EDITORIAL Y Evo Morales, inhabilitado

Expensas por las nubes
Urge terminar con los abusos del sindicato único y la falta de representación genuina de los consorcistas en las negociaciones paritarias
Mes tras mes, las expensas se convierten en una pesadilla para cada vez más propietarios e inquilinos de departamentos en propiedad horizontal debido al sideral aumento que vienen experimentando y que no ha hecho más que hacer crecer el porcentaje de morosidad.
De acuerdo con datos relevados sobre una base de 100.000 usuarios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires por la plataforma Octopus Proptech, el monto promedio de las expensas de noviembre último, que llegaron a los hogares a principios de diciembre, registró un incremento del 10,1 por ciento en comparación con el mes anterior. Su valor promedio fue de 52.912 pesos, por lo que acumula un aumento del 123,5 por ciento desde enero de 2023. Las de diciembre, que suelen ser más elevadas por los pagos de aguinaldos al personal de los edificios, registraron un aumento superior al 18 por ciento, que trepa al 23 por ciento en algunos casos. Entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2023, la suba fue del 124 por ciento.
La situación se agrava durante los meses de verano ante el costo de los reemplazos que se requieren por vacaciones del personal, y también la sufren los edificios con amenities, cuyo uso se intensifica en esta época del año.
Lo más grave es que la estampida de precios de las últimas semanas podría incrementar aún más la morosidad, que ya oscila entre el 20 y el 25 por ciento de los propietarios e inquilinos en la Capital y el 30 por ciento en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El impacto sobre el total de los vecinos también suma una carga inflacionaria adicional.
Es cierto que los aumentos en el valor de las expensas no pueden escapar a la calamitosa situación general de la economía del país, signada por el mayor proceso inflacionario que haya tenido lugar desde 1991. Sin embargo, es menester considerar que entre el 60 y el 70 por ciento de los gastos corresponden a los sueldos y cargas sociales de los encargados o porteros, del personal de limpieza y de seguridad de los edificios, y que la negociación salarial ofrece una nociva peculiaridad: las cámaras que representan a los consorcios de propietarios carecen de peso y representatividad, por lo que el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios (Suterh) impone sus demandas a su gusto y sin mayor resistencia, causando una gravísima situación de inequidad.
Como en reiteradas ocasiones comentamos desde este espacio editorial, lamentablemente los consorcios se ven imposibilitados de negociar en forma directa y libremente las condiciones salariales con los encargados y el resto del personal de los edificios, como resultaría aconsejable. Es ese, con seguridad, uno de los aspectos que deberían ser contemplados en cualquier debate sobre una reforma de la legislación laboral, con el fin de terminar con los abusos del sindicato único y la falta de representación genuina de los consorcistas en las negociaciones paritarias.
El elevado peso del monto que se paga en sueldos del personal en las expensas, junto al aumento de la morosidad, está llevando a algunos consorcios en dificultades a desprenderse de los encargados con vivienda en el edificio para pasar a desocupar y alquilar esas unidades para cubrir gastos, y a delegar tareas de limpieza y mantenimiento de las partes comunes del inmueble en personal por horas o, incluso, a manos de los propios consorcistas.
Sería deseable que, para evitar situaciones como estas, se avanzara hacia una descentralización de la negociación colectiva, al tiempo que las autoridades se abocaran a evaluar la posibilidad de reducir el componente impositivo de las tarifas de servicios públicos, cuyo aumento impactará fuertemente en los próximos meses sobre las propiedades inmuebles. De este modo, podría comenzar a reducirse el insoportable peso de las expensas, tremendamente asfixiantes para tantos consorcistas.
El sideral incremento en el valor de las expensas las ha vuelto una pesadilla para muchos consorcistas, provocando una creciente morosidad en los pagos
Sería deseable que se avance hacia una descentralización de la negociación colectiva y se evalúe la posibilidad de reducir el componente impositivo de las tarifas de servicios públicos, cuyo aumento impactará muy fuerte en los próximos meses

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Evo Morales, inhabilitado
En un significativo revés para el expresidente Evo Morales, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP), recogiendo una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la materia, suspendió la reelección indefinida en el país con una sentencia que, además, inhabilita su candidatura en las elecciones de 2025.
El fallo es inapelable y se sustenta en una resolución de la CIDH. En los fundamentos, el dictamen de 82 páginas sostiene que la restricción a la posibilidad de repostulación indefinida es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder.
El tribunal sostuvo que “la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, poniendo fin a la histórica estrategia del expresidente Morales para eternizarse en el poder.
La sentencia constitucional aprobada por el TCP establece que la reelección no es un derecho humano y, por lo tanto, puede ser restringido legalmente. Paralelamente, la medida anula otra emitida por el mismo tribunal en 2017 en el sentido contrario, cuando los anteriores magistrados autorizaron a Morales a presentarse para otro mandato por considerarlo un “derecho humano”.
Las reacciones al fallo no se hicieron esperar. El expresidente y líder sindical de los productores de coca y del Movimiento al Socialismo (MAS) manifestó que, en la historia democrática de Bolivia, nunca existieron limitaciones para la rede elección consecutiva y continua y recalcó que la resolución del TCP respondía a un amparo por libertad de expresión y no por la habilitación o inhabilitación, señalando que la mención a la cuestión de la reelección estaba en la parte de los considerandos y no en la resolución propiamente dicha.
Morales acusó a dos magistrados del TCP de ser los responsables de introducir “de contrabando”, en una sentencia de revisión sobre las elecciones judiciales, temas vinculados con la reelección de los presidentes.
Por su parte, la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, encarcelada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución vinculados a acusaciones de golpe de Estado, manifestó que la decisión judicial puso punto final al delirio de Morales de aspirar a ser reelegido por siempre.

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