FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y PROBLEMA REGIONAL

¿Oportunismo o resultados?

Cynthia Moskovits y Marcelo Rabossi

Promulgada en 2005, la ley de financiamiento educativo aseguraba que, luego de un alza progresiva, a partir de 2010 un montode fondos públicos no menor al 6% del PBI sería destinado al área. Como tantas promesas hechas al calor de la tribuna política, o peor, como tantas normas legales que imponen comportamientos al fisco (leyes de responsabilidad fiscal, de movilidad de prestaciones previsionales o de ajustes impositivos, o los presupuestos nacionales modificados innumerables veces vía decretos de necesidad y urgencia), este requerimiento legal solo fue cumplido en 2015. Así, en los años que van de 2006 a 2020 la deuda del Estado con el sector educativo alcanzó el equivalente del 5% del PBI de 2020 (Argentinos por la Educación, 2023). Henry Cooke, ministro presbiteriano en la Irlanda del XIX, decía que un trabajo pesado es la acumulación de tareas livianas que no se hicieron a tiempo. Nos aguarda una ardua labor para reconstruir las escuelas e instituciones donde nos educamos.
A poco de finalizar su mandato presidencial, el gobierno de Alberto Fernández propuso una nueva ley de financiamiento. Del incumplido 6% vigente se llegaría a 8 puntos del PBI en 2030. Se aumentaría el presupuesto para educación en casi 2,5 puntos porcentuales (pp) en relación con los actuales valores. Un 6,5% se destinaría a cubrir la educación de bebés de 45 días a niños de 3 años, la actual educación obligatoria y la terciaria no universitaria. El restante 1,5% se destinaría a sostener a las más de 60 universidades nacionales con las que contamos. Para tener una idea: según el último informe de la OCDE (2023), con datos para el año 2020, en solo 3 de 43 países relevados, el gasto público en educación primaria a terciaria no universitaria fue mayor o igual al 6% del PBI: Noruega, Sudáfrica e Islandia. Ese año la Argentina dispuso de 4,5% del PBI para tal universo de gasto, resultando el 14º país de la muestra, por encima de Australia, Nueva Zelanda, Holanda, España, por nombrar apenas algunos. En América Latina solo Colombia y Brasil contaron con recursos similares a la Argentina (4,6% del PBI).
Asignar más fondos para educar es siempre alentador. Pero eso está lejos de significar que la política educativa sea adecuada. El proyecto de ley prevé que las universidades reciban un 100% de aumento (en relación con el PBI) respecto de su presupuesto actual. Mientras tanto, los niveles previos y obligatorio s deberáncontentarse con solo un 35% adicional. El des balance es inquietante. En términos de equidad y eficiencia, se partiría de prioridades invertidas y sin rastros de alguna planificación estratégica. Ocurre que, sin graduados en los niveles primario y secundario que cuenten con conocimientos al menos satisfactorios para transitar exitosamente el ciclo universitario, seguiremos profundizando la brecha de conocimiento.
Si bien la cobertura en el nivel secundario fue en aumento, la calidad sigue siendo un tema pendiente. Apenas 16 de cada 100 niños que comienzan la primaria terminan la secundaria sin repetir y habiendo alcanzado niveles satisfactorios en lengua y matemática (Argentinos por la Educación, 2022). Dado que el único requisito para cursar estudios universitarios es haber aprobado el nivel secundario, esa baja proporción indefectiblemente tiene su consecuencia en la calidad y en la escasa cantidad de estudiantes que finalizan sus estudios. El 45% de la población de 25 a 54 años de países OCDE cuenta con educación superior (OCDE, 2021). En la Argentina, solo 24%, relación menor que en Chile y Costa Rica, cuando en la década de 1950 uno de cada tres estudiantes universitarios en América Latina cursaba en una universidad argentina. El proyecto que eleva del 6% al 8% los fondos para educación y que obtuvo un fuerte respaldo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, es una clara muestra de que, para una porción de la política, la racionalidad presupuestaria y la eficiencia en el gasto no son parte relevante del menú.
La urgencia en equilibrar las cuentas fiscales como condición necesaria para evitar el desborde monetario que se traduce en niveles de inflación intolerables se torna inevitable para el nuevo gobierno. Ante escenarios de escasez presupuestaria, más que nunca debe tomarse en cuenta que los fondos son siempre un medio para conseguir un fin, el que debe ser abordado eficientemente y según prioridades.
La educación es sin duda prioridad y, como tal, no debe ser la variable de ajuste. La evaluación de PISA (2022) muestra una correlación positiva entre inversión y resultados de matemática hasta $75.000 dólares (ppa) acumulados por alumno entre 6 y 15 años. La Argentina invierte apenas $42.238. Reducirlos nos haría retroceder aún más. Por otro lado, como en gran parte de las reparticiones públicas, los recursos no fueron bien usados. Invertir sin un plan de desarrollo humano o hacerlo de manera ineficiente sin tomar en cuenta el costo de oportunidad de los recursos y su impacto en términos de resultados nos generó un daño irreparable. Años de desvarío educativo han provocado que el 73% de los alumnos de 15 años sea incapaz de resolver una operación matemática básica (PISA, 2022). Ante este escenario desolador, las palabras de John Dewey, pedagogo influyente en la construcción del modelo educativo argentino a principios del siglo XX, deberán ser la luz que indique el norte del Gobierno: “La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma”.
Moskovits es economista senior de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas; Rabossi, doctor en Educación, profesor del área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Medidas indispensables contra el narcotráfico
Pedro Biscay
El narcotráfico es un problema central para toda América Latina y el Caribe. Nuestro país no está al margen del tipo de episodios que, estos días, hemos visto en Ecuador. Por eso, estas diez medidas indispensables para dar una respuesta eficaz a este flagelo.

