Destiempos históricos del comercio internacional argentino y una nueva oportunidad
Mundo. Se le ofrece al país la posibilidad de inserción en una actividad comercial mutante y multipolar, un desafío que requiere superar diversos problemas
Jorge Ossona
El mundo global le está ofreciendo al país una nueva oportunidad de inserción en un comercio mutante y multipolar. Un desafío que requiere superar dos problemas históricos: el delay de nuestras experiencias insertivas y su consiguiente volatilidad. Revisémoslos brevemente. Cuando el periplo nacional finalmente se consagró, en 1880, ya hacía 30 años que la Europa de la segunda etapa de la revolución industrial había iniciado su demanda de cereales en escala. El país estaba en condiciones ecológicas de ajustarse a ese desafío –una de las tierras más feraces del planeta–, pero carecía de habitantes suficientes y de transportes adecuados, ambos posibles de ser conseguidos mientras se sentaran las bases de la seguridad jurídica de un Estado que pusiera fin a las guerras regionales y demarcara sus fronteras definitivas.
Logrados los dos requisitos, el flujo de inversiones e inmigrantes fue tan impresionante que hasta se topó con un “cuello de botella” en 1890. Al cabo, útil en advertirnos las exigencias macroeconómicas para la prosecución del progreso durante los siguientes 50 años. Nuestro perfil estrictamente pecuario, calificado por los requerimientos de los frigoríficos, fue superado por el novedoso ciclo agrícola y un desarrollo manufacturero al compás de la expansión del mercado interno, el régimen arancelario indirectamente proteccionista y la convicción industrialista de los principales líderes de la elite dirigente. Pero fue un despegue tan vertiginoso como a destiempo. De haberse logrado la resolución más temprana de la organización nacional tal vez hubieran sido más perceptibles los límites de un despliegue de cara a Europa que hacia el Centenario parecía indefinido.
La Primera Guerra Mundial fue el primer “cisne negro” que nos deparaba el siglo XX. Su impacto económico resultó feroz. La recuperación efímera de los años 20 eclipsó, asimismo, la situación problemática del país en el tránsito de la hegemonía británica –y europea en general– frente al coloso norteamericano develado tras las siguientes torsiones: la crisis de 1929, la prolongada depresión de los 30 y la Segunda Guerra Mundial. Nada volvió a ser igual para la Argentina al confirmarse el carácter estructural de la restricción europea a las commodities en que nos habíamos especializado.
Y la inercia durante los 30 años siguientes sentó las bases del supuesto progresivamente devenido sentido común: la fórmula autárquica de entreguerras era el mejor dispositivo impermeabilizante de las oscilaciones internacionales. Pero la industrialización protegida requería de insumos, materias primas y tecnología que las debilitadas exportaciones agropecuarias no podían suministrar, y no supimos definir una modalidad de inserción novedosa en el nuevo escenario hegemonizado por Estados Unidos.
Electrónicos, textiles y maquinarias se conjugaron con un sector agropecuario que dio signos de recomposición luego de treinta años de estancamiento
Solo hacia los 60 se coligió la inconsistencia de ese imaginario emancipatorio en medio de una brutal puja distributiva agravada y retroalimentada por la crisis de legitimidad política. Era menester reingresar al mundo exportando no solo nuestras exportaciones tradicionales, sino también una gama de manufacturas que, en las postrimerías de esa década, empezaron a descollar en los países limítrofes. Electrónicos, textiles y maquinarias se conjugaron con un sector agropecuario que dio signos de recomposición luego de 30 años de estancamiento.
Sin embargo, no fueron suficientes para detener la corrosión de un Estado carcomido por los intereses corporativos y al borde de la quiebra fiscal. A eso se sumó la nueva crisis internacional de principios de los 70, con sus consecuencias ambiguas. El resurgimiento de un mercado financiero internacional como hasta 1930 habilitaba un camino para descomprimir en el corto plazo las carencias del fisco y la prosecución de la modernización de la arquitectura productiva. Pero la pertinacia del primero restringió al segundo, y la inflación reptante de los 50 y 60 se espiraló al compás y la apertura financiera y comercial de fines de la década.
