Violenta respuesta narco al aumento de los controles dentro de las prisiones
Tres asesinatos en Rosario y el intento de motín de Los Monos en la cárcel de Ezeiza aparecen como una coordinada reacción de las bandas para presionar a las autoridades
Germán de los Santos
Un joven fue asesinado mientras conducía su automóvil en el barrio de Arroyito
ROSARIO.– Por primera vez, los líderes narcos comenzaron a enfrentar de manera directa y sin vueltas restricciones en los lugares donde están detenidos. Se instalaron inhibidores de señal de celulares en la cárcel de Piñero, y también escáneres y arcos de detectores de metales en los principales penales de Santa Fe. A esto se sumó que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) comenzó a agudizar los controles en los pabellones donde están alojados 25 jefes narco, entre ellos, los capos de Los Monos.
Como ocurrió a lo largo de los últimos años, las respuestas de los líderes narcos se hacen visibles en las calles, con sangre y violencia. Anoche se produjeron tres crímenes con sicarios en esta ciudad, uno de ellos, en inmediaciones de la cancha de Rosario Central. Y además una protesta de internos de Los Monos en el penal de Ezeiza, donde se originó un incendio, terminó con dos reclusos internados.
Ante este clima de tensión, Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, aseguró que después del incendio en la cárcel bonaerense se reforzaron las medidas de seguridad en las cárceles de Rosario, ante la posibilidad de que se produzcan nuevos atentados.
El primer asesinato se produjo a las 21, en el barrio de Arroyito, donde dos sicarios en moto dispararon contra el conductor de un Chevrolet Onix en movimiento, que chocó contra un taxi y volcó. A causa de los disparos murió Jonathan Manuel Almirón, de 27 años.
El segundo crimen fue en la zona oeste de Rosario, donde un sicario disparó contra tres jóvenes que estaban en la calle. Por esa balacera –se presume que se dispararon dos armas de diferentes calibres– falleció Fernando Martín Espíndola.
El otro homicidio se cometió en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, vecina a Rosario, donde sicarios irrumpieron en una casa para ejecutar a Sergio Alberto Leguizamón, de 44 años. Recibió un tiro en la cabeza y otro en el cuello. Los tres crímenes se produjeron horas después de las protestas que se iniciaron en la cárcel de Ezeiza.
Por primera vez, la reacción también eclosionó dentro de la Unidad Penitenciaria Nº1 del SPF, en Ezeiza, donde Emanuel Chamorro, uno de los antiguos lugartenientes de Los Monos, fue internado con quemaduras, tras un incendio intencional que provocaron otros presos de esta organización criminal, entre ellos, Axel Vilches y Cristian Avalle, alias Pupito.
Anteayer, cerca de las 17.30, Vilches –imputado del secuestro extorsivo del hijo de un empresario de Pueblo Esther- se acercó a la reja de acceso del pabellón y, bajo el argumento de manifestarse por las condiciones de alojamiento en Ezeiza, prendió fuego un colchón. Otros integrantes de Los Monos, como Avalle, Javier Pacheco y Sergio Rodríguez, incendiaron un tacho de basura y ayudaron a propagar las llamas.
Estas reacciones violentas dentro del penal de Ezeiza se produjeron luego de que el SPF comenzó a cumplir con las restricciones ordenadas por la Justicia contra 25 presos de alto perfil, entre los que se encuentran los líderes de Los Monos.
Los guardiacárceles revisan los contactos telefónicos a los que llaman los reclusos desde los teléfonos “públicos”, controlan a las visitas y a la mercadería que le llevan a los convictos, se producen requisas de forma permanente y se instalaron más cámaras de vigilancia para estar al tanto de lo que hacen dentro de sus celdas estos 25 criminales.
Estas medidas se pusieron en marcha hace casi dos semanas, por una disposición del SPF que está en el foco de los cuestionamientos y las críticas por las “libertades” que tenían los jefes de las bandas narcocriminales de seguir con su actividad delictiva dentro de los penales federales, sobre todo de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson.
Ante estas nuevas medidas, primero los jefes narcos fueron por el camino legal. Presentaron habeas corpus a la Justicia Federal, que fueron todos rechazados. Uno de los primeros fue Ariel “Guille” Cantero. El líder de Los Monos condenado a más de 100 años de prisión por delitos que en su mayoría cometió en la cárcel, pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que “cesen las condiciones actuales de detención”.
