.
La mayoría del tribunal entendió que ni Cristina Kirchner ni el resto de los acusados que recurrieron el fallo demostraron que la decisión apelada les “ocasione un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
“Tampoco surge mínimamente fundada la alegada afectación al derecho a ser juzgados en un plazo razonable, de modo tal que permita equiparar lo resuelto a una sentencia definitiva”, sostuvo la Corte. La mayoría también descartó que se hubiese demostrado la violación de la garantía del juez natural.
Dijeron que no corresponde aplicar el argumento de la omisión de aplicar la ley penal más benigna, “ya que depende de cuestiones de hecho, prueba y derecho común que sólo pueden quedar determinadas de modo definitivo con posterioridad al juicio oral y público”. Asimismo, los jueces descartaron la idea de la gravedad institucional por la calidad de expresidenta de Cristina Kirchner.
En su voto concurrente, Lorenzetti se limitó a desestimar los recursos con el argumento de que no se dirigieron contra una sentencia definitiva o equiparable a tal por sus efectos, sin efectuar otras consideraciones.
Lorenzetti no analiza los argumentos de fondo sobre la prueba en el juicio, sino si fue justo sobreseer a los acusados de manera anticipada sin realizarlo. Barroetaveña y Daniel Petrone sostuvieron –en el fallo que ahora quedó firme– que Obligado y Grünberg no esgrimieron ninguna “prueba nueva” que justificara la decisión de cerrar la causa sin ir a juicio.
La consecuencia de lo resuelto por la Corte es que se confirma la decisión de la Cámara de Casación de dejar sin efecto los sobreseimientos y que, por ende, debe realizarse el juicio oral y público. Mientras tanto, aún resta realizar una instrucción suplementaria en esta causa antes de ponerle fecha al juicio oral. También faltan terminar algunos peritajes.
En el caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal que acusará en el juicio es Diego Velasco, que quiere avanzar ya con el proceso. Por eso, pidió incorporar nuevas pruebas del caso de “la ruta del dinero K” y de la causa Vialidad. Del primero pidió el entrecruzamiento de llamadas entre Cristina Kirchner y Báez, que registraron más de 370 comunicaciones incluyendo las de sus allegados. Y del caso Vialidad solicitó como pruebas los mensajes del celular del exsecretario de Obras Públicas José López, el de los bolsos con dinero en el convento.
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