Lo que siguió durante el medio siglo siguiente fue el resultado del cortoplacismo. Las reflexiones sobre nuestro sitio en el mundo quedaron reducidas a eslóganes de gobiernos impotentes que avanzaron a tientas detrás de las circunstancias. El resultado fue nuevamente paradojal: la expansión de las exportaciones no redundó en un crecimiento sostenido sino en ciclos espasmódicos interrumpidos por crisis más dramáticas que las de la etapa anterior, como la hiperinflación en 1989-90, la hiperrecesión entre 1999 y 2002, y el largo estancamiento comenzado en 2012.
No obstante, el fin de la Guerra Fría y el desplome del bloque de países comunistas representaron un bálsamo para nuestro comercio exterior que dejó huellas geopolíticas, productivas y geográficas: el Mercosur, el desborde de la tradicional frontera agropecuaria en el interior merced a la soja transgénica, los avances en fertilizantes herbicidas y plaguicidas, y los feedlots ganaderos. Viejos complejos agroindustriales hasta entonces restringidos al mercado interno, como el vino, los aceites, el arroz, las olivas, el azúcar y el té, y bienes intermedios intensivos en capital, como el acero, el aluminio y la petroquímica, tendieron a extrovertirse.
También emergió un prometedor complejo energético, una no menos promisoria minería metalífera, y se rediseñó la industria automotriz. Pero el destiempo de la transición de la sustitución de importaciones hacia las exportaciones complejas determinó que aquellas otras bien encaminadas hacia los 60 no pudieran sobrevivir a los extravíos de las décadas siguientes. Y que el carácter limitado de las exportaciones se conjugara con una destrucción productiva que, por etapas, nos ha conducido al 50% de la pobreza social contemporánea, y a la consiguiente magnitud de la economía informal.
La coyuntura contemporánea nos coloca ante varios desafíos. En primer lugar, las posibilidades de Vaca Muerta: contiene un potencial a plazo fijo de no más de 3 o 4 décadas que la revolución tecnológica les reserva a las energías no renovables. Su eficaz explotación podría reducir en una década la pobreza a la mitad, contribuyendo, asimismo, a desconcentrar la población de los hacinados conurbanos. La minería ofrece otro nicho, al que deben sumárseles la prosecución de desarrollos localizados, como los alimentos orgánicos, o el aún poco sistematizado de nuestra “industria sin chimeneas”: el turismo. Cada cadena requerirá de otras reformas, entre las que se destacan la resurrección de nuestro postrado sistema educativo y la adecuación de una infraestructura logística hoy al borde del colapso.
La falta de coordinación del Mercosur ha limitado sus alcances y han emergido otros horizontes, como el coloso chino, que nos rescató de los estragos más acuciantes de la crisis de 2001, aunque sobrestimando sus alcances. La pospandemia develó, a su vez, otras flexiones, como la de los países del sudeste asiático y el gigante indio, que inducen a orientaciones más matizadas en el orden regional. No habrá por ello que desatender al Mercosur, aunque sí corregir sus inflexibilidades proteccionistas. El difícil acuerdo con la UE tal vez incube una oportunidad.
Pero la clave de una reinserción más plena en el comercio global estriba nuevamente en la política que deberá alentar el desarrollo reparando nuestra extraviada integración social. Caldo de cultivo de aspectos oscuros de la globalización que, como el narcotráfico, nos descubre a la intemperie.
Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos
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Garantizar el plazo razonable de juzgamiento
Que una persona deba esperar décadas para que el Estado la enjuicie o para arribar a una sentencia definitiva es un sinsentido que violenta el marco jurídico
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró extinguida la acción penal contra el exministro de Economía Domingo Cavallo en la causa en la que se lo había condenado por pago de sobresueldos. El alto tribunal entendió que la duración del proceso, que se extendió por dos décadas, vulneró la garantía del plazo razonable de juzgamiento.
Utilizó para ello una elogiable doctrina que tiene la particularidad de ser una creación propia de nuestra Corte. Nació hace más de medio siglo a través del fallo “Mattei, Ángel”, muchos años antes de que el derecho a una “justicia pronta” rigiera normativamente en nuestro país a través de la adhesión a tratados humanitarios internacionales. Desde aquellas épocas, la Corte Suprema de Justicia no ha dejado de reiterarla mediante numerosos fallos fundados en la necesidad de que todo individuo cuente con un pronunciamiento que defina su situación frente a la ley y la sociedad, poniendo término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y aflicción que provoca tener abierto durante décadas un proceso penal.
