martes, 9 de enero de 2024

EDITORIAL Y La guerra que causó Hamas


Idas y venidas con el impuesto a las ganancias
Cualquier reforma tributaria debe ser el producto de un debate serio y no el resultado de un toma y daca o de meras especulaciones electoralistas
El gobierno nacional ha anunciado la intención de enviar un nuevo proyecto de ley al Congreso con el propósito de dejar sin efecto la eximición del impuesto a las ganancias para los asalariados que había dispuesto meses atrás el Poder Legislativo por impulso del entonces ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.
En aquella oportunidad, señalamos desde este espacio editorial que la alegría de los beneficiarios de esa medida tributaria –que abarca hasta hoy a quienes perciben mensualmente el equivalente a 15 salarios mínimos– iba a durar muy poco tiempo si, como tantas otras decisiones demagógicas del último gobierno kirchnerista, era financiada con más y más emisión monetaria. Y es probable que no nos hayamos equivocado.
El beneficio concedido a los asalariados encuentra algún fundamento razonable, por cuanto el salario no debería ser considerado ganancia y, en todo caso, debería hablarse de un impuesto al ingreso. Por otro lado, el deterioro del poder adquisitivo que venían sufriendo los salarios por el crecimiento de la inflación obligaba a contemplar subas en el mínimo no imponible, para que los salarios más rezagados no siguieran siendo castigados con mayor presión tributaria. A lo largo de muchos años, del mismo modo, la falta de una apropiada actualización de las deducciones permitidas ha hecho que cada vez más modestos salarios pasasen a ser alcanzados por ese impuesto.
Sin embargo, en lugar de avanzar hacia un debate serio y sereno sobre la forma de encarar esta cuestión, el populismo electoralista llevó a Massa y a los legisladores que lo acompañaron a decidir una amplia exención del impuesto sin evaluar la forma en que se podría compensar el costo fiscal que tal medida implicaría.
El festival demagógico también corrió por cuenta de algunos gobernadores provinciales que hoy, curiosamente, se quejan por la pérdida de una fuente de ingresos para sus distritos, a la luz de que el impuesto a las ganancias es coparticipable, pese a que en su momento apoyaron la iniciativa propuesta por Massa por un mero cálculo electoral.
El propio presidente Javier Milei estaría incurriendo en una contradicción al proponer ahora la reinstalación de ese tributo sobre los salarios, teniendo en cuenta sus dichos como diputado de la Nación en el momento de discutirse y sancionarse la norma en el Congreso. En aquella ocasión, Milei votó a favor de la reforma pedida por Massa y calificó de “aberrante” el impuesto a las ganancias. “El Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos y, por lo tanto, los impuestos son un robo, y con cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos yo voy a estar de acuerdo”, afirmó el por entonces diputado de La Libertad Avanza, el 19 de septiembre último.
Más aún, Milei consideró que tal tributo “penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Nos encontramos –dijo– frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto este impuesto, además, es inmundo y tiene que ser eliminado”.
Frente al reclamo de los gobernadores provinciales, que temen un desfinanciamiento como producto de la menor percepción de fondos coparticipables, como la que se deriva de la exención del impuesto a las sobre la llamada cuarta categoría, el gobierno nacional propuso reinstalar ese impuesto, siempre y cuando los mandatarios de las provincias contribuyan a la aprobación de la ley ómnibus que el Poder Ejecutivo Nacional acaba de enviar al Congreso.
Queda demostrado que, muchas veces, la desesperación electoralista lleva a manotazos de populismo cuyas consecuencias no son meditadas ni siquiera por quienes podrían llegar a sufrirlas, como sería el caso de los gobernadores provinciales peronistas que acompañaron la iniciativa impulsada por Massa.
Cualquier asalariado podría hoy preguntarse con derecho por qué él tendría que financiar con su sueldo el déficit fiscal de provincias que son administradas irresponsablemente por sus gobernantes, en no pocos casos verdaderos señores feudales que se alimentan del clientelismo y del empleo público. El presente siglo ha sido testigo de un notable aumento del porcentaje de empleados públicos, muy superior a la propia tasa de crecimiento poblacional.
Es menester que los principales actores políticos entiendan que su palabra no puede ser una herramienta de canje que se adapta o modifica de acuerdo con las circunstancias.
Una reforma tributaria, sin dudas necesaria, debe ser el fruto de un debate serio, de tal modo que no sea objeto de ajustes a los pocos meses de su sanción. La Argentina precisa de seguridad jurídica y previsibilidad económica para avanzar hacia el camino del crecimiento. Los cambios permanentes en las reglas impositivas, al igual que los tributos sancionados con carácter extraordinario y temporario que pronto se convierten en eternos, distan de ser la vía para alcanzar la normalidad económica.

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La guerra que causó Hamas
La profundización de la violencia en la Franja de Gaza no solo causa un número cada vez mayor de víctimas, siendo la población civil la más afectada, sino que permite vislumbrar un perjuicio económico que perdurará más allá del tan ansiado cese definitivo del fuego.

La masacre sorpresiva iniciada por el grupo terrorista Hamas sobre civiles israelíes ha provocado el deceso de más de 20.000 gazatíes, con un 60% de mujeres y niños, más de 1200 israelíes muertos y más de 100 que continúan como rehenes, así como un alto número de heridos.
El Ejército israelí emprendió una intensa campaña aérea y terrestre para eliminar al grupo terrorista que tomó el poder en Gaza hace tres lustros, responsable absoluto del sangriento ataque del 7 de octubre en el sur de Israel. Por otro lado, se prevé que el número de víctimas aumentará significativamente cuando los palestinos puedan salir de la enorme destrucción que ha causado la guerra. Un portavoz del gobierno de Gaza dijo que, además de los muertos, 6700 personas están desaparecidas. La mitad de la población está literalmente muriendo de hambre. La destrucción edilicia es apabullante y crece el número de gazatíes desplazados mientras Israel fomenta la emigración de la población palestina de la zona hacia otros países.
Israel también se ve seriamente afectado por la cuestión económica. El gasto y el endeudamiento del gobierno se dispararon, la recaudación impositiva se desplomó y la calificación crediticia del país podría sufrir un duro revés.
El papa Francisco se dirigió a quienes tienen autoridad para poner fin al conflicto, alcanzar un alto el fuego e iniciar negociaciones de paz porque, afirmó, lo que “se ganancias construye  sobre escombros nunca será una verdadera victoria”.
Ante la magnitud de las atrocidades registradas, detener la guerra se ha convertido en la prioridad más urgente. Al respecto, Egipto propuso un ambicioso plan preliminar con un cese del fuego, una entrega gradual de rehenes y la creación de un gobierno palestino de expertos que administraría la Franja de Gaza y la ocupada Cisjordania. Tal iniciativa es una propuesta ambiciosa que, si bien no cumple el objetivo declarado de Israel de aplastar por completo a Hamas y mantener el control de la Franja de Gaza por largo tiempo, podría servir de nuevo punto de partida para reiniciar negociaciones que establezcan las condiciones para el cese de fuego definitivo. Los responsables políticos de ambas partes deberían ser capaces de solucionar las diferencias en una mesa de diálogo y dejar definitivamente atrás los campos de batalla.

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