La defensa del jefe criminal argumentó que Guille estaba “aislado” en el penal de Marcos Paz. Los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar rechazaron el planteo el miércoles de la semana pasada, con el argumento de que las condiciones especiales de detención del líder de Los Monos “no implican un trato inhumano o degradante, que conlleve a una vejación de su dignidad humana”.
En el fallo, los magistrados advierten que Cantero está preso en una celda de 184 metros cuadrados, donde tiene acceso –en horarios permitidos por el Servicio Penitenciario Federal- a realizar y recibir llamadas, y también recibe de manera frecuente visitas, incluso, dos veces al mes las de su pareja Vanesa Barrios, que está condenada por narcotráfico y que se encuentra actualmente bajo el régimen de prisión domiciliaria en Rosario.
En la resolución, a la que tuvo acceso también consta que Cantero recibe la visita de sus hijos menores de edad y las autoridades pusieron a disposición del detenido tratamientos psicológicos, a los que Cantero rechaza someterse.
Cantero, a través de su defensa, intentó que anulen el régimen especial de condiciones de detención en el penal de Marcos Paz, donde, de acuerdo a decenas de causas judiciales, tanto provinciales como federales, sigue llevando adelante delitos vinculados con las tramas violentas del crimen organizado de Rosario.
Otro de los que se quejó de las medidas del Servicio Penitenciario fue Leandro “Pollo” Vinardi, lugarteniente de Guille Cantero, que tomó mayor trascendencia pública tras aparecer su caricatura en la bandera que Los Monos exhibieron el 24 de junio pasado durante la despedida de Maximiliano Rodríguez.
En esa línea que impuso mayor dureza, el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario rechazó el 21 de julio pasado un permiso para que la pareja de Vinardi, que está presa en detención domiciliaria –con tobillera electrónica- en Villa Gobernador Gálvez, tenga una visita conyugal en el penal de Ezeiza. El fiscal federa Federico Reynares Solari mencionó para pedir que el TOF 3 bajara el pulgar al pedido de Vinardi las libertades que tuvo el preso para planear la exhibición de la bandera gigantesca, fabricada en Isidro Casanova, La Matanza, que tenía el texto: “Nosotros estamos más allá de todos”.
Potenciales conflictos
A los reclamos judiciales se sumaron ahora episodios violentos, como ocurrió en el penal de Ezeiza. Las autoridades penitenciarias prevén que estas situaciones conflictivas se repetirán, porque las restricciones repercuten directamente en el negocio criminal. Si los líderes narcos no tienen contacto con los engranajes que están en libertad se va a complicar la subsistencia de la estructura criminal. El desafío, que hasta ahora nunca se cumplió, es que las medidas de mayores controles se mantengan.
Después de más de dos años de haber iniciado la licitación, el gobierno de Santa Fe anunció la semana pasada la puesta en marcha en la cárcel de Piñero de un sistema de inhibición de señal de celular, con el que buscan evitar que los reclusos continúen utilizando teléfonos dentro de los pabellones, con los que dan órdenes para cometer delitos. El sistema aún está en periodo de prueba. Funciona unas 12 horas al día y está siendo manejado de manera remota desde la sede de la empresa israelí que instaló los inhibidores.
Estas restricciones comenzaron a provocar tensión dentro de la cárcel. Y esperan que sean mayores, cuando el sistema funcione en su totalidad. Esta nueva tecnología se suma a los escáneres corporales y arcos detectores de metales, que se instalaron en los penales más grandes de la provincia, como Las Flores, Coronda y Piñero.
“Las comunicaciones, conforme reza la Constitución Nacional, están garantizadas, habida dado cuenta que hay un régimen de visitas, que la correspondencia se puede llevar adelante si es que así lo desean y, además, en los pabellones tenemos las líneas telefónicas fijas, o comúnmente conocido como teléfono público, desde los cuales se van a poder comunicar”, aseguró el ministro de Seguridad Claudio Brilloni, cuando se presentó el nuevo sistema en Piñero la semana pasada.
En los últimos días se instaló en el penal de Piñero un sistema para bloquear la señal de celulares; por el momento es un plan piloto que funciona doce horas por día
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Pérez Algaba sumaba acreedores y amenazas por malos negocios
Un barra se presentó ante la Justicia y confirmó que la víctima le debía una importante cantidad de dinero
ROSARIO.– Por primera vez, los líderes narcos comenzaron a enfrentar de manera directa y sin vueltas restricciones en los lugares donde están detenidos. Se instalaron inhibidores de señal de celulares en la cárcel de Piñero, y también escáneres y arcos de detectores de metales en los principales penales de Santa Fe. A esto se sumó que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) comenzó a agudizar los controles en los pabellones donde están alojados 25 jefes narco, entre ellos, los capos de Los Monos.
