REFORMA Y DEMOCRACIA (SIGNIFICADOS )

El gobierno porteño avanza en la creación de un servicio penitenciario de la ciudad
Reforma. Comenzó el proceso de transferencia de funciones que hoy cumplen los guardiacárceles federales; instalarán módulos de detención reubicables en Ezeiza

Daniel GalloEl jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmaron un convenio penitenciario gobierno de la ciudad
El gobierno porteño avanza hacia la creación de un servicio penitenciario propio, que representaría un paso más en la transferencia de funciones desde el Estado nacional vinculadas con la seguridad pública que comenzó en 2016 con el traspaso a la órbita de la ciudad de los policías federales que reportaban hasta ese momento a la dirección de seguridad metropolitana. Jorge Macri y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmaron en los últimos días un convenio para “concretar en el menor plazo posible” el proceso que llevará a que las autoridades porteñas tengan plena responsabilidad sobre los presos que están imputados por delitos cometidos en su distrito y que no tienen alcance federal, como sería el narcotráfico, por ejemplo.
Para los funcionarios porteños se trata de un plan estratégico, ya que no solo esperan la transferencia de partidas que hoy son usadas por la administración nacional para el alojamiento y custodia de esos presos, sino que ven en la creación de un servicio penitenciario de la ciudad la posibilidad de dotar a la policía porteña de un flujo de información sobre lo que ocurre en las cárceles. Los datos obtenidos por la inteligencia penitenciaria son siempre un aporte importante en la mesa de análisis sobre comportamientos delictivos en las calles. Así lo entendió la ministra Bullrich, que considera al Servicio Penitenciario Federal la quinta fuerza de seguridad bajo su mando. La ciudad quiere darle también esa trascendencia.
La letra chica del convenio terminará de resolverse en los próximos meses en reuniones técnicas entre funcionarios porteños y nacionales. Uno de los puntos a definir es el traspaso o no a la ciudad de una parte de los penitenciarios federales, en un esquema similar al utilizado para fusionar en 2016 a más de 15.000 policías federales con los entonces integrantes de la policía metropolitana, situación de la que surgió la Policía de la Ciudad. En paralelo, la ciudad hará su propia convocatoria para la incorporación de agentes penitenciarios.
En el acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la Nación se detalló que en la primera etapa el gobierno porteño no podrá contratar a personal que se desempeñe en el Servicio Penitenciario Federal hasta que se resuelva la transferencia total de funciones a la ciudad. También se conversará sobre si corresponderá o no el traspaso de edificios. La cárcel de Villa Devoto está, en ese aspecto, en la mira de los funcionarios porteños, que tienen un plan de incremento de las capacidades
El sistema de alojamiento de reclusos fuera de prisiones cuenta en la ciudad con 798 plazas temporales en alcaidías y 243 en comisarías, pero en promedio hay 2000 detenidos
de alojamiento de presos que permitiría desactivar esa unidad, que se instaló en el centro de la ciudad en 1957 y que tiene cupo para 1166 reclusos.
Al informar sobre el acuerdo alcanzado con Bullrich, el jefe del gobierno porteño aseguró: “Es una buena noticia que nos va a permitir en un tiempo ir solucionando el problema que tenemos hoy con los detenidos. Es un paso más en el sentido correcto con la voluntad de ambas partes de trabajar en conjunto”.
Macri estuvo acompañado por los ministros porteños de Seguridad, Waldo Wolff, y de Justicia, Gabino Tapia. Al referirse a los desafíos que hoy se le plantean a la ciudad por los detenidos en su territorio, las autoridades porteñas tienen en mente el colapso de los alojamientos en alcaidías y calabozos de comisarías por la convergencia de dos situaciones: más detenciones (22 por ciento de aumento interanual en delitos de robos y hurtos, por caso) y falta de albergue para sostener ese ritmo de arrestos, necesario por otra parte para consolidar un mejor nivel de seguridad pública.

