EDITORIALES

Sin autocrítica
Mientras llama a la resistencia rasgándose las vestiduras, no se le ha conocido al kirchnerismo ni el más mínimo mea culpa sobre la debacle en que sumió al país
La decisión del kirchnerismo de obstaculizar la gestión del nuevo gobierno, interponiendo y alentando a interponer innumerable cantidad de recursos ante la Justicia para intentar bloquear el DNU presidencial, criticando la ley ómnibus sin haberse adentrado –en muchos casos– en su contenido, apoyando la convocatoria de gremios afines a un paro general con movilización para el 24 de este mes y hablando de “resistencia” a un gobierno democrático es una cabal demostración de, como mínimo, dos cuestiones. No solo no ha tomado debida nota del enorme apoyo ciudadano a las medidas adoptadas por el presidente Javier Milei –aun sabiendo el gigantesco esfuerzo que implican y lo dolorosas que puedan llegar a ser para la sociedad–, sino que sigue sin practicar la más mínima autocrítica por el estado calamitoso en que esa facción política dejó el país.
“Tenemos que estar en alerta permanente. La institucionalidad está en juego. Hay que concentrar toda la energía del peronismo en frenar el decreto y destripar la ley ómnibus para que no puedan avanzar con nada”, se les escuchó decir a legisladores más cercanos a la exvicepresidenta Cristina Kirchner. Y no han sido los únicos en manifestarse de esa forma. El gobernador bonaerense ha vuelto a demostrar su precariedad intelectual. “Es más fácil firmar un decretazo y mandar una súper ley que dedicarse a laburar y a generar trabajo e industria. Esos que se dicen eficientes además son bien vagos: los decretos se los escriben otros”, dijo Kicillof, cuya provincia es un muestrario decadente donde reinan la pobreza, el hacinamiento, la baja calidad educativa y sanitaria, y la creciente inseguridad ciudadana, entre otros males que profundizó durante su mandato precedente no obstante haber recibido cuantiosos fondos del gobierno de Alberto Fernández en desmedro del resto de los distritos. ¿De qué generación de trabajo habla el gobernador y a qué crecimiento industrial se refiere cuando ya son harto conocidos los padecimientos, la precarización y las trabas, producto de decisiones tan ideologizadas como contraproducentes tanto de su gestión en el orden provincial como de la de su partido en el nacional? ¿Habrá que explicarle también al gobernador que los decretos los redactan los especialistas en cada área y que el gobernante los refrenda o será que todos los decretos de su gobierno salen de su puño y letra, sin consultar y, peor aún, sin conocer los temas?
Es imposible encontrar una pisca de autocrítica en los dichos de quienes son los máximos responsables de la hecatombe política, económica y social en la que estamos inmersos. El propio Alberto Fernández se vio forzado a reconocer algunas fallas en su gobierno tras la debacle electoral de fines del año último, aunque, como no podía ser de otra manera, volvió a justificarlas en la “calamitosa herencia dejada por el gobierno de Mauricio Macri, con altísimos índices de pobreza e inflación”. Habrá que recordarle al expresidente Fernández que durante sus cuatro años de gobierno la inflación acumulada rondaría el 1000% mientras que en el anterior fue del 271% y que cuando comenzó su gestión el índice de pobreza era del 35,2%, mientras que la última medición marcó el 40,1%. Llegó a decir Fernández que la pobreza estaba mal medida porque si hubiera 40% de pobres, la Argentina estaría estallada. ¿Acaso puede seguir afirmando sin ruborizarse que no lo está?
Los más de 16 años de gobiernos kirchneristas han sido un festival de prebendas para amigos del poder; han hecho de la demagogia un culto y de las arcas del Estado, un barril sin fondo. Sumaron infinidad de jubilados sin los requisitos que determina la ley y establecieron una fórmula de ajuste que socavó profundamente el poder adquisitivo del grueso de los beneficiarios mientras la exvicepresidenta cobra ilegalmente y en simultáneo dos millonarios haberes. Manejaron de manera espuria los organismos estatales a los que usaron como cajas de la política para beneficio propio y para atacar a opositores; se compraron insumos y contrataron servicios a precios muy superiores a los del mercado, sin transparencia y de forma directa; crearon y superpusieron impuestos, cepos y prohibiciones de todo tipo; cajonearon proyectos legislativos para evitar transparentar procesos en innumerable cantidad de áreas; promovieron a jueces amigos para asegurarse impunidad frente a las numerosas demandas de corrupción; atacaron ferozmente a los medios de prensa y a fiscales y jueces independientes, y llegaron al absurdo intento de juicio político a la Corte Suprema. Dejaron tierra arrasada, pero de eso no hablan.
Tampoco se expiden y menos aún exigen sanciones para los tan públicos como bochornosos hechos de corrupción que se viralizaron durante los últimos meses de 2023 y que tuvieron como protagonistas a funcionarios encumbrados y, en el caso de la provincia de Buenos Aires, al Poder Legislativo, donde, lamentablemente, el silencio kirchnerista descansa en el mutismo de la mayoría de los partidos allí representados.
Con la apertura de la discusión en un plenario de comisiones de la ley ómnibus, ayer, en el Congreso Nacional, han vuelto a escucharse fuertes cuestionamientos de los responsables de la debacle. Cuando no ostenta el gobierno, la nefasta máquina de impedir del kirchnerismo vuelve a aceitar sus mecanismos autoritarios. Afortunadamente, hay otros legisladores de la oposición que parecen haber tomado nota de las demandas ciudadanas. Es de esperar que estén dispuestos a debatir para, como ha aceptado el Gobierno, mejorar sus propuestas en pos de intentar sacar al país del fondo del pozo en el que los gobiernos Kirchneristas lo han dejado.

