PASIVO E INVERSIONES

Edenor y Edesur tienen una deuda con el Estado de $100.000 millones
Por el congelamiento y el atraso tarifario, las distribuidoras de todo el país aún no le pagaron a Cammesa $305.650 millones

Sofía DiamanteLas distribuidoras metropolitanas, endeudadas
La altísima inflación y la negación del gobierno anterior a aumentar las tarifas energéticas dejaron varias irregularidades financieras que la gestión actual deberá resolver. Una de ellas es la deuda que las empresas de distribución de electricidad, como Edenor y Edesur, mantienen con el Estado. En total, estas compañías adeudan $305.650 millones (US$380 millones) a Cammesa, según su último informe financiero, que muestra el estado de las cobranzas al 29 de diciembre pasado.
Si se toman en cuenta las deudas de las distribuidoras y los subsidios que el Estado destina a la generación eléctrica, Cammesa le pidió $4,4 billones de fondos a la Secretaría de Energía el año pasado, de los cuales recibió $1,8 billones. Esto explica los casi US$6000 millones al tipo de cambio promedio de 2023 ($310) que destinó el Estado a la energía eléctrica.
El Gobierno actual buscará reducir esas transferencias al máximo, partiendo de una situación inicial complicada: debido a la devaluación de la moneda, la necesidad de subsidios se acelerará en el primer mes del año, ya que los costos del sector están dolarizados, mientras que las boletas de electricidad se facturan en pesos. De hecho, según los últimos datos de Cammesa, los usuarios pagan en promedio menos del 47% del costo del sistema. Por eso el plan de la Secretaría de Energía es aumentar las tarifas lo más rápido posible.
En lo que respecta al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde operan Edenor y Edesur, las empresas pedirán mejorar sus ingresos en la próxima audiencia pública del 26 de enero. El año pasado se les dio un aumento total de 262%, superior a la inflación anual (211%), repartido en dos subas de 108% en abril y 73% en junio. Las empresas recompusieron así parte de las actualizaciones adeudadas, ya que en los tres años anteriores habían tenido subas de 30%, cuando la inflación había sido más de 300%.
Las empresas de distribución tienen la tarea no solo de proveer electricidad en cada hogar, sino de emitir las boletas, gestionar el cobro y transferir a Cammesa lo que le corresponde por el componente de generación eléctrica. Sin embargo, en los últimos años, como el Estado les autorizó aumentos menores que la inflación, algunas de las empresas se financiaron con Cammesa para cubrir sus gastos. De las casi 80 distribuidoras y cooperativas, la que más dinero le debe a Cammesa es Edenor, la mayor empresa distribuidora del país, con 24% del mercado. Al 29 de diciembre pasado, adeudaba $73.700 millones.
Menos pagos a Cammesa
En la distribuidora de los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti explican que hasta septiembre pasado pagaban el 100% que le correspondía a Cammesa cada mes, pero que a partir de octubre empezaron a transferir el 50%. “Teníamos el compromiso de recibir tarifa y no se cumplió, y por eso empezamos a regular con el pago a Cammesa. Si los ajustes tarifarios se realizan, vamos a subir los pagos”, dijeron en la compañía.
La segunda empresa que más debe es Edesur, con $33.400 millones. La distribuidora de capitales italianos sigue en proceso de venta, luego de que Enel anunciara su salida del país a fines de 2022 e iniciara el proceso de desinversión.
En la lista de deudoras figuran también las empresas del grupo DESA, que proveen el servicio en el AMBA y en Salta. Los aumentos de ingresos que reciben estas distribuidoras los deciden los gobiernos provinciales de Buenos Aires y Salta, y no el Estado nacional. En total, el grupo del empresario Rogelio Pagano debe $57.740 millones, repartido en Edelap ($11.740 millones), EDEA ($16.000 millones), EDEN ($14.500 millones), EDES ($5600 millones) y Edesa ($9900 millones).
Otras distribuidoras que deberán sentarse a renegociar con Cammesa son EMSA, de Misiones, que debe $1800 millones; SPSE, de Santa Cruz, $1650 millones, y Secheep, de Chaco, $1000 millones.
Hay otras empresas que mantienen deudas desde hace varios años y que en algunos casos el Estado ha iniciado juicios para cobrarlos: DGSP, de Chubut, que debe $7200 millones; cooperativa Villa Gesell, $7400 millones; cooperativa Trelew, $14.800 millones; cooperativa Olavarría, $10.400 millones, y cooperativa Necochea, $9950 millones.
Muchas otras regularizaron su situación debido a las moratorias que lanzó el gobierno anterior, como EPE de Córdoba; EPEN, de Neuquén; EPE de Santa Fe; Ejesa, de Jujuy, y Edersa, de Río Negro, entre otras.

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Se demora la implementación del plazo fijo electrónico
Aunque estaba previsto para el 15 de enero, entrará en vigor recién a finales de abril

Melisa Reinhold
Una vez más, el Banco Central (BCRA) decidió prorrogar la entrada en vigor del plazo fijo electrónico. Se trata de un nuevo instrumento financiero que se sumará al sistema de pagos digitales, con la particularidad de que podrá transferirse y fragmentarse.
Si bien en un comienzo estaba previsto que algunas de sus funciones estuvieran operativas a partir de julio del año pasado, finalmente se estableció que arrancara el lunes 15 de enero. Pero ahora los inversores deberán esperar hasta el 30 de abril, según la comunicación A7943, fecha en la que entrará en vigor el denominado Certificado Electrónico para Depósitos e Inversiones a Plazo (Cedip).
Esta herramienta fue anunciada un año atrás, a finales de enero de 2023, pero se fue dilatando su inicio. En el fondo, se tratará del mismo plazo fijo que existe en la actualidad (y, por ende, con las mismas tasas): las colocaciones se podrán hacer tanto en pesos (también UVA) como en dólares. Pero la novedad es que se suman tres nuevas funcionalidades.
En primer lugar, se podrá transmitir la titularidad para la cancelación de obligaciones –comerciales o entre particulares–, como así también para su negociación en el mercado de valores u oferta primaria. Segundo, a través de su fraccionamiento, tendrán liquidez inmediata; es decir, se podrá retirar parte del dinero y dejar el resto devengando el interés del plazo fijo.
Por último, a su vencimiento, los fondos se podrán cobrar por ventanilla o mediante la acreditación de una cuenta bancaria diferente.
Será un instrumento completamente digital, que podrá ser constituido a través del home banking o de la banca móvil, y quedará equiparado con los concretados de forma presencial.
Actualmente, si el ahorrista acude a una sucursal y realiza un plazo fijo, la entidad financiera entrega un recibo transferible. Este no es fraccionable, pero sí endosable.
“Con el certificado digital eso se había perdido. Si bien se puede crear un plazo fijo en la web, no se podían endosar. A partir de noviembre, los plazos fijos que se hagan vía digital se podrán transferir como los que se hacen presencialmente y, además, se podrán fraccionar”, señalaron fuentes de la entidad monetaria. Al ser electrónico, se contará con el registro de todas sus transmisiones, con fecha cierta y trazable.
Cuánto paga hoy un plazo fijo
En diciembre, a pesar de que los precios de la economía se aceleraron a niveles que no se observaban en los últimos 33 años, el Banco Central disminuyó las tasas de interés que pagan los plazos fijos minoristas. “En el contexto de un excedente significativo de liquidez y de elevada inflación, el directorio consideró prudente mantener una tasa de interés mínima”, explicaron.
Desde ese entonces, la tasa de interés cayó de un 133% a un 110% nominal anual (TNA), equivalente a un 9,1% mensual. Implica que, si un ahorrista decide renovar el plazo fijo mes a mes con el capital inicial más los intereses ganados, se convierte en una tasa efectiva anual del 186,4% (TEA).
Sin embargo, para que los pesos no huyan de forma masiva a los dólares, en esa misma reunión del director se reglamentó que el sistema bancario continúe ofreciendo al público depósitos a plazo fijo ajustables por UVA. Esta inversión ajusta por el avance de los precios más 1%, aunque tiene en consideración la inflación pasada (la actualización comienza el día posterior a conocerse el IPC), y se aumentó el plazo mínimo de 90 a 180 días.
A partir de abril, cuando entre en funcionamiento el plazo fijo electrónico, se podrán realizar tanto plazos fijos tradicionales como plazos fijos UVA de la misma manera que se realizan hasta el momento. Solo que, antes del vencimiento (30 y 180 días, respectivamente), el inversor podrá cambiar la titularidad del beneficiario, acreditarlo en otra cuenta bancaria o retirar parte del dinero antes de tiempo.

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