CUESTIONAMIENTOS Y ACUSACIONES

La trama oculta detrás del crimen de González Catán
Jorge Ossona
Los terrenos ocupados en la tosquera en González Catán, al día siguiente de las cinco muertes.
El desenlace fatal dentro del asentamiento 8 de diciembre se inscribe en una secuencia más prolongada. La toma ocurrió hace más de un año y, como suele ocurrir, se trató de un negocio de bandas dedicadas a ese rubro con sus respectivos séquitos. A los “ocupantes” no les interesa “un lugar para vivir”, sino solo la comisión que les pagan los jefes una vez vendidos los predios. En una segunda o tercera fase aparecen los verdaderos interesados. Se trata de otras bandas allegadas a los primeros de diversos orígenes e intereses. Compran grandes extensiones, que revenden a agregados menores reservándose la “administración” de su área como “delegados”.
En este caso, se distinguen cuatro grupos de origen nacional diverso: paraguayos, bolivianos y peruanos. Cada lote posee un perímetro de 10 metros de ancho por 30 de largo evocando que el negocio constituye en ocupar conjuntos de allegados a los “delegados”. A cada familia nuclear se le otorga un “dominio” precario que es solo una fachada para simular precisamente aquel valor diluido durante los cuarenta años que ya lleva esta modalidad anómica de urbanización: la propiedad privada.
Luego, los paraguayos montan edificios de altura para alquilar a los contratistas de trabajadores informales de la construcción; los bolivianos, talleres grandes con costureros reducidos a la esclavitud de régimen de “cama caliente” o edificaciones para alojar paisanos explotados a destajo.
No faltan bandas argentinas que encuentran allí una guarida para desarrollar a buen resguardo otras actividades venales. Tampoco sectores marginales de organizaciones sociales vinculadas a todos estos negocios conjugados con la movilización de sus aparatos políticos que aportan abogados o “trabajadores sociales”.
Los “delegados” suelen no vivir en los barrios, sino dejar allí a sus emisarios. La alta rentabilidad que les ofrece la economía delictiva se constata en la verdadera playa de estacionamiento en donde, al momento de la “asamblea” que preludió la tragedia, confluían decenas de coches y camionetas.
Los conflictos detonan por roces en torno del carácter difuso de sus jurisdicciones, o por la actitud contestataria de algún “capito” subordinado frente al despotismo de quienes controlan “el territorio”.
La situación se complica cuando se producen entre exponentes de las diferentes colectividades. Y nunca falta algún “soldado” –esta vez, sindicados como “sicarios” o “culatas”– que al momento de “picarse” la discusión arroja una bala al aire o se tienta en dispararle a alguien a quien tiene entre ojos por ofensas pasadas de la más diversa índole. Entonces, se consuma la secuela de víctimas luego caratuladas por la policía como “pelea en riña”, que garantiza la impunidad de los asesinos.
Suele insistirse en la ausencia de las autoridades públicas o del “Estado”. Se trata de un discurso desprevenido o demasiado apegado a la formalidad de un derecho que es justamente lo que ha desaparecido en esos arrabales regidos por “códigos” que abarcan desde el origen étnico hasta los religiosos, tumberos o de las barrabravas, frecuentemente yuxtapuestos.
La ausencia es entonces presencia tácita en la “zona liberada” para la comisión de delitos cuyos réditos los “delegados” coparticipan con la policía, funcionarios judiciales o burócratas de segunda o tercera línea municipal.
También es importante remarcar la elección no azarosa de estos asentamientos. En este caso, próximo a la prolongación del Camino del Buen Ayre en una autopista de 83 kilómetros que enhebrará nada menos que a doce municipios del GBA. Un corredor crucial para la probablemente actividad principal en disputa: la elaboración de estupefacientes procedentes del nordeste y el noroeste en “cocinas” al abrigo de la visibilidad pública. Un problema que requiere de superlativa atención dado el sitio estratégico del país en ese largo circuito que arranca en Perú y que encuentra aquí un mercado en ascenso, además de una excelente plataforma para la exportación a África, Europa y el Lejano Oriente.
¿Es posible intuir un plan de toda la saga? La respuesta es ambigua. Sin duda que las diferentes secuencias de la toma ocurren en tierras públicas o privadas abandonadas o en procesos de sucesión complicados o herencias vacantes. Pero el resultado suele ser bien distinto al de los proyectistas y se conjuga con factores aleatorios de beneficiarios finales al de las bandas pioneras.

Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos

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La mortal toma de tierras sacude la política
González Catán. La Casa Rosada responsabilizó a Kicillof por el enfrentamiento, que dejó cinco muertos

