El Gobierno eligió a un exdiputado de Pro para el área de Culto
El conservador Francisco Sánchez ocupará un cargo clave en la relación con la IglesiaCecilia Devanna
El exdiputado de Pro Francisco Sánchez fue designado al frente de la Secretaría de Culto, un despacho de crucial importancia en el vínculo del Gobierno con la Iglesia Católica y otros credos. El área, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Diana Mondino, era uno de los últimos puestos vacantes de relevancia a un mes de la asunción de Javier Milei.
El nombramiento de Sánchez fue confirmado a por la nacion fuentes oficiales, en tanto que en La Libertad Avanza coincidieron en señalar a la vicepresidenta Victoria Villarruel como la principal impulsora de Sánchez para el cargo, junto al visto bueno de la propia Mondino y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien respondió Sánchez durante su paso por la Cámara de Diputados. Un paso que no fue ajeno a la polémica.
Técnico superior en Recursos Humanos y con una diplomatura en Derechos Humanos, Sánchez llegó a ser diputado nacional por Pro y en la Cámara baja fue secretario de la Comisión de Energía.
Antecedentes
De perfil conservador, Sánchez es recordado, fundamentalmente, por haber pedido la pena de muerte para la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, por casos de corrupción.
“Doce años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”, escribió en su cuenta de la red social X.
“Si se comprueba la responsabilidad de Cristina Fernández y el resto de las personas imputadas en la causa Vialidad, [y] se las encuentra culpables de los delitos que se les han imputado, son traidores a la patria”, fue otra de sus frases. Corría agosto de 2022 y el fiscal Diego Luciani había pedido la pena de prisión para Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. Ante las críticas de kirchneristas y sus propios aliados, Sánchez dio marcha atrás con la iniciativa. En septiembre de ese año se produjo el atentado contra la entonces vicepresidenta.
Nacido en Lomas de Zamora, Sánchez vivió desde los cuatro años en Neuquén, junto a sus padres, Alberto y Silvia, y ocho hermanos. El reemplazante de Guillermo Oliveri, quien ocupó el cargo de secretario de Culto durante los cuatro años de Alberto Fernández, está casado y es padre de cinco varones.
Sánchez ingresó a la función pública en 2011, con 38 años, cuando ocupó el cargo de subsecretario de Coordinación de la Municipalidad de Neuquén. Cuatro años más tarde fue elegido concejal de la misma ciudad y en 2019 desembarcó en la Cámara de Diputados: su mandato culminó en diciembre pasado.
También ocupó cargos de responsabilidad partidaria: fue presidente de distrito de Pro entre 2013 y 2017. También ejerció como autoridad nacional del mismo partido y conformó las mesas coordinadoras de Juntos por el Cambio.
La designación de Sánchez se da en momentos importantes para el Gobierno en materia de relación con la Iglesia. En primer lugar, el presidente Milei invitó el último jueves por carta al papa Francisco a visitar la Argentina; poco después se conoció que el propio mandatario visitará al Sumo Pontífice en febrero próximo, para la canonización de Mama Antula, que se convertirá en la primera santa argentina.
Y este domingo fue el propio líder de la Iglesia Católica quien expresó sus ganas de visitar el país en el segundo semestre del año. Se trataría, así, de su primera visita al país tras convertirse en papa, hace más de diez años.
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Petri embarcó en Mar del Plata para respaldar un plan del Comando Conjunto Marítimo y reforzar la vigilancia ante la presencia de pesqueros extranjeros en el Atlántico Sur
Mariano de Vedia
El ministro de Defensa, Luis Petri, impartió ayer en Mar del Plata la orden de zarpada para una operación destinada a vigilar y controlar in situ la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Embarcó en el patrullero oceánico ARA Contraalmirante Cordero, que tendrá a su cargo durante dos semanas el patrullaje destinado a prevenir la presencia de pesqueros extranjeros sin autorización en la Zona Económica Exclusiva, que se extiende hasta una distancia de 200 millas marinas más allá del límite exterior del mar territorial.
La operación, denominada Grifón XVII y cuyo punto de partida es la Base Naval Mar del Plata, es planificada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que conduce el brigadier general Xavier Julián Isaac. Petri permaneció un tiempo bordo y luego retornó a la base.
“No se puede hacer siempre lo mismo si queremos que las cosas funcionen. Si queremos ser efectivos y eficientes en el control y vigilancia de nuestro espacio marítimo, tenemos que cambiar la forma de patrullaje. Queremos garantizar que ningún buque de bandera extranjera sin permiso cruce la milla 200 y comprometa nuestros recursos naturales”, dijo Petri, el primer ministro del área en impartir la orden de zarpada a bordo del buque.
Y anticipó que promoverá un nuevo marco regulatorio y sancionatorio. “Hay que establecer una mesa con todos los actores involucrados: la Armada, la Prefectura, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, las áreas de Pesca y de Trabajo para la preservación de nuestros recursos naturales”, afirmó.
Más de 340 pesqueros extranjeros –el 80% de origen chino– fueron identificados en los últimos días por el Comando Conjunto Marítimo en la milla 201, sobre el límite del espacio en el que la Argentina ejerce sus derechos de soberanía. Esa pesquisa forma parte del monitoreo permanente que el organismo lleva adelante, con avanzada tecnología, desde el centro de control y vigilancia instalado en el piso 12 del edificio Libertad, sede de la Armada.
“A esa información se llega a través de imágenes satelitales, reportes de medios aéreos y de superficie, puestos de vigilancia en el litoral marítimo, datos compartidos con otras fuerzas, como la Prefectura y un sistema integrado de control de la actividad pesquera”, explicó el director saliente del Comando nacion Conjunto Marítimo, contraalmirante Pablo Varela, quien puso en marcha hace dos años el sistema de monitoreo permanente. Tras la asunción de las nuevas autoridades de la Armada, será reemplazado por el capitán de navío Rodolfo Eduardo Berazay Martínez.
Los viajes de control
En los últimos dos años se realizaron 16 operaciones Grifón, con distintos patrulleros oceánicos, y se identificaron 3817 buques extranjeros en el límite de la línea de soberanía argentina. Una importante concentración de pesqueros hubo en febrero de 2022, cuando se detectaron 605 buques en la milla 201. Y al mes siguiente, 524.
La fuerte presencia de pesqueros extranjeros se explica por la época del año, atraídos por la pesca del calamar, la variedad más buscada. “No nos ocupamos únicamente del control de la pesca. Nuestra función es proveer alertas estratégicas tempranas y vigilar todos los espacios marítimos”, explicó Varela.
Solamente pueden ingresar a las aguas de la Zona Económica Exclusiva los buques que cuentan con autorización del gobierno argentino, es decir que hayan abonado el canon correspondiente. Se estima que anualmente se conceden 120 licencias de pesca. La captura de calamar, en condiciones legales, alcanzó las 153.259 toneladas, lo que produjo ingresos por exportaciones por 288 millones de dólares, informó el Estado Mayor Conjunto.
Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de octubre de 2023, se estima que las capturas de la flota extranjera en la zona adyacente al espacio marítimo argentino, más allá de la milla 201, es equivalente a cuatro veces la captura argentina: 1200 millones de dólares. Y se infiere, además, que la captura de la flota extranjera en la zona de Malvinas representa el 25% de la captura en nuestro país: 74 millones de dólares.
En una operación estándar, el costo que implica el uso de un patrullero oceánico por un período de 15 días ronda los $274,6 millones. Si se suma el empleo de una aeronave de exploración, que oscilará los $10,2 millones, el costo total de esta misión será de $284,8 millones.
Los pesqueros que se ubican a partir de la milla 201 no están en infracción, pero constituyen una amenaza, a lo que se suma el impacto ambiental que la presencia masiva de barcos produce en el mar.
En su mayoría se trata de buques poteros que pescan habitualmente de noche, con potentes lámparas y máquinas automáticas, configuradas a partir del comportamiento de los calamares. Con la iluminación intentan atraerá la mayor variedad de peces para facilitar su captura.
En los meses en que la presencia del calamar disminuye, por su condición migratoria, muchos de los pesqueros extranjeros se trasladan al Pacífico, frente a las costas de Ecuador y Perú, y otros permanecen atracados en Montevideo, donde encuentran apoyo logístico
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Analizan que las FF.AA. puedan responder ataques externos
Un objetivo prioritario del ministro Petri es modificar el decreto reglamentario de la ley de defensa que impuso Néstor Kirchner en 2006
Joaquín Pérez
El Gobierno de Javier Milei analiza habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior ante una agresión de una organización terrorista, como ocurrió en Israel con Hamas, el 7 de octubre del año pasado. Para eso habría que modificar el decreto 727/2006 firmado por Néstor Kirchner, que limita esa posibilidad ante el ataque de un ejército extranjero.
Milei llegó con la prédica de reconfigurar la relación del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas y brindarles nuevas herramientas en el marco de un clima mundial teñido por ataques terroristas, la invasión de Rusia a Ucrania y diferentes hechos de violencia, como lo ocurrido en Ecuador en la última semana.
Con esto en mente, el Ministerio de Defensa planea una batería de modificaciones: nuevas facultades ante ataques externos, mayor presencia en las fronteras, disponer de inteligencia externa para custodiar puntos estratégicos del país y otorgarle asistencia a las Fuerzas de Seguridad internas.
Según pudo saber la primera intención de la cartera conducida por el radical Luis Petri sería modificar el decreto firmado por Kirchner y el entonces de jefe de Gabinete Alberto Fernández que establece que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir ante ataques del exterior, siempre y cuando sean realizados por fuerzas de otros Estados. En este caso, ante un eventual ataque de un grupo terrorista como el que produjo Hamas contra la población de Israel, no podría intervenir el Ejército, ni la Fuerza Aérea, ni la Armada.
“Se excede y limita las facultades”, dijeron a este medio altos funcionarios de Defensa. “Se tiene que modificar. Lo vamos a impulsar”, aseguraron. “Tenemos que tener la capacidad de que se pueda intervenir ante ataques del exterior de organizaciones terroristas”, explicaron.
De la misma forma, las autoridades de Defensa intentarán llevar adelante ampliaciones en la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), para poder producir inteligencia externa. En lo específico, el Ministerio habló sobre identificar “objetivos estratégicos” de la Argentina que pudieran llegar a ser blanco de algún ataque o maniobra externa, como podría ser el yacimiento de Vaca Muerta, vigilarlos, y tomar medidas precautorias.
“Poder involucrar a las Fuerzas Armadas en estos casos es clave”, expresaron. Sin embargo, aclararon que aún resta definir cuáles podrían ser estos objetivos estratégicos y que se están haciendo los análisis pertinentes.
Recalcaron que está completamente vedada la posibilidad de utilizar esa inteligencia en el interior del país. “Hoy cada fuerza tiene su división de inteligencia y el ministerio tiene la Dirección Nacional de Inteligencia y Estrategia Militar (Diniem), que se ocupa de dar información proveniente del exterior. Necesitamos que los servicios de inteligencia hagan lo que la ley les dice que hacer”.
Por otro lado, al igual que como se pretende en distintos puntos de la ley ómnibus enviada al Congreso, el Ministerio de Defensa busca “desburocratizar” la asistencia que podrían darle las Fuerzas Armadas a las fuerzas dependientes del área de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
En este aspecto, según explicaron a la nacion, hoy se necesitan cumplir ciertos pasos antes de prestarle un helicóptero para patrullaje a la Gendarmería. “Para poder usar nuestras Fuerzas Armadas en apoyo logístico de las Fuerzas de Seguridad, hay que llamar a un comité de seguridad interior y después a un comité de crisis. Nada justifica el engorroso tratamiento burocrático”, insistieron y aseguraron que la asistencia solo se limitaría a servicios logísticos y de transporte
El Gobierno de Javier Milei analiza habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior ante una agresión de una organización terrorista, como ocurrió en Israel con Hamas, el 7 de octubre del año pasado. Para eso habría que modificar el decreto 727/2006 firmado por Néstor Kirchner, que limita esa posibilidad ante el ataque de un ejército extranjero.
Milei llegó con la prédica de reconfigurar la relación del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas y brindarles nuevas herramientas en el marco de un clima mundial teñido por ataques terroristas, la invasión de Rusia a Ucrania y diferentes hechos de violencia, como lo ocurrido en Ecuador en la última semana.
Con esto en mente, el Ministerio de Defensa planea una batería de modificaciones: nuevas facultades ante ataques externos, mayor presencia en las fronteras, disponer de inteligencia externa para custodiar puntos estratégicos del país y otorgarle asistencia a las Fuerzas de Seguridad internas.
Según pudo saber la primera intención de la cartera conducida por el radical Luis Petri sería modificar el decreto firmado por Kirchner y el entonces de jefe de Gabinete Alberto Fernández que establece que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir ante ataques del exterior, siempre y cuando sean realizados por fuerzas de otros Estados. En este caso, ante un eventual ataque de un grupo terrorista como el que produjo Hamas contra la población de Israel, no podría intervenir el Ejército, ni la Fuerza Aérea, ni la Armada.
“Se excede y limita las facultades”, dijeron a este medio altos funcionarios de Defensa. “Se tiene que modificar. Lo vamos a impulsar”, aseguraron. “Tenemos que tener la capacidad de que se pueda intervenir ante ataques del exterior de organizaciones terroristas”, explicaron.
De la misma forma, las autoridades de Defensa intentarán llevar adelante ampliaciones en la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN), para poder producir inteligencia externa. En lo específico, el Ministerio habló sobre identificar “objetivos estratégicos” de la Argentina que pudieran llegar a ser blanco de algún ataque o maniobra externa, como podría ser el yacimiento de Vaca Muerta, vigilarlos, y tomar medidas precautorias.
“Poder involucrar a las Fuerzas Armadas en estos casos es clave”, expresaron. Sin embargo, aclararon que aún resta definir cuáles podrían ser estos objetivos estratégicos y que se están haciendo los análisis pertinentes.
Recalcaron que está completamente vedada la posibilidad de utilizar esa inteligencia en el interior del país. “Hoy cada fuerza tiene su división de inteligencia y el ministerio tiene la Dirección Nacional de Inteligencia y Estrategia Militar (Diniem), que se ocupa de dar información proveniente del exterior. Necesitamos que los servicios de inteligencia hagan lo que la ley les dice que hacer”.
Por otro lado, al igual que como se pretende en distintos puntos de la ley ómnibus enviada al Congreso, el Ministerio de Defensa busca “desburocratizar” la asistencia que podrían darle las Fuerzas Armadas a las fuerzas dependientes del área de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
En este aspecto, según explicaron a la nacion, hoy se necesitan cumplir ciertos pasos antes de prestarle un helicóptero para patrullaje a la Gendarmería. “Para poder usar nuestras Fuerzas Armadas en apoyo logístico de las Fuerzas de Seguridad, hay que llamar a un comité de seguridad interior y después a un comité de crisis. Nada justifica el engorroso tratamiento burocrático”, insistieron y aseguraron que la asistencia solo se limitaría a servicios logísticos y de transporte
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