Refuerzan el desembarco militar en Rosario
La reacción estataL frente a Las balaceras y amenazas El ministro de Defensa, Luis Petri, presentó ayer la ampliación del aporte de las Fuerzas Armadas al apoyo logístico a las fuerzas de seguridad que desarrollan operativos contra bandas criminales
El despliegue militar en Rosario sumó cinco helicópteros, lanchas y camionetas para apoyar las operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas narcos que con muertes, balaceras y amenazas buscan presionar a las autoridades santafesinas; el ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó el acto de presentación de las unidades y aseguró que “hay un compromiso inclaudicable de luchar contra el narcotráfico”.
ROSARIO.– Tras la avanzada de las 22 camionetas del Ejército y la Armada, fue ayer el turno de un desembarco más amplio de la Fuerza Aérea en Rosario para dar apoyo logístico al despliegue federal dispuesto para frenar la avanzada del terror narco en la mayor ciudad de Santa Fe, jaqueada por la acción de las mafias que desafían el poder del Estado.
Las Fuerzas Armadas llevarán adelante tareas de asistencia al Comando Operativo Conjunto, que integran las fuerzas de seguridad federales y provinciales, brindando apoyo logístico en transporte, comunicaciones, ingenieros y enfermeras. Entre el material provisto destacan cinco helicópteros, tres lanchas fluviales, decenas de camionetas, combis y camiones y un centenar de efectivos. Además de los vehículos de tierra, agua y aire, los militares llegaron a Rosario con cocinas de campaña y bases para el descanso del personal.
“Hay un compromiso inclaudicable de luchar contra el narcotráfico. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, ese compromiso inclaudicable, conforme lo establece la legislación actual, es a partir de un apoyo con los medios con los cuales cuentan las Fuerzas Armadas”, afirmó el ministro de Defensa, Luis Petri, que encabezó el acto de presentación del material militar, junto al gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin, También acompañaron al titular de la cartera castrense el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, y los jefes del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Presti; de la Armada, contralmirante Carlos María Allievi, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Fernando Luis Mengo.
Frente al Monumento a la Bandera, a lo largo de la costanera del Paraná, se estacionaron las camionetas del Ejército y de la Armada que habían llegado el jueves pasado, junto a camiones de transporte de personal y vehículos terrestres utilitarios. También aterrizaron cinco helicópteros Bell 412EP y AB-206 de la Fuerza Aérea, mientras que en el río se recortaron las figuras de la lancha fluvial artillada ARA Ciudad de Zárate y de dos lanchas clase Guardian 22 del Batallón de Infantería de Marina de la Armada.
Los Bell 412EP y los Augusta Bell AB-206 (modernizados por Fadea) darán movilidad aérea a las fuerzas de seguridad federales desplegadas en ocho puntos conflictivos de Rosario. Los primeros cuentan con una estructura ventral inferior de kevlar, el mismo compuesto que se utiliza en los chalecos antibalas, con el fin de dar protección reforzada a la aeronave y a su tripulación contra ataques desde tierra, un aspecto crucial en un territorio signado, precisamente, por la acción permanente de sicarios y de “tiratiros” que utilizan armas automáticas con cargadores largos para disparar ráfagas.
“Todos los recursos disponibles -destacó Petri- tanto de las fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, en el marco de la ley de Seguridad Interior, serán utilizados para garantizar la tranquilidad y paz en Rosario”.
Luis Petri Ministro de defensa “Hay un compromiso inclaudicable de luchar contra el narcotráfico”
Maximiliano Pullaro Gobernador de santa fe “Vamos a utilizar todos los recursos que tengamos a disposición para, de a poco, ir devolviéndoles la tranquilidad a los rosarinos”
En tanto, Pullaro, que encabeza con la ministra Patricia Bullrich el comité de crisis convocado en el marco de la ley de Seguridad Interior, resaltó que la labor que desarrollaron en los últimos días “las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe y las federales” los había llevado a dar con “varios de los que estuvieron en la planificación de los recientes atentados” de las bandas locales destinados a causar pánico en la población.