Como ocurrió a lo largo de los últimos años, las respuestas de los líderes narcos se hacen visibles en las calles, con sangre y violencia. Anoche se produjeron tres crímenes con sicarios en esta ciudad, uno de ellos, en inmediaciones de la cancha de Rosario Central. Y además una protesta de internos de Los Monos en el penal de Ezeiza, donde se originó un incendio, terminó con dos reclusos internados.
Ante este clima de tensión, Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, aseguró que después del incendio en la cárcel bonaerense se reforzaron las medidas de seguridad en las cárceles de Rosario, ante la posibilidad de que se produzcan nuevos atentados.
El primer asesinato se produjo a las 21, en el barrio de Arroyito, donde dos sicarios en moto dispararon contra el conductor de un Chevrolet Onix en movimiento, que chocó contra un taxi y volcó. A causa de los disparos murió Jonathan Manuel Almirón, de 27 años.
El segundo crimen fue en la zona oeste de Rosario, donde un sicario disparó contra tres jóvenes que estaban en la calle. Por esa balacera –se presume que se dispararon dos armas de diferentes calibres– falleció Fernando Martín Espíndola.
El otro homicidio se cometió en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, vecina a Rosario, donde sicarios irrumpieron en una casa para ejecutar a Sergio Alberto Leguizamón, de 44 años. Recibió un tiro en la cabeza y otro en el cuello. Los tres crímenes se produjeron horas después de las protestas que se iniciaron en la cárcel de Ezeiza.
Por primera vez, la reacción también eclosionó dentro de la Unidad Penitenciaria Nº1 del SPF, en Ezeiza, donde Emanuel Chamorro, uno de los antiguos lugartenientes de Los Monos, fue internado con quemaduras, tras un incendio intencional que provocaron otros presos de esta organización criminal, entre ellos, Axel Vilches y Cristian Avalle, alias Pupito.
Anteayer, cerca de las 17.30, Vilches –imputado del secuestro extorsivo del hijo de un empresario de Pueblo Esther- se acercó a la reja de acceso del pabellón y, bajo el argumento de manifestarse por las condiciones de alojamiento en Ezeiza, prendió fuego un colchón. Otros integrantes de Los Monos, como Avalle, Javier Pacheco y Sergio Rodríguez, incendiaron un tacho de basura y ayudaron a propagar las llamas.
Estas reacciones violentas dentro del penal de Ezeiza se produjeron luego de que el SPF comenzó a cumplir con las restricciones ordenadas por la Justicia contra 25 presos de alto perfil, entre los que se encuentran los líderes de Los Monos.
Los guardiacárceles revisan los contactos telefónicos a los que llaman los reclusos desde los teléfonos “públicos”, controlan a las visitas y a la mercadería que le llevan a los convictos, se producen requisas de forma permanente y se instalaron más cámaras de vigilancia para estar al tanto de lo que hacen dentro de sus celdas estos 25 criminales.
Estas medidas se pusieron en marcha hace casi dos semanas, por una disposición del SPF que está en el foco de los cuestionamientos y las críticas por las “libertades” que tenían los jefes de las bandas narcocriminales de seguir con su actividad delictiva dentro de los penales federales, sobre todo de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson.
Ante estas nuevas medidas, primero los jefes narcos fueron por el camino legal. Presentaron habeas corpus a la Justicia Federal, que fueron todos rechazados. Uno de los primeros fue Ariel “Guille” Cantero. El líder de Los Monos condenado a más de 100 años de prisión por delitos que en su mayoría cometió en la cárcel, pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que “cesen las condiciones actuales de detención”.
La defensa del jefe criminal argumentó que Guille estaba “aislado” en el penal de Marcos Paz. Los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar rechazaron el planteo el miércoles de la semana pasada, con el argumento de que las condiciones especiales de detención del líder de Los Monos “no implican un trato inhumano o degradante, que conlleve a una vejación de su dignidad humana”.
En el fallo, los magistrados advierten que Cantero está preso en una celda de 184 metros cuadrados, donde tiene acceso –en horarios permitidos por el Servicio Penitenciario Federal- a realizar y recibir llamadas, y también recibe de manera frecuente visitas, incluso, dos veces al mes las de su pareja Vanesa Barrios, que está condenada por narcotráfico y que se encuentra actualmente bajo el régimen de prisión domiciliaria en Rosario.
