CRISIS INSTITUCIONAL

Fuerte preocupación de los empresarios por el desafío del Gobierno a la Corte
Las principales cámaras del sector privado advirtieron sobre el grave impacto de no acatar el fallo por los fondos de la Ciudad; denuncias contra Alberto Fernández
Las principales cámaras empresarias del país salieron a expresar ayer una fuerte preocupación por el impacto institucional y económico que tendría la decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte Suprema contra el recorte de fondos que le aplicó la Nación a la Ciudad. Tanto la UIA como AEA, Carbap, ACDE ,
IDEA y la Cámara Argentina de Comercio plantearon que el conflicto institucional genera inseguridad jurídica y agrava la incertidumbre en la que se desenvuelve la iniciativa privada. Alertaron, además, sobre el peligro que representa el incumplimiento de un fallo del máximo tribunal para el sistema republicano, asentado sobre el principio fundamental de la división de poderes.
A la reacción del sector privado se sumaron denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el presidente Alberto Fernández presentadas por legisladores opositores.
La decisión del presidente Alberto Fernández de recusar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que restituyeron fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires tuvo un inmediato efecto negativo para el mandatario, que recibió ayer dos denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La primera fue presentada por el legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro, ambos dirigentes de Republicanos Unidos. También realizó una denuncia penal la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, acompañada por los diputados nacionales de ese partido.
En el plano político, en tanto, trascendió que la UCR presentará en el Congreso, entre el lunes y el martes próximos, un pedido de juicio político contra el Presidente. Algo que ya concretó en la víspera el diputado de Pro Pablo Tonelli.
En la presentación de Republicanos Unidos, a la que accedió la nacion, los dirigentes del partido que preside Ricardo López Murphy cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno ayer anunció que presentará para lograr la revocación in extremis del fallo dictado por el máximo tribunal del país.
“Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Ejecutivo es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”, dijeron.
Los dirigentes afirmaron que es improcedente la recusación de todos los jueces de la Corte porque es inoportuna. Y agregaron: “Son planteos manifiestamente improcedentes con los que se pretende brindar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir la sentencia dictada por nuestro máximo tribunal”. Según la presentación, el Presidente
“pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aun en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos”.
Por otro lado, los diputados de la Coalición Cívica y la dirigente Elisa Carrió plantearon en un escrito presentado este mediodía que no es lógico que el Gobierno desconozca y desobedezca el cumplimiento de un fallo adverso a sus pretensiones, dado que aceptaron anteriormente la competencia y la integración de la Corte para intervenir en la controversia entre la Ciudad y la Nación.
No solo denunciaron penalmente al Presidente, sino también al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; al jefe de Gabinete, Juan Manzur; al ministro de Economía, Sergio Massa, y al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Los denunciaron por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
“En particular, el accionar desplegado por Capitanich implica instigar de manera pública al alzamiento o desobediencia de una resolución (sentencia) dictada por funcionarios públicos nacionales (Corte Suprema de Justicia de la Nación)”, considera la denuncia.
“Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración”, plantearon los referentes de la CC en el Congreso.
Por su parte, el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad) presentó una ampliación de su denuncia contra el Presidente por “poner en riesgo la vigencia de la Constitución”. El legislador liberal sostuvo que “el plan de hegemonía del poder y de destrucción del orden constitucional sigue su curso”. Y apuntó contra Fernández y 14 gobernadores justicialistas
“estamos frente a un golpe institucional que provoca inseguridad jurídica y más incertidumbre en vísperas de un año electoral. no hace más que dilatar e impedir la recuperación del país” Carbap “es un golpe a las instituciones que acrecienta el desconcierto de la sociedad y pone en riesgo al sistema democrático. el insólito no acatamiento del ejecutivo es un atentado contra la democracia” Club Político Argentino “sin entrar en la cuestión de fondo respecto del recorte, la cac considera que el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional” Cámara Argentina de Comercio (CAC)

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