CORTE Y UIF

La postulación del juez sumó el rechazo de empresarios cristianos
Advirtieron que los candidatos deben ser “funcionarios íntegros y honestos”; citan al Papa
El juez federal Ariel Lijo cosechó nuevos rechazos en su carrera para acceder a la Corte Suprema de Justicia. En esta ocasión, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) se sumó a los cuestionamientos que recibió la candidatura del magistrado y recordaron que “quienes accedan a tan magno servicio al bien común deben ser funcionarios íntegros y honestos”.
A través de un comunicado, desde la entidad citaron una carta del papa Francisco al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enviada el 23 de marzo de 2013. En ella, el Pontífice señalaba que administrar justicia “es una de las más insignes tareas que el hombre puede ejercer” y agregaba que quienes se dediquen a ello “han de estar adornados de virtudes humanas, en particular grandeza de espíritu, prudencia, sabiduría, integridad y fortaleza”.
“Como lo afirmaba el papa Francisco en su carta citada, a la hora de seleccionar candidatos debemos traer a la memoria ‘los bellos ideales de ecuanimidad, imparcialidad y nobles miras que caracterizaron a los grandes magistrados que han pasado a la historia de la humanidad por la rectitud de su conciencia, los conspicuos valores que los distinguían y la irreprochabilidad con que llevaron a cabo su servicio al pueblo’”, resaltó el comunicado.
En esa línea, desde ACDE peticionaron a las autoridades responsables que lleven a cabo un proceso de selección “riguroso”, que garantice la designación de funcionarios “comprometidos con la justicia y la equidad”, que respete las leyes vigentes y los compromisos y “estándares internacionales a los que la Argentina adhirió explícitamente”.
“Quienes tienen la responsabilidad de nominar a los candidatos deben velar por la promoción de una adecuada representación de varones y mujeres, con toda la riqueza que de ello puede devenir para el propio organismo y para la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del Poder Judicial”, agregaron.
Por último, desde la asociación empresarial dijeron que la confianza en el sistema judicial, basado en un “estricto cumplimiento de las leyes y la consecuente seguridad jurídica” es fundamental para crear un clima de negocios favorable. De esta forma, según indicaron, el país podría atraer inversiones, fomentar la innovación, la competencia, el desarrollo productivo y convertir a la Argentina “en un país viable”.
El comunicado de ACDE llega días después de que también se pronunciaran al respecto el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), AmCham (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) y la Red de Entidades por la Justicia Independiente de la Argentina (Rejia). Este domingo, reclamaron que se postule a juristas mujeres para sumarse al tribunal que hoy integran Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
IDEA emitió un comunicado en el que puntualizó que el máximo tribunal debe estar integrado por “personas de incuestionable honestidad, idoneidad, trayectoria, imparcialidad y, asimismo, que gocen de un amplio reconocimiento y valoración”

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Abogados se resisten a reportar casos de lavado
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf ), que preside Ricardo Gil Lavedra, presentó un amparo contra el Estado por la reglamentación que obliga a los profesionales del derecho a reportar operaciones sospechosas de lavado de sus clientes. Luego de que se sancionó la ley antilavado, la Unidad de Información Financiera (UIF) reglamentó el mandato para los abogados que se involucren en transacciones sospechosas por o en nombre de un cliente.
La presentación fue realizada por Juan Pablo Echeverría y quedó radicada en el juzgado en lo contencioso administrativo a cargo de Rita María Teresa Ailán. El amparo apunta contra el decreto 278/2024 que reglamentó la ley 27739.
Hasta la sanción de esta norma, estaban obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado los contadores, escribanos, los bancos y otros profesionales. La inclusión de los abogados generó el rechazo inmediato de Gil Lavedra, quien la consideró inconstitucional. “Es una aberración que rompe la confidencialidad entre el abogado y un cliente”, le dijo 
La resolución que publicó la UIF excluye de la obligación a los abogados contratados para un litigio. “No es cliente toda persona humana o jurídica nacional o extranjera que requiera los servicios de un abogado para su defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluido asesoramiento sobre cómo iniciarlos o evitarlos”, se explica. En cambio, se considera cliente pasible de ser reportado “a toda persona humana, jurídica u otras estructuras jurídicas –nacionales y/o extranjeras–, y quienes actúen por cuenta y orden de éstas; con los cuales se establezca, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial”.
“Todas las actividades de los abogados y abogadas se encuentran amparadas por el secreto profesional, no solo las que se vinculan con el litigio”, insistió ayer Gil Lavedra. “El abogado no puede ser obligado a violar la relación de confidencialidad denunciando a su propio cliente”, agregó.
La ley fue un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al gobierno argentino. Supervisores del GAFI estuvieron hasta anteayer en el país inspeccionando la situación.

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