En la resolución, a la que tuvo acceso también consta que Cantero recibe la visita de sus hijos menores de edad y las autoridades pusieron a disposición del detenido tratamientos psicológicos, a los que Cantero rechaza someterse.
Cantero, a través de su defensa, intentó que anulen el régimen especial de condiciones de detención en el penal de Marcos Paz, donde, de acuerdo a decenas de causas judiciales, tanto provinciales como federales, sigue llevando adelante delitos vinculados con las tramas violentas del crimen organizado de Rosario.
Otro de los que se quejó de las medidas del Servicio Penitenciario fue Leandro “Pollo” Vinardi, lugarteniente de Guille Cantero, que tomó mayor trascendencia pública tras aparecer su caricatura en la bandera que Los Monos exhibieron el 24 de junio pasado durante la despedida de Maximiliano Rodríguez.
En esa línea que impuso mayor dureza, el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario rechazó el 21 de julio pasado un permiso para que la pareja de Vinardi, que está presa en detención domiciliaria –con tobillera electrónica- en Villa Gobernador Gálvez, tenga una visita conyugal en el penal de Ezeiza. El fiscal federa Federico Reynares Solari mencionó para pedir que el TOF 3 bajara el pulgar al pedido de Vinardi las libertades que tuvo el preso para planear la exhibición de la bandera gigantesca, fabricada en Isidro Casanova, La Matanza, que tenía el texto: “Nosotros estamos más allá de todos”.
Potenciales conflictos
A los reclamos judiciales se sumaron ahora episodios violentos, como ocurrió en el penal de Ezeiza. Las autoridades penitenciarias prevén que estas situaciones conflictivas se repetirán, porque las restricciones repercuten directamente en el negocio criminal. Si los líderes narcos no tienen contacto con los engranajes que están en libertad se va a complicar la subsistencia de la estructura criminal. El desafío, que hasta ahora nunca se cumplió, es que las medidas de mayores controles se mantengan.
Después de más de dos años de haber iniciado la licitación, el gobierno de Santa Fe anunció la semana pasada la puesta en marcha en la cárcel de Piñero de un sistema de inhibición de señal de celular, con el que buscan evitar que los reclusos continúen utilizando teléfonos dentro de los pabellones, con los que dan órdenes para cometer delitos. El sistema aún está en periodo de prueba. Funciona unas 12 horas al día y está siendo manejado de manera remota desde la sede de la empresa israelí que instaló los inhibidores.
Estas restricciones comenzaron a provocar tensión dentro de la cárcel. Y esperan que sean mayores, cuando el sistema funcione en su totalidad. Esta nueva tecnología se suma a los escáneres corporales y arcos detectores de metales, que se instalaron en los penales más grandes de la provincia, como Las Flores, Coronda y Piñero.
“Las comunicaciones, conforme reza la Constitución Nacional, están garantizadas, habida dado cuenta que hay un régimen de visitas, que la correspondencia se puede llevar adelante si es que así lo desean y, además, en los pabellones tenemos las líneas telefónicas fijas, o comúnmente conocido como teléfono público, desde los cuales se van a poder comunicar”, aseguró el ministro de Seguridad Claudio Brilloni, cuando se presentó el nuevo sistema en Piñero la semana pasada.
En los últimos días se instaló en el penal de Piñero un sistema para bloquear la señal de celulares; por el momento es un plan piloto que funciona doce horas por día
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Pérez Algaba sumaba acreedores y amenazas por malos negocios
Un barra se presentó ante la Justicia y confirmó que la víctima le debía una importante cantidad de dinero
Gabriel Di Nicola
En febrero pasado, cinco meses antes de ser asesinado y descuartizado, Fernando Pérez Algaba fue hasta la casa de un examigo, Nahuel Vargas, en Castelar, en el oeste del conurbano, y varias veces le gritó: “Te, te tiro”. El destinatario de los mensajes corrió hasta la esquina y escuchó una explosión. Cuando regresó a la puerta de su domicilio se encontró con la luneta de su camioneta 4x4 estallada. No lo dudo e hizo la denuncia por amenazas en una comisaría de Morón. Ante el uniformado que le tomó la declaración dijo tener miedo por su madre, que vive con él.