En cuanto al arribo de nuevos efectivos y móviles, el gobernador señaló: “Vamos a utilizar todos los recursos que tengamos a disposición para, de a poco, ir devolviéndoles la tranquilidad a los rosarinos. En el marco de lo que nos permite la ley, vamos a ser lo más fuerte y duros posible; tanto el gobierno nacional como el provincial y todas las jurisdicciones no vamos a aflojar en esta lucha, que entendemos es de todos, y que es entre ellos, los criminales, delincuentes y violentos, y nosotros, la sociedad”.
Por su parte, Petri resaltó que las actividades de las Fuerzas Armadas en Rosario quedarán dentro de los márgenes que permite la ley de Seguridad Interior para el apoyo logístico en operativos policiales. El centenar de militares asignado a este despliegue no participará directamente en operaciones contra el narcotráfico, pero tendrá capacidad de defenderse con su armamento personal en caso de ataques. Así lo establece la resolución 266/2024, publicada anteayer en el Boletín Oficial de la Nación, que avaló las reglas de empeñamiento –uso de las armas– para “resguardar la libertad, la vida de los ciudadanos, del personal y el patrimonio del Estado asignado a cada fuerza”.
Planteó, además, el ministro de Defensa la necesidad de reformas legislativas para contar con mayores herramientas en la lucha contra el narcotráfico: “En los próximos días vamos a estar presentando en el Congreso, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un paquete de leyes que nosotros creemos que va a generar un giro de 180 grados respecto de lo que han sido las persecuciones criminales y el abordaje en la lucha contra el narcotráfico, en las herramientas y los instrumentos legislativos que contamos y tenemos para luchar decididamente contra la tiranía de los narcos”.
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En medio de la crisis, fue intervenida la fiscalía rosarina
Fue apartada la fiscal regional María Eugenia Iribarren pocos días después de la suspensión del funcionario judicial que investigaba a las organizaciones criminales
Germán de los Santos
ROSARIO.– Después de una semana en la que la ciudad quedó paralizada por acciones “terroristas” narco, en la Justicia se produjo un fuerte cimbronazo, con la intervención de la Fiscalía Regional, que estaba en manos de María Eugenia Iribarren, cuestionada luego de los escándalos que protagonizaron funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) acusándose unos a otros mientras Rosario está en crisis por la violencia desatada por las mafias esparcidas por todo el territorio.
El gobernador, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de la intervención de la Fiscalía Regional, que era conducida por Iribarren desde que su antecesor, Patricio Serjal, fue detenido por el supuesto cobro de sobornos. La decadencia institucional en el Ministerio Público rosarino viene desde hace tiempo, por lo que, desde que asumió, Pullaro fue partidario de que se produzca una serie de cambios que muestren mayor operatividad y convicción a la hora de investigar.
El fiscal Matías Edery, que formaba parte de la Unidad de Criminalidad Organizada, fue suspendido este mes hasta que se aclare la causa penal en la que está imputado por tener relaciones inapropiadas con una extestigo protegida que era testaferro del líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. El caso de Edery, quien junto a Luis Schiappa Pietra habían investigado la corrupción política y los nexos con el crimen organizado, fue el que terminó de eclosionar el Ministerio Público, porque mostró una fuerte interna dentro del organismo. Uno de los acusadores de Edery fue el senador Armando Traferri, al que los fiscales nunca pudieron acusar porque se resguardó en sus fueros. Después, el propio fiscal que lo perseguía terminó suspendido.
La escalada de violencia extrema de las últimas dos semanas aceleró los tiempos y la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, resolvió apartar preventivamente de su cargo a Iribarren y nombrar como interventor interno al fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo. La medida es por un mínimo de seis meses y con carácter de prorrogable.
En medio de estos cambios, Pullaro recibió ayer en Rosario al ministro de Defensa Luis Petri, que desembarcó en la ciudad para presentar el equipamiento de refuerzo –cinco helicópteros, lanchas y 25 vehículos terrestres, entre otras unidades– que aportan las Fuerzas Armadas para el combate del llamado “narcoterrorismo” en la ciudad (de lo que se informa en la página 26).
