CARLOS PAGNI....ODISEA ARGENTINA,

Editorial Carlos Pagni - Vicentin, ¿La segunda YPF?

A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:
Estamos ante un nuevo proyecto de estatización por parte del kirchnerismo y es el primero para Alberto Fernández, quien salió hoy a defenderlo. Vamos a analizar con detenimiento qué significa esto y cuánto nos puede costar. Porque remite a otras historias que deberíamos tener presentes dada su aparición reciente en las noticias.
Hablamos de un proyecto de ley para estatizar, aunque por ahora es una intervención, y es muy importante tener en cuenta esta diferencia. Pero es un avance sobre un sector privado importantísimo para la política y en especial para el imaginario kirchnerista: el agro. El kirchnerismo se definió a sí mismo en el año 2008 con una saga: el conflicto con el campo que determinó buena parte de su identidad ideológica y de sus alianzas sociales y políticas. Estamos hablando, entonces, de una estatización en ese campo, de una empresa que es Vicentin.
Se trata de la principal empresa argentina de molienda de oleaginosas. Con una producción de 29.500 toneladas por día y de ventas por 3000 millones de dólares. Más del 85% de esas ventas, en el último ejercicio exitoso que tuvo Vicentin, fueron exportaciones. Es la mayor productora de biodiesel del país, lo que podría traducirse en el interés que puede tener YPF sobre ella.
Vicentin se encuentra entre los diez principales exportadores de la Argentina y es el quinto de su sector: oleaginosas, granos, soja, aceite. En el año 2016 batió un récord y fue el primer exportador de aceites y el segundo de harinas. La empresa tiene dos terminales portuarias y en el año 2017 produjo el 21% de la molienda de soja, al año siguiente el 27%. La compañía se ubica en el sexto puesto del ranking de exportadores agroindustriales.
El 4 de diciembre de 2019, Vicentin less planteó a sus acreedores que estaba ante una situación financiera por la cual le resultaba imposible pagar la deuda. A partir de ese momento, comenzó un enorme problema, un gran cimbronazo en el sector empresarial argentino, sobre todo en el ámbito ligado a los negocios del agro. Hubo también algún escándalo porque dos días antes, sin que nadie supiera, había vendido una parte de Renova a Glencore, empresa de la que ya era socia, pero con el objetivo de hacerse de un dinero. Esto ocurrió pocos días antes de anunciarles a los acreedores la imposibilidad de pagar la deuda.
Vicentin tiene una gran deuda con la banca argentina, pero especialmente con el Banco Nación. En decir, una empresa pública le prestó a Vicentin y ahora al estatizarla no sabemos si se va a estatizar la deuda también. Para decirlo en términos kirchneristas: no se sabe si esto es parte de una política de endeudamiento en la que los argentinos tendremos que asumir la deuda de este grupo privado. Estamos hablando de una deuda de 1600 millones de dólares en total, de los cuales 300 millones son la deuda que tiene Vicentin con el Banco Nación.
También le debe al Banco Provincia, al Ciudad, al BICE y al Banco de Santa Fe, ya que la matriz de la empresa está situada al norte de esa provincia.
Vicentin también le debe a bancos mixtos como al Hipotecario y a privados como Macro e Itaú. Por otro lado, hay además en juego 428 millones de dólares con la banca internacional. Un dato muy importante es que el 26% de la deuda de esta empresa está contraída con productores de granos que no han cobrado las ganancias y probablemente sea por ello que el gobernador santafesino Omar Perotti estaba muy interesado en que el Gobierno le otorgue una solución a este tema. No sé si esta solución, si es que fuera una solución. Como no podía ser de otra manera para una empresa con problemas, le debe 9500 millones de pesos al estado nacional en concepto de impuestos.
Cristina Kirchner está obsesionada con esta compañía, al igual que su hijo Máximo y de ellos nació el proyecto de expropiación. Ella le encomendó a Oscar Parrilli, en el Senado, que constituyera una comisión para investigar la situación de Vicentin y su deuda con el Banco Nación. Ahí hubo una posición muy fuerte de Claudio Lozano, director del Banco, que en su momento denunció por corrupción al gobierno de Cristina Kirchner, pero que ahora le marca un poco la política a la administración actual en esta materia.
Alberto Fernández conoce bien el tema, y se interesó por él temprano. Hay una versión que dice que en la primera o en la segunda conversación larga que mantuvo con Mauricio Macri le preguntó por Vicentin y por el líder de la empresa Sergio Nardelli. El exmandatario aparentemente trató de quitarle peso al problema. Nardelli es muy amigo de Macri, y es uno de los empresarios que más cerca de él ha estado durante las campañas electorales y también durante su gobierno. Por su parte, Macri siempre estuvo interesado en el negocio de los biocombustibles.
Más allá de esto, da la impresión, si uno mira gestualmente la conferencia que hoy brindó el Presidente, de que él no está de acuerdo con la salida de la estatización. Y para ello uno podría recordar un antecedente. De cuando Néstor Kirchner era presidente e intentó la estatización de un grupo empresarial también muy endeudado con el Banco Nación: el Grupo Yoma, de Emir Yoma, el cuñado de Carlos Menem. Kirchner quería estatizar las curtiembres de Emir Yoma, y el que se opuso y logró torcerle el brazo fue Alberto Fernández. ¿Con qué estrategia? Lograr que el juez del concurso ponga un interventor en el grupo Yoma.
En Vicentin, por lo menos hasta hace tres días, ignoraban que se desencadenaría la medida durante este fin de semana. Ellos estaban viendo de vender algunos activos e ir manejando el concurso de acreedores, donde el empresario concursado tiene una participación importante, distinta de la que le corresponde cuando ya quebró. Había varios tiburones que olían negocios alrededor de la empresa y querían de alguna manera quedarse con negocios del grupo. A la cabeza, estaba José Luis Manzano, que suele hacer negocios con plata ajena.
Ahora, la empresa que se va a estatizar, se interviene. Se pone en manos de YPF Agro y se le encarga a Gabriel Delgado, que es un economista, que tuvo responsabilidades durante el gobierno de Cristina Kirchner. Delgado iba a ser ministro de Agricultura en el gobierno de Alberto Fernández, pero alguien lo trabó desde el entorno de la vicepresidenta. Lo cierto es que el Presidente lo recuperó para su entorno hace más o menos 10 días.
Las deudas de la firma superan los US$1300 millones
YPF Agro no es una empresa. Es una línea de negocios de YPF, muy desarrollada en los últimos cuatro años durante la gestión de Miguel Gutiérrez. La idea fue aprovechar la participación de la empresa estatal en el mercado de ventas de gasoil para el sector agropecuario, con el objetivo de ofrecer, a veces asociados a terceros, otros productos como semillas, camionetas, seguros de protección de cosecha, etc. La peculiaridad de este enfoque de negocio era que se cobraba con granos. De este modo, YPF pasó a figurar en el décimo puesto de venta de granos y aceites de la Argentina. Este mercado de venta de combustible, al que se dirigió YPF es un mercado de 70 mil productores agropecuarios que forman parte de un sector que está compuesto por 320 mil productores. La de YPF no es para nada una posición hegemónica.
El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, hace pocos días dijo que la empresa se iba a retirar de todos los negocios que no fueran específicamente hidrocarburos: petróleo y gas. Ahora le acaban de avisar que se va a dedicar al agro. Lo digo un poco en broma, para mostrar los desajustes que hay en distintas áreas del Gobierno.
Dos horas antes del anuncio, una persona que conoce muy bien el pensamiento y la mentalidad de los militantes de La Cámpora, me advirtió: "Cómo se van a poner las cerealeras'". Cuando uno habla con gente del negocio de los cereales, se advierte que Vicentin tiene un peso, una gran capacidad de acopio, de compra y venta de granos, de generación de combustible, pero que no es determinante en ese mercado. Con la espalda de YPF tampoco, salvo que la empresa avance en el rubro de manejar granos, cobrando granos por otros productos, como ya se explicó.
Pero es probable que en la cabeza de Cristina Kirchner, y mucho más en la de Máximo, la estatización de Vicentin signifique abrir una ventana que les permitiría fantasear con algo así como un simulacro de Junta Nacional de Granos, una palanca para intervenir en un sector que para ellos representa una obsesión. El motivo es algo muy obvio: quien dice granos en la Argentina dice dólares, que es un problema histórico del país y en particular de este Gobierno.
Hay algo interesante en el anuncio de Alberto Fernánez. Nos dijo que el Estado - es decir nosotros- va a comprar un grupo económico muy importante en activos, pero sobre todo en deudas, en el mismo momento en el que Martín Guzmán está tratando de explicarles a los acreedores que el país no tiene plata, no tiene recursos y que por eso tiene que reestructurar la deuda. Guzmán les dice a los acreedores que no puede pagar más allá de 49 centavos por bono, cuando el mercado sólo está dispuesto a aceptarle 53. Aunque, probablemente, termine pagando ese monto porque ahora se comenta que Guzmán está dispuesto a ofrecer un bono atado a las exportaciones o al crecimiento. Ese fue el gran negocio que hicieron los acreedores en la época de Lavagna y Nielsen. ¿Era este el momento de decir que el Estado va a comprar una empresa como Vicentin, cuando estamos diciendo que no podemos pagar la deuda? Eso lo tiene que resolver el ministro de Economía.
Hay un aspecto jurídico muy relevante en lo que se anunció hoy. El kirchnerismo vuelve a cometer un error de procedimiento en una estatización, porque en vez de hacer una ley para ello primero interviene la empresa y designa un interventor. Esto genera una enorme incógnita entre los especialistas en derecho comercial, quienes subrayan que esta empresa está concursada, por lo tanto, creen que el que tendría que poner al interventor es el juez. Lo que está haciendo Alberto Fernández, entonces, es reemplazar el Poder Judicial por el Poder Ejecutivo. Si esto fuera así, podría ser un gran negocio para Sergio "el Mono" Nardelli, que seguramente ya estará consultando abogados para iniciar un juicio contra el Estado.
El caso repetiría lo que está sucediendo con YPF. La familia Eskenazi, que se enmascara detrás del fondo buitre Burford, está llevando un reclamo en Estados Unidos por la estatización de YPF. Consiguió en el juzgado de Loretta Preska, que es la misma jueza que tendría que atender reclamos por la deuda, diga que el lugar donde se tiene que tratar este juicio es Nueva York, no Buenos Aires, no los tribunales argentinos.
Hay que reconstruir la historia de la estatización de YPF para entender de qué estamos hablando y por qué el Estado argentino podría perder frente a los Eskenazi, y el fondo Burford, aproximadamente 3000 millones de dólares como mínimo. Esta historia la conocemos fragmentariamente. Cuando uno reúne toda la información se vuelve rarísima y muy lamentable. Vamos a tratar de narrarla.
Oscar Parrilli fue el defensor de la privatización de YPF. Sí, de la privatización. Fue el miembro informante de la privatización durante la presidencia de Carlos Menem. Parrilli era diputado, presidía la Comisión de Energía de la Cámara y pronunció un discurso donde dijo que YPF debía ser privatizada para mayor gloria de "nuestro jefe Carlos Menem". De esa privatización, en la que el Estado nacional tuvo que compensar a provincias, salen los fondos de Santa Cruz, que van a manos de Néstor Kirchner. Los mismos fondos que después desaparecen en un proceso de fuga de capitales.
Pasan los años, Kirchner llega a la presidencia y tiene una obsesión. Así como hay una obsesión a partir de 2008 de intervenir en el mercado de granos, Néstor Kirchner está empecinado con intervenir en el mercado petrolero. Crea Enarsa. Parece que cuando se reunía con Evo Morales, Lula da Silva, sobre todo con Hugo Chávez, se sentía disminuído porque los otros tres podían tomar el teléfono y dar una orden sobre el mercado petrolero de sus respectivos países porque tenían una empresa estatal para hacerlo. Pero él no. Esto inspiró Enarsa, que no sirvió. Entonces en 2007 se decidió algo que eufemísticamente se llamó "argentinización de YPF". El jefe de Gabinete era Alberto Fernández.
¿Qué quiso decir el gobierno de aquel entonces con "argentinización"? Darle el 25% de YPF a un empresario argentino. Se hicieron consultas, se mencionaron a varios empresarios, le llevaron la lista a Kirchner, pero él dijo: "No, no, no. La que se va a quedar con el 25% de la empresa va a ser la familia Eskenazi". ¿Quiénes eran? Los mismos que ahora, dueños del Banco de Santa Cruz. Aparecen ahora informaciones en la prensa oficialista respecto de que los Eskenazi no eran tan amigos de los Kirchner, que eran amigos de todos. Bueno, hay que recordar que cuando el juez Norberto Oyarbide investigó, o simuló investigar, el enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial, la causa de enriquecimiento que puso Kirchner para explicar por qué tenía un patrimonio difícil de justificar, era que la familia Eskenazi en el Banco de Santa Cruz lo remuneraba con una tasa de interés que era por lo menos cinco veces la del mercado. Solo con un amigo se hace eso.
Mucho tiempo después aparece la investigación de Bonadio sobre los cuadernos de Centeno. El contador Manzanares, el mismo que explicó delante de Oyarbide que Kirchner era rico, entre otras cosas, por la tasa de interés en el Banco de Santa Cruz, dijo que lo escuchó a Daniel Muñoz, el secretario de Kirchner, decir que la plata física que acumulaba el presidente se trasladaba a Buenos Aires a una bóveda de la que tenían llave dos personas: Francisco Larcher, que era el segundo de la Secretaría de Inteligencia, íntimo amigo de Silvia Majdalani; y Sebastián Eskenazi, el hijo de Enrique Eskenazi. Ellos dos, según dijo Manzanares, serían quienes trasladaban la plata negra de Kirchner.
El juez Bonadio murió sin investigar a Eskenazi, con el que comía en el restaurante La Pecora Nera. La Cámara le ordenó que lo investigue, pero tampoco lo hizo. Es una zona oscura, desconocida de la causa de los cuadernos.
A esta gente, Repsol, presionada por Kirchner, le da el 25% de YPF, a pagar con los dividendos que generaba la propia empresa. Gran oportunidad para Repsol de cobrar también esos dividendos y sacar su plata de la Argentina. Es decir, de ir vaciando YPF. Esa fue la kirchnerización de YPF. Hubo algo más, una participación misteriosa del Banco Credit Suisse en esta compra de los Eskenazi. Ahí intervino un banquero muy amigo de Sebastián Eskenazi, Pedro Chomnalez, y Andrea Camp, que también era funcionaria del Credit Suisse. Esto interesa porque aparentemente aquellos brumosos fondos de Santa Cruz, después de dar vueltas por el mundo financiero, terminaron en el Credit Suisse de manera misteriosa. Es una hipótesis que tampoco nadie quiso investigar. No se sabe si el respaldo de los Eskenazi en el ingreso a YPF fue la recaudación de la provincia de Santa Cruz de aquella privatización de Parrilli.
Llega Cristina y aparece un conflicto con la familia Eskenazi. Lo echa de su despacho a Sebastián Eskenazi el 27 de diciembre de 2011 y avanza con Axel Kicillof en la estatización. Es decir, estatización del 51% de YPF que deja afuera a Repsol y a los amigos Eskenazi. ¿Quién lleva adelante la parte jurídica de todo esto? Carlos Zannini. No van al Congreso. Primero la intervienen, igual que con Vicentin. Kicillof va al Senado y hace un discurso corto, de cuatro horas, y explica que no vamos a tener que pagar un centavo por YPF. Es más, que Repsol nos va a tener que pagar a nosotros por pasivos ambientales. Y que eso de que hay un contrato entre privados, que se llama estatuto de la empresa, lo pasan por encima porque estamos ante el poder del Estado.
Finalmente se estatiza. Eso que no nos iba a salir nada nos salió 5600 millones de dólares. Se pagó con bonos que se deben saldar en 2024 o se reestructurará ahora, con una tasa de interés por la cual hoy equivalen a 9000 millones de dólares.
Lo interesante de esto es que los Eskenazi, que se llaman para estos fines Grupo Petersen, habían hecho toda esta operación con sociedades españolas que a su vez dependían de sociedades australianas. Es decir, ni siquiera fue "argentinización". Fue "australianización". Rarísimo. Los Eskenazi, que habían entrado a YPF sin poner una moneda, hicieron un reclamo. Le vendieron los derechos de ese reclamo al fondo Burford. La clave del reclamo fue que en la estatización no se tuvo en cuenta el estatuto. Es más, en los decretos ni se justificó por qué no se tenía en cuenta el estatuto. Un error de Zannini. Los Eskenazi, a través de sus sociedades españolas, venden ese supuesto derecho en 15 millones de euros y el 30% de un eventual reclamo exitoso, al fondo buitre Burford. Y ahí empieza un litigio.
La venta de esos derechos no estaría encuadrada en la ley europea. Según esa ley, si yo quiero vender los derechos de un juicio a alguien tengo que, antes, ir al deudor y darle la oportunidad de pagar. Tendrían que haber venido al gobierno argentino para que pague un resarcimiento, que sería por algunos millones de euros. Para evitar ese paso, y poder reclamar miles de millones, simularon que los derechos siguen siendo de ellos, de los Eskenazi, y que Burford solamente gerenciaría el juicio. Por eso el demandante en el juzgado de Preska son los Eskenazi, el grupo Petersen, que consiguió este viernes que el lugar del litigio sea Nueva York. Es un largo escrito de la jueza Preska, que en la página 25 explica por qué tiene que ser Nueva York: se basa en declaraciones de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández sobre la falta de independencia del Poder Judicial en la Argentina. Una vergüenza.
¿Quién tiene que defendernos de los Eskenazi? Zannini, que ahora es procurador del Tesoro. Zannini, el que se equivocó al estatizar. ¿De qué trabajó Zannini mientras Cristina no estaba en el poder? De director del Banco de Santa Cruz, el banco de los Eskenazi. Todo bastante promiscuo. No sabemos si están peleados, o si todo es parte del negocio de los Eskenazi. Es más, no sabemos si Zannini se equivoca a propósito o porque no entiende de Derecho. Pero probablemente nosotros, los contribuyentes, tengamos que pagar, como tal vez les tengamos que pagar a los Eskenazi, a la familia Nardelli, cuando se descubra que no se puede avanzar sobre el Poder Judicial y poner un interventor en una empresa como Vicentin, que está concursada.
No es la primera vez que sucede esto en la Argentina. Hubo un grupo, el grupo Grecco, mendocino, administrado por el Estado durante 15 años. Un desastre esa administración para las arcas nacionales, para los contribuyentes. En el año 2006, durante el gobierno Kirchner, contrabandeados en un artículo misterioso del presupuesto, que descubrió Ernesto Sanz en el Senado, iban 600 millones de dólares más para el grupo Grecco. Esperemos que no pase esto con la estatización de Vicentin, cuya película empieza hoy. Es probable que se termine pareciendo a la estatización de YPF donde, salvo que Zannini nos defienda bien de sus amigos, los Eskenazi se van a llevar más o menos 1000 millones de dólares gratis, sin hacer nada. Sólo por haber tenido la suerte de ser amigos de Néstor