Entre otros destacados conceptos, el supremo tribunal ha señalado que la excesiva duración de un proceso distorsiona todos los fines de una eventual pena. Para ser eficaz, agrega, requiere la menor distancia temporal entre el hecho y la condena. La inutilidad de la sanción aparece en los casos en los que el tiempo transcurrido entre el hecho y el juicio, o entre la condena y su ejecución, hace que la persona imputada no sea la misma.
No existe explicación, ni lógica ni legal, para que esa valiosa doctrina no se haya aplicado hasta ahora a los procesos judiciales ligados a los enfrentamientos armados que vivió el país en los años 70. Tanto la Corte Suprema como la Cámara Federal de Casación Penal han dejado establecido en sendas acordadas firmadas por todos sus miembros que la garantía del plazo razonable de juzgamiento es también de aplicación a las causas por los llamados delitos de lesa humanidad. En el mismo sentido se ha expedido oportunamente la Procuración General de la Nación, mientras que el propio Estatuto de Roma, que es el que tipifica esa clase de delitos y los declara imprescriptibles, contempla precisamente la garantía de ser juzgado sin indebidas dilaciones.
Destacados autores, la Corte Suprema de Justicia y altos tribunales provinciales han reconocido que la garantía del plazo razonable de juzgamiento aplica aun a casos en los que todavía no se haya cumplido legalmente el plazo de prescripción. Se trata de dos institutos diferentes. La prescripción se funda en el cumplimiento de plazos procesales, así como en la pérdida del afán punitivo del Estado y del interés de la sociedad cuando ha transcurrido un tiempo establecido por la ley. El plazo razonable de juzgamiento, en cambio, no tiene límites temporales fijados por la ley. Se trata de una garantía superior, nacida de nuestra Corte Suprema y hoy contenida en los tratados humanitarios que se incorporaron a nuestra Constitución, mediante la cual la Nación se obliga a garantizarle a toda persona un plazo razonable para su juzgamiento, o que le serán determinados sus derechos de cualquier tipo en un plazo razonable.
La aplicación de esta doctrina a las causas formadas por los hechos de la década del 70 constituye la puerta para que los tribunales pongan fin a estos procesos tardíos e interminables. Ofrece una herramienta eficaz para comenzar a sanar heridas sociales que se reabren permanentemente ante la imposibilidad de juzgar los crímenes de la guerrilla. Juzgar solo a los agentes estatales de menor jerarquía, como está ocurriendo, por crímenes de hace medio siglo, mientras se encuentran libres e indemnizados los líderes guerrilleros, es signo inequívoco de falta de equidad y demora estatal que refuerza la percepción de inseguridad jurídica. Solo se está juzgando a oficiales por entonces subalternos y a decenas de agentes de la policía, de la Gendarmería o del Servicio Penitenciario, con prisiones preventivas que triplican el tiempo promedio que padece en ese estado un delincuente común. El comportamiento actual de los agentes de seguridad y de las Fuerzas Armadas a la hora de cumplir órdenes emanadas del poder político en situaciones graves se ve inevitablemente condicionado por esta injustificable situación.
La inagotable apertura de nuevas causas y el mantenimiento de centenares de otras por hechos acaecidos hace más de 50 años atiborran las agendas de los tribunales orales federales que no llegan a dar respuesta eficiente a los delitos actuales de corrupción o narcotráfico. La herramienta propuesta no requiere la anulación de las condenas firmes impuestas para delitos de lesa humanidad; como tampoco modificaría la doctrina de la imprescriptibilidad de lo ocurrido en los 70 según la doctrina sentada por la mayoría de la Corte en los fallos “Simón” y “Arancibia Clavel”.
Que una persona deba esperar medio siglo para que el Estado argentino la enjuicie penalmente, o que se tarden 15 o 20 años para arribar a una sentencia definitiva es un absoluto sinsentido que violenta el marco jurídico. Aplicar la garantía del plazo razonable a esta clase de delitos permitirá que nuestro Estado limite su afán punitivo tal y como prevén las reglas que establece la Constitución. A la paz y la concordia, como lo ha expresado reiteradamente la Iglesia, no se llega sin justicia. Se trata de cumplir y hacer cumplir el camino de la ley; una ley infectada por motivaciones ideológicas que hace tiempo abandonó toda razonabilidad y que debe volver a ser pareja para todos.
