ÑOQUIS Y EN PROVINCIA Y LA RESPUESTA DE BULLRICH

Legislatura: algunos no sabían que eran “ñoquis”
Titulares de tarjetas de débito dijeron desconocer su condición de empleados.
Hernán Cappiello


LOS JUECES DENUNCIADOS....ALEJANDRO VILLORDO Y JUAN BENAVIDES
Mientras la Justicia platense decide abrir el celular del puntero del PJ Julio Rigau, sorprendido mientras cobraba el sueldo de medio centenar de empleados de la Legislatura bonaerense, en lo que se supone una maniobra para financiar la política, la fiscalía obtuvo testimonios de personas que declararon bajo juramento que no sabían que estaban contratadas en la Cámara de Diputados provincial y menos aún que alguien percibía su salario por ellos.
Como la causa sigue en pie hasta que el controvertido fallo sea revisado por la Casación bonaerense, la fiscal Betina Lacki siguió tomando declaración a los damnificados. Ya declararon al menos 16 de los 48 dueños de las tarjetas de débito halladas en poder de Rigau y algunos dijeron que no sabían que estaban contratados en la Legislatura como empleados.
De acuerdo con lo señalado por fuentes judiciales, otros testigos declararon que ellos habían entregado sus tarjetas para que otros sacaran el dinero y les entregaban a cambio un recibo por trabajo en blanco, con obra social y aportes, pero solo cobraban una parte de lo que les depositaban. El salario promedio era de unos $400.000 por mes y por cada tarjeta Rigau podía sacar $30.000 en cada extracción.
En tanto, la ONG Poder Ciudadano se presentó como particular damnificada en la causa. Su director ejecutivo, Pablo Secchi, acudió ante el juez de garantías Guillermo Atencio y pidió que esa organización no gubernamental fuera tomada como querellante.
La presentación obedece a que Chocolate Rigau, como se conoce al electricista de la Legislatura, detenido con las tarjetas de débito mientras sacaba plata del cajero de las cuentas de los “empleados fantasma”, fue liberado porque los camaristas platenses Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo
Villordo declararon la nulidad de la causa, al interpretar que la policía se entrometió en la intimidad del puntero del PJ cuando lo detuvo sin razones válidas.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ya analiza la denuncia contra los dos jueces que liberaron a Rigau. El expediente, iniciado por la denuncia de los dirigentes Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico, todos de Juntos por el Cambio, ingresó al máximo tribunal en la oficina de control disciplinario, que ahora podría iniciar un sumario para analizar si el fallo cumple con las normas o si corresponde sancionar a los magistrados.
Los denunciantes pidieron la remoción de Benavides yVillordopor mal desempeño. El procurador bonaerense Julio Conte Grand elevó la denuncia a la oficina de control de la Suprema Corte. Es un trámite diferente al del juicio político contra los magistrados. Una vez que se ratifica la denuncia contra los jueces, se inicia en el área de control disciplinario un procedimiento de información sumaria. Se nombra a un abogado instructor que hace la investigación sobre la conducta de los jueces.
Si cometieron una falta, el instructor le corre traslado al juez investigado para que haga su descargo. Finalizado el proceso, el instructor hace un dictamen: recomienda archivar el caso o propone una sanción disciplinaria. La más grave se llama “reprensión”. Eleva el asunto y los jueces de la Suprema Corte deciden la sanción a aplicar al juez. Pero si el máximo tribunal bonaerense entiende que se trata de una conducta que supone un nivel de gravedad superior a una falta disciplinaria, entonces envía las actuaciones al procurador de la provincia para que evalúe si corresponde iniciarle un jury de enjuiciamiento a los magistrados.
El fiscal ante la Cámara de Casación Héctor Vogliolo ya hizo reserva ante la Cámara y avisó que va a apelar este fallo, criticado a coro por el mundo jurídico como una aberración motivada políticamente. Tiene 20 días para apelar. De modo de ejercer más presión y seguir de cerca los pasos de la causa, Poder Ciudadano planteó ante la Cámara de Casación que, como pretenso querellante, hacía reserva de su derecho a apelar la anulación del caso. El fallo de los jueces Benavides y Villordo intentó matar la causa en momentos en que el expediente ascendía en responsabilidades hacia la Cámara de Diputados.