1. Reorganización del Ministerio Público Fiscal: debe estar orientando sobre la base de problemas criminales. Esto requiere un trabajo de elaboración de datos empíricos y análisis del funcionamiento de mercados criminales que hoy no está adecuadamente generalizado. Sin un conocimiento preciso sobre cómo se inserta este fenómeno en la sociedad, cómo se organizan las estructuras de oferta y demanda de sustancias ilícitas y quiénes son sus principales jugadores, es imposible tomar decisiones de impacto.

2. Policía Federal de Investigaciones: la creación de una policía con funciones exclusivas de investigación debe marcar un cambio radical en relación con cómo operan el resto de las fuerzas policiales. Una policía de este tipo deberá especializarse en temas financieros

3. Mesas conjuntas de investigación: el modelo de la ley 26.052 demostró su fracaso. Las condenas recaen principalmente sobre actores medios e inferiores de la cadena de distribución; quedan fuera del radar los grandes importadores de drogas y sobre todo los financiadores. Y al operar en niveles diferenciados dificulta la generación de espacios de articulación y construcción de hipótesis conjuntas entre niveles municipales, provinciales y federales.

4. Técnicas especiales de investigación: el agente encubierto y experimental, el modelo de escuchas telefónicas y otras técnicas similares es insuficiente para penetrar el corazón de las organizaciones criminales. Es necesario asumir nuevos desafíos: explorar el uso de micrófonos ambientales (sobre domicilios y vehículos) y de programas de intrusión remota al acervo de datos móviles de los principales imputadivisas, dos en casos de narcotráfico.

5. Acuerdos de colaboración: requiere un mayor nivel de utilización. No solo es importante para producir evidencia sobre los niveles más altos de organizaciones criminales; también posee importancia para llevar a juicio a los imputados de mayor relevancia.

6. Fortalecimiento de funciones de inteligencia criminal: tarea clave que requiere mucha inversión y formación en el estudio de mercados criminales, su logística y vinculaciones con redes internacionales de criminalidad.

7. Extinción de dominio: el DNU 62/2019 no reviste suficiente base legal para darle impulso a esta herramienta. Avanzar en una ley que permita decomisos no penales implica alinear al país con los estándar es internacionalesmás avanzados en materia de criminalidad organizada.

8. Prevención de lavado de dinero: es clave reforzar los controles sobre circulación de efectivo, operatoria de “cuevas”, inversiones inmobiliarias, tráfico fronterizo de oro y otros activos financieros, entre ellos los de tipo virtual.

9. Control interno de la política: el sistema de controles internos de la función pública es permeable a la corrupción y captura del Estado. Fortalecer esta dimensión requiere un mayor control sobre los proveedores del Estado, el sistema de declaraciones juradas y los mecanismos de investigación interna. Debe separarse la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo, legislando que la sociedad civil tenga parte directa en su dirección.

10. Financiamiento ilícito de la política: la ley 26.215 no está pensada para evitar la inyección de dinero procedente del narcotráfico. Avanzar en esto requiere una agencia de control de fondos e ingresos de partidos y líderes políticos, además de figuras penales destinadas a criminalizar el uso de dinero ligado al crimen organizado como vía de financiamiento político.

Abogado. Comisión Directiva Cipce