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Proteger a los refugiados
MADRID.– Más de cinco millones de personas han huido de Siria durante los 13 años de guerra civil entre el régimen de Bashar al-Assad y la multitud de facciones que combatieron al dictador hasta derrocarlo finalmente, la semana última. El paisaje de destrucción incluye más de 300.000 muertos y siete millones de desplazados internos para una población de 24 millones. En algunos lugares no ha cesado la violencia. Y, sin embargo, hasta 11 países europeos, entre ellos Alemania, el Reino Unido o Italia, se han apresurado a anunciar que congelan las tramitaciones de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios. Austria ha ido más lejos y ha llegado a anunciar un programa de deportación. La idea de un retorno masivo comienza a permear los debates, a pesar de que es evidente que es demasiado pronto para saber si Siria es un lugar seguro. La escala del éxodo sirio solo tiene comparación reciente con el vivido en Ucrania: seis millones de exiliados. La gran diferencia es que la UE se ha implicado directamente en el conflicto ucraniano y se siente responsable de la acogida de sus ciudadanos. En 2015, seguramente el momento de mayor intensidad de la guerra, la fotografía de un niño sirio de tres años ahogado en una playa de Grecia removió las conciencias de Europa. Se llamaba Aylan Kurdi y había huido con su familia a Turquía, desde donde intentaron llegar a las costas griegas. Angela Merkel llamó a sus pares a la acogida voluntaria y dio ejemplo abriendo las puertas de Alemania a más de un millón de refugiados. Cuando la UE logró ponerse de acuerdo fue para firmar un pacto con Turquía y –patrocinado por la misma Merkel– externalizar de facto la gestión del éxodo. Desde entonces, cada pacto europeo de inmigración ha ido en la dirección de endurecer las fronteras. Europa se encuentra en medio de un agrio debate sobre lo que se considera “país seguro”, una definición que justifica las devoluciones rápidas o las deportaciones masivas. Una decisión, en definitiva, de la que dependen vidas humanas.
El mundo global le está ofreciendo al país una nueva oportunidad de inserción en un comercio mutante y multipolar. Un desafío que requiere superar dos problemas históricos: el delay de nuestras experiencias insertivas y su consiguiente volatilidad. Revisémoslos brevemente. Cuando el periplo nacional finalmente se consagró, en 1880, ya hacía 30 años que la Europa de la segunda etapa de la revolución industrial había iniciado su demanda de cereales en escala. El país estaba en condiciones ecológicas de ajustarse a ese desafío –una de las tierras más feraces del planeta–, pero carecía de habitantes suficientes y de transportes adecuados, ambos posibles de ser conseguidos mientras se sentaran las bases de la seguridad jurídica de un Estado que pusiera fin a las guerras regionales y demarcara sus fronteras definitivas.
Logrados los dos requisitos, el flujo de inversiones e inmigrantes fue tan impresionante que hasta se topó con un “cuello de botella” en 1890. Al cabo, útil en advertirnos las exigencias macroeconómicas para la prosecución del progreso durante los siguientes 50 años. Nuestro perfil estrictamente pecuario, calificado por los requerimientos de los frigoríficos, fue superado por el novedoso ciclo agrícola y un desarrollo manufacturero al compás de la expansión del mercado interno, el régimen arancelario indirectamente proteccionista y la convicción industrialista de los principales líderes de la elite dirigente. Pero fue un despegue tan vertiginoso como a destiempo. De haberse logrado la resolución más temprana de la organización nacional tal vez hubieran sido más perceptibles los límites de un despliegue de cara a Europa que hacia el Centenario parecía indefinido.
La Primera Guerra Mundial fue el primer “cisne negro” que nos deparaba el siglo XX. Su impacto económico resultó feroz. La recuperación efímera de los años 20 eclipsó, asimismo, la situación problemática del país en el tránsito de la hegemonía británica –y europea en general– frente al coloso norteamericano develado tras las siguientes torsiones: la crisis de 1929, la prolongada depresión de los 30 y la Segunda Guerra Mundial. Nada volvió a ser igual para la Argentina al confirmarse el carácter estructural de la restricción europea a las commodities en que nos habíamos especializado.