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Kicillof mantiene el silencio sobre el caso, pero respaldó al legislador Otermín
Subió una foto junto al presidente de la Cámara baja de la Legislatura bonaerense
Kicillof y Otermín, en el spot que difundió ayer el gobernador
LA PLATA.– El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó ayer en público al presidente de la Cámara de Diputados y candidato a intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, en medio del escándalo de corrupción en la Legislatura, que estalló cuando fue detenido un puntero del peronismo cobrando decenas de tarjetas de débito de empleados legislativos.
Kicillof se mostró en una foto con Otermín cinco días después de que la Cámara de Apelaciones de La Plata liberara al puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau y cerrara la investigación. El dirigente del PJ fue detenido con 49 tarjetas de débito y 1,2 millones de pesos.
El gobernador respaldó al titular de la Cámara de Diputados provincial a través de la red X, con un spot a favor del candidato en Lomas de Zamora.
“No son promesas, son realidades que queremos seguir transformando junto a @fotermin y @ minsaurralde”, manifestó Kicillof en referencia también a su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, referente político de Otermín.
El aspirante a gobernador y el postulante a alcalde compartirán hoy con el candidato a presidente Sergio Massa un acto proselitista en Ensenada, donde está invitada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Massa, Kicillof y Otermín –todos postulantes de Unión por la Patria– tendrán oportunidad de romper el silencio férreo que mantienen hace 17 días sobre el caso de Julio Rigau, el puntero político peronista detenido y acusado de supuestas estafas reiteradas en la Legislatura.
El puntero fue liberado y excusado por la Justicia el jueves pasado, en medio de una fuerte controversia por la maniobra.
El teléfono de Rigau –que aún está en poder de la Justicia– podría abrirse para una pericia judicial en las próximas semanas a pedido de la fiscalía.
La medida permitiría arrojar luz sobre los interlocutores entre el puntero político y los responsables de la Legislatura, que maneja un presupuesto anual de 62.000 millones de pesos y tuvo una sola sesión ordinaria en este año electoral.
Los tres candidatos en campaña de Unión por la Patria no han expresado su opinión sobre el escándalo del puntero.
Kicillof se ilusionaba con tener a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy en el club Cambaceres de Ensenada para apuntalar la campaña de UP, pero la senadora no confirmó aún su presencia en un escenario que se montará a 20 kilómetros de los tribunales donde se guarda en custodia el teléfono de Rigau.
Massa, Kicillof y Otermín tendrán un escenario desde donde manifestarse sobre los mecanismos de financiamiento de la política antes de que la Justicia disponga –o n– la apertura de esa caja negra.
Nada indica que darán su versión sobre la actividad del puntero peronista las autoridades responsables de los presupuestos de la Legislatura, de la provincia de Buenos Aires o de la Nación, ante los veinte mil militantes movilizados por los intendentes que no harán preguntas.
Luego, más cerca de las elecciones, el juez de Garantías Guillermo Atencio tendría que resolver en los próximos días si habilita una pericia del teléfono de Julio Rigau, que se encamina a solicitar la UFI número 2, mientras la Fiscalía General tramita un recurso de apelación sobre la nulidad de la investigación.

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Bullrich: “El gobernador y Alak son los primeros que deben dar explicaciones”
Patricia Bullrich, aspirante presidencial de Juntos por el Cambio, monitoreó de cerca el escándalo por los cobros ilegales con tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura bonaerense. Habló con María Eugenia Talerico, una de las impulsoras, junto a Javier Iguacel y Ricardo López Murphy, de la denuncia contra Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, los camaristas que anularon la causa por presunta defraudación y ordenaron liberar a Rigau. Y aseguró que la diputada provincial Florencia Retamoso le hizo saber que presentaría un pedido de informes. Sin embargo, Retamoso finalmente no lo presentó porque Talerico ya había hecho la denuncia judicial.
Ayer, antes de reunirse con gobernadores, Bullrich habló y fijó su postura sobre el caso de Chocolate. Pidió que se investigue quién está detrás del puntero que sacaba plata de un cajero automático con tarjetas de decenas de empleados legislativos. Y, sobre todo, reclamó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su ministro de Justicia, Julio Alak, brinden explicaciones sobre el escándalo por el cierre exprés de la causa. Repitió que no pueden quedarse mudos porque “es evidente que hubo un manejo poco transparente y la Justicia decidió no investigar” los cobros ilegales. “Lo más importante de todo es que arranque la investigación”, insiste la candidata presidencial, quien considera que Juntos por el Cambio no calla frente al escándalo de las tarjetas. “Estamos totalmente decididos a limpiar, no solamente ésta, sino todas las legislaturas del país. Con nosotros se acabó la joda”, aseguró Bullrich. Hasta ahora, los principales contrincantes de la exministra en la compulsa presidencial, Sergio Massa y Javier Milei, no se pronunciaron sobre el caso”. “Kicillof y Alak son los que tienen que dar explicaciones. O se ponen al frente de esto o se corren. Cuando gobernemos nosotros, ya lo ha dicho [Néstor] Grindetti, vamos a tener un sistema de control, de rendición de cuentas; total y absolutamente transparente”, dijo.

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