Capital Humano disuelve 300 centros de gestión de planes sociales
Para el Gobierno, esas unidades eran intermediarios y “gerentes de la pobreza”; eliminan 59 oficinas de Desarrollo Social
Cecilia Devanna
Sandra Pettovello
El Gobierno formalizará esta semana la quita de los intermediarios de los planes sociales con la disolución de las unidades de gestión, que, según fuentes oficiales, costaban al Estado alrededor de 34 millones de dólares al año. Las unidades se encargaban hasta ahora de controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir el plan. En paralelo, la Casa Rosada anunció ayer también el cierre de 59 centros de referencia (CDR) de la vieja estructura social: argumentó que la decisión permitirá un ahorro de $5000 millones anuales y que esos espacios, creados originalmente para “acercar” las políticas del Estado a la sociedad, “funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis”.
La decisión sobre la desarticulación del Potenciar Trabajo y sus consecuencias en las unidades de gestión se sumaron a los reclamos previos que mantienen a los movimientos sociales en estado de alerta. Las organizaciones podrían definir hoy una serie de protestas para reclamar por la falta de alimentos en los comedores, pero también por los cambios en los planes.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei se refirió a la figura de los intermediarios en el área social. “Nos comprometimos a terminar de una vez y para siempre con el negocio de los gerentes de la pobreza, que usan la intermediación de planes como mecanismo recaudatorio y como recurso extorsivo para manipular a los que menos tienen”, dijo el jefe del Estado. Luego aludió a las más de 50.000 bajas que se dieron desde diciembre por distintas irregularidades.
En la decisión del Poder Ejecutivo de disolver los Potenciar Trabajo, las mayores críticas de fuentes oficiales estuvieron orientadas hacia las unidades, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, cooperativas y municipios. “Lejos de constituirse como un instrumento de inclusión efectiva, el plan Potenciar ha evidenciado serias falencias estructurales que han limitado su alcance y efectividad”, sostienen fuentes del Ministerio de Capital Humano al explicar su decisión de eliminar las unidades.
“Las unidades de gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan ‘gerentes de la pobreza’, controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”, dicen en el ministerio de Sandra Pettovello.
En esa misma línea, sostienen que “esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración sociolaboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de 34 millones de dólares”.
Para el Gobierno, la “muestra de esa ineficacia” fue la “estabilidad en el número de beneficiarios [que] demuestra la incapacidad del programa para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal”. Las únicas bajas registradas responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento y jubilación, según datos oficiales.
Eliminan los CDR
Además de eliminar las unidades de gestión del programa Potenciar Trabajo, Capital Humano anunció ayer la eliminación de 59 CDR, creados originalmente con el objetivo declarado de acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales. “Se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de $4000 millones por año. El cierre de los 59 locales implica un ahorro en el gasto de $88 millones anuales en alquiler. Se darán de baja 50 autos, eliminando así un gasto de más de $20 millones por año. También se darán de baja 42 celulares”, comunicó el ministerio.
Los CDR, argumentó el Gobierno, reciben “muy pocas consultas por día, en la mayoría de los casos no resuelven el trámite y solo derivan a la gente a otro organismo”, para rematar: “Son la imagen más clara de la burocracia del Estado”. Para suplantar esa función, los trámites serán ahora digitales, agregaron. “Personal del ministerio visitó recientemente un CDR de más de 50 empleados registrados. En plena jornada laboral, solo estaban cubiertos menos de 20 puestos de trabajo”, concluyeron.
La reacción de los movimientos sociales no se hizo esperar. “Todavía no especifican bajo qué condiciones se dará el cierre de las unidades de gestión y que por ahora es un anuncio rimbombante para volver a acusar a las organizaciones”, dijo a la na Nicolás Caropresi, dirigente del cion Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Si ellos [por el Gobierno] creen que esa política estaba siendo malversada, que vayan, trabajen, auditen y denuncien, a lo sumo hay que mejorar en el Potenciar Trabajo. Lo que se quiere es vaciar las políticas públicas. Denuncian públicamente, pero no en la Justicia”.