Y la inercia durante los 30 años siguientes sentó las bases del supuesto progresivamente devenido sentido común: la fórmula autárquica de entreguerras era el mejor dispositivo impermeabilizante de las oscilaciones internacionales. Pero la industrialización protegida requería de insumos, materias primas y tecnología que las debilitadas exportaciones agropecuarias no podían suministrar, y no supimos definir una modalidad de inserción novedosa en el nuevo escenario hegemonizado por Estados Unidos.
Electrónicos, textiles y maquinarias se conjugaron con un sector agropecuario que dio signos de recomposición luego de treinta años de estancamiento
Solo hacia los 60 se coligió la inconsistencia de ese imaginario emancipatorio en medio de una brutal puja distributiva agravada y retroalimentada por la crisis de legitimidad política. Era menester reingresar al mundo exportando no solo nuestras exportaciones tradicionales, sino también una gama de manufacturas que, en las postrimerías de esa década, empezaron a descollar en los países limítrofes. Electrónicos, textiles y maquinarias se conjugaron con un sector agropecuario que dio signos de recomposición luego de 30 años de estancamiento.
Sin embargo, no fueron suficientes para detener la corrosión de un Estado carcomido por los intereses corporativos y al borde de la quiebra fiscal. A eso se sumó la nueva crisis internacional de principios de los 70, con sus consecuencias ambiguas. El resurgimiento de un mercado financiero internacional como hasta 1930 habilitaba un camino para descomprimir en el corto plazo las carencias del fisco y la prosecución de la modernización de la arquitectura productiva. Pero la pertinacia del primero restringió al segundo, y la inflación reptante de los 50 y 60 se espiraló al compás y la apertura financiera y comercial de fines de la década.
Lo que siguió durante el medio siglo siguiente fue el resultado del cortoplacismo. Las reflexiones sobre nuestro sitio en el mundo quedaron reducidas a eslóganes de gobiernos impotentes que avanzaron a tientas detrás de las circunstancias. El resultado fue nuevamente paradojal: la expansión de las exportaciones no redundó en un crecimiento sostenido sino en ciclos espasmódicos interrumpidos por crisis más dramáticas que las de la etapa anterior, como la hiperinflación en 1989-90, la hiperrecesión entre 1999 y 2002, y el largo estancamiento comenzado en 2012.
No obstante, el fin de la Guerra Fría y el desplome del bloque de países comunistas representaron un bálsamo para nuestro comercio exterior que dejó huellas geopolíticas, productivas y geográficas: el Mercosur, el desborde de la tradicional frontera agropecuaria en el interior merced a la soja transgénica, los avances en fertilizantes herbicidas y plaguicidas, y los feedlots ganaderos. Viejos complejos agroindustriales hasta entonces restringidos al mercado interno, como el vino, los aceites, el arroz, las olivas, el azúcar y el té, y bienes intermedios intensivos en capital, como el acero, el aluminio y la petroquímica, tendieron a extrovertirse.
También emergió un prometedor complejo energético, una no menos promisoria minería metalífera, y se rediseñó la industria automotriz. Pero el destiempo de la transición de la sustitución de importaciones hacia las exportaciones complejas determinó que aquellas otras bien encaminadas hacia los 60 no pudieran sobrevivir a los extravíos de las décadas siguientes. Y que el carácter limitado de las exportaciones se conjugara con una destrucción productiva que, por etapas, nos ha conducido al 50% de la pobreza social contemporánea, y a la consiguiente magnitud de la economía informal.
La coyuntura contemporánea nos coloca ante varios desafíos. En primer lugar, las posibilidades de Vaca Muerta: contiene un potencial a plazo fijo de no más de 3 o 4 décadas que la revolución tecnológica les reserva a las energías no renovables. Su eficaz explotación podría reducir en una década la pobreza a la mitad, contribuyendo, asimismo, a desconcentrar la población de los hacinados conurbanos. La minería ofrece otro nicho, al que deben sumárseles la prosecución de desarrollos localizados, como los alimentos orgánicos, o el aún poco sistematizado de nuestra “industria sin chimeneas”: el turismo. Cada cadena requerirá de otras reformas, entre las que se destacan la resurrección de nuestro postrado sistema educativo y la adecuación de una infraestructura logística hoy al borde del colapso.
La falta de coordinación del Mercosur ha limitado sus alcances y han emergido otros horizontes, como el coloso chino, que nos rescató de los estragos más acuciantes de la crisis de 2001, aunque sobrestimando sus alcances. La pospandemia develó, a su vez, otras flexiones, como la de los países del sudeste asiático y el gigante indio, que inducen a orientaciones más matizadas en el orden regional. No habrá por ello que desatender al Mercosur, aunque sí corregir sus inflexibilidades proteccionistas. El difícil acuerdo con la UE tal vez incube una oportunidad.
Pero la clave de una reinserción más plena en el comercio global estriba nuevamente en la política que deberá alentar el desarrollo reparando nuestra extraviada integración social. Caldo de cultivo de aspectos oscuros de la globalización que, como el narcotráfico, nos descubre a la intemperie.
Miembro del Club Político Argentino y de Profesores Republicanos
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Garantizar el plazo razonable de juzgamiento
Que una persona deba esperar décadas para que el Estado la enjuicie o para arribar a una sentencia definitiva es un sinsentido que violenta el marco jurídico
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró extinguida la acción penal contra el exministro de Economía Domingo Cavallo en la causa en la que se lo había condenado por pago de sobresueldos. El alto tribunal entendió que la duración del proceso, que se extendió por dos décadas, vulneró la garantía del plazo razonable de juzgamiento.
Utilizó para ello una elogiable doctrina que tiene la particularidad de ser una creación propia de nuestra Corte. Nació hace más de medio siglo a través del fallo “Mattei, Ángel”, muchos años antes de que el derecho a una “justicia pronta” rigiera normativamente en nuestro país a través de la adhesión a tratados humanitarios internacionales. Desde aquellas épocas, la Corte Suprema de Justicia no ha dejado de reiterarla mediante numerosos fallos fundados en la necesidad de que todo individuo cuente con un pronunciamiento que defina su situación frente a la ley y la sociedad, poniendo término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y aflicción que provoca tener abierto durante décadas un proceso penal.
Entre otros destacados conceptos, el supremo tribunal ha señalado que la excesiva duración de un proceso distorsiona todos los fines de una eventual pena. Para ser eficaz, agrega, requiere la menor distancia temporal entre el hecho y la condena. La inutilidad de la sanción aparece en los casos en los que el tiempo transcurrido entre el hecho y el juicio, o entre la condena y su ejecución, hace que la persona imputada no sea la misma.
No existe explicación, ni lógica ni legal, para que esa valiosa doctrina no se haya aplicado hasta ahora a los procesos judiciales ligados a los enfrentamientos armados que vivió el país en los años 70. Tanto la Corte Suprema como la Cámara Federal de Casación Penal han dejado establecido en sendas acordadas firmadas por todos sus miembros que la garantía del plazo razonable de juzgamiento es también de aplicación a las causas por los llamados delitos de lesa humanidad. En el mismo sentido se ha expedido oportunamente la Procuración General de la Nación, mientras que el propio Estatuto de Roma, que es el que tipifica esa clase de delitos y los declara imprescriptibles, contempla precisamente la garantía de ser juzgado sin indebidas dilaciones.
Destacados autores, la Corte Suprema de Justicia y altos tribunales provinciales han reconocido que la garantía del plazo razonable de juzgamiento aplica aun a casos en los que todavía no se haya cumplido legalmente el plazo de prescripción. Se trata de dos institutos diferentes. La prescripción se funda en el cumplimiento de plazos procesales, así como en la pérdida del afán punitivo del Estado y del interés de la sociedad cuando ha transcurrido un tiempo establecido por la ley. El plazo razonable de juzgamiento, en cambio, no tiene límites temporales fijados por la ley. Se trata de una garantía superior, nacida de nuestra Corte Suprema y hoy contenida en los tratados humanitarios que se incorporaron a nuestra Constitución, mediante la cual la Nación se obliga a garantizarle a toda persona un plazo razonable para su juzgamiento, o que le serán determinados sus derechos de cualquier tipo en un plazo razonable.
La aplicación de esta doctrina a las causas formadas por los hechos de la década del 70 constituye la puerta para que los tribunales pongan fin a estos procesos tardíos e interminables. Ofrece una herramienta eficaz para comenzar a sanar heridas sociales que se reabren permanentemente ante la imposibilidad de juzgar los crímenes de la guerrilla. Juzgar solo a los agentes estatales de menor jerarquía, como está ocurriendo, por crímenes de hace medio siglo, mientras se encuentran libres e indemnizados los líderes guerrilleros, es signo inequívoco de falta de equidad y demora estatal que refuerza la percepción de inseguridad jurídica. Solo se está juzgando a oficiales por entonces subalternos y a decenas de agentes de la policía, de la Gendarmería o del Servicio Penitenciario, con prisiones preventivas que triplican el tiempo promedio que padece en ese estado un delincuente común. El comportamiento actual de los agentes de seguridad y de las Fuerzas Armadas a la hora de cumplir órdenes emanadas del poder político en situaciones graves se ve inevitablemente condicionado por esta injustificable situación.
La inagotable apertura de nuevas causas y el mantenimiento de centenares de otras por hechos acaecidos hace más de 50 años atiborran las agendas de los tribunales orales federales que no llegan a dar respuesta eficiente a los delitos actuales de corrupción o narcotráfico. La herramienta propuesta no requiere la anulación de las condenas firmes impuestas para delitos de lesa humanidad; como tampoco modificaría la doctrina de la imprescriptibilidad de lo ocurrido en los 70 según la doctrina sentada por la mayoría de la Corte en los fallos “Simón” y “Arancibia Clavel”.
Que una persona deba esperar medio siglo para que el Estado argentino la enjuicie penalmente, o que se tarden 15 o 20 años para arribar a una sentencia definitiva es un absoluto sinsentido que violenta el marco jurídico. Aplicar la garantía del plazo razonable a esta clase de delitos permitirá que nuestro Estado limite su afán punitivo tal y como prevén las reglas que establece la Constitución. A la paz y la concordia, como lo ha expresado reiteradamente la Iglesia, no se llega sin justicia. Se trata de cumplir y hacer cumplir el camino de la ley; una ley infectada por motivaciones ideológicas que hace tiempo abandonó toda razonabilidad y que debe volver a ser pareja para todos.
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Proteger a los refugiados
MADRID.– Más de cinco millones de personas han huido de Siria durante los 13 años de guerra civil entre el régimen de Bashar al-Assad y la multitud de facciones que combatieron al dictador hasta derrocarlo finalmente, la semana última. El paisaje de destrucción incluye más de 300.000 muertos y siete millones de desplazados internos para una población de 24 millones. En algunos lugares no ha cesado la violencia. Y, sin embargo, hasta 11 países europeos, entre ellos Alemania, el Reino Unido o Italia, se han apresurado a anunciar que congelan las tramitaciones de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios. Austria ha ido más lejos y ha llegado a anunciar un programa de deportación. La idea de un retorno masivo comienza a permear los debates, a pesar de que es evidente que es demasiado pronto para saber si Siria es un lugar seguro. La escala del éxodo sirio solo tiene comparación reciente con el vivido en Ucrania: seis millones de exiliados. La gran diferencia es que la UE se ha implicado directamente en el conflicto ucraniano y se siente responsable de la acogida de sus ciudadanos. En 2015, seguramente el momento de mayor intensidad de la guerra, la fotografía de un niño sirio de tres años ahogado en una playa de Grecia removió las conciencias de Europa. Se llamaba Aylan Kurdi y había huido con su familia a Turquía, desde donde intentaron llegar a las costas griegas. Angela Merkel llamó a sus pares a la acogida voluntaria y dio ejemplo abriendo las puertas de Alemania a más de un millón de refugiados. Cuando la UE logró ponerse de acuerdo fue para firmar un pacto con Turquía y –patrocinado por la misma Merkel– externalizar de facto la gestión del éxodo. Desde entonces, cada pacto europeo de inmigración ha ido en la dirección de endurecer las fronteras. Europa se encuentra en medio de un agrio debate sobre lo que se considera “país seguro”, una definición que justifica las devoluciones rápidas o las deportaciones masivas. Una decisión, en definitiva, de la que dependen vidas humanas.
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