BOLETÍN OFICIAL Y FOPEA

El Gobierno prohibió la propaganda partidaria en los edificios públicos
También evalúa retirar los murales de Eva Perón que se colocaron en el edificio de la avenida 9 de Julio
Jaime RosembergLos murales fueron colocados en la gestión de Cristina Kirchner 
En su abierta disputa contra la “herencia” del kirchnerismo, uno de los motores de su estrategia política, el gobierno de Javier Milei prohibió ayer por decreto la “propaganda partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas del Estado nacional”.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, va en línea con otra idea desafiante que aún baraja el Gobierno: quitar los murales de Eva Duarte de Perón del frente del histórico edificio ubicado en la avenida 9 de Julio, donde hasta diciembre pasado funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, y en el que actualmente aún tiene su sede el Ministerio de Salud.
“La idea es despolitizar los edificios públicos, quitar la propaganda política que no esté estrictamente en los espacios asignados a sindicatos u otras organizaciones”, explicaron a en el Ministerio de la nacion Capital Humano. La idea de quitar los enormes murales de Eva Perón, colocados durante el gobierno de Cristina Kirchner, se sostiene aún sin fecha precisa, afirmaron altas fuentes de la Casa Rosada.
Lo que sí quedó descartado es la demolición del edificio, una idea que motivó un debate interno en el núcleo duro que rodea al Presidente.
“Es un proyecto muy caro, y este gobierno no se caracteriza precisamente por promover gastos extras”, afirmó una fuente al tanto de las tratativas.
“Las imágenes sí (las quitaremos), demoler el edificio es más complejo”, confirmaron fuentes oficiales. Hace unos días, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó la iniciativa.
En relación con la demolición del edificio, Francos relativizó esa posibilidad, aunque no la descartó: “Se está analizando que es un edificio demasiado grande para la función que cumple y que no está en buen estado”.
La chance más concreta, coincidieron las fuentes, es “actualizar” el antiguo edificio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, inaugurado por el entonces presidente Agustín P. Justo en 1936 y transformado luego en un emblema del primer gobierno peronista.
En 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se inauguraron los murales de Eva Perón en el edificio. Ante la presencia de funcionarios, gobernadores y legisladores, Cristina Kirchner aseguró en aquella oportunidad que Eva es “un auténtico ícono histórico y cultural de todos los argentinos”. Aclaró que los murales estuvieron inspirados en el que tiene Ernesto “Che” Guevara en La Habana, Cuba, y reveló que estuvo en los detalles de la obra.
El retiro de imágenes
Días atrás, el Gobierno quitó un busto del expresidente Néstor Kirchner de la sede central de la Anses. “No estaba inventariado, pero vino un sindicato, lo pidió y se lo dimos”, afirmaron fuentes de Capital Humano.
En ese contexto, Pettovello compartió un video donde se observa a trabajadores del ministerio retirar carteles pegados en las paredes, una gigantografía de Eva Perón e imágenes suyas ploteadas en los vidrios de las oficinas, y una bandera del gremio UPCN. “Los objetos que no estén patrimoniados y no sean propiedad del Estado serán entregados a sus dueños, siempre que estos puedan demostrar la titularidad de los mismos”, se explicó en la nota de prensa.
En el decreto, el Gobierno explicó que su intención es evitar “personalismos antirrepublicanos y dotar de mayor objetividad las denominaciones o nomenclaturas y evitar que sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno”.
De todos modos, la imagen “institucional” del presidente Milei está presente en las paredes y escritorios de muchísimos despachos, incluidos los de la Casa Rosada.
Desde Capital Humano también surgió la directiva de quitarles las jubilaciones y pensiones de privilegio a la expresidenta Cristina Kirchner y al exvice Amado Boudou, a través de dos resoluciones de la Anses que firmó su titular, Mariano de los Heros. El disparador de la decisión lo dio la Cámara Federal de Casación Penal, cuando confirmó la condena contra la expresidenta por haber direccionado licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.