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Advertencia de los intendentes por la situación en el conurbano
Crece la demanda en los comedores y el impacto del ajuste se comienza a notar; los jefes comunales, sin embargo, no perciben aún una situación límite
El Gobierno formalizará esta semana la quita de los intermediarios de los planes sociales con la disolución de las unidades de gestión, que, según fuentes oficiales, costaban al Estado alrededor de 34 millones de dólares al año. Las unidades se encargaban hasta ahora de controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir el plan. En paralelo, la Casa Rosada anunció ayer también el cierre de 59 centros de referencia (CDR) de la vieja estructura social: argumentó que la decisión permitirá un ahorro de $5000 millones anuales y que esos espacios, creados originalmente para “acercar” las políticas del Estado a la sociedad, “funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis”.
La decisión sobre la desarticulación del Potenciar Trabajo y sus consecuencias en las unidades de gestión se sumaron a los reclamos previos que mantienen a los movimientos sociales en estado de alerta. Las organizaciones podrían definir hoy una serie de protestas para reclamar por la falta de alimentos en los comedores, pero también por los cambios en los planes.
En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei se refirió a la figura de los intermediarios en el área social. “Nos comprometimos a terminar de una vez y para siempre con el negocio de los gerentes de la pobreza, que usan la intermediación de planes como mecanismo recaudatorio y como recurso extorsivo para manipular a los que menos tienen”, dijo el jefe del Estado. Luego aludió a las más de 50.000 bajas que se dieron desde diciembre por distintas irregularidades.
En la decisión del Poder Ejecutivo de disolver los Potenciar Trabajo, las mayores críticas de fuentes oficiales estuvieron orientadas hacia las unidades, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, cooperativas y municipios. “Lejos de constituirse como un instrumento de inclusión efectiva, el plan Potenciar ha evidenciado serias falencias estructurales que han limitado su alcance y efectividad”, sostienen fuentes del Ministerio de Capital Humano al explicar su decisión de eliminar las unidades.
“Las unidades de gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan ‘gerentes de la pobreza’, controlando a los beneficiarios a través de mecanismos de presentismo y gestión burocrática que, lejos de potenciar la autonomía y el crecimiento personal, han favorecido la intermediación y la perpetuación de la dependencia”, dicen en el ministerio de Sandra Pettovello.
En esa misma línea, sostienen que “esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración sociolaboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de 34 millones de dólares”.
Para el Gobierno, la “muestra de esa ineficacia” fue la “estabilidad en el número de beneficiarios [que] demuestra la incapacidad del programa para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal”. Las únicas bajas registradas responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento y jubilación, según datos oficiales.
Eliminan los CDR
Además de eliminar las unidades de gestión del programa Potenciar Trabajo, Capital Humano anunció ayer la eliminación de 59 CDR, creados originalmente con el objetivo declarado de acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales. “Se despedirá a más de 600 empleados públicos que cobraban un total de $4000 millones por año. El cierre de los 59 locales implica un ahorro en el gasto de $88 millones anuales en alquiler. Se darán de baja 50 autos, eliminando así un gasto de más de $20 millones por año. También se darán de baja 42 celulares”, comunicó el ministerio.
Los CDR, argumentó el Gobierno, reciben “muy pocas consultas por día, en la mayoría de los casos no resuelven el trámite y solo derivan a la gente a otro organismo”, para rematar: “Son la imagen más clara de la burocracia del Estado”. Para suplantar esa función, los trámites serán ahora digitales, agregaron. “Personal del ministerio visitó recientemente un CDR de más de 50 empleados registrados. En plena jornada laboral, solo estaban cubiertos menos de 20 puestos de trabajo”, concluyeron.
La reacción de los movimientos sociales no se hizo esperar. “Todavía no especifican bajo qué condiciones se dará el cierre de las unidades de gestión y que por ahora es un anuncio rimbombante para volver a acusar a las organizaciones”, dijo a la na Nicolás Caropresi, dirigente del cion Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Si ellos [por el Gobierno] creen que esa política estaba siendo malversada, que vayan, trabajen, auditen y denuncien, a lo sumo hay que mejorar en el Potenciar Trabajo. Lo que se quiere es vaciar las políticas públicas. Denuncian públicamente, pero no en la Justicia”.