Por otra parte, en el MPA se investiga el supuesto maltrato y torturas contra los presos del penal de Piñero, que fueron sometidos a requisas la semana pasada tras el ataque contra un colectivo que trasladaba a agentes penitenciarios. Luego, se exhibió la foto con los internos arrodillados y con la cabeza rapada, “a lo Bukele” que dio pie –según interpretan algunas fuentes, aunque en el gobierno lo nieguen– el raid de asesinatos que terminó con la vida de dos taxistas,un colectivero y el playero de una estación de servicio.
Denuncias de maltrato
El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) de Santa Fe presentó una serie de denuncias ante el MPA por delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado, contra internos de la cárcel de Piñero y de Pérez. De acuerdo a lo informado por el organismo, los delitos se habrían producido en los pabellones 7, 8, y 23, de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, y del pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez.
La denuncia señala que durante requisas realizadas en esos pabellones, detenidos habrían sufrido vejámenes y tratos crueles. Se intentará establecer si estas situaciones se dieron luego de la balacera a un colectivo que trasladaba penitenciarios.
Además de la denuncia, la Asociación de Abogados Penalistas presentó una serie de habeas corpus, que fueron unificados. Lo que manifiestan los letrados, entre ellos, José Nanni, es que un médico forense confirmó las lesiones que anteriormente no habían sido informadas por el médico del penal de Piñero.
Desde el gobierno negaron que se hubiesen producido vejámenes y torturas en las cárceles. La titular del Servicio Penitenciario, Luciana Masneri, señaló que “este tipo de acusaciones tienen que ver con las requisas que se realizan desde diciembre”.
La gestión de Pullaro argumenta que los mayores controles en las prisiones lograron cortar parte del negocio mafioso que se manifestaba en las calles de Rosario. Y que las respuestas a estas exigencias dentro de las cárceles tienen que ver con los crímenes que se produjeron durante los últimos días.
“Tuvieron cuatro años de home office, con privilegios y aterrorizando a la gente. Los detenidos se acostumbraron a esto y desde el Ministerio de Seguridad no estamos de acuerdo”, manifestó Masneri, en referencia a lo que ocurría en la gestión anterior.
Para la funcionaria provincial, las cosas cambiaron tras las rejas: “Se están haciendo requisas hace tres meses. No se pueden pasar 20 kilos de comida en las visitas como antes, algo que es imposible de requisar. Hay internos sin contacto, pero son muchas las medidas de seguridad”, sostuvo Masneri.
“Hay agresiones todo el tiempo en la cárcel. Los internos les tiran a los agentes agua o aceite caliente y lavandina a los ojos”, dijo y agregó: “Recientemente tuvimos que adquirir guantes aislantes de electricidad porque desde Inteligencia se sabía que lo próximo era electrificar puertas, porque son metálicas”.
La funcionaria explicó que, con esto, los presos intentan no ser requisados para poder lograr controlar el espacio físico en el que están encerrados. “Desde diciembre se retiraron los privilegios y eso genera resistencia; son los que impedían a la gente vivir tranquila y hoy ya no tienen esa facilidad”, apuntó
ROSARIO.– Después de una semana en la que la ciudad quedó paralizada por acciones “terroristas” narco, en la Justicia se produjo un fuerte cimbronazo, con la intervención de la Fiscalía Regional, que estaba en manos de María Eugenia Iribarren, cuestionada luego de los escándalos que protagonizaron funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) acusándose unos a otros mientras Rosario está en crisis por la violencia desatada por las mafias esparcidas por todo el territorio.
El gobernador, Maximiliano Pullaro, se mostró a favor de la intervención de la Fiscalía Regional, que era conducida por Iribarren desde que su antecesor, Patricio Serjal, fue detenido por el supuesto cobro de sobornos. La decadencia institucional en el Ministerio Público rosarino viene desde hace tiempo, por lo que, desde que asumió, Pullaro fue partidario de que se produzca una serie de cambios que muestren mayor operatividad y convicción a la hora de investigar.