Jaime RosembergFotos Tomás Cuesta
El conmocionante ataque armado contra un grupo de familias que buscan asentarse en una toma de tierras en González Catán, que dejó cinco muertos, causó estupor y duros cruces políticos.
En su habitual ronda de prensa matutina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, definió el conflicto como “un tema estrictamente provincial” y, sin rodeos, responsabilizó a los gobiernos de Axel Kicillof y del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, al afirmar que “el Estado evidentemente no está tan presente en estos lugares”.
Quien le respondió fue el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. “No corresponde hacer chicanas políticas con cinco muertos, es una falta de respeto”, sostuvo.
Mientras tanto, se anunció anoche la detención de un sospechoso que estaría detrás de la toma en la tosquera 20 de Junio, que el gobierno atribuye a una mafia. En el lugar, continuaban ayer la conmoción y el temor debido a que los responsables del ataque aún no fueron detenidos.
El violento enfrentamiento en una toma de tierras en La Matanza el domingo, que dejó un saldo de cinco muertos y ocho heridos, extendió ayer la conmoción social y provocó fuertes cruces entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, a cargo del kirchnerista Axel Kicillof.
Los asesinatos del domingo exhibieron una escalada de violencia en los conflictos en torno a la ocupación ilegal de tierras en el conurbano bonaerense.
El gobierno de Javier Milei definió ayer como un tema “estrictamente provincial” el conflicto, presuntamente entre familias bolivianas y paraguayas.
La Casa Rosada apuntó sin rodeos contra el gobierno kirchnerista, a quien responsabilizó de manera indirecta por los hechos de violencia.
“Entendemos que es un tema estrictamente provincial, que atañe a las autoridades de la provincia de Buenos Aires”, afirmó ayer por la mañana el portavoz Manuel Adorni, ante una preguntaen la conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.
“Por supuesto nos parece un hecho penoso y lamentable, estamos consternados por la cantidad de muertos que ocurrieron. Evidentemente el Estado tan presente no está en estos lugares, ¿no? Han hecho tanta propaganda con el Estado presente y de repente vemos gente matándose por tener un pedazo de tierra”, abundó Adorni, en crítica al kirchnerismo.
“Nos parece todo un hecho lamentable, y el contexto en el que ocurre nos parece tan lamentable como el hecho mismo”, finalizó el portavoz, quien evitó precisar si hubo contactos desde el gobierno con el gobernador bonaerense Kicillof o el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en relación con el violento episodio.
Por la noche, tras una jornada de silencio, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó que había una persona demorada por el caso de la toma. Se trata de un sujeto que formaría parte de la organización de la usurpación del predio en cuestión y la venta ilegal de los lotes.
“Creemos que es uno de los que organizaban la venta de terrenos y la usurpación. No lo tenemos en video tirando a él. Son filmaciones de las víctimas, porque en la zona no hay cámaras. Y tenemos cuatro personas más identificadas, con nombre y apellido, y otras cinco identificadas con su apodo”, informó Alonso, en diálogo
Alonso, sucesor de Sergio Berni en la cartera de Seguridad bonaerense, sostuvo que en el predio usurpado “hubo terrenos que se vendieron tres o cuatro veces a distintas personas”.
La usurpación es de larga data, según sintetizó el ministro provincial. “Es una toma judicializada desde 2019. Desalojamos tres veces. En junio de 2023, la UFI Nº2 sacó una medida de no innovar. Hay una persona imputada por la usurpación, Juana Correa Villalba”, resumió.
En el predio se mantiene una custodia para evitar posibles nuevos hechos de violencia. Según confió Alonso, los vecinos del lugar mostraron temor a represalias. “Desde ayer, quedó Infantería con móviles policiales”, indicó Alonso.
Sobre las acusaciones de la Casa Rosada, Alonso consideró que “no corresponde hacer chicanas políticas con cinco muertos, es una falta de respeto”.
“Tenemos que seguir trabajando para que estas familias tengan una vida digna. Las ironías ya ocurrieron en el caso de Bahía Blanca [por el temporal que azotó la ciudad en diciembre pasado], en el que seguimos esperando la ayuda del gobierno nacional”, retrucó el ministro de Seguridad bonaerense.
Silencio municipal
Tanto Kicillof como Espinoza evitaron en principio pronunciarse sobre el enfrentamiento en las últimas horas, y tampoco lo hizo la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich
Sin contacto con las autoridades nacionales, y en plena discusión dialéctica con el Gobierno, desde Unión por la Patria insistieron sin embargo en la necesidad de “reforzar el rol del Estado” para frenar la violencia.
“Los trágicos hechos de La Matanza son principalmente consecuencia de la ausencia del Estado en sus tres niveles. Solo se puede en principio paliar y luego empezar a resolver con organización popular y trabajo”, afirmó a Fernando“Chino” Navarro, dirigente del Movimiento Evita.
“Esto debe hacerse en el marco de una política de unidad nacional, con la política y sobre todo con los actores organizados y destacados de la Sociedad Civil”, agregó Navarro, exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández, en respuesta directa al discurso “anticasta” del gobierno libertario.
Con un tono de crítica más elevado, el dirigente del MTE Juan Grabois afirmó: “Que en la Argentina haya personas muriendo por un pedazo de tierra para vivir debería avergonzar a cualquier dirigente de cualquier partido político”.
En crítica al paquete de leyes impulsado por el Gobierno, en especial al DNU, el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria agregó que “la necesidad y la urgencia debería ser esa: que haya tierra para los argentinos, no sacar normas para que la tierra argentina se pueda entregar a cualquier multinacional”.
Por lo que pudieron reconstruir hasta el momento los investigadores, en la tosquera, conocida como 20 de Junio, donde ocurrió el ataque a tiros, se realizaba una reunión barrial de la que participaban integrantes de la comunidad boliviana y algunos ciudadanos peruanos asentados en forma irregular en esos terrenos con los llamados “delegados” de la zona, de nacionalidad paraguaya, quienes al parecer les habían vendido esas tierras tomadas a unas 100 familias.
Siempre según la reconstrucción a cargo de fuerzas policiales, en la reunión se produjo una discusión por dinero entre los habitantes del barrio y los “delegados”, en medio de la cual se empezaron a amenazar. La discusión creció hasta que un grupo comenzó a disparar.

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