El Gobierno anunció que suspenderá las cooperativas creadas entre 2020 y 2023
“Otra caja que desaparece”, dijo el vocero Adorni, y denunció que el padrón creció un 139% durante la gestión anterior; fuentes oficiales aclararon que se trata del proceso habitual para sanear los registros
JAVIER FUEGO SIMONDET
El cierre de cooperativas es un motivo de protesta callejera
El gobierno de Javier Milei anunció ayer la decisión de “suspender la operatoria de las cooperativas creadas entre 2020 y 2023 que se encuentren en una situación irregular”. De acuerdo con los números difundidos por la Casa Rosada y el Ministerio de Capital Humano, la decisión en realidad pasaría por revisar la situación administrativa de 5794 cooperativas creadas entre 2020 y 2022, más otras 4355 creadas en 2023. Además, la Casa Rosada afirmó que retirará la autorización para operar de 10.420 cooperativas que habían sido suspendidas ya en 2019 pero que, indicaron, habrían seguido funcionando.
El anuncio dejó a su paso más incógnitas que certezas, ya que el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa de ayer, vinculó la noticia con las cooperativas del Plan Progresar Trabajo, cuyos beneficiarios reciben un pago del Estado, y señaló que el gobierno de Alberto Fernández “decidió seguir financiando” a esas 10.420 (dijo 11.853) cooperativas que habían sido suspendidas en 2019.
“Otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, afirmó el vocero presidencial.
Sin embargo, y de acuerdo con fuentes que conocen la operatoria iniciada por el Gobierno, en rigor lo que se realiza es una revisión amplia del padrón de cooperativas. No solo las del Plan Progresar Trabajo, sino las unidades productivas de todo tipo, como pueden ser las cooperativas agrícolas de la zona centro, las yerbateras del Litoral, o las vitivinícolas de Cuyo, como también las textiles, de construcción y servicios.
De hecho, fuentes oficiales se cuidaron en advertir a que el la nacion anuncio no afectaba a las cooperativas de servicios públicos que –principalmente en el interior– abastecen de luz, cable, agua o telefonía e internet a innumerables localidades.
“El anuncio no implica retirar la matrícula de las cooperativas”, insistieron las fuentes, bajo reserva, para aclarar que lo que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) iniciará es el procedimiento habitual de notificar a las cooperativas que presenten irregularidades administrativas o que no hayan contemplado su acreditación con la documentación correspondiente. “Si tienen todo en regla no se van a suspender”, indicaron.
El ministerio que conduce Sandra Pettovello y la Secretaría de Niñez y Familia, que encabeza Pablo de la Torre –y que absorbió varias de las competencias del ex-Ministerio de Desarrollo Social, incluido el Inaes, comunicaron que se suspenderán las cooperativas en las que se detectaron irregularidades como repeticiones de personas, correos electrónicos y domicilios. O de las que no completaron sus trámites de registro para funcionar.
“A partir de un informe del Inaes, se determinó que el padrón de cooperativas vigentes aumentó desmedidamente un 139% en los últimos cuatro años. Unas 12.425 cooperativas fueron constituidas durante el período 2020-2023, aumentando de 9978 a 23.836”, señaló el comunicado. La suma arroja otros números, pero ese crecimiento explosivo es el que alumbra las sospechas de los libertarios, que dan por hecho la creación de cooperativas como una herramienta para desviar fondos.
“De las 8070 cooperativas creadas entre 2020 y 2022, el 72% no presentaron los Estados Contables ni las Asambleas de esos períodos. A esas 5794 cooperativas se las intimó para que presenten la documentación adeudada en un plazo máximo de 30 días. Mientras que para las creadas en 2023, unas 4355, se prevé una verificación en el domicilio de las entidades para comprobar su regular funcionamiento”, señalaron. La suspensión llegaría para quienes incumplan esos requerimientos.
Además, Capital Humano comunicó que se avanzará sobre 10.420 cooperativas suspendidas en 2019 y que “al día de hoy podrían estar funcionando”, aclaró. En caso de que efectivamente estén funcionando, el ministerio se lo notificará a la AFIP para que intervenga.
Durante la conferencia de prensa, Adorni había sido mucho más enfático. Dijo que de las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, “el 72% no presentó balances ni asambleas, el 22% repitió asociados, el 20% utilizó el mismo mail para registrarse y el 9% comparte domicilio”.
Los errores y opacidades en el registro de las cooperativas del Progresar Trabajo son una constante desde que se creó el programa, en 2009, bajo el nombre de Plan Argentina Trabaja. Para asistir a los beneficiarios que, en general, provienen de sectores vulnerables, las organizaciones sociales y los intendentes registraron a múltiples cooperativas con un mismo domicilio y correo electrónico –en el mejor de los casos, el del Municipio o de la organización social–. Pero la maniobra también se realizó para esconder el destino de los recursos públicos. Por eso, cada nueva gestión intenta sanear esos registros.
Para cerrar, Adorni anunció ayer el cierre de “300 cooperativas asociadas a Potenciar Trabajo a las que se destinaba US$34 millones”. En rigor, se trata de 300 unidades de gestión que coordinaban ese programa en el país. Su cierre había sido anunció en febrero por el Gobierno.
El vocero cerró su conferencia aclarando que no se caerán 70.000 contratos de empleados públicos, como había anunciado ayer el Presidente, sino que esos 70.000 están siendo “analizados” y que las cesantías en marzo serían 15.000.
También dos representantes por el sector cooperativista, dos por el de las mutuales y dos por el Estado nacional.
En el rubro de las cooperativas de trabajo se desempeñan unas 300.000 personas, calculó un hombre familiarizado con el sector ante la consulta de la nacion. Son asociados; hay otras cooperativas que pueden tener empleados (como las agropecuarias, por ejemplo), especificó la fuente, que agregó que “un 80%” de las cooperativas inscriptas son de trabajo. Este diario consultó a la cartera de Capital Humano sobre la cantidad de personas que están agrupadas dentro del cooperativismo bajo el control del Inaes, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
“El anuncio es como si mañana el Ministerio de Economía suspendiera las sociedades anónimas creadas en un período determinado. Es ilegal. Una matrícula se entrega por un proceso administrativo y se desarma también por un proceso administrativo. Te intiman, te dan un mes y, si no cumplís, te suspenden la matrícula”, especificó la fuente vinculada al sector cooperativo.
En tanto, en los movimientos sociales (que suelen utilizar el esquema cooperativo para emprendimientos productivos de sus miembros), descreen de que la depuración se concrete en los términos en los que la presentó el Gobierno. “La suspensión de una matrícula es un procedimiento habitual ante la falta de presentación de balances, y el Inaes acompaña a normalizar la situación. Y la matrícula la otorga el directorio, que tiene como miembros a representantes del sector cooperativo y de las mutuales, además de los del Estado. Puede haber, detrás de esto, una maniobra para desfinanciar al Inaes”, señaló una fuente de este sector. No obstante, aclaró que “los movimientos sociales son una minoría absoluta en el movimiento cooperativo, que es un segmento que genera el 12% del producto bruto”.
Las bajas en cooperativas ya se produjeron, aseguraron movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “El Gobierno cerró todos los convenios de las cooperativas de trabajo con AySA. Unos 2500 cooperativistas trabajaban ahí”, informó la organización piquetera que conduce el exdiputado de Unión por la Patria Juan Carlos Alderete. “La CCC tenía alrededor de 250”, se añadió desde la agrupación, que ayer fue parte de una protesta frente a la Jefatura de Gabinete por pagos atrasados a cooperativistas que trabajaron en obras de agua y saneamiento, y denunció represión policial.
Adorni puntualizó ayer que 300 cooperativas “asociadas al [plan] Potenciar Trabajo, a las que se destinaban US$34 millones” dejan de tener razón de ser, ya que ese programa está en proceso de transformación. El mes pasado, el ministerio a cargo de Sandra Pettovello anunció que ese plan se dividirá en dos nuevos programas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.
LAS ENTIDADES BAJO LA LUPA
10.149
Cooperativas a revisar
Se trata de 5794 entidades creadas entre 2020 y 2022, y 4355 de 2023. Tendrán 30 días para ordenar sus registros. No estarían alcanzadas las cooperativas de servicios públicos
10.420
Cooperativas suspendidas
SegúnCapitalHumano,fueron suspendidas en diciembre de 2019 y “al día de hoy podrían estar funcionando”. Adorni dio otra cifra: 11.853. Si continúan funcionando, el Inaes notificará a la AFIP
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Acortan los contratos, pero dicen que no temen una ola de juicios
En medio de los despidos, que serán 15.000, la Casa Rosada anticipó que restringirá la vigencia de otros 55.000 contratados
Maia Jastreblansky
El Gobierno confirmó que los empleados cesanteados en el Estado serán 15.000 y no 70.000 como dijo Javier Milei el martes, sin inmutarse. La Casa Rosada también ratificó otra novedad y es que los restantes 55.000 empleados públicos que están bajo modalidad de contrato (que no integran la planta permanente estatal) renovarán sus convenios solo por tres meses y no por un año, como se hizo en gestiones anteriores.
“El universo de contratos analizados es de 70.000. Sobre esos hay 15.000 que se darán de baja el 31 de marzo. El resto entran en un nuevo proceso que se sigue auditando y se sigue revisando por otro trimestre adicional”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Es un proceso quirúrgico”, agregó.
Los gremios estatales advierten que el acortamiento del plazo de los contratos laborales generará incertidumbre e infundirá temor entre la dotación estatal. “Esto es estar con la soga al cuello cada tres meses”, dijo a un delegado de UPCN, el la nacion gremio mayoritario y menos combativo de la administración pública.
Lo otro que comenzó a estar en la conversación fue la posibilidad de que se multipliquen los juicios laborales al Estado por la decisión oficial de pasar la guadaña de forma transversal por todos los organismos públicos. Todavía es prematuro saber el alcance que puede tener la judicialización, pero ayer ATE, el gremio más confrontativo, celebró la primera reunión de su equipo jurídico nacional junto con los asesores jurídicos de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires para “unificar criterios de actuación”. Sobre todo de cara a la situación en la Anses, donde se está registrando una segunda ola de desvinculaciones, que alcanza a los 910 empleados.
Cerca de Milei no se inmutaron por la posibilidad de que sobrevenga una oleada de planteos en los tribunales laborales. “¿Juicios por no renovar contratos que se vencieron? Que vayan a la Justicia”, lanzó un colaborador muy estrecho del Presidente.
En el Gobierno no acusaron recibo por el error que cometió Milei en su discurso al señalar que caerían la totalidad de los contratos del Estado. Adorni solo aludió a que se generó “confusión” y aclaró el verdadero alcance de las rescisiones en abril, que, tal como anticipó, involucrará a unos 15.000 trabajadores.
Para salir del entuerto, el Gobierno redobló la apuesta advirtiendo que la planta de contratados seguirá sujeta a revisión, sin precisar hasta dónde llegará el recorte en los meses venideros.
Está claro que en el Gobierno entienden que la “motosierra” les tributa políticamente no solo en la práctica, sino sobre todo en el plano discursivo. Aunque no hubo un criterio unificado para definir qué empleados serían desvinculados. Según fuentes oficiales, el responsable de cada organismo fue el que evaluó a su planta y determinó quiénes cumplían funciones necesarias para la gestión. Extraoficialmente, el objetivo de la Casa Rosada fue que el recorte alcanzara al 20% de los contratados. En varios organismos, según pudo reconstruir la nacion, se utilizó como parámetro no renovar a los trabajadores que ingresaron a la función pública en el mandato de Alberto Fernández. Pero no fue el único criterio y también hubo cesanteados con muchos años de antigüedad. “Fui a buscar mis cosas. Los directores que comunicaron las desvinculaciones lloraban. Todos lloraban”, dijo una trabajadora con más de 20 años en su puesto.
Cerca de Milei resaltan que no corresponde indemnizar a los cesanteados de la administración pública central (que abarca a los ministerios del gabinete) porque se trata de personal encuadrado en el artículo 9 de la ley marco de empleo público, que contempla un régimen de contrataciones de personal “por tiempo determinado” para “la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales”. Se trata de contratos con relación de dependencia sin estabilidad. Es decir que contemplan aportes patronales, obra social y vacaciones, pero no una indemnización al culminar el convenio.
En muchos casos se trata de trabajadores que llegan y se van con el gobierno de turno. El problema es que en el Estado hay miles de empleados que trabajaron durante décadas bajo esa modalidad inestable. Cientos de ellos comenzaron a recibir mails este mismo miércoles en todo el país.
Hay, por este motivo, algunos antecedentes que son mirados de cerca por el gremio de estatales. En abril de 2010, en el caso “Ramos”, la Corte Suprema, con cuatro votos contra tres, avaló el reclamo de un trabajador que, por más de 20 años, había prestado servicios en la Armada tras la actualización continuada de su relación por tiempo determinado y le reconoció el derecho a una indemnización. En aquel momento, la composición del máximo tribunal era muy distinta a la actual.
El gobierno de Javier Milei anunció ayer la decisión de “suspender la operatoria de las cooperativas creadas entre 2020 y 2023 que se encuentren en una situación irregular”. De acuerdo con los números difundidos por la Casa Rosada y el Ministerio de Capital Humano, la decisión en realidad pasaría por revisar la situación administrativa de 5794 cooperativas creadas entre 2020 y 2022, más otras 4355 creadas en 2023. Además, la Casa Rosada afirmó que retirará la autorización para operar de 10.420 cooperativas que habían sido suspendidas ya en 2019 pero que, indicaron, habrían seguido funcionando.
El anuncio dejó a su paso más incógnitas que certezas, ya que el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa de ayer, vinculó la noticia con las cooperativas del Plan Progresar Trabajo, cuyos beneficiarios reciben un pago del Estado, y señaló que el gobierno de Alberto Fernández “decidió seguir financiando” a esas 10.420 (dijo 11.853) cooperativas que habían sido suspendidas en 2019.
“Otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, afirmó el vocero presidencial.
Sin embargo, y de acuerdo con fuentes que conocen la operatoria iniciada por el Gobierno, en rigor lo que se realiza es una revisión amplia del padrón de cooperativas. No solo las del Plan Progresar Trabajo, sino las unidades productivas de todo tipo, como pueden ser las cooperativas agrícolas de la zona centro, las yerbateras del Litoral, o las vitivinícolas de Cuyo, como también las textiles, de construcción y servicios.
De hecho, fuentes oficiales se cuidaron en advertir a que el la nacion anuncio no afectaba a las cooperativas de servicios públicos que –principalmente en el interior– abastecen de luz, cable, agua o telefonía e internet a innumerables localidades.
“El anuncio no implica retirar la matrícula de las cooperativas”, insistieron las fuentes, bajo reserva, para aclarar que lo que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) iniciará es el procedimiento habitual de notificar a las cooperativas que presenten irregularidades administrativas o que no hayan contemplado su acreditación con la documentación correspondiente. “Si tienen todo en regla no se van a suspender”, indicaron.
El ministerio que conduce Sandra Pettovello y la Secretaría de Niñez y Familia, que encabeza Pablo de la Torre –y que absorbió varias de las competencias del ex-Ministerio de Desarrollo Social, incluido el Inaes, comunicaron que se suspenderán las cooperativas en las que se detectaron irregularidades como repeticiones de personas, correos electrónicos y domicilios. O de las que no completaron sus trámites de registro para funcionar.
“A partir de un informe del Inaes, se determinó que el padrón de cooperativas vigentes aumentó desmedidamente un 139% en los últimos cuatro años. Unas 12.425 cooperativas fueron constituidas durante el período 2020-2023, aumentando de 9978 a 23.836”, señaló el comunicado. La suma arroja otros números, pero ese crecimiento explosivo es el que alumbra las sospechas de los libertarios, que dan por hecho la creación de cooperativas como una herramienta para desviar fondos.
“De las 8070 cooperativas creadas entre 2020 y 2022, el 72% no presentaron los Estados Contables ni las Asambleas de esos períodos. A esas 5794 cooperativas se las intimó para que presenten la documentación adeudada en un plazo máximo de 30 días. Mientras que para las creadas en 2023, unas 4355, se prevé una verificación en el domicilio de las entidades para comprobar su regular funcionamiento”, señalaron. La suspensión llegaría para quienes incumplan esos requerimientos.
Además, Capital Humano comunicó que se avanzará sobre 10.420 cooperativas suspendidas en 2019 y que “al día de hoy podrían estar funcionando”, aclaró. En caso de que efectivamente estén funcionando, el ministerio se lo notificará a la AFIP para que intervenga.
Durante la conferencia de prensa, Adorni había sido mucho más enfático. Dijo que de las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, “el 72% no presentó balances ni asambleas, el 22% repitió asociados, el 20% utilizó el mismo mail para registrarse y el 9% comparte domicilio”.
Los errores y opacidades en el registro de las cooperativas del Progresar Trabajo son una constante desde que se creó el programa, en 2009, bajo el nombre de Plan Argentina Trabaja. Para asistir a los beneficiarios que, en general, provienen de sectores vulnerables, las organizaciones sociales y los intendentes registraron a múltiples cooperativas con un mismo domicilio y correo electrónico –en el mejor de los casos, el del Municipio o de la organización social–. Pero la maniobra también se realizó para esconder el destino de los recursos públicos. Por eso, cada nueva gestión intenta sanear esos registros.
Para cerrar, Adorni anunció ayer el cierre de “300 cooperativas asociadas a Potenciar Trabajo a las que se destinaba US$34 millones”. En rigor, se trata de 300 unidades de gestión que coordinaban ese programa en el país. Su cierre había sido anunció en febrero por el Gobierno.
El vocero cerró su conferencia aclarando que no se caerán 70.000 contratos de empleados públicos, como había anunciado ayer el Presidente, sino que esos 70.000 están siendo “analizados” y que las cesantías en marzo serían 15.000.
También dos representantes por el sector cooperativista, dos por el de las mutuales y dos por el Estado nacional.
En el rubro de las cooperativas de trabajo se desempeñan unas 300.000 personas, calculó un hombre familiarizado con el sector ante la consulta de la nacion. Son asociados; hay otras cooperativas que pueden tener empleados (como las agropecuarias, por ejemplo), especificó la fuente, que agregó que “un 80%” de las cooperativas inscriptas son de trabajo. Este diario consultó a la cartera de Capital Humano sobre la cantidad de personas que están agrupadas dentro del cooperativismo bajo el control del Inaes, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
“El anuncio es como si mañana el Ministerio de Economía suspendiera las sociedades anónimas creadas en un período determinado. Es ilegal. Una matrícula se entrega por un proceso administrativo y se desarma también por un proceso administrativo. Te intiman, te dan un mes y, si no cumplís, te suspenden la matrícula”, especificó la fuente vinculada al sector cooperativo.
En tanto, en los movimientos sociales (que suelen utilizar el esquema cooperativo para emprendimientos productivos de sus miembros), descreen de que la depuración se concrete en los términos en los que la presentó el Gobierno. “La suspensión de una matrícula es un procedimiento habitual ante la falta de presentación de balances, y el Inaes acompaña a normalizar la situación. Y la matrícula la otorga el directorio, que tiene como miembros a representantes del sector cooperativo y de las mutuales, además de los del Estado. Puede haber, detrás de esto, una maniobra para desfinanciar al Inaes”, señaló una fuente de este sector. No obstante, aclaró que “los movimientos sociales son una minoría absoluta en el movimiento cooperativo, que es un segmento que genera el 12% del producto bruto”.
Las bajas en cooperativas ya se produjeron, aseguraron movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “El Gobierno cerró todos los convenios de las cooperativas de trabajo con AySA. Unos 2500 cooperativistas trabajaban ahí”, informó la organización piquetera que conduce el exdiputado de Unión por la Patria Juan Carlos Alderete. “La CCC tenía alrededor de 250”, se añadió desde la agrupación, que ayer fue parte de una protesta frente a la Jefatura de Gabinete por pagos atrasados a cooperativistas que trabajaron en obras de agua y saneamiento, y denunció represión policial.
Adorni puntualizó ayer que 300 cooperativas “asociadas al [plan] Potenciar Trabajo, a las que se destinaban US$34 millones” dejan de tener razón de ser, ya que ese programa está en proceso de transformación. El mes pasado, el ministerio a cargo de Sandra Pettovello anunció que ese plan se dividirá en dos nuevos programas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.
LAS ENTIDADES BAJO LA LUPA
10.149
Cooperativas a revisar
Se trata de 5794 entidades creadas entre 2020 y 2022, y 4355 de 2023. Tendrán 30 días para ordenar sus registros. No estarían alcanzadas las cooperativas de servicios públicos
10.420
Cooperativas suspendidas
SegúnCapitalHumano,fueron suspendidas en diciembre de 2019 y “al día de hoy podrían estar funcionando”. Adorni dio otra cifra: 11.853. Si continúan funcionando, el Inaes notificará a la AFIP
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Acortan los contratos, pero dicen que no temen una ola de juicios
En medio de los despidos, que serán 15.000, la Casa Rosada anticipó que restringirá la vigencia de otros 55.000 contratados
Maia Jastreblansky
El Gobierno confirmó que los empleados cesanteados en el Estado serán 15.000 y no 70.000 como dijo Javier Milei el martes, sin inmutarse. La Casa Rosada también ratificó otra novedad y es que los restantes 55.000 empleados públicos que están bajo modalidad de contrato (que no integran la planta permanente estatal) renovarán sus convenios solo por tres meses y no por un año, como se hizo en gestiones anteriores.
“El universo de contratos analizados es de 70.000. Sobre esos hay 15.000 que se darán de baja el 31 de marzo. El resto entran en un nuevo proceso que se sigue auditando y se sigue revisando por otro trimestre adicional”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Es un proceso quirúrgico”, agregó.
Los gremios estatales advierten que el acortamiento del plazo de los contratos laborales generará incertidumbre e infundirá temor entre la dotación estatal. “Esto es estar con la soga al cuello cada tres meses”, dijo a un delegado de UPCN, el la nacion gremio mayoritario y menos combativo de la administración pública.
Lo otro que comenzó a estar en la conversación fue la posibilidad de que se multipliquen los juicios laborales al Estado por la decisión oficial de pasar la guadaña de forma transversal por todos los organismos públicos. Todavía es prematuro saber el alcance que puede tener la judicialización, pero ayer ATE, el gremio más confrontativo, celebró la primera reunión de su equipo jurídico nacional junto con los asesores jurídicos de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires para “unificar criterios de actuación”. Sobre todo de cara a la situación en la Anses, donde se está registrando una segunda ola de desvinculaciones, que alcanza a los 910 empleados.
Cerca de Milei no se inmutaron por la posibilidad de que sobrevenga una oleada de planteos en los tribunales laborales. “¿Juicios por no renovar contratos que se vencieron? Que vayan a la Justicia”, lanzó un colaborador muy estrecho del Presidente.
En el Gobierno no acusaron recibo por el error que cometió Milei en su discurso al señalar que caerían la totalidad de los contratos del Estado. Adorni solo aludió a que se generó “confusión” y aclaró el verdadero alcance de las rescisiones en abril, que, tal como anticipó, involucrará a unos 15.000 trabajadores.
Para salir del entuerto, el Gobierno redobló la apuesta advirtiendo que la planta de contratados seguirá sujeta a revisión, sin precisar hasta dónde llegará el recorte en los meses venideros.
Está claro que en el Gobierno entienden que la “motosierra” les tributa políticamente no solo en la práctica, sino sobre todo en el plano discursivo. Aunque no hubo un criterio unificado para definir qué empleados serían desvinculados. Según fuentes oficiales, el responsable de cada organismo fue el que evaluó a su planta y determinó quiénes cumplían funciones necesarias para la gestión. Extraoficialmente, el objetivo de la Casa Rosada fue que el recorte alcanzara al 20% de los contratados. En varios organismos, según pudo reconstruir la nacion, se utilizó como parámetro no renovar a los trabajadores que ingresaron a la función pública en el mandato de Alberto Fernández. Pero no fue el único criterio y también hubo cesanteados con muchos años de antigüedad. “Fui a buscar mis cosas. Los directores que comunicaron las desvinculaciones lloraban. Todos lloraban”, dijo una trabajadora con más de 20 años en su puesto.
Cerca de Milei resaltan que no corresponde indemnizar a los cesanteados de la administración pública central (que abarca a los ministerios del gabinete) porque se trata de personal encuadrado en el artículo 9 de la ley marco de empleo público, que contempla un régimen de contrataciones de personal “por tiempo determinado” para “la prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales”. Se trata de contratos con relación de dependencia sin estabilidad. Es decir que contemplan aportes patronales, obra social y vacaciones, pero no una indemnización al culminar el convenio.
En muchos casos se trata de trabajadores que llegan y se van con el gobierno de turno. El problema es que en el Estado hay miles de empleados que trabajaron durante décadas bajo esa modalidad inestable. Cientos de ellos comenzaron a recibir mails este mismo miércoles en todo el país.
Hay, por este motivo, algunos antecedentes que son mirados de cerca por el gremio de estatales. En abril de 2010, en el caso “Ramos”, la Corte Suprema, con cuatro votos contra tres, avaló el reclamo de un trabajador que, por más de 20 años, había prestado servicios en la Armada tras la actualización continuada de su relación por tiempo determinado y le reconoció el derecho a una indemnización. En aquel momento, la composición del máximo tribunal era muy distinta a la actual.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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