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Chile: rechazo a los extremos

En menos de dos años, el segundo ensayo constituyente en Chile terminó como el primero. Una contundente mayoría del 55% rechazó el nuevo texto presentado para sustituir la Constitución de 1980, nacida durante el mandato dictatorial de Augusto Pinochet. Ambas votaciones golpearon a los líderes de las dos corrientes: al proyecto refrendado por el presidente Gabriel Boric y al texto impulsado por el dirigente conservador José Kast.
Más de 15 millones de e lectores estaban convocados para votar. Mientras que la derecha tradicional y la ultraderecha defendían que la propuesta se hacía cargo del problema de la inseguridad y ponía fin a la incertidumbre institucional que generó el estallido social hace cuatro años, la izquierda aseguraba que el texto era dogmático y profundizaba el modelo implantado durante el régimen militar.
Con la consolidación de la actual Constitución surgida bajo la dictadura y enmendada varias veces desde los 90, el presidente Boric debe sepultar su proyecto de contar con una Carta Magna progresista. Paradójicamente, tendrá que seguir gobernando con un texto constitucional a cuya sustitución se había comprometido durante la campaña.
Más de 340.000 personas solicitaron una excusa de voto –debido a que el referendo es obligatorio–, lo que representa tres veces más que en la primera votación, en septiembre de 2022. Este hecho, sumado a la baja participación en el extranjero, resalta, según los expertos, el cansancio electoral y la apatía con la que gran parte de la población chilena encaró esta nueva cita electoral.
Boric aseguró públicamente que con el triunfo del “en contra” se cerró definitivamente el proceso constitucional, e hizo un llamado a la dirigencia política para que se enfoque en lograr acuerdos en los temas que preocupan a todos los chilenos. Los votantes castigaron tanto a la izquierda como a la derecha extremas, pero aún no surge una fuerza política o un liderazgo que sea capaz de potenciar la moderación que los resultados de los escrutinios reflejaron. Gobierno y oposición deberán volver a ocuparse de cuestiones como el deterioro económico, la creación de riqueza y la seguridad, las principales demandas de los ciudadanos.

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