El fiscal Matías Edery, que formaba parte de la Unidad de Criminalidad Organizada, fue suspendido este mes hasta que se aclare la causa penal en la que está imputado por tener relaciones inapropiadas con una extestigo protegida que era testaferro del líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. El caso de Edery, quien junto a Luis Schiappa Pietra habían investigado la corrupción política y los nexos con el crimen organizado, fue el que terminó de eclosionar el Ministerio Público, porque mostró una fuerte interna dentro del organismo. Uno de los acusadores de Edery fue el senador Armando Traferri, al que los fiscales nunca pudieron acusar porque se resguardó en sus fueros. Después, el propio fiscal que lo perseguía terminó suspendido.
La escalada de violencia extrema de las últimas dos semanas aceleró los tiempos y la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, resolvió apartar preventivamente de su cargo a Iribarren y nombrar como interventor interno al fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo. La medida es por un mínimo de seis meses y con carácter de prorrogable.
En medio de estos cambios, Pullaro recibió ayer en Rosario al ministro de Defensa Luis Petri, que desembarcó en la ciudad para presentar el equipamiento de refuerzo –cinco helicópteros, lanchas y 25 vehículos terrestres, entre otras unidades– que aportan las Fuerzas Armadas para el combate del llamado “narcoterrorismo” en la ciudad (de lo que se informa en la página 26).
Por otra parte, en el MPA se investiga el supuesto maltrato y torturas contra los presos del penal de Piñero, que fueron sometidos a requisas la semana pasada tras el ataque contra un colectivo que trasladaba a agentes penitenciarios. Luego, se exhibió la foto con los internos arrodillados y con la cabeza rapada, “a lo Bukele” que dio pie –según interpretan algunas fuentes, aunque en el gobierno lo nieguen– el raid de asesinatos que terminó con la vida de dos taxistas,un colectivero y el playero de una estación de servicio.
Denuncias de maltrato
El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) de Santa Fe presentó una serie de denuncias ante el MPA por delitos de torturas, vejaciones y hurto agravado, contra internos de la cárcel de Piñero y de Pérez. De acuerdo a lo informado por el organismo, los delitos se habrían producido en los pabellones 7, 8, y 23, de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, y del pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez.
La denuncia señala que durante requisas realizadas en esos pabellones, detenidos habrían sufrido vejámenes y tratos crueles. Se intentará establecer si estas situaciones se dieron luego de la balacera a un colectivo que trasladaba penitenciarios.
Además de la denuncia, la Asociación de Abogados Penalistas presentó una serie de habeas corpus, que fueron unificados. Lo que manifiestan los letrados, entre ellos, José Nanni, es que un médico forense confirmó las lesiones que anteriormente no habían sido informadas por el médico del penal de Piñero.
Desde el gobierno negaron que se hubiesen producido vejámenes y torturas en las cárceles. La titular del Servicio Penitenciario, Luciana Masneri, señaló que “este tipo de acusaciones tienen que ver con las requisas que se realizan desde diciembre”.
La gestión de Pullaro argumenta que los mayores controles en las prisiones lograron cortar parte del negocio mafioso que se manifestaba en las calles de Rosario. Y que las respuestas a estas exigencias dentro de las cárceles tienen que ver con los crímenes que se produjeron durante los últimos días.
“Tuvieron cuatro años de home office, con privilegios y aterrorizando a la gente. Los detenidos se acostumbraron a esto y desde el Ministerio de Seguridad no estamos de acuerdo”, manifestó Masneri, en referencia a lo que ocurría en la gestión anterior.
Para la funcionaria provincial, las cosas cambiaron tras las rejas: “Se están haciendo requisas hace tres meses. No se pueden pasar 20 kilos de comida en las visitas como antes, algo que es imposible de requisar. Hay internos sin contacto, pero son muchas las medidas de seguridad”, sostuvo Masneri.
“Hay agresiones todo el tiempo en la cárcel. Los internos les tiran a los agentes agua o aceite caliente y lavandina a los ojos”, dijo y agregó: “Recientemente tuvimos que adquirir guantes aislantes de electricidad porque desde Inteligencia se sabía que lo próximo era electrificar puertas, porque son metálicas”.
La funcionaria explicó que, con esto, los presos intentan no ser requisados para poder lograr controlar el espacio físico en el que están encerrados. “Desde diciembre se retiraron los privilegios y eso genera resistencia; son los que impedían a la gente vivir tranquila y hoy ya no tienen esa facilidad”, apuntó
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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