La denuncia de Vargas, de 43 años, es uno de los varios expedientes que analizan los investigadores del homicidio de Pérez Algaba, el trader de 41 años asesinado a balazos y descuartizado, para intentar reconstruir el pasado de la víctima.
La autopsia determinó que Pérez Algaba fue asesinado de dos disparos por la espalda. El desmembramiento del cuerpo se realizó luego de la muerte.
“Existían deudas de dinero pendientes entre Vargas y Pérez Algaba”, sostuvo una fuente judicial. Vargas había sido nombrado por su nombre de pila varias veces en una serie de conversaciones entre un integrante de la barra brava de Boca Juniors y Pérez Algaba. Las charlas habían sido grabadas por la víctima y ahora son analizadas por la Justicia.
“Los chats y audios que trascendieron mediáticamente no estaban en la causa, ya que de momento no se ha logrado secuestrar el teléfono celular de Fernando Alejandro Pérez Algaba. A partir de su difusión fueron incorporados a la investigación”, sostuvieron fuentes judiciales. Las conversaciones a la que hacen referencia los voceros consultados son entre la víctima y Gustavo Iglesias, el supuesto barra.
Según escritos que hizo Pérez Algaba, de 41 años, en su block de notas de su teléfono celular y enviada a sus contactos de WhatsApp, el hijo de Iglesias, Nazareno, le reclamaba una deuda en dólares.
“Nazareno y Gustavo Iglesias se presentaron en la causa con sus abogados. Ambos prestaron declaración y en el marco de las mismas no solo reconocieron que Pérez Algaba les debía dinero, sino que además confirmaron la veracidad de los audios que trascendieron en los medios y en los que se puede escuchar la voz Gustavo Iglesias”, agregaron las fuentes citadas.
En uno de las conversaciones grabadas por el trader, Gustavo Iglesias fue directo: “Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más en tu vida plata, te juro por mis hijos que no tengo ningún problema por ir preso”.
Según un largo texto que la víctima escribió el 1° de octubre de 2022, habría perdido una importante cantidad de dinero invertida en el negocio de las criptomonedas. En esa nota, hace referencia a Nazareno Iglesias y explica que el joven le prestó US$40.000 y que él durante 12 meses le pagó. “El capital lo recuperó. ¿Ahora que me caí, no podés esperar unos meses que me acomode y te voy cancelando? No, me llama y me amenaza”, sostuvo en el escrito. También contó que le ofreció al padre del muchacho un lote en Cariló, pero no aceptó porque quería el efectivo.
La investigación del homicidio de Pérez Algaba está a cargo del fiscal de Lomas de Zamora Marcelo Domínguez. “Declararon algunos amigos de la víctima, quienes confirmaron que Pérez Algaba tenía deudas con distintos acreedores. Pero ninguno pudo aportar información relativa a quién podría haber querido matarlo”, dijeron fuentes judiciales
Uno de los testigos fue Lucas Matilla quien afirmó que durante 11 años fue amigo de la víctima y confirmó que su amigo se dedicaba al negocio de las criptomonedas.
El hallazgo del cuerpo
El cuerpo descuartizado de la víctima fue arrojado en el arroyo del Rey, en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Primero se encontraron los dos brazos y las dos piernas del empresario en una bolsa negra en el interior de la valija roja. El lunes pasado, cuando se realizaban tareas de drenaje en el arroyo, se halló el torso. Un día después, finalmente, fue encontrada la cabeza, estaba dentro de una mochila en el mismo arroyo.
En el interior de la valija donde estaban las extremidades de Pérez Algaba se encontraron cuatro documentos de identidad correspondientes a los integrantes de una familia que vive en Ingeniero Budge, quienes declararon como testigos ante el fiscal de Lomas de Zamora Marcelo Domínguez, a cargo de la investigación
“Los testigos dijeron que le prestaron la valija a una familiar y que se habían olvidado los documentos en el interior de la maleta”, sostuvo una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense.
El fiscal Domínguez solicitó cuatro órdenes de allanamiento de urgencia en distintos domicilios del sur del conurbano bonaerense, en uno de los cuales se detuvo a una mujer trans, la persona a la que le habían prestado la valija.
En febrero pasado, cinco meses antes de ser asesinado y descuartizado, Fernando Pérez Algaba fue hasta la casa de un examigo, Nahuel Vargas, en Castelar, en el oeste del conurbano, y varias veces le gritó: “Te, te tiro”. El destinatario de los mensajes corrió hasta la esquina y escuchó una explosión. Cuando regresó a la puerta de su domicilio se encontró con la luneta de su camioneta 4x4 estallada. No lo dudo e hizo la denuncia por amenazas en una comisaría de Morón. Ante el uniformado que le tomó la declaración dijo tener miedo por su madre, que vive con él.