Hasta el momento, los procesados por delitos cometidos en territorio porteño quedan detenidos en las diferentes comisarías de la Policía de la Ciudad, que están excedidas en su capacidad. Eso fue motivo de fuertes cruces entre los funcionarios porteños y los nacionales durante el gobierno de Alberto Fernández, especialmente a partir de la pandemia, cuando el Servicio Penitenciario Federal redujo los cupos semanales reservados para alojar a personas detenidas en la Capital en el mayor establecimiento disponible en el territorio porteño: la cárcel de Devoto. Incluso, las autoridades porteñas habían recurrido a la Justicia, que les dio la razón y le impuso el año pasado al Poder Ejecutivo Nacional la asignación de cupos suficientes. Con el cambio de autoridades nacionales, el SPF habilitó un cupo semanal que varía entre los 70 y 90 lugares para quienes esperan traslados en calabozos de comisarías.
Para paliar la situación, mientras tanto, la Ciudad resolvió ampliar cupos en sus alcaidías comunales y, además, sumar plazas en estructuras provisorias, como, por ejemplo, contenedores acondicionados especialmente para el alojamiento preventivo de detenidos por cortos plazos.
El paquete de medidas incluyó la instalación de 19 módulos de detención, “equipados y preparados para 300 detenidos”. Estos fueron ubicados en la Comisaría Comunal 12, en Saavedra; la Comisaría Comunal 15, en Chacarita, y la Comisaría Comunal 4D, en Barracas. De una alcaidía situada en este último barrio se escaparon el mes pasado 11 presos, fuga que provocó el reemplazo de funcionarios porteños que tenían a su cargo el sistema de custodia de detenidos.
Ese trabajo de guardiacárceles en calabozos lo hacen policías porteños, que de esa manera quedan fuera del trabajo de prevención del delito callejero. Con la creación de un servicio penitenciario porteño se reacomodarían las tareas de vigilancia de presos. Y no son pocos los que están alojados en dependencias policiales, preparadas solo para el tránsito de detenidos hacia la excarcelación o el traslado a un penal.
Ese sistema cuenta con 798 plazas en las alcaidías y 243 en las comisarías. Desde hace un tiempo el promedio llega a los 2000 alojados.
Proyectos carcelarios
Más allá del inicio del proceso de transferencias de funciones penitenciarias, hay encaminadas dos alternativas para liberar los calabozos de comisarías. Por un lado, se reactivó el proyecto de construcción de una cárcel con capacidad para entre 1800 y 2200 presos porteños en terrenos del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Y las autoridades porteñas y nacionales acordaron la cesión de otra parcela en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, donde la Ciudad instalaría módulos reubicables detención, aprovechándose la infraestructura perimetral existente en ese centro carcelario.
Esos dos proyectos ganaron lugar sobre la idea de edificar una alcaidía central para 1200 detenidos en la zona sur de la ciudad, plan que sería dejado de lado, según explicaron a funcionarios que conocen el detalle de las negociaciones penitenciarias.
La tratativas entre las autoridades porteñas y nacionales son importantes en este tema, ya que las estadísticas de los últimos años marcaron que el Servicio Penitenciario Federal tiene un promedio de 11.500 presos y que más de la mitad llegaron a las cárceles por delitos cometidos en la ciudad

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Crisis o mal ejercicio del poder
Omar Argüello

Hace tiempo se oye hablar de “crisis de la democracia”. Preocupación que suele relacionarse con el triunfo electoral de alguna fuerza de “derecha”, aun cuando resulte de la voluntad del “pueblo” expresada en comicios libres, como había ocurrido hace un tiempo en Brasil y EE.UU., y más recientemente en Italia, Francia, Alemania y nuestro país, además del regreso al poder de Trump. Afirmaciones que debieran analizarse teniendo en cuenta la relación particular entre los elementos constitutivos de la democracia: pueblo y poder (demos y kratos).
En su Teoría de la democracia, Sartori señala la diversidad de fenómenos que se asocian con el vocablo “pueblo”, para concluir que “no puede reducirse a menos de seis interpretaciones”, de la cuales elige la de “pueblo entendido como la mayor parte, expresada mediante un principio de mayoría limitada”. Y en cuanto al poder, Weber lo define (en Economía y sociedad) como “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. Pero es la relación entre estos dos conceptos la que arroja mayor claridad al respecto. En la obra citada, Sartori dice: “La distinción crucial en materia de poder es la que se establece entre sus titulares y sus detentadores reales. El poder es, en última instancia, exercitium: el ejercicio del poder. Cómo puede el pueblo (…) ser el detentador efectivo del poder”. Para reafirmar esta imposibilidad cuando cita: “El pueblo, para Rousseau, no delegaba su poder y no debía abandonar el ejercicio del poder”, solución que califica como “difícilmente práctica”. Y por último, Sartori aclara: “… la competencia electoral no asegura la calidad de los resultados, sino solo su carácter democrático”.
De lo anterior surge que, si se quiere comprender por qué se dan los resultados electorales que se definen como “crisis de la democracia”, es necesario considerar cuáles son las necesidades que el pueblo espera le resuelvan sus representantes, y cuyo incumplimiento lleva a elegir una fuerza política diferente. Una respuesta plausible es que el pueblo los vota para que se garantice a todos, sin exclusiones, derechos y libertades, pero también oportunidades económicas y sociales que brinden, a todos los ciudadanos, la posibilidad de satisfacer sus necesidades materiales y culturales, con posibilidades concretas de movilidad social ascendente.
En esa línea veamos qué ha pasado con nuestros representantes desde la recuperación de la democracia. El radicalismo, como organización política, garantizó derechos y libertades, pero se opuso a los intentos de Alfonsín de superar la crisis económica heredada, provocando la renuncia del equipo económico de Sourrouille, que trajo como consecuencia una crisis cuyo exponente más visible fue una hiperinflación que llevó a Alfonsín a abandonar el poder antes de terminar su período. Crisis que también se manifiesta en un manejo del Estado tan deficiente que llevó al colapso el funcionamiento de la mayoría de los servicios públicos. Esto produjo tal impacto en la opinión pública que la lleva a aceptar la privatización de esos servicios, tal como lo mostró Mora y Araujo en La argentina bipolar. Cambio cultural que favorece la llegada al poder de Carlos Menem, quien, con la bandera de una revolución productiva, achica el Estado privatizando servicios que no se atendían adecuadamente, y así logra terminar su primer período con una aceptación que le otorga la reelección. Pero su obsesión por ser reelegido nuevamente y un alto grado de corrupción desvirtuaron el proyecto. Lo sigue un nuevo mandato de la UCR encabezado por De la Rúa, con tal grado de inoperancia que debe abandonar el poder. Y así llegamos a los gobiernos kirchneristas, que llevaron al país a un estancamiento económico que se expresó en desempleo, informalidad, pobreza e inseguridad, todo acompañado de un manejo corrupto del Estado que solo garantizó el enriquecimiento ilícito de todos aquellos que compartían el Poder. El breve interregno de Pro no fue capaz de cambiar el rumbo de nuestros fracasos.
Y así llegamos a 2023, cuando la ciudadanía busca alternativas para intentar mejorar su situación económica y social eligiendo a Javier Milei. Pero esa misma ciudadanía hará, en 2027, un balance de los 4 años del Gobierno y según cómo evalúe su ejercicio del poder, decidirá si le renueva, o no, el mandato. Pero, cualquiera sea su decisión, no debiera hablarse de “crisis de la democracia”.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

