EDITORIALES

Aprovechando la entendible preocupación ciudadana, se revelan acciones y actitudes carentes de la ética y la transparencia que deben regir la función pública
La pandemia como caballo de Troya. Aprovechando la preocupación ciudadana, se revelan acciones carentes de la ética que debe regir la función pública.
El antiguo artilugio del caballo de Troya recuerda, en sus aspectos estratégicos, mecanismos utilizados por la administración que gobierna hoy el país. En efecto, ya en su germen, al designar cristina Kirchner a Alberto Fernández a la cabeza de la fórmula presidencial que ella acompañaría, se dio un primer y claro paso en esta dirección. La idea fundante fue disfrazar, con la moderación y el dialoguismo que representaba Fernández, los aspectos ideológicos acérrimos del kirchnerismo, además de balancear y disimular la mala imagen de la expresidenta, quien tenía el rechazo expreso de dos tercios de la sociedad. Fue el envoltorio de “Alberto Presidente” lo que tornó digerible para muchos votantes el regreso de cristina Kirchner al poder. Sin embargo, como en aquel mítico ejemplo, dentro de este artefacto electoral se introdujeron los planes políticos para llevar al poder a La cámpora, y se habilitó el terreno para accionar sobre la Justicia, con el principal fin de lograr impunidad para la expresidenta, su familia y sus allegados.

La continuidad y profundización de esta estrategia encontró cauce fecundo en la trágica irrupción de la pandemia del covid-19 en nuestro país. ante esta inesperada situación, toda la atención de la sociedad quedó capturada por la alerta sanitaria, los temores a un virus letal y desconocido, la extensión y las condiciones de la cuarentena y las dramáticas derivaciones de una feroz caída de la ya alicaída economía.
La pandemia facilitó así, de manera indirecta, que se siguieran liberando en cuotas las decisiones que venían asociadas al regalo troyano, aprovechando que la ciudadanía se hallaba desbordada por cuestiones más urgentes. Muchas de estas acciones merecen ser puestas a la luz, pues revelan la total ausencia de la ética y la transparencia republicana que deben regir la función pública. amenazan peligrosamente con convertir a la argentina en zona liberada para la corrupción y la impunidad, en la que el debilitamiento de los principios republicanos, como la sana división de poderes, naturalicen el autoritarismo y la conculcación de libertades, derechos y garantías.
Uno de los puntos más relevantes de este presente griego que recibimos como sociedad es el intento de arrasar con el congreso y de someter a la Justicia. Ya habíamos asistido con estupor al pedido de liberación de presos condenados por delitos de corrupción. Mientras el primer mandatario parecía intentar despegarse de un insólito pedido del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, no tardaría en confirmarse que esa jugada había oficiado de plafón para las indiscriminadas liberaciones posteriores. El clima ideológico de la época instauró una vez más los argumentos que condujeron a una liberación masiva de presos comunes, que cumplían condenas por graves delitos, que van desde violaciones hasta homicidios.
Es notorio, desde hace ya varios meses, que el Poder Ejecutivo ha decidido gobernar por decreto, aun cuando el congreso ha retomado finalmente sus sesiones, de manera virtual.
Por decreto se avasallaron lisa y llanamente las atribuciones que la constitución concede al Poder Legislativo. Lejos de contemplar ejemplificadoras reducciones salariales para los funcionarios o convenientes recortes en dependencias del Estado, con autoritaria desfachatez y una máquina capaz de emitir a cualquier costo el dinero que se necesita, el Gobierno siguió aumentando el gasto público y suspendió el tope del 5% que regía legalmente para reasignar partidas del presupuesto.
•Reflejados en el espejo de un primer mandatario con peligrosos superpoderes, hubo intendentes que llegaron incluso a crear impuestos en nombre de la pandemia. Otros implantaron un cuasi toque de queda. Se autorizó el cierre de caminos y rutas provinciales que deben ser de libre circulación.
También se viene profundizando la ofensiva coordinada para beneficiar a la expresidenta en las causas judiciales en las que está seriamente comprometida. 

Veamos algunos ejemplos:

•La causa por asociación ilícita en la obra pública ha quedado virtualmente paralizada.

La Oficina anticorrupción renunció a ser querellante en la acusación de lavado de dinero en los casos Hotesur y Los Sauces.

Carlos Zannini pidió la nulidad del proceso por el memorando con irán.

En la causa de los cuadernos de las coimas, Oscar Parrilli redobló el ataque contra el fiscal carlos Stornelli.

Tampoco prosperan muchas otras causas, ni aquellas referidas al robo de documentos históricos ni al uso de aviones oficiales para fines particulares de la familia Kirchner.

La disponibilidad de la documentación considerada de acceso público queda vedada cuando roza a cristina Kirchner, como lo demuestra el caso de los balances denegados del instituto Patria.

Por si esto fuera poco, se postula como jefe de los fiscales a Daniel Rafecas, el juez federal que archivó en tiempo récord la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado contra la amia mediante el acuerdo con irán, entre otras decisiones objetables adoptadas por ese magistrado.

Ha dejado de ser la agencia nacional de Protección de Testigos e imputados un ente autárquico para volver a depender del Gobierno, más precisamente, del secretario de Justicia, el funcionario kirchnerista Juan Martín Mena, quien ha quedado escandalosamente a cargo de velar por la seguridad de los arrepentidos en causas judiciales en las que se investiga nada menos que a la vicepresidenta de la nación.

Otro proceder escandaloso es el blindaje a personajes emblemáticos de la corrupción como el juez Rodolfo Canicoba Corral, cuyo expediente sigue atascado en el consejo de la Magistratura. Se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, cobro de sobresueldo de la ex-side, dádivas, vuelos en aviones de empresarios investigados por corrupción y un pedido de coimas.

Del absurdo lawfare al que el cristinismo adjudica tardíamente todos sus problemas con la Justicia –insólita percepción compartida por el Presidente–, se pasó al anuncio de una reforma judicial, a la intención de “optimizar el funcionamiento de la corte Suprema” y al notorio esfuerzo de las últimas horas de la vicepresidenta por quitarle al más alto tribunal del país el manejo de las escuchas judiciales.

La estrategia se revela claramente. En cuestión de semanas, el escenario judicial de la expresidenta registró sustanciales modificaciones en su favor y todo parecería indicar que continuarán allanándose para ella los caminos hacia su impunidad. Y no son esas las únicas cosas que acontecen a la sombra de la pandemia. Entre otras cuestiones, se ha avanzado en lo siguiente:

Se designaron funcionarios afines al ala dura en organismos con suculentas cajas. Son los casos de los camporistas Fernanda Raverta, al frente de la Anses, y de Andrés Larroque, en el Ministerio de Desarrollo de la comunidad de la provincia de Buenos aires. ambos se suman a otros desembarcos de kirchneristas en el Pami, en YPF y en Aerolíneas Argentinas.

Con el esquema para la compra de insumos y contrataciones del Estado que establece la “contratación directa por emergencia”, hemos asistido a la discrecionalidad en la reasignación de partidas presupuestarias, exceptuados también los funcionarios de la necesidad de contar para ello con el aval del congreso.

Bajo arriesgados paraguas argumentales se incautaron los respiradores que una empresa privada fabricaba en córdoba, desconociendo sus compromisos de venta previos.

La lista de irregularidades, que es larga y juega con el “digo pero me desdigo” de muchos, incluye la controvertida desafectación inicial de los servicios bancarios; el ingreso de médicos cubanos; el ciberpatrullaje propuesto por la ministra de Seguridad para controlar el humor social; el adoctrinamiento escolar mediante cuadernillos politizados y solventados con fondos públicos; la creación de la aplicación cuidar, y la suspensión de procesos electorales, asambleas o congresos, tanto ordinarios como extraordinarios, de las asociaciones sindicales.

Todo ello, matizado con mensajes alejados de la prudencia y de las formas esperadas, con una intolerancia crecientemente exacerbada que se replica, del Presidente para abajo, en muchísimos funcionarios. no pueden menos que lamentarse las palabras presidenciales en el sentido de que Hugo Moyano es “un dirigente ejemplar”, pretendiendo justificar así la condonación de su deuda multimillonaria, y de que Gildo Insfrán es uno de “los mejores políticos del país”, cuando tiene a Formosa sumergida en la pobreza, el abandono y el clientelismo desde hace tres décadas.

Mientras se cuida responsablemente del covid-19, nuestra comunidad no puede dejar de ver y objetar aquellos actos y medidas que afectan sus libertades y hieren su inteligencia bajo la excusa de una emergencia sanitaria. Los burdos mecanismos empleados, los inflamados discursos que no encuentran límite ni oposición en la figura de un presidente que se propuso como moderado y que cada día que pasa confirma que ha visto cuando menos afectada su memoria, exponen sin tapujos esta exteriorización de un plan de impunidad en pleno despliegue.

Durante la noche de la pandemia, los guerreros están saliendo de la enorme estructura de madera a cara descubierta y avanzan ocupando posiciones que abren las puertas al avasallamiento del Estado de Derecho. amenazan con torpedear la institucionalidad republicana ante la incauta distracción de sus ciudadanos, desbordados por los efectos económicos y sanitarios de la crisis. Un presente griego de insospechadas consecuencias si los argentinos no alzamos la voz a tiempo. Un presente que puede dejarnos sin futuro.

Más que nunca, cabe recordar aquella frase que hizo célebre Virgilio, en la Eneida: “¡no os fiéis del caballo, troyanos! Sea lo que sea, temo a los dánaos, incluso si traen regalos”.

Mientras se cuida responsablemente del Covid-19, la población no puede dejar de objetar aquellos actos y medidas que ofenden su inteligencia y afectan sus libertades