EDITORIALES

Ante otro vergonzoso negociado
Conflictos de intereses y malversación de fondos podrían ocultarse detrás del decreto del expresidente Fernández sobre los seguros de organismos públicos
Al igual que tras el escándalo provocado por la fiesta llevada a cabo en la quinta presidencial de Olivos en 2020, en abierta violación del aislamiento preventivo y obligatorio dispuesto durante la pandemia de coronavirus, frente al oscuro negocio con los seguros de dependencias del Estado durante su gestión, el expresidente Alberto Fernández ha vuelto a recurrir a la estrategia del “yo no fui”. Mientras en aquella oportunidad responsabilizó a su esposa, su “querida Fabiola”, por cometer el “error” de invitar a sus amigos a festejar su cumpleaños en Olivos cuando el propio Poder Ejecutivo había prohibido ese tipo de reuniones, ahora, para despegarse de las sospechas sobre un posible negociado, pareció descargar eventuales responsabilidades en su histórica secretaria privada.
El expresidente es investigado por la Justicia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, ante la posibilidad de que haya favorecido a determinados brokers que intermediaron en la gestión de seguros de dependencias oficiales durante su gobierno. “Yo no he robado nada ni participé de negociados”, se defendió Fernández, quien al ser consultado periodísticamente por el papel que pudo haber jugado su secretaria, María Cantero, esposa del broker de seguros beneficiado, Héctor Martínez Sosa, afirmó: “No pedí por nadie; si ella lo hizo, se extralimitó”. Aclaró, igualmente, que no creía que su secretaria hubiera influido para que su esposo terminara apareciendo como uno de los gestores favorecidos con jugosas comisiones como intermediario en contrataciones entre Nación Seguros y otras dependencias del Estado.
Como ya se informó, las sospechas de un gigantesco negociado surgieron tras conocerse que, luego de que en diciembre de 2021 el entonces presidente Fernández ordenase mediante un decreto que todos los seguros estatales debían pasar por la empresa Nación Seguros, en las contrataciones de esas pólizas realizadas por distintas dependencias oficiales aparecían como innecesarios intermediarios gestores con fuertes vínculos con el poder político, quienes se beneficiaron con comisiones que, en algunos casos, superaban el triple de lo que se acostumbraba facturar. Entre ellos, aparecían Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente de la Nación, y Pablo Torres García, cercano a Sergio Massa. Este último habría cobrado una millonaria comisión por año por el contrato celebrado entre Nación Seguros y la Anses.
Las sospechas aumentaron cuando se advirtió que la relación personal entre Martínez Sosa y el expresidente de la Nación se remonta a más de treinta años atrás, cuando Fernández era superintendente de Seguros de la Nación. Además de una larga amistad, Martínez Sosa aparece como prestamista de Fernández en las propias declaraciones juradas que este presentó como funcionario público. El exjefe del Estado reconoció que, allá por 2008, recibió de Martínez Sosa un préstamo personal de unos 20.000 dólares, que hasta hoy no pudo devolverle. Curiosamente, en las declaraciones patrimoniales de los últimos años, Fernández consignó que esa deuda solo ascendía a 102.240 pesos, sin que sufriera incrementos a lo largo del tiempo, a pesar de la consabida inflación.
El presidente Javier Milei se refirió a la cuestión, durante su reciente mensaje ante el Congreso, y habló de “un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado, de manera de poder cobrar retornos de cada operación”, y de “un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares en retornos que terminaron en los bolsillos de los políticos”.
El extitular de la Anses Osvaldo Giordano advirtió durante su corto paso por el organismo que el acuerdo con Nación Seguros para asegurar el cobro de los créditos otorgados a jubilados resultaba, además, mucho más costoso que los “autoseguros”, por los cuales se les cobraba a los beneficiarios un pequeño porcentaje del préstamo, con el que se conformaba un fondo destinado a cubrir eventuales pérdidas por un fallecimiento. El decreto de Alberto Fernández autorizaba, además, a Nación Seguros a tercerizar el negocio mediante brokers y empresas privadas.
Además de poner fin a estas maniobras que benefician a amigos del poder a expensas de las arcas del Estado, es necesario que desde el Gobierno y la Oficina Anticorrupción se pongan a disposición de la Justicia todos los elementos para determinar las responsabilidades sobre lo que tiene visos de ser otro tan gigantesco como prolongado negociado, mezclado con conflictos de intereses.

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Cuba, de crisis en crisis
Cuba atraviesa su peor crisis económica en treinta años. Desde 2020, los cubanos han visto agravarse la caída de sus salarios, el deterioro de los servicios públicos, los cortes de electricidad, la crónica escasez y el creciente mercado negro, al tiempo que cientos de miles de personas han seguido huyendo del país.
El incremento de los precios de elementos claves como el combustible, el agua y los alimentos plantea un escenario desafiante. El gobierno de Miguel Díaz-Canel sostiene que las medidas son necesarias dadas las dificultades actuales en la isla. Con la pospuesta suba de más del 500% para los combustibles y otras fuertes subas en las tarifas del agua, la electricidad y el transporte interprovincial, el gobierno pretende reactivar la economía nacional y reducir el abultado déficit público, aunque muchos economistas independientes han dudado de la eficacia y coherencia de las medidas anunciadas.
Según cifras oficiales, la economía cubana se contrajo hasta un 2% en 2023, mientras que la inflación cerró en un 30%, una cifra inferior a la del 39% registrada en 2022. El déficit público este año se situará en el 18,5%, registrando por quinto año consecutivo abultadas cifras en rojo.
Por primera vez, el gobierno de Cuba solicitó ayuda mediante una comunicación oficial a la dirección del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ante las dificultades del país para seguir distribuyendo leche subvencionada a los menores de siete años. La leche es un bien escaso desde hace años en la isla, aunque en general los niños y las personas con dietas especiales podían contar con una cantidad de leche en polvo al mes a través de la libreta de abastecimiento a un precio subvencionado.
El café y el azúcar han bajado en una cartilla de racionamiento, el programa con el cual el gobierno castrista distribuye alimentos desde hace más décadas, que pierde peso y variedad. En 2003, le daban a la ciudadanía cada mes 207 gramos de café, y el año pasado fueron solo 20 gramos, mientras el azúcar refinado pasó de 1,6 kilos en 2003 a menos de un kilo en 2023. La desesperación de los cubanos por obtener alimentos o medicinas les lleva cinco o seis horas de cola para conseguir las escasas unidades que llegan a los negocios de venta directa.
Transcurridos más de 60 años desde la revolución, Cuba muestra niveles de pobreza y desigualdad que van en aumento, junto con una creciente desocupación, una caída de las prestaciones sociales, un boom del mercado negro y una corrupción generalizada. La joven generación está insatisfecha y alejada de la política.
Las demandas sociales que emergieron fuertemente en el panorama cubano el 11 de julio de 2021 siguen siendo un permanente llamado a revisar patrones y dinámicas dentro y fuera de la isla que atenazan y condicionan el pleno ejercicio de derechos civiles, políticos, económicos y sociales del pueblo cubano.

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