INESTABILIDAD JURÍDICA

Los empresarios advirtieron sobre “la inestabilidad jurídica” y expresaron su preocupación
Las principales cámaras del país alertaron sobre la gravedad del choque entre el Gobierno y la Corte; el Club Político habló de “un golpe a las instituciones” y pidió que se revise la decisión
Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial
Las principales cámaras empresarias del país rechazaron la decisión del Presidente y de 14 gobernadores de no acatar el fallo de la Corte que resolvió la restitución de fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Advirtieron sobre “la inestabilidad política, jurídica e institucional” y las consecuencias que tendría en las inversiones.
Diversas asociaciones y cámaras empresariales, de comercio e industriales, entre las que destacan la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE), Cámara de Comercio (CAC), Asociación Empresaria Argentina (AEA), Amcham, Idea y la Unión Industrial (UIA), emitieron ayer un comunicado en el que señalan que ven “con mucha preocupación” la decisión del gobierno nacional y de un grupo de mandatarios provinciales de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. También se refirió al conflicto el Club Político Argentino, que dijo que la actitud de Alberto Fernández significa un “quiebre institucional del sistema republicano” y “un atentado al sistema democrático”.
Pese al pronunciamiento de las principales cámaras empresarias del país, que rechazaron el comportamiento del Gobierno en el conflicto con la Corte y la ciudad de Buenos Aires, no se registró aún el pronunciamiento del ministro de Economía, Sergio Massa, que se mantiene en silencio al respecto. Ayer, el titular del Palacio de Hacienda se limitó a informar una visita a San Pablo, Brasil (ver aparte).
La Amcham, que reúne a las empresas de Estados Unidos radicadas en el país, manifestó su preocupación por el incumplimiento del fallo alegando que este implica “un quiebre institucional del sistema republicano” y pone “en riesgo el orden legal enarbolado por nuestra Constitución nacional”.
“Argumentar que el fallo es ‘de imposible cumplimiento’, la adecuación de los fondos asignados al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y solicitar la revocación del mismo no solo carece de sustento práctico y legal, sino que implica vulnerar la división de poderes de nuestro sistema republicano”, plantearon en el documento. Y añadieron: “El desconocimiento del fallo por parte de la Administración Nacional (las sentencias de la Corte Suprema son inapelables) no solo abre el camino hacia un estado de incertidumbre político y legal con amplias repercusiones institucionales, sino que vuelve a plantear una riesgosa disociación de la política con la sociedad y sus problemas”.
Finalmente, hicieron extensivo un pedido al Gobierno: “Consideramos indispensable que el Ejecutivo Nacional revise su decisión, se enmarque en el alcance jurídico que dispone nuestra Constitución nacional y se focalice sobre cuestiones que sean centrales a las necesidades de los argentinos y contribuyan al desarrollo del país”.
Inversiones
Desde la AEA, la agrupación más poderosa y representativa, subrayaron “la extrema gravedad que supone que el Poder Ejecutivo pretenda no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Y tras ello aclara: “La República se construye solo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución nacional”.
Por su parte, la UIA pidió ahondar en la necesidad de respetar la división de poderes para generar previsibilidad jurídica e institucional, tal como manifestó ayer su presidente, Daniel Funes de Rioja.
“Ambas son pilares fundamentales y condiciones necesarias para desplegar la iniciativa privada, la libertad de emprender, la inversión y la generación de empleo”, resaltó la entidad industrial.
En el comunicado, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) señaló que “ve con muchísima preocupación los avances del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, alterando la tan necesaria división de poderes en nuestra república”. Asimismo, afirmó que “las recientes declaraciones en contra de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Poder Ejecutivo traen incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que quienes invierten y dan trabajo cada vez tienen menos certezas y garantías”.
Por otra parte, la asociación apunta a comparar la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Argentina en el Mundial de fútbol de Qatar como una “unión que experimentamos los argentinos tras un objetivo común” y que ese tipo de unión, más allá de las deportivas, “se ve desvirtuada por luchas en estamentos del poder público, que demuestra no estar a la altura de las circunstancias para comenzar una senda de crecimiento”.
Así, ACDE insta al Poder Ejecutivo “a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular, como lo hacen las naciones avanzadas que brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus instituciones”.
En tanto, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también manifiesta en un comunicado “su profunda preocupación” ante la decisión del gobierno nacional.
“Sin entrar en la cuestión de fondo respecto del recorte, la CAC considera que el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional”, considera la entidad.
“El flagrante desconocimiento del fallo –que es el escenario que se prevé tras el comunicado emitido en el día de ayer por Presidencia de la Nación, en el que se lo califica como “de imposible cumplimiento”– dañaría severamente a nuestra República, lesionando la confianza de los inversores locales y del exterior y, fundamentalmente, dejaría a todos los ciudadanos más desamparados ante el poder de turno”, se destaca en el comunicado de la CAC.
“Golpe a las instituciones”
El Club Político Argentino, encabezado por Graciela Fernández Meijide, fue más duro con su crítica y habló de un “golpe a las instituciones que acrecienta el desconcierto de la sociedad y pone en riesgo al sistema democrático”.
“El insólito no acatamiento del Poder Ejecutivo, acompañado por catorce gobernadores oficialistas, a un fallo de la Corte Suprema de Justicia es un atentado gravísimo al sistema democrático argentino y una torpe provocación de una crisis constitucional”, señalaron al comienzo del comunicado.
En el texto calificaron a la resolución de “inconsulta, arbitraria y escandalosa” y señalaron que “profundiza el desconcierto, alimenta la desconfianza y alienta el surgimiento de grupos aventureros que se ofrecen como alternativas “antisistema”.
Ayer, en respuesta a la Casa Rosada, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó al presidente Alberto Fernández de intentar “quebrar el orden constitucional” con su decisión

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