La denuncia de Vargas, de 43 años, es uno de los varios expedientes que analizan los investigadores del homicidio de Pérez Algaba, el trader de 41 años asesinado a balazos y descuartizado, para intentar reconstruir el pasado de la víctima.
La autopsia determinó que Pérez Algaba fue asesinado de dos disparos por la espalda. El desmembramiento del cuerpo se realizó luego de la muerte.
“Existían deudas de dinero pendientes entre Vargas y Pérez Algaba”, sostuvo una fuente judicial. Vargas había sido nombrado por su nombre de pila varias veces en una serie de conversaciones entre un integrante de la barra brava de Boca Juniors y Pérez Algaba. Las charlas habían sido grabadas por la víctima y ahora son analizadas por la Justicia.
“Los chats y audios que trascendieron mediáticamente no estaban en la causa, ya que de momento no se ha logrado secuestrar el teléfono celular de Fernando Alejandro Pérez Algaba. A partir de su difusión fueron incorporados a la investigación”, sostuvieron fuentes judiciales. Las conversaciones a la que hacen referencia los voceros consultados son entre la víctima y Gustavo Iglesias, el supuesto barra.
Según escritos que hizo Pérez Algaba, de 41 años, en su block de notas de su teléfono celular y enviada a sus contactos de WhatsApp, el hijo de Iglesias, Nazareno, le reclamaba una deuda en dólares.
“Nazareno y Gustavo Iglesias se presentaron en la causa con sus abogados. Ambos prestaron declaración y en el marco de las mismas no solo reconocieron que Pérez Algaba les debía dinero, sino que además confirmaron la veracidad de los audios que trascendieron en los medios y en los que se puede escuchar la voz Gustavo Iglesias”, agregaron las fuentes citadas.
En uno de las conversaciones grabadas por el trader, Gustavo Iglesias fue directo: “Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor, te voy a sacar los ojos y cortar las manos para que no puedas contar más en tu vida plata, te juro por mis hijos que no tengo ningún problema por ir preso”.
Según un largo texto que la víctima escribió el 1° de octubre de 2022, habría perdido una importante cantidad de dinero invertida en el negocio de las criptomonedas. En esa nota, hace referencia a Nazareno Iglesias y explica que el joven le prestó US$40.000 y que él durante 12 meses le pagó. “El capital lo recuperó. ¿Ahora que me caí, no podés esperar unos meses que me acomode y te voy cancelando? No, me llama y me amenaza”, sostuvo en el escrito. También contó que le ofreció al padre del muchacho un lote en Cariló, pero no aceptó porque quería el efectivo.
La investigación del homicidio de Pérez Algaba está a cargo del fiscal de Lomas de Zamora Marcelo Domínguez. “Declararon algunos amigos de la víctima, quienes confirmaron que Pérez Algaba tenía deudas con distintos acreedores. Pero ninguno pudo aportar información relativa a quién podría haber querido matarlo”, dijeron fuentes judiciales
Uno de los testigos fue Lucas Matilla quien afirmó que durante 11 años fue amigo de la víctima y confirmó que su amigo se dedicaba al negocio de las criptomonedas.
El hallazgo del cuerpo
El cuerpo descuartizado de la víctima fue arrojado en el arroyo del Rey, en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Primero se encontraron los dos brazos y las dos piernas del empresario en una bolsa negra en el interior de la valija roja. El lunes pasado, cuando se realizaban tareas de drenaje en el arroyo, se halló el torso. Un día después, finalmente, fue encontrada la cabeza, estaba dentro de una mochila en el mismo arroyo.
En el interior de la valija donde estaban las extremidades de Pérez Algaba se encontraron cuatro documentos de identidad correspondientes a los integrantes de una familia que vive en Ingeniero Budge, quienes declararon como testigos ante el fiscal de Lomas de Zamora Marcelo Domínguez, a cargo de la investigación
“Los testigos dijeron que le prestaron la valija a una familiar y que se habían olvidado los documentos en el interior de la maleta”, sostuvo una fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense.
El fiscal Domínguez solicitó cuatro órdenes de allanamiento de urgencia en distintos domicilios del sur del conurbano bonaerense, en uno de los cuales se detuvo a una mujer trans, la persona a la que le habían prestado la valija.
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