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Fopea relevó 56 ataques de Milei a periodistas en su primer año de gestión
La entidad reclamó al Gobierno que atenúe el clima de confrontación
El presidente Javier Milei protagonizó 56 agresiones contra la prensa en su primer año de mandato, según un relevamiento que difundió el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). En un mensaje de alerta en el que reclamó que el Gobierno reduzca el clima de confrontación, la entidad subrayó que, de un total de 173 agresiones (un ritmo de una cada dos días) contabilizadas, el 69,3% provino de algún funcionario público.
En la mayoría de los casos, se trató de “discursos estigmatizantes” y de “ataques a la integridad”.
De los datos recopilados por el Monitoreo de Libertad de Expresión de Fopea surgió que “el hostigamiento y la violencia digital se mantienen como las principales agresiones contra la prensa”.
Milei “protagonizó 56 agresiones (el 32,37% del total de casos registrados)”, se subrayó en el informe. La segunda fuente de agresiones a la prensa por detrás del Presidente fueron los “allegados a personas con poder” (24 casos); la tercera, personal policial (17 oportunidades).
En orden decreciente, por detrás de las tres principales fuentes de ataques siguieron las agresiones protagonizadas por desconocidos, funcionarios municipales, nacionales, manifestantes sociales, individuos particulares, crimen organizado, intendentes, funcionarios provinciales, miembros de la Justicia en las provincias, integrantes de la Justicia Federal, legisladores nacionales, empresarios, manifestantes sindicales, personal de migraciones, dirigentes deportivos, dirigentes sociales, un gobernador, activistas de causas y legisladores provinciales. La “violencia estatal” sumó 120 casos de ataques al periodismo; la “violencia no estatal”, 36; la “violencia paraestatal”, 22; la “violencia de origen no identificado”, 8, y la “violencia de grupos al margen de la ley”, 5.
El monitoreo de Fopea sobre los primeros 12 meses de gestión de Milei identificó que, de los 173 episodios violentos contra la prensa, el “44,51% (77 casos) fueron clasificados como ‘discurso estigmatizante’”, lo que “implica un ataque directo a la reputación de periodistas y/o medios”. En segundo lugar, figuraron los “ataques a la integridad”, que conformaron “el 25,43% (44 casos)”. El resto de las agresiones se clasificaron en “restricción de acceso a la información” (6,36%, 11 casos); “acciones judiciales civiles o penales” (3,47%, seis casos); “censura” (2,89%, cinco casos); “otros abusos del poder estatal” (1,73%, tres casos); “ataques contra los bienes” (1,16%, dos casos); “uso abusivo de la publicidad oficial”, “censura interna”, ambos con un 1,16% (dos casos).
Al desglosar las víctimas de los ataques, en el informe se indicó: “En estos 173 casos registrados, hubo 275 víctimas, de las cuales 153 fueron hombres, 57 mujeres, 15 medios de comunicación, en 24 ocasiones a la prensa en general y 26 veces fue a esta organización de periodistas [por el Fopea]”.
La entidad de prensa recordó que “no es la primera vez” que “advierte sobre el tono discriminatorio, agraviante y estigmatizante con el que el Presidente. También remarcó que “en un fallo reciente dictado en una causa promovida por el editor de Perfil, Jorge Fontevecchia, la Sala I de la Cámara Federal porteña fue contundente respecto de las limitaciones que tienen los funcionarios públicos en su libertad de expresión”.
“El Presidente no ha propiciado en este tiempo un espacio que ofrezca garantías para la plena vigencia de la libertad de expresión”, subrayó Fopea, que puntualizó, además, “que los episodios no se limitan a agresiones físicas o verbales”. En ese punto, enumeró como ejemplos “los cambios dispuestos por el Gobierno en la reglamentación de la ley de acceso a la información pública, o las dificultades para el acceso a coberturas.
“A la luz de los resultados de este primer reporte, urge entonces que del Presidente al funcionario local de menor rango se atenúe el clima de confrontación y se garantice la plena vigencia de la libertad de expresión. El ejercicio de este derecho no solo tiende a la realización personal de quien se expresa, sino a la consolidación de sociedades realmente democráticas. El jefe del Poder Ejecutivo, como cabeza del Estado, tiene la obligación de generar el marco para que el debate público sea plural y abierto”, reclamó Fopea.

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