De qué hablamos cuando hablamos de DNU
Alan Gueret

Quien haya leído el relato de Raymond Carver “De qué hablamos cuando hablamos de amor” recordará cómo los personajes discuten sobre el significado del amor, alejándose de las definiciones convencionales. Pues bien, una reflexión similar puede trasladarse al decreto de necesidad y urgencia (DNU), cuyo alcance varía según quién lo emplee y cómo lo haga. Siguiendo la perspectiva de Wittgenstein, según la cual el significado depende del uso, desde su incorporación a la Constitución en 1994 los DNU han sido aplicados de formas que se apartan considerablemente de su propósito original: atenuar el presidencialismo y fortalecer el rol del Congreso.
El DNU fue concebido como un mecanismo reservado para circunstancias excepcionales en las que el Congreso estuviera imposibilitado de sesionar. Sin embargo, con el tiempo, su aplicación ha evolucionado hacia un uso más amplio, influenciado principalmente por la visión ideológica del presidente de turno y por la falta de límites claros en la Constitución, junto con la laxitud de las previsiones reglamentarias del instituto.
Esta flexibilidad ha permitido que el DNU se transforme en una herramienta discrecional de administración, adaptándose al temperamento y al plan de gestión del presidente, en lugar de ser un instrumento estrictamente excepcional. Así, ha sido utilizado para sortear demoras legislativas, eludir consensos parlamentarios o acelerar la implementación de políticas, convirtiéndose incluso en una alternativa al trámite ordinario para la sanción de las leyes. El problema, entonces, no radica tanto en el diseño del instrumento, sino en la manera en que se utiliza.
David Foster Wallace, en La escoba del sistema, plantea una pregunta que ilustra esta situación: ¿qué parte de la escoba es más importante, el cepillo o el mango? La respuesta depende del uso que se le quiera dar. Si el objetivo es barrer, el cepillo es esencial; si se busca romper una ventana, lo importante es el mango. Algo parecido ocurre con el DNU: su legitimidad y validez están determinadas por el contexto en el que se aplica
Las reglas deben ser claras y previsibles, y su diseño debe estar basado en acuerdos políticos que trasciendan los límites temporales de los gobiernos
y por la finalidad que guía su uso.
En ese sentido, el debate en el Congreso para modificar la ley reglamentaria de los DNU, aunque postergado, es un paso alentador. Si se establecen criterios claros para su revisión y eventual ratificación, se podrá limitar la distorsionada aplicación del DNU y devolverle su carácter excepcional. Para que el DNU sea coherente con su propósito original, es necesario reforzar el papel del Congreso y garantizar un proceso claro para su validación. Solo así se podrá equilibrar la excepcionalidad de la medida con un sistema republicano de gobierno.
Este diálogo es crucial para el fortalecimiento de las instituciones y la calidad de nuestra democracia. Las reglas deben ser claras y previsibles, y su diseño debe estar basado en acuerdos políticos que trasciendan los límites temporales de los gobiernos. Readecuar esas reglas permitiría alinear el uso del DNU con los objetivos para los cuales fue pensado, garantizando que su aplicación se mantenga excepcional y conforme a las expectativas de la Constitución nacional.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA