TRANSPORTE Y EL ESCENARIO

El Gobierno avanza con una profunda desregulación para los aviones y los ómnibus
Eliminará las audiencias, necesarias para que las aerolíneas obtengan las rutas; en la larga distancia, no se requerirá permiso para ir a un determinado destino
En poco tiempo, cualquier empresa podrá prestar servicios donde quiera
Una enorme cantidad de negocios basados en regulaciones, monopolios entregados por el Estado o sectores en los que no es fácil competir están en estado de alerta. Sucede que nadie sabe, ni tampoco puede, determinar hasta dónde llegará la impronta desregulatoria que enarbola el presidente Javier Milei.
En el mundo del transporte, el tablero de luces de alerta está encendido, al menos en dos de los más importantes para el traslado de pasajeros por la Argentina.
Los colectivos de larga distancia y el mercado aerocomercial están en el umbral de empezar a transcurrir un nuevo tiempo ¿Cómo sería? Desregulado, sin necesidad de pasar por burocráticos escritorios a pedir autorizaciones o presentar decenas de trámites que entorpecen la competencia.
Los principales cambios para el mundo de los aviones pasan por la eliminación de las autorizaciones para entregar una ruta. Cualquier línea aérea local puede volar adonde quiera.
En cuanto a los ómnibus de larga distancia, cualquiera que tenga capacidad de transporte y cumpla con los requisitos de seguridad, por ejemplo, puede poner servicios donde quiera. Se podría resumir en que habrá mucha más libertad en los cielos y en las rutas. La duda, como siempre, es cómo reaccionará el mercado y si este sistema no podría generar una enorme concentración en grupos empresarios grandes.
Pasados ocho días de publicado, tal como establece la ley, el decreto que firmó el Presidente, quedó vigente allá por fines de diciembre. Existe, claro, un capítulo que está cuestionado por la Justicia del Trabajo y que tiene que ver con toda la normativa laboral. El resto, rige.
En aquella norma había un profundo cambio en la legislación aerocomercial que requiere, además, de una regulación que ponga en marcha los cambios.
Desde hace unas semanas, un grupo de abogados de compañías de seguros, asesores de ese mercado y funcionarios se reúnen en una comisión que trata de darle forma a la esta normativa necesaria para que aquella norma empiece a tener operatividad. Las conversaciones suelen ser remotas, pero también se vieron las caras alguna vez en las oficinas del Ministerio de Transporte, que maneja el cordobés Franco Mogetta.
Hay algunos temas avanzados; otros que, para el sector, son disruptivos. Sobre esos no hay tanto consenso y se ha instalado una discusión. El acuerdo está en la eliminación total de las audiencias públicas como requisito para que las empresas aéreas soliciten rutas.
Esa instancia es aún necesaria y debe ser convocada por el Gobierno. Durante el kirchnerismo hubo una en 2005 y luego nunca más, ni en los dos mandatos de Cristina Kirchner ni en el cuarto, encabezado por Alberto Fernández.
Luego, en la presidencia de Mauricio Macri se convocó a otra en 2016 y se entregaron todas las rutas que pidieron las empresas que llegaron, como Flybondi o Norwegian, luego comprada por Jetsmart. Desde entonces, nunca más se realizó.
Ahora, cuentan quienes trabajan en la desregulación, se digitalizarán los trámites y mientras la empresa cumpla con los requisitos que se le exigen a una línea aérea, puede volar adonde quiera.
Ahora bien, entre esos requisitos hay uno que divide aguas. Se trata de mantener la exigencia a las compañías que hacen vuelos internos de tener tripulación argentina y aviones matriculados en el país. Es decir, una compañía local.
Pero nada está escrito ni terminado. No son pocos los que consideran que cerca de Milei quieren desregular todos los cielos argentinos. Es decir que cualquier empresa pueda venir con tripulación y avión extranjero y servir una ruta interna. Semejante apertura tiene varios críticos, incluso dentro de la propia comisión que trabaja en la regulación del DNU.
El caso de los ómnibus
Otra de las iniciativas que toma cuerpo es la desregulación para los ómnibus de larga distancia. La idea del Gobierno es que cualquier empresa registrada pueda ir adonde quiera, sin restricciones y sin tener que tramitar ningún permiso.
Actualmente, la explotación de las rutas se hace mediante un permiso precario ya que jamás se modernizó era normativa.
La base del sistema es que hay rutas principales, por ejemplo entre dos ciudades, y el Estado, mediante regulaciones, impone que ese ómnibus tenga algunos servicios que ingresen a los pueblos que están en la ruta. Esa norma es la que genera conectividad, aunque no es la más festejada por los transportistas porque no es tan rentable como los tramos de una cabecera a la otra.
Este esquema que impone el Estado se basa en la regularidad y habitualidad, haya o no pasajeros, se tiene que cumplir.
En el sector consideran que, más allá de la competencia que se podría dar entre empresas por destinos más rentables, es probable que empiece una etapa de desconexión entre algunas ciudades.
En el Gobierno no le temen a ese supuesto; dicen que solo se regulará y que aparecerán algunos más pequeños que hagan negocios con esos tramos más cortos.
Otro de los temas a mirar de cerca es la regulación laboral que tienen las distintas modalidades de transportistas de larga distancia. Por ejemplo, las combis o los servicios de turismo, los que organizan viajes para recitales o tours de compras tienen convenios colectivos mucho más baratos que los de larga distancia. Por lo tanto, no son pocos los que le reclaman igualar a todos, y después sí abrir la competencia. Suena lógico que todos compitan con las misas condiciones.
Como ejemplo vale un caso: un colectivo de larga distancia tiene que tener dos choferes para ir de Buenos Aires a La Plata mientras que una combi viaja con uno solo. Solamente ese detalle podría sacar de la ruta a otro que tenga diferente convenio colectivo.
Pero más allá de algunas consultas a las cámaras y a los transportistas, el Gobierno avanzará con la desregulación de los colectivos y los aviones. Solo falta calibrar qué tanto se abrirá la actividad.

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Apuran los cambios en vuelos y en larga distancia
Cada empresa podrá ir adonde quiera sin pedir permisos

Diego Cabot
La impronta del presidente Javier Milei para desregular la economía llegó al mundo del transporte. Una comisión avanza para modificar el Código Aeronáutico y, entre otras cosas, quitar el requisito a las empresas de pedir rutas para sumar nuevos destinos. Para los colectivos de larga distancia se prepara una medida similar: cualquier firma podrá viajar adonde prefiera.
Alos proyectos que desregulan los servicios de ómnibus de larga distancia y el mercado aerocomecial se les suma uno más: la firme decisión de poner en marcha la aletargada Agencia Metropolitana del Transporte, un entre tripartito entre la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
La idea que rige todas estas iniciativas es una sola: retirar al Estado de gran parte de la intermediación que existe en estas áreas claves.
Ese es el verdadero horizonte que intenta la administración que comanda el presidente Javier Milei. Es obvio que detrás de estas decisiones hay una mirada fiscalista que intenta bajar el gasto público, pero más allá de eso existe una vocación muy fuerte, con mucho de ideología, sostenida por el pensamiento de una gran parte del gabinete que postula la ineficiencia del Estado en enormes porciones de la economía.
Desde siempre, el transporte fue uno de esos pliegues de la burocracia. En el caso del transporte aerocomercial, por caso, las audiencias se usaron para poner un portón de ingreso a cualquier aerolínea que quisiese venir a la Argentina. No solo era necesario que la empresa arme una compañía, arme la línea área y contrate aviones y personal, sino que también debía pedir permiso al Estado para que le entregue rutas.
Un ejemplo fue LAN Argentina, cuando armó la empresa en el país, allá por 2005. Como no había audiencias, la firma le compró una “carpeta” a una sociedad que alguna vez había pedido rutas, pero no tenía ni aviones ni empleados y tampoco ninguna vocación de volar. La firma chilena compró una autorización burocrática, papeles y sellos. Y sobre eso montó la aerolínea.
Con los ómnibus, por ejemplo, la regulación llega a lugares insospechados. Por ejemplo, el Estado no solo establece la tarifa máxima, sino también la mínima. Nadie puede hacer una oferta. Cuando Guillermo Dietrich era ministro se autorizó que las líneas de colectivos pudieran vender un pasaje con un descuento si se compraba con anterioridad. Algo similar a lo que ocurre con los aviones.
La Agencia Metropolitana es el tercer punto del plan: le quieren pasar decenas de funciones (la liquidación y el pago de subsidios, entre otras) y lograr el repliegue definitivo del Estado.

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