martes, 16 de enero de 2024

DEBATE POR LEGÍTIMA DEFENSA Y DE COLEGIALES A PALERMO


Un policía mató a un chico de 14 y el uso del arma vuelve al debate
El efectivo porteño fue detenido tras el episodio en el que, aseguró, trataron de robarle
José María Costa
Un policía de la Ciudad mató a un adolescente de 14 años e hirió a otro de 19; dijo que los enfrentó luego de que lo interceptaran para asaltarlo en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza. El oficial quedó detenido, acusado de exceso en la legítima defensa. Y el suyo puede convertirse en un caso testigo de una discusión que se reactivó con el nuevo gobierno.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsa una agenda de empoderamiento policial y postula que, como regla, se debe interpretar que los efectivos actúan en defensa propia y de terceros y, por lo tanto, deben ser amparados por la ley y exceptuados de cargos. La llamada ley ómnibus enviada por la administración de Javier Milei al Congreso contempla una reforma del Código Penal que incluye esta “legítima defensa privilegiada”.
Un policía de la Ciudad mató a un presunto delincuente de 14 años e hirió a otro de 19; dijo que lo interceptaron para robarle cuando volvía a su casa en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Pero un fiscal entendió que pudo haberse excedido en su respuesta armada y lo dejó detenido.
El hecho se produjo en momentos en que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su par de la Ciudad, Waldo Wolff, impulsan una agenda de empoderamiento de la intervención policial en hechos de este tipo, casos para los cuales postulan que, como regla, se debe tener por hecho que los efectivos actúan en defensa propia y de terceros y, por lo tanto, deben ser exonerados de cualquier responsabilidad penal. Incluso, dentro de la ley ómnibus enviada por la administración de Javier Milei al Congreso, se incluyó un apartado sobre esta “legítima defensa privilegiada” con una nueva redacción del artículo 34 del Código Penal.
Fuentes de seguridad porteña dijeron a que desde 2017 hubo la nacion 561 enfrentamientos con arma de fuego entre policías de la Ciudad y delincuentes. De ellos, 173 se dieron en la Capital, en actos de servicio, mientras que los 388 restantes fueron en la provincia de Buenos Aires, en general, en situaciones en las que los efectivos salen de sus hogares a sus lugares de trabajo o cuando regresan a casa después de la jornada laboral.
“Hay algo aún peor. En los últimos cuatro años tuvimos 11 policías caídos en cumplimiento del deber; diez de ellos del otro lado de la General Paz, en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires”, dijo Waldo Wolff
El último episodio se produjo la madrugada del sábado en el cruce de las calles Alicante y Camino de Cintura, en la mencionada localidad del partido de La Matanza.
Según detallaron fuentes policiales y judiciales, Juan Cruz Mazzeo, de 21 años, se encontraba de civil y regresaba a su casa cuando fue interceptado por dos presuntos delincuentes en una moto Honda Wave. El policía declaró que uno de ellos tenía un cuchillo, mientras que el otro hacía ademanes de poseer un arma de fuego.
Cuando intentaron sustraerle las pertenencias, el efectivo de civil se identificó como policía, sacó su arma reglamentaria Pietro Beretta calibre 9 milímetros y abrió fuego contra los sospechosos, declaró.
Producto de los disparos, uno de los acusados, el menor de 14 años, murió en el lugar, mientras que su compañero, de 19, recibió un impacto y fue trasladado al Hospital Paroissien, de Isidro Casanova.
Voceros judiciales confirmaron que el adolescente fallecido recibió un disparo en el tórax, uno en el pie y otro en la espalda, mientras que el joven que iba con él fue alcanzado por un proyectil en un pie.
Tras el hecho intervino personal de la comisaría 7ª de Los Pinos, quienes aprehendieron al efectivo tras la indicación del fiscal Carlos Arriba, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza.
El oficial, que cumple funciones en la Comisaría Vecinal 12C del barrio porteño de Villa Urquiza, declaró ante el fiscal Arribas, quien tras la indagatoria ordenó su detención formal por el delito de “exceso en la legítima defensa”.
“Dio su versión de los hechos. Dijo que le quisieron robar y que uno de ellos hizo un movimiento como para sacar un arma de fuego y que por esa razón disparó”, explicó uno de los investigadores.
En tanto, el joven de 19 años continúa internado y fue indagado ayer a la tarde por el delito de “tentativa de robo”, indicaron las fuentes.
Calificados voceros judiciales dijeron a que el presunto la nacion motochorro se negó a declarar y continuará internado en el centro de salud matancero, imputado por tentativa de robo.
“Hasta el momento, por la hora en la que ocurrió el hecho, no contamos con testigos presenciales. Tampoco se pudo localizar, hasta ahora, alguna cámara de seguridad que hubiese registrado el intento de robo y los posteriores disparos”, reconoció una fuente de la investigación a la nacion.
Por otra parte, desde la fuerza de seguridad en la que trabaja el uniformado indicaron que, tras la indagatoria del joven, se presentó el pedido de excarcelación.
“Yo veo con mucha preocupación la situación por la que tienen que pasar nuestros efectivos de la Policía de la Ciudad cada vez que regresan a sus hogares”, dijo Wolff a la nacion. Agregó: “Los enfrentamientos con arma de fuego entre los oficiales de nuestra fuerza y los delincuentes se dan con mucha más claridad en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad, donde trabajan y cumplen función policial”.
El funcionario porteño, al referirse a este último caso, dijo: “En relación con el caso del oficial Mazzeo, no escapa a la realidad que viven nuestros policías. Sufre una situación delictiva cerca de su domicilio, donde es abordado por dos personas en una moto, y utiliza su arma para defenderse. Es importante dejar trabajar a la Justicia en la investigación y que reconstruya el caso. El oficial Mazzeo está a disposición, como toda la Policía de la Ciudad”.
El debate en el Congreso
La ley ómnibus, el megaproyecto de reconfiguración normativa que el presidente Javier Milei envió al Congreso el miércoles 27 de diciembre, tiene 351 páginas que incluyen 664 artículos con reformas en materia económica, impositiva, fiscal, electoral, social y de seguridad.
En el caso de la legítima defensa, el proyecto amplía los casos que deben ser interpretados dentro de ese paradigma. Para que exista esa causal de justificación que proteja a quien repele una agresión, la normativa establece que hay defensa propia cuando se enfrenta una agresión ilegítima y se verifica “la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla”.
El proyecto que defiende Bullrich agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Por ejemplo, con los cambios que busca introducir el Poder Ejecutivo
Nacional, el suboficial Luis Chocobar, el policía bonaerense que mató en 2017 a balazos a un ladrón que huía después de haber dejado al borde de la muerte a un turista en La Boca, hubiese sido absuelto. En rigor, fue condenado a dos años de prisión en suspenso por homicidio cometido con exceso en el cumplimiento del deber.
La ampliación de la figura incluye también la justificación de quien repele a alguien “cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual”. Y suma a “quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena” del hecho.
En ese contexto, Bullrich se reunió la semana con Chocobar. En esa charla, la ministra insistió con la necesidad de modificar el Código Penal y, particularmente, “incluir disposiciones que contemplen la diferencia de fuerzas y la situación de legítima defensa cuando el agresor se encuentra en fuga”.
Bullrich, Chocobar y el abogado Fernando Soto, flamante director de Normativa y Enlace con el Poder Judicial, se reunieron en el Ministerio de Seguridad. En un comunicado de prensa, Chocobar fue presentado como “el oficial de policía que actuó bajo cumplimiento del deber”.
“Chocobar es un símbolo de un policía que, repeliendo un ataque brutal de 9 puñaladas, terminó en el banquillo de los acusados. Ahora estamos reparando este daño con la nueva ley que se discute en el Congreso”, dijo la ministra.

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Un puente que une dos barrios, cerrado desde hace más de un año
Tendido en el eje Soler-Ciudad de La Paz, iba a ser refaccionado; la obra nunca empezó por la demora en los permisos de la Nación
Mauricio Giambartolomei
La estructura permanece cerrada desde diciembre de 2022
Los dos operarios de la empresa de reparación de ascensores sacan la cabeza por la ventanilla de la camioneta utilitaria para chequear mejor el panorama. No pueden avanzar más por la calle Ciudad de La Paz; el puente está bloqueado por otros automóviles que son reparados en un taller que utiliza el espacio como estacionamiento de esos autos. Aprovechan el vallado que hace más de un año cortó la circulación sobre las vías ferroviarias a la espera de las mejoras en la estructura que se demoran por conflictos de jurisdicciones.
La camioneta debe hacer una maniobra rara. Frena, apunta a la entrada de un garaje, retrocede y sale en la misma dirección por la que venía. Algunos vecinos, ya acostumbrados al corte, maniobran con mayor agilidad. Como también los ciclistas que se topan con la muralla y optan por pasar hacia el otro lado por las escaleras y el puente peatonal, que sigue habilitado.
El puente Soler, construido entre 1916 y 1919 para que circularan tranvías, que lo utilizaron hasta los años 60, dejó ser una conexión alternativa entre los barrios de Colegiales y Palermo cuando quedó cerrado, hace ya más de un año, por una obra de restauración que nunca pudo concretarse. “Llevar a mis hijos al colegio fue un trastorno todo el año pasado”, se queja Pablo, un usuario habitual.
Situada sobre el eje de Soler-Ciudad de La Paz entre Dorrego y Santos Dumont, la estructura centenaria pasa por encima de las vías del ferrocarril Mitre, ramal Retiro-José León Suárez, en la comuna 14. Tiene 52 metros de longitud y fue construido por la Compañía de Tranvías Lacroze, luego modificado por el uso del tránsito vehicular. Los trenes circulan con normalidad, ajenos a la monotonía de más arriba, con apenas algunas personas que lo cruzan por el acceso peatonal y al atravesar las escaleras.
Los cambios en el uso, según informaron fuentes oficiales, fueron provocando un deterioro que afectó el puente, coronado con una estructura de hierro macizo, lo que obligó a encarar una puesta en valor y dejarlo inactivo durante algunos meses. Nadie pensó en el gobierno porteño que la demora podría extenderse más de la cuenta por la falta de habilitaciones del Estado nacional.
“Cuando bloquearon el paso, en diciembre de 2022, nos avisaron que la obra se terminaba en un año, pero en 12 meses solo vimos gente barriendo arriba del puente, no mucho más”, cuenta Guillermo, que vive en uno de los edificios a pocos metros. “Es un problema para los servicios de emergencia, como bomberos, ambulancias o policías, porque el puente conectaba dos barrios muy rápido evitando las vías”, agrega.
Antes del cierre hubo una modificación respecto de la restricción de circulación para evitar que los vehículos pesados y de mayor porte utilicen el puente. Por eso se limitó la altura a 2,10 metros, pero esa medida no resultó suficiente para mitigar el impacto del uso. Guillermo recuerda cómo algunos vehículos quedaron enganchados en el pórtico metálico a pesar de las advertencias de sus dimensiones.
Una vez cerrado, los trabajos se enfocaron en evaluar el estado general con estudios de ensayos de carga dinámicas y estáticas, metalográficos, de dureza del material y simulaciones por medio de software especializados, explicaron desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. “Las evaluaciones arrojaron como resultado que el puente presentaba fallas y que era necesario un mantenimiento integral”, aseguraron en la cartera.
El proyecto de restauración consistía en tareas de mantenimiento que respetaban el valor histórico de la locación, con la instalación de nuevos puntos de apoyo para reforzar y dar mayor seguridad a toda la estructura. La planificación de la obra se topó con trabas burocráticas que entorpecieron la ejecución.
Es que para avanzar el proyecto requería la aprobación de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) y de la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La primera envió la habilitación recién el 15 de septiembre pasado y la elevó a la CNRT; al término de la administración nacional anterior, no se había podido destrabar el permiso.
Distintas fuentes porteñas ligadas al proyecto admitieron que fue muy complejo conseguir las habilitaciones, ya que por razones de seguridad para avanzar con la obra se debe interferir en la parrilla ferroviaria, lo que podría provocar problemas en la frecuencia del tren Mitre. Sin embargo, desde la Ciudad ya se establecieron vínculos con las nuevas autoridades de la empresa ferroviaria y de la CNRT. Los responsables de la intervención confían en que se puede destrabar pronto.
Ante la consulta de desde la CNRT sostuvieron que se encuentran a la espera de “recibir nuevamente el proyecto ejecutivo con algunas correcciones que se habían solicitado”.
“Durante el día no hay mucho problema, salvo para los autos que no pueden pasar y tienen que dar la vuelta en U. Pero a la noche se empieza a picar; después de las 20 no queda nadie, no hay policías y se empieza a armar un clima medio espeso”, suelta Sergio, uno de los mecánicos que trabajan en un auto sobre Ciudad de La Paz. “Abajo del puente hay un local que está cerrado siempre, ahí suele haber ranchadas. Y subir la escalera es como entrar en un túnel porque no sabés lo que te encontrás del otro lado. Nunca pasó nada grave, pero el ambiente cambia de noche”, afirma.
Baches, roturas en los cimientos y otros daños menores provocaron el cierre del tradicional puente Soler que había sido construido sin adoquinado a pesar de la obligación municipal de permitir el paso de vehículos, algo que no ocurrió hasta después de los años 60. Luego de la desaparición del tranvía, el puente estuvo cerrado durante un tiempo y luego habilitado a la circulación vehicular. Los cambios en las administraciones de la ciudad y de la Nación podrían hacer que se agilice la puesta en marcha de la obra

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