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Advertencia de los intendentes por la situación en el conurbano
Crece la demanda en los comedores y el impacto del ajuste se comienza a notar; los jefes comunales, sin embargo, no perciben aún una situación límite
Javier Fuego Simondet
La demanda de alimentos aumentó, coinciden intendentes del conurbano
En el conurbano bonaerense, los intendentes observan un aumento en la necesidad de asistencia alimentaria, como punta de lanza de una serie de problemas que consideran producto de los primeros meses de gestión del presidente Javier Milei. No obstante, desestiman por el momento la posibilidad de que la situación se desmadre hasta producir un estallido social.
En algunos casos, fundamentalmente de jefes comunales peronistas, consideran que funcionan mecanismos de contención y, en otros, pertenecientes al espacio que fue Juntos por el Cambio, remarcan cierta paciencia en los afectados a partir de la aceptación del ajuste como alternativa ineludible ante la crisis económica nacional.
Entre las escenas que describen para ilustrar la situación está la puesta en marcha de ollas populares en Merlo para atender la demanda alimentaria, que –aseguran en ese distrito– es creciente. También, la falta de precios ordenados para comprar alimentos, que esgrimen en Esteban Echeverría como motivo para suspender momentáneamente la adquisición de mercadería.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (Unión por la Patria), traza un escenario complejo en su distrito, uno de los más populosos de la zona oeste, en la primera sección electoral. “La situación es alarmante, solo cubierta por los municipios. No recibimos ni un paquete de harina desde el 10 de diciembre. La devaluación y el ajuste permanente por inflación hacen que mucha gente no pueda alimentarse. En pandemia, brindábamos asistencia alimentaria a 180.000 personas; bajamos a 90.000, y ahora superamos las 100.000”, resume Menéndez.
Menéndez asegura que activó “350 nuevos puntos de ollas populares”. Y señala: “Mientras los tengamos, [el cuadro] estará controlado”. Indica que el municipio gastaba en asistencia alimentaria “$230 millones por mes, hace siete meses, y hoy gasta $1600 millones”. Con las ollas, sostiene que ahorra “$400 millones” en el rubro. “No veo condiciones de estallido, pero están jugando a la ruleta rusa”, concluye. Merlo es uno de los distritos en los que se produjeron cierres de comedores por la retirada de la provisión de alimentos secos dispuesta por el gobierno nacional.
En la zona sur se advierten problemas similares. Fernando Gray (Unión por la Patria), intendente de Esteban Echeverría, enumera: “Dejamos de recibir asistencia nacional en alimentos y en herramientas (comprábamos herramientas para personas sin empleo, para que pudieran hacer sus emprendimientos). Hay mayor cantidad de pedidos y problemas con los proveedores, porque no hay precio. Mayor inscripción en escuelas públicas y un leve aumento en [la demanda de] salud pública”.
“En enero y febrero no distribuí alimentos, en marzo tampoco lo voy a hacer. No he podido comprar por el desorden de proveedores. En abril voy a comprar, pero la ayuda alimentaria del municipio es el 20% [de lo que se necesita]”, indica Gray. “¿Hasta cuándo se puede seguir así? No sé. Tampoco podremos darles a todos los que necesitan en el distrito. Gastábamos $120 millones en alimentos por mes”, calcula, y remarca que le pidió, sin éxito, “una reunión a [la ministra de Capital Humano, Sandra] Pettovello”.
La alerta alimentaria que presentan los intendentes se condice con los motivos que esgrimió el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). En su más reciente informe, que estableció que la pobreza llegó en enero al 57,4%, se registró un salto del índice, que en diciembre había sido del 49,5%.
Las dificultades para los responsables de espacios de asistencia alimentaria en barrios del conurbano se generalizan. Es el caso del comedor Alberto Rodríguez, de la localidad de Tierras Altas, en Malvinas Argentinas. La responsable de este espacio que administra la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Jessica Rodríguez, afirmó en Radio Splendid que “se entregaban 50 viandas por día, pero de diciembre para acá se triplicó”. Agregó que “no llega mercadería, y los compañeros van a buscar a los containers de los mayoristas de verdulería lo que se tira, y salen a pedir a los supermercados”. Especificó que entregan la comida a las 12, pero “desde las 9 hay gente haciendo fila” frente al comedor.
Un intendente de mayor cercanía con La Libertad Avanza incluye otro factor en el diagnóstico del impacto de los primeros meses de gestión mileísta. “En enero, nos cayó la recaudación [por el cobro de tasas] un 25% en comparación con el mismo mes de 2023. Tengo poca espalda de caja para aguantar. Estamos con preocupación por si la cosa empeora. Bajé la pauta [publicitaria] a cero y no hago bacheo. Pero soy optimista, va a haber un poco de aire”, plantea el jefe comunal, que sostiene que “no hay sensación de que esto explota y no da para más”.
La misma fuente de mejor sintonía con el Gobierno, no obstante, admite una “mayor concurrencia a los comedores” y “preocupación por la provisión del Gobierno a los comedores”. Las organizaciones sociales denuncian el corte de la provisión alimentaria a los comedores populares. En paralelo, el Gobierno cerró convenios con comedores de organizaciones religiosas cristianas y evangélicas.
Un intendente peronista del conurbano que tuvo hace días una reunión con dirigentes locales del área de niñez y adolescencia afirma que, ante los pedidos, desde un municipio “puede hablar con las empresas, pero nada alcanzará”.
Desde Tigre, en la zona norte del AMBA, el intendente Julio Zamora (Unión por la Patria) asevera que “el impacto de las políticas públicas nacionales repercute en los más vulnerables, que son los niños”. Y añade: “Llegan rotos a las organizaciones de la comunidad. Es un planteo bastante triste, porque no tengo herramientas para dar respuesta a todo lo que nos piden”.
Para Ramón Lanús (Juntos por el Cambio), el nuevo intendente de San Isidro, que cortó con cuatro décadas de gobierno de la dinastía Posse, hay otro factor que permite obturar posibilidades de estallido social. “La situación es mala, como lo era el año pasado, pero vemos realismo en la gente, que es consciente de que había que ajustar”, asegura.
En el conurbano bonaerense, los intendentes observan un aumento en la necesidad de asistencia alimentaria, como punta de lanza de una serie de problemas que consideran producto de los primeros meses de gestión del presidente Javier Milei. No obstante, desestiman por el momento la posibilidad de que la situación se desmadre hasta producir un estallido social.
En algunos casos, fundamentalmente de jefes comunales peronistas, consideran que funcionan mecanismos de contención y, en otros, pertenecientes al espacio que fue Juntos por el Cambio, remarcan cierta paciencia en los afectados a partir de la aceptación del ajuste como alternativa ineludible ante la crisis económica nacional.
Entre las escenas que describen para ilustrar la situación está la puesta en marcha de ollas populares en Merlo para atender la demanda alimentaria, que –aseguran en ese distrito– es creciente. También, la falta de precios ordenados para comprar alimentos, que esgrimen en Esteban Echeverría como motivo para suspender momentáneamente la adquisición de mercadería.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (Unión por la Patria), traza un escenario complejo en su distrito, uno de los más populosos de la zona oeste, en la primera sección electoral. “La situación es alarmante, solo cubierta por los municipios. No recibimos ni un paquete de harina desde el 10 de diciembre. La devaluación y el ajuste permanente por inflación hacen que mucha gente no pueda alimentarse. En pandemia, brindábamos asistencia alimentaria a 180.000 personas; bajamos a 90.000, y ahora superamos las 100.000”, resume Menéndez.
Menéndez asegura que activó “350 nuevos puntos de ollas populares”. Y señala: “Mientras los tengamos, [el cuadro] estará controlado”. Indica que el municipio gastaba en asistencia alimentaria “$230 millones por mes, hace siete meses, y hoy gasta $1600 millones”. Con las ollas, sostiene que ahorra “$400 millones” en el rubro. “No veo condiciones de estallido, pero están jugando a la ruleta rusa”, concluye. Merlo es uno de los distritos en los que se produjeron cierres de comedores por la retirada de la provisión de alimentos secos dispuesta por el gobierno nacional.
En la zona sur se advierten problemas similares. Fernando Gray (Unión por la Patria), intendente de Esteban Echeverría, enumera: “Dejamos de recibir asistencia nacional en alimentos y en herramientas (comprábamos herramientas para personas sin empleo, para que pudieran hacer sus emprendimientos). Hay mayor cantidad de pedidos y problemas con los proveedores, porque no hay precio. Mayor inscripción en escuelas públicas y un leve aumento en [la demanda de] salud pública”.
“En enero y febrero no distribuí alimentos, en marzo tampoco lo voy a hacer. No he podido comprar por el desorden de proveedores. En abril voy a comprar, pero la ayuda alimentaria del municipio es el 20% [de lo que se necesita]”, indica Gray. “¿Hasta cuándo se puede seguir así? No sé. Tampoco podremos darles a todos los que necesitan en el distrito. Gastábamos $120 millones en alimentos por mes”, calcula, y remarca que le pidió, sin éxito, “una reunión a [la ministra de Capital Humano, Sandra] Pettovello”.
La alerta alimentaria que presentan los intendentes se condice con los motivos que esgrimió el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). En su más reciente informe, que estableció que la pobreza llegó en enero al 57,4%, se registró un salto del índice, que en diciembre había sido del 49,5%.
Las dificultades para los responsables de espacios de asistencia alimentaria en barrios del conurbano se generalizan. Es el caso del comedor Alberto Rodríguez, de la localidad de Tierras Altas, en Malvinas Argentinas. La responsable de este espacio que administra la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Jessica Rodríguez, afirmó en Radio Splendid que “se entregaban 50 viandas por día, pero de diciembre para acá se triplicó”. Agregó que “no llega mercadería, y los compañeros van a buscar a los containers de los mayoristas de verdulería lo que se tira, y salen a pedir a los supermercados”. Especificó que entregan la comida a las 12, pero “desde las 9 hay gente haciendo fila” frente al comedor.
Un intendente de mayor cercanía con La Libertad Avanza incluye otro factor en el diagnóstico del impacto de los primeros meses de gestión mileísta. “En enero, nos cayó la recaudación [por el cobro de tasas] un 25% en comparación con el mismo mes de 2023. Tengo poca espalda de caja para aguantar. Estamos con preocupación por si la cosa empeora. Bajé la pauta [publicitaria] a cero y no hago bacheo. Pero soy optimista, va a haber un poco de aire”, plantea el jefe comunal, que sostiene que “no hay sensación de que esto explota y no da para más”.
La misma fuente de mejor sintonía con el Gobierno, no obstante, admite una “mayor concurrencia a los comedores” y “preocupación por la provisión del Gobierno a los comedores”. Las organizaciones sociales denuncian el corte de la provisión alimentaria a los comedores populares. En paralelo, el Gobierno cerró convenios con comedores de organizaciones religiosas cristianas y evangélicas.
Un intendente peronista del conurbano que tuvo hace días una reunión con dirigentes locales del área de niñez y adolescencia afirma que, ante los pedidos, desde un municipio “puede hablar con las empresas, pero nada alcanzará”.
Desde Tigre, en la zona norte del AMBA, el intendente Julio Zamora (Unión por la Patria) asevera que “el impacto de las políticas públicas nacionales repercute en los más vulnerables, que son los niños”. Y añade: “Llegan rotos a las organizaciones de la comunidad. Es un planteo bastante triste, porque no tengo herramientas para dar respuesta a todo lo que nos piden”.
Para Ramón Lanús (Juntos por el Cambio), el nuevo intendente de San Isidro, que cortó con cuatro décadas de gobierno de la dinastía Posse, hay otro factor que permite obturar posibilidades de estallido social. “La situación es mala, como lo era el año pasado, pero vemos realismo en la gente, que es consciente de que había que